En Aragón hay 300.000 edificios construidos antes de 1980 y más de la mitad no poseen el aislamiento térmico necesario

Casi el 40% de los edificios construidos en Aragón son anteriores a 1980 y, de ellos, más de la mitad carecen de aislamiento térmico. Esto repercute directamente en la calificación energética obtenida, que en el 80% de los casos se sitúa en niveles muy bajos.

El Gobierno de Aragón sigue avanzando en su apuesta por la eficiencia energética del parque edificatorio de la Comunidad y ha puesto en marcha la convocatoria de ayudas para el Programa de Rehabilitación Energética de Edificios (Programa PREE), procedente del Fondo Nacional de Eficiencia Energética; un total de 8,6 millones de euros que serán destinados a mejorar las calificaciones energéticas a través de tres ejes de actuación: mejoras en la envolvente térmica del edificio, sustitución de energía convencional por renovable en las instalaciones térmicas y mejora en las instalaciones de iluminación interior de las zonas comunes de edificios de cualquier uso para reducir el consumo energético.

Por su parte, el Gobierno de España, en los Presupuestos Generales de 2021, ha incrementado un 368%, gracias a los fondos Europeos, la partida de políticas de vivienda y fomento de la edificación sostenible para que las comunidades puedan afrontar temas medioambientales y de rehabilitación de viviendas. Un monto de 41 millones corresponderá a Aragón y será destinado a la rehabilitación sostenible de viviendas y barrios completos.

La apuesta de la Comunidad por el impulso de la investigación y elaboración de estrategias de mitigación del Cambio Climático es decidida y queda patente en la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático Horizonte 2030. Además, el pasado 5 de junio, coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, se presentó la Consulta Pública previa para la elaboración del Anteproyecto de la Ley Aragonesa de Cambio Climático y Transición.

Pero a pesar de los esfuerzos legislativos y la suma de los recursos públicos que están disponibles, no será suficiente. La hoja de ruta para rehabilitación energética viene constituida por la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España (ERESEE 2020), dentro del Plan de Recuperación elaborado por el MITMA. Según sus datos, Aragón aglutina el 4% de las viviendas españolas que sería necesario incluir en los paquetes de hogares con necesidades de rehabilitación de su envolvente entre 2021 y 2050 para que sean energéticamente eficientes. Se trata en concreto de 271.000 viviendas, de las cuales más de 45.000 deberían intervenirse antes de 2030.

Como explica Eduardo Brunet, fundador y CEO de Greenward, primera empresa dedicada a la activación de capital ecológico en España, “Es imposible que las cuentas públicas financien en solitario la inversión que se necesitará para cumplir los objetivos de eficiencia energética en edificios que exige la Unión Europea. Pero no hay en el mercado productos y estructuras que faciliten la financiación del 100% del coste del proyecto, a largo plazo, a tipos competitivos y bajo modelos estandarizables. Necesitamos normativas eficaces e instituciones especializadas, capaces de dar soluciones innovadoras y canalizar el gran volumen de capital privado que existe proveniente de inversores interesados en apostar por la rehabilitación energéticamente eficiente y que actualmente está infrautilizado”.

En Aragón hay registrados 300.000 edificios construidos antes de 1980, es decir, antes de que se publicara la norma básica de edificación, motivo por el cual más de la mitad de esos edificios carece del aislamiento térmico necesario para poder mantener una temperatura adecuada en su interior.

Las pocas entidades financieras que están presentes en la financiación de estos proyectos otorgan préstamos con plazos máximos de financiación inferiores a 10 años -la media ronda los 6 ó 7 años-. Insuficiente para acometer renovaciones energéticas integrales salvo que la financiación bancaria venga acompañada de un desembolso inicial, en muchas ocasiones, inasumible para los propietarios. Para contextualizar el reto económico, la reforma integral de un edificio de 20 viviendas de 100 m2 con finalidad de eficiencia energética, incluyendo envolvente, calderas y otros elementos, podría superar fácilmente los 300.000 euros.

Urge mayor coordinación y una Ley del Cambio Climático innovadora

Para alcanzar los ambiciosos objetivos estatales y autonómicos de rehabilitación de viviendas será necesario, además de la coordinación entre departamentos a nivel estatal, que se concreten dichos objetivos en las escalas autonómica y local, y diseñar estrategias específicas de despliegue a nivel municipal, en el marco de las necesidades de regeneración urbana de cada localidad.

Para Greenward, los municipios son absolutamente clave para coordinar y focalizar estrategias y el esfuerzo inversor público, actualmente disgregado en diversas fuentes, como el Plan Estatal de Vivienda, las ayudas del IDAE, los fondos FEDER-EDUSI, las subvenciones y proyectos autonómicos y municipales, etc. “Sería necesario que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que el Gobierno de Aragón abrirá a consulta pública en breve incorpore medidas innovadoras para hacer accesibles herramientas que permitan confluir el capital público y el privado de cara a avanzar en rehabilitación energética”, señala Brunet.

PACE, Eco-bonos y Comunidades Energéticas Locales como claves de oportunidad

Greenward está trabajando en los ámbitos institucionales para lograr la incorporación urgente de enmiendas a las nuevas leyes de Cambio Climático y Transición Energética que permitan trasladar a los marcos regulatorios autonómico y nacional modelos que están demostrando importantes éxitos en diferentes países.  Los más significativos:

 

Tanto los préstamos PACE como los Súper Eco-bonos y las CEL tienen un valor añadido muy importante para poder activar de forma inmediata proyectos de renovación energética en aquellos sectores de población con rentas bajas, para los que una inteligente política de subvención y ayudas que incentiven la entrada de inversión privada es crucial. Según los datos de ERESEE, Aragón reúne el 4% de los hogares en situación de pobreza energética existentes en España.

Como señala Eduardo Brunet, “El nuevo mantra de la financiación verde o sostenible que envía Bruselas es el `blended finance´ o la eficiente interacción entre subvenciones, ayudas, garantías y créditos blandos del sector público con financiación en escala desde el sector privado. Solo la correcta e inteligente articulación de estos mecanismos será capaz de atraer los ingentes recursos financieros necesarios en este campo de la rehabilitación energética de edificios”.

Es necesario apostar por vías innovadoras y facilitar la financiación para la rehabilitación energética mediante créditos u otras fórmulas a los propietarios de inmuebles, y focalizar las ayudas públicas en las situaciones de mayor necesidad.

-FIN-

Acerca de Greenward Partners

Greenward Partners es la primera empresa para la activación de capital ecológico en España. Financia proyectos de mejora de eficiencia energética en todo tipo de edificios a través de préstamos que se pagan exclusivamente con los ahorros generados por esas mejoras, con la única garantía adicional de los propios inmuebles. Estos instrumentos de financiación se conocen como Préstamos para la Activación del Capital Ecológico (e-PACE). Asimismo, Greenward desarrolla soluciones y servicios de inteligencia y tecnológicos para la medición, optimización y gestión de los ahorros energéticos en inmuebles; promueve un mercado de negociación de certificados de ahorro energético y aboga por la creación en España de un banco verde  (green bank), un esquema de colaboración público-privada que permita hacer frente al déficit de inversión y financiación de proyectos para la lucha contra el cambio climático y, en particular, para la mejora de la eficiencia energética.

Más información en www.greenwardpartners.com

Twitter:@GreenwardP

Contactos para prensa

GRAYLING

* María Luisa Rodríguez marialuisa.rodriguez@grayling.com

* Natalia Rodríguez natalia.rodriguez@grayling.com

* Carmen Martos carmen.martos@grayling.com

(+34 91 522 10 08)

Más del 53% de las viviendas de la Comunidad Valenciana están situadas en edificios con más de 40 años de antigüedad y, por tanto, construidos antes de 1980, año en el que se aprobaron las normativas sobre eficiencia energética en la edificación.

Esa antigüedad probablemente explique que el 26% de las viviendas registradas por el Institut Valencià de la Competitivitat Empresarial (IVACE) cuentan con la certificación más ineficiente (F y G), una cifra que aumenta hasta el 86% si se incluye la certificación E.

Según los datos de la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España (ERESEE 2020), la Comunidad Valenciana aglutina el 8% de las viviendas españolas que sería necesario incluir en los paquetes de hogares con necesidades de rehabilitación de su envolvente entre 2021 y 2050 para que sean energéticamente eficientes. Un total de 565.849 viviendas, de las que más de 95.000 deberían intervenirse antes de 2030.

Otro dato que pone de manifiesto la necesidad de impulsar planes de mejora de eficiencia energética en la región es que el 19,7% del consumo de energía final en la Comunidad Valenciana corresponde al sector de la edificación.

Pasos de mejora, pero recursos insuficientes

La Generalitat Valenciana está dando importantes pasos para revertir esta situación. Entre ellos el Pla Hàbitat 20-30, aprobado este año, que prevé rehabilitar 150.000 viviendas en la próxima década y reconoce que el 10% de las viviendas principales* requiere de una intervención urgente. El Plan Renhata que, con carácter anual, proporciona ayudas para la rehabilitación y renovación de viviendas, entre otros, con fines de eficiencia energética y cuyo presupuesto en 2020 ha ascendido a 30 millones de euros. También es importante la Estrategia de Cambio Climático y Energía 2030, que acaba de cerrar su fase de consulta pública, y que se constituye como la herramienta fundamental para avanzar hacia una Comunidad Valenciana más sostenible y como la base sobre la que se desarrollarán las políticas y programas en materia medioambiental en la próxima década.

Recientemente se anunciaba, además, la convocatoria de ayudas para el Programa de Rehabilitación Energética de Edificios (PREE), procedente del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que asciende a 26 millones de euros que serán destinados a promover la sostenibilidad del parque edificado de la Comunidad mediante actuaciones de mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica (fachadas); de la eficiencia energética y de utilización de energías renovables en las instalaciones térmicas de calefacción, climatización, ventilación y agua caliente sanitaria; así como de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.

Esta Comunidad también se beneficiará de una partida de 152 millones de euros, de los más de 1.650 millones que espera recibir España en 2021 de los fondos europeos para la rehabilitación sostenible de viviendas y barrios completos, y que ha sido incluida en los Presupuestos Generales del Estado de 2021.

Sin embargo, la suma de los recursos públicos incluidos en todos estos planes y programas de las diferentes administraciones, resultan aún insuficientes para alcanzar los objetivos de descarbonización de la economía marcados por la Unión Europea.

Como explica Eduardo Brunet, fundador y CEO de Greenward, primera empresa dedicada a la activación de capital ecológico en España, “Es imposible que las cuentas públicas financien en solitario la inversión que se necesitará para cumplir los objetivos de eficiencia energética en edificios que exige la Unión Europea. Pero no hay en el mercado productos y estructuras que faciliten la financiación del 100% del coste del proyecto, a largo plazo, a tipos competitivos y bajo modelos estandarizables. Necesitamos normativas eficaces e instituciones especializadas, capaces de dar soluciones innovadoras y canalizar el gran volumen de capital privado que existe proveniente de inversores interesados en apostar por la rehabilitación energéticamente eficiente y que actualmente está infrautilizado”.

Las pocas entidades financieras que están presentes en la financiación de estos proyectos otorgan préstamos con plazos máximos de financiación inferiores a 10 años -la media ronda los 6 ó 7 años-. Insuficiente para acometer renovaciones energéticas integrales salvo que la financiación bancaria venga acompañada de un desembolso inicial, en muchas ocasiones, inasumible para los propietarios. Para contextualizar el reto económico, la reforma integral de un edificio de 20 viviendas de 100 m2 con finalidad de eficiencia energética, incluyendo envolvente, calderas y otros elementos, podría superar fácilmente los 300.000 euros.

La colaboración público-privada es imprescindible para multiplicar los recursos públicos y poder alcanzar los objetivos marcados por la Unión Europea. Sería deseable que la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética de la Comunidad Valenciana, que acaba de cerrar su consulta pública, impulsara esa colaboración.

Urge mayor coordinación y una Ley del Cambio Climático innovadora

Para alcanzar los ambiciosos objetivos estatales y autonómicos de rehabilitación de viviendas será necesario, además de la coordinación entre departamentos a nivel estatal, que se concreten dichos objetivos en las escalas autonómica y local, y diseñar estrategias específicas de despliegue a nivel municipal, en el marco de las necesidades de regeneración urbana de cada localidad.

Para Greenward, los municipios son absolutamente clave para coordinar y focalizar estrategias y el esfuerzo inversor público, actualmente disgregado en diversas fuentes, como el Plan Estatal de Vivienda, las ayudas del IDAE, los fondos FEDER-EDUSI, las subvenciones y proyectos autonómicos y municipales, etc. “Sería necesario que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de la Comunidad Valenciana incorpore medidas innovadoras para hacer accesibles herramientas que permitan confluir el capital público y el privado de cara a avanzar en rehabilitación energética”, señala Brunet.

PACE, Eco-bonos y Comunidades Energéticas Locales como claves de oportunidad

Greenward está trabajando en los ámbitos institucionales para lograr la incorporación urgente de enmiendas a las nuevas leyes de Cambio Climático y Transición Energética que permitan trasladar a los marcos regulatorios autonómico y nacional modelos que están demostrando importantes éxitos en diferentes países.  Los más significativos:

Tanto los préstamos PACE como los Súper Eco-bonos y las CEL tienen un valor añadido muy importante para poder activar de forma inmediata proyectos de renovación energética en aquellos sectores de población con rentas bajas, para los que una inteligente política de subvención y ayudas que incentiven la entrada de inversión privada es crucial. Según los datos de ERESEE, la Comunidad Valenciana supera los 209.000 hogares en situación de pobreza energética, un 8% del total de España.

Como señala Eduardo Brunet, “El nuevo mantra de la financiación verde o sostenible que envía Bruselas es el `blended finance´ o la eficiente interacción entre subvenciones, ayudas, garantías y créditos blandos del sector público con financiación en escala desde el sector privado. Solo la correcta e inteligente articulación de estos mecanismos será capaz de atraer los ingentes recursos financieros necesarios en este campo de la rehabilitación energética de edificios”.

Es necesario apostar por vías innovadoras y facilitar la financiación para la rehabilitación energética mediante créditos u otras fórmulas a los propietarios de inmuebles, y focalizar las ayudas públicas en las situaciones de mayor necesidad.

(*) El total de viviendas principales asciende a 1.986.896, según datos del INE, correspondientes al Censo de 2011.

-FIN-

Acerca de Greenward Partners

Greenward Partners es la primera empresa para la activación de capital ecológico en España. Financia proyectos de mejora de eficiencia energética en todo tipo de edificios a través de préstamos que se pagan exclusivamente con los ahorros generados por esas mejoras, con la única garantía adicional de los propios inmuebles. Estos instrumentos de financiación se conocen como Préstamos para la Activación del Capital Ecológico (e-PACE). Asimismo, Greenward desarrolla soluciones y servicios de inteligencia y tecnológicos para la medición, optimización y gestión de los ahorros energéticos en inmuebles; promueve un mercado de negociación de certificados de ahorro energético y aboga por la creación en España de un banco verde  (green bank), un esquema de colaboración público-privada que permita hacer frente al déficit de inversión y financiación de proyectos para la lucha contra el cambio climático y, en particular, para la mejora de la eficiencia energética.

Más información en www.greenwardpartners.com

Twitter:@GreenwardP

Contactos para prensa

GRAYLING

* María Luisa Rodríguez marialuisa.rodriguez@grayling.com

* Natalia Rodríguez natalia.rodriguez@grayling.com

* Carmen Martos carmen.martos@grayling.com

+34 91 522 10 08

Más de 76.000 viviendas en Euskadi necesitarían ser rehabilitadas; el 67% de ellas está ubicado en edificios de más de 40 años de antigüedad

El parque de viviendas del País Vasco es uno de los más antiguos del sur de Europa, con más de un 60% de edificios residenciales construido entre 1940 y 1980, antes de que existieran normativas sobre eficiencia energética en la edificación.

El Gobierno Vasco está dando importantes pasos de mejora. Planea movilizar 8,5 millones de euros en la rehabilitación energética de edificios residenciales privados de más de 40 años hasta el año 2022 tras recibir el visto bueno de la Comisión Europea al proyecto AGREE. A esto se suma su puesta en marcha de ayudas, a través del Ente Vasco de la Energía, gracias a una dotación de 11,3 millones de euros destinados a mejoras en la envolvente de los edificios y a la sustitución de sistemas de energía convencional por renovables. Asimismo, el Plan Zero Plana recientemente anunciado será un importante impulso para la mejora de la eficiencia energética del parque residencial público de vivienda en alquiler; con actuaciones en 136 edificios que albergan alrededor de 7.500 viviendas gestionadas.

También hay que contemplar la parte proporcional que corresponderá a Euskadi de los 27.000 millones de euros que llegarán a España de la UE con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que ayudarán a hacer realidad los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para avanzar en la descarbonización mediante la rehabilitación energética de edificios. Pero, incluso sumando todos, los recursos públicos son insuficientes.

Como explica Eduardo Brunet, fundador y CEO de Greenward, primera empresa dedicada a la activación de capital ecológico en España, “Es imposible que las cuentas públicas financien en solitario la inversión que se necesitará para cumplir los objetivos de eficiencia energética en edificios que exige la Unión Europea. Pero no hay en el mercado productos y estructuras que faciliten la financiación del 100% del coste del proyecto, a largo plazo, a tipos competitivos y bajo modelos estandarizables. Necesitamos normativas eficaces e instituciones especializadas, capaces de dar soluciones innovadoras y canalizar el gran volumen de capital privado que existe proveniente de inversores interesados en apostar por la rehabilitación energéticamente eficiente y que actualmente está infrautilizado.

El Gobierno Vasco aprobará el próximo 29 de diciembre Euskadi Next, el programa de Recuperación y Resiliencia de Euskadi (PRRE 2020-2023), en el que la transición energética y climática es un pilar estratégico. Un marco en el que para Greenward es importante llevar al debate social e institucional la necesidad de hacer confluir el capital público y privado, al igual que lo es extrapolarlo a las consultas que se abran para la que, previsiblemente pronto, será la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética de Euskadi.

Según los últimos datos hechos públicos por el Gobierno Vasco sobre demanda y necesidades de vivienda en Euskadi, se estima en más de 76.000 el número de viviendas que necesitarían ser rehabilitadas; el 67% de ellas ubicado en edificios de más de 40 años de antigüedad y con propietarios de avanzada edad, muchos de ellos con escasos recursos económicos.

Las pocas entidades financieras que están presentes en la financiación de estos proyectos otorgan préstamos con plazos máximos de financiación inferiores a 10 años -la media ronda los 6 ó 7 años-. Insuficiente para acometer renovaciones energéticas integrales salvo que la financiación bancaria venga acompañada de un desembolso inicial, en muchas ocasiones, inasumible para los propietarios. Para contextualizar el reto económico, la reforma integral de un edificio de 20 viviendas de 100 m2 con finalidad de eficiencia energética, incluyendo envolvente, calderas y otros elementos, podría superar fácilmente los 300.000 euros.

Urge mayor coordinación y una Ley del Cambio Climático innovadora

Para alcanzar los ambiciosos objetivos estatales y autonómicos de rehabilitación de viviendas será necesario, además de la coordinación entre departamentos a nivel estatal, que se concreten dichos objetivos en las escalas autonómica y local, y diseñar estrategias específicas de despliegue a nivel municipal, en el marco de las necesidades de regeneración urbana de cada localidad.

Para Greenward, los municipios son absolutamente clave para coordinar y focalizar estrategias y el esfuerzo inversor público, actualmente disgregado en diversas fuentes, como el Plan Estatal de Vivienda, las ayudas del IDAE, los fondos FEDER-EDUSI, las subvenciones y proyectos autonómicos y municipales, etc. “Sería necesario que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que el Gobierno Vasco abrirá a consulta pública en breve incorpore medidas innovadoras para hacer accesibles herramientas que permitan confluir el capital público y el privado de cara a avanzar en rehabilitación energética”, señala Brunet.

PACE, Eco-bonos y Comunidades Energéticas Locales como claves de oportunidad

Greenward está trabajando en los ámbitos institucionales para lograr la incorporación urgente de enmiendas a las nuevas leyes de Cambio Climático y Transición Energética que permitan trasladar a los marcos regulatorios autonómico y nacional modelos que están demostrando importantes éxitos en diferentes países.  Los más significativos:

El modelo, que es intermediado desde el municipio en que se lleve a cabo la rehabilitación, es un mecanismo totalmente voluntario en el que el 100% del coste de las mejoras de la eficiencia de los inmuebles se financia con fondos privados, contra el inmueble -financiación que se traspasa con el inmueble en caso de venta-, con un plazo de amortización de hasta 25 años, un tipo de interés fijo y el único límite en su importe del 20% del valor del edificio. El repago de la financiación se canaliza a través de una contribución local especial no tributaria -una suerte de IBI- que, sin constituir un impuesto nuevo ni una subida de los existentes, goza del beneficio de una hipoteca legal tácita sobre el edificio, gira el ayuntamiento competente, y cuyo importe es equivalente a la cuota de amortización y los intereses de la financiación del proyecto de rehabilitación durante el plazo acordado de financiación.

Tanto los préstamos PACE como los Súper Eco-bonos y las CEL tienen un valor añadido muy importante para poder activar de forma inmediata proyectos de renovación energética en aquellos sectores de población con rentas bajas, para los que una inteligente política de subvención y ayudas que incentiven la entrada de inversión privada es crucial.

Como señala Eduardo Brunet, “El nuevo mantra de la financiación verde o sostenible que envía Bruselas es el `blended finance´ o la eficiente interacción entre subvenciones, ayudas, garantías y créditos blandos del sector público con financiación en escala desde el sector privado. Solo la correcta e inteligente articulación de estos mecanismos será capaz de atraer los ingentes recursos financieros necesarios en este campo de la rehabilitación energética de edificios”.

Es necesario apostar por vías innovadoras y facilitar la financiación para la rehabilitación energética mediante créditos u otras fórmulas a los propietarios de inmuebles, y focalizar las ayudas públicas en las situaciones de mayor necesidad.

-FIN-

Acerca de Greenward Partners

Greenward Partners es la primera empresa para la activación de capital ecológico en España. Financia proyectos de mejora de eficiencia energética en todo tipo de edificios a través de préstamos que se pagan exclusivamente con los ahorros generados por esas mejoras, con la única garantía adicional de los propios inmuebles. Estos instrumentos de financiación se conocen como Préstamos para la Activación del Capital Ecológico (e-PACE). Asimismo, Greenward desarrolla soluciones y servicios de inteligencia y tecnológicos para la medición, optimización y gestión de los ahorros energéticos en inmuebles; promueve un mercado de negociación de certificados de ahorro energético y aboga por la creación en España de un banco verde  (green bank), un esquema de colaboración público-privada que permita hacer frente al déficit de inversión y financiación de proyectos para la lucha contra el cambio climático y, en particular, para la mejora de la eficiencia energética.

Más información en www.greenwardpartners.com

Twitter:@GreenwardP

Contactos para prensa

GRAYLING

* María Luisa Rodríguez marialuisa.rodriguez@grayling.com

* Natalia Rodríguez natalia.rodriguez@grayling.com

* Carmen Martos carmen.martos@grayling.com

(+34 91 522 10 08)

8 de enero 2021.

Cerca del 50% del parque residencial andaluz fue construido antes de 1980, año en que comenzaron a existir normativas sobre eficiencia energética en la edificación. En términos energéticos, el sector de la edificación representa el principal vértice de consumo energético en la Unión Europea y uno de los principales sectores consumidores de Andalucía (en torno al 20% del consumo de energía final), por lo que, desde una óptica de protección medioambiental, resulta apremiante asumir como prioridad medidas tendentes a reducir el consumo energético en el parque andaluz de edificios, entre ellas, juega un papel esencial la rehabilitación energéticamente eficiente.

La Junta de Andalucía está dando importantes pasos de mejora. Una de sus últimas medidas, recientemente anunciada, es la convocatoria del Programa de incentivos para actuaciones de rehabilitación energética en edificios publicada por la Agencia Andaluza de la Energía, entidad adscrita a las consejerías de Presidencia, Administración Pública e Interior y Hacienda y Financiación Europea. Coordinado a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y gestionado por la entidad pública regional, está dotado con 49,3 millones de euros con la finalidad de reducir el consumo energético bajo criterios de eficiencia y uso de energías renovables, así como activar la rehabilitación energética de los edificios.

También hay que contemplar la parte proporcional que corresponderá a Andalucía de los 27.000 millones de euros que llegarán a España de la UE con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que ayudarán a hacer realidad los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para avanzar en la descarbonización mediante la rehabilitación energética de edificios. Y la recientemente anunciada decisión por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) de destinar 51,2 millones de euros al Programa de Rehabilitación Energética de Edificios (PREE) en Andalucía, la mayor cantidad autonómica del plan, para actuaciones de mejora de la eficiencia enérgica en edificios construidos antes de 2007, un presupuesto cuya gestión será competencia de la Comunidad Autónoma.

Pero, incluso sumando todos, los recursos públicos son insuficientes. La hoja de ruta para rehabilitación energética viene constituida por la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España (ERESEE 2020), dentro del Plan de Recuperación elaborado por el MITMA. Según sus datos, Andalucía aglutina el 13% de las viviendas españolas que sería necesario incluir en los paquetes de hogares con necesidades de rehabilitación de su envolvente entre 2021 y 2050 para que sean energéticamente eficientes. Se trata en concreto de 900.000 viviendas, de las cuales algo más de 150.000 deberían intervenirse antes de 2030.

Como explica Eduardo Brunet, fundador y CEO de Greenward, primera empresa dedicada a la activación de capital ecológico en España, “Es imposible que las cuentas públicas financien en solitario la inversión que se necesitará para cumplir los objetivos de eficiencia energética en edificios que exige la Unión Europea. Pero no hay en el mercado productos y estructuras que faciliten la financiación del 100% del coste del proyecto, a largo plazo, a tipos competitivos y bajo modelos estandarizables. Necesitamos normativas eficaces e instituciones especializadas, capaces de dar soluciones innovadoras y canalizar el gran volumen de capital privado que existe proveniente de inversores interesados en apostar por la rehabilitación energéticamente eficiente y que actualmente está infrautilizado.

La Junta de Andalucía acaba de abrir a consulta pública el Plan Andaluz de Acción por el Clima, uno de los instrumentos que representa el desarrollo normativo de la ley de Cambio Climático de Andalucía aprobado en 2017. Entre los objetivos del plan se encuentran líneas clave como mejorar el ahorro y la eficiencia energética en los edificios, promocionar los barrios inteligentes, energéticamente eficientes y que aprovechen las energías renovables y el fomento de la adaptación al cambio climático en los programas desarrollados en materia de Vivienda y Regeneración Urbana, prestando especial atención a los colectivos más vulnerables. Es el momento de avanzar hacia normativas que abran la vía a la colaboración público-privada para que el parque inmobiliario Andaluz logre cumplir los objetivos marcados por la UE.

Urge mayor coordinación y una Ley del Cambio Climático innovadora

Para alcanzar los ambiciosos objetivos estatales y autonómicos de rehabilitación de viviendas será necesario, además de la coordinación entre departamentos a nivel estatal, que se concreten dichos objetivos en las escalas autonómica y local, y diseñar estrategias específicas de despliegue a nivel municipal, en el marco de las necesidades de regeneración urbana de cada localidad.

Las pocas entidades financieras que están presentes en la financiación privada de estos proyectos otorgan préstamos con plazos máximos de financiación inferiores a 10 años -la media ronda los 6 ó 7 años-. Insuficiente para acometer renovaciones energéticas integrales salvo que la financiación bancaria venga acompañada de un desembolso inicial, en muchas ocasiones, inasumible para los propietarios. Para contextualizar el reto económico, la reforma integral de un edificio de 20 viviendas de 100 m2 con finalidad de eficiencia energética, incluyendo envolvente, calderas y otros elementos, podría superar fácilmente los 300.000 euros.

Para Greenward, los municipios son absolutamente clave para coordinar y focalizar estrategias y el esfuerzo inversor público, actualmente disgregado en diversas fuentes, como el Plan Estatal de Vivienda, las ayudas del IDAE, los fondos FEDER-EDUSI, las subvenciones y proyectos autonómicos y municipales, etc. “Sería necesario que la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética que la Junta de Andalucía elabore incorpore medidas innovadoras para hacer accesibles herramientas que permitan confluir el capital público y el privado de cara a avanzar en rehabilitación energética”, señala Brunet.

PACE, Eco-bonos y Comunidades Energéticas Locales como claves de oportunidad

Greenward está trabajando en los ámbitos institucionales para lograr la incorporación de enmiendas a las nuevas leyes de Cambio Climático y Transición Energética que permitan trasladar a los marcos regulatorios autonómico y nacional modelos que están demostrando importantes éxitos en diferentes países.  Los más significativos:

El modelo, que es intermediado desde el municipio en que se lleve a cabo la rehabilitación, es un mecanismo totalmente voluntario en el que el 100% del coste de las mejoras de la eficiencia de los inmuebles se financia con fondos privados, contra el inmueble -financiación que se traspasa con el inmueble en caso de venta-, con un plazo de amortización de hasta 25 años, un tipo de interés fijo y el único límite en su importe del 20% del valor del edificio. El repago de la financiación se canaliza a través de una contribución local especial no tributaria -una suerte de IBI- que, sin constituir un impuesto nuevo ni una subida de los existentes, goza del beneficio de una hipoteca legal tácita sobre el edificio, gira el ayuntamiento competente, y cuyo importe es equivalente a la cuota de amortización y los intereses de la financiación del proyecto de rehabilitación durante el plazo acordado de financiación.

 

Tanto los préstamos PACE como los Súper Eco-bonos y las CEL tienen además un valor añadido muy importante para poder activar de forma inmediata proyectos de renovación energética en aquellos sectores de población con rentas bajas, para los que una inteligente política de subvención y ayudas que incentiven la entrada de inversión privada es crucial. Según los datos de ERESEE, Andalucía reúne el 19% de los hogares en situación de pobreza energética existentes en España.

Como señala Eduardo Brunet, “El nuevo mantra de la financiación verde o sostenible que envía Bruselas es el `blended finance´ o la eficiente interacción entre subvenciones, ayudas, garantías y créditos blandos del sector público con financiación en escala desde el sector privado. Solo la correcta e inteligente articulación de estos mecanismos será capaz de atraer los ingentes recursos financieros necesarios en este campo de la rehabilitación energética de edificios”.

Es necesario apostar por vías innovadoras y facilitar la financiación para la rehabilitación energética mediante créditos u otras fórmulas a los propietarios de inmuebles, y focalizar las ayudas públicas en las situaciones de mayor necesidad.

-FIN-

Acerca de Greenward Partners

Greenward Partners es la primera empresa para la activación de capital ecológico en España. Financia proyectos de mejora de eficiencia energética en todo tipo de edificios a través de préstamos que se pagan exclusivamente con los ahorros generados por esas mejoras, con la única garantía adicional de los propios inmuebles. Estos instrumentos de financiación se conocen como Préstamos para la Activación del Capital Ecológico (e-PACE). Asimismo, Greenward desarrolla soluciones y servicios de inteligencia y tecnológicos para la medición, optimización y gestión de los ahorros energéticos en inmuebles; promueve un mercado de negociación de certificados de ahorro energético y aboga por la creación en España de un banco verde  (green bank), un esquema de colaboración público-privada que permita hacer frente al déficit de inversión y financiación de proyectos para la lucha contra el cambio climático y, en particular, para la mejora de la eficiencia energética.

Más información en www.greenwardpartners.com

Twitter:@GreenwardP

Contactos para prensa

GRAYLING

* María Luisa Rodríguez marialuisa.rodriguez@grayling.com

* Natalia Rodríguez natalia.rodriguez@grayling.com

* Carmen Martos carmen.martos@grayling.com

(+34 91 522 10 08)

España necesitará más de 40.000 millones de euros en los próximos 10 años para hacer que sus edificios, muchos de ellos con varias décadas de vida, sean más eficientes enérgicamente y capaces de reducir su consumo sin perder, por ejemplo, calidad en la luz o el calor que da a sus inquilinos, según recoge un informe elaborado por Greenward Partners.

El estudio remarca el “potencial” de los edificios eficientes enérgicamente. “Es la más barata y la que tiene menos coste”, explica Eduardo Brunet, CEO de Greenward Partners. Una conclusión que contrasta con la situación actual: tres de cada cuatro edificios en la Unión Europea (UE) son ineficientes.

Una gran parte de las viviendas españolas (55%) ‘nacieron’ antes de la década de los 80; otras, más veteranas, superan ya los 50 años de vida (más del 20%). En concreto, cuatro de cada cinco edificios, lo que equivale a un 82 %, son ineficientes. Hablamos de edificios inadaptados que tienen filtraciones de aire y que carecen, por ejemplo, de energía solar fotovoltaica, sistemas de reutilización de aguas residuales o de biomasa o geotermia, así como de calderas de alta eficiencia y de un aislamiento térmico tanto en la fachada como en el suelo y la cubierta.

Leer todo el artículo aquí