10 de febrero de 2021.

El periodo de participación pública abierto por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico -MITECO- para regular un mecanismo que acredite la consecución de una cantidad de ahorro energético a efectos del cumplimiento de las obligaciones del sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética finaliza el próximo viernes, 12 de febrero.

En este contexto, Greenward Partners, primera empresa de activación del capital ecológico en España, considera el tema de suma importancia. Para Eduardo Brunet, consejero delegado de la compañía, “El hecho de que el Ministerio, junto al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), estén empujando y liderando esta iniciativa es muy buena noticia, porque queda mucho por hacer. Hay que dar pasos hacia el desarrollo y la regulación de un Certificado de Ahorro Energético (CAE) que, como mecanismo de acreditación y materialización de atributos medioambientales, facilite y actualice el cumplimiento de los principales objetivos vinculantes para la UE en 2030 en materia de energía”.

Unos objetivos que se resumen en un 55% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990 y, según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) que ha presentado España a la UE, lograr un 39,5% de mejora en eficiencia energética.

Según los últimos datos disponibles, sólo para el sector de la edificación, el objetivo en 2030 en España es disminuir el consumo de energía final en 43.464 GWh respecto al consumo actual, correspondiendo el 73,7% de esta reducción a los usos térmicos. El 60,7% del objetivo de disminución del consumo se concentra en el sector residencial, donde se prevé la rehabilitación de la envolvente de 1,2 millones de viviendas y la sustitución de más de 3,5 millones de sistemas de calefacción y agua caliente.

Tras la trasposición de varias Directivas, las empresas comercializadoras de gas y electricidad (además de las operadoras de productos petrolíferos al por mayor y las de gases licuados de petróleo al por mayor) están obligadas a cubrir unas determinadas cuotas anuales de ahorro energético, que se materializan en aportaciones financieras al Fondo Nacional de Eficiencia Energética.

Como alternativa a estas aportaciones dinerarias (parte de las cuales se están repercutiendo actualmente en la factura eléctrica), la normativa española contempla la posibilidad de acreditación de CAE negociables, opción que aún no ha sido desarrollada reglamentariamente y en el marco de la cual el MITECO acaba de abrir la consulta pública. Como explica Eduardo Brunet, “El objetivo es la habilitación de un sistema de medición y cuantificación de los ahorros obtenidos en proyectos de eficiencia energética que permita emitir estos CAE, transmisibles a, entre otras -matiz importante-, las compañías obligadas al cumplimiento de esas cuotas de ahorro”.

Con esta medida, estas empresas podrían aportar los CAE como especie y se beneficiarían de un sistema complementario que proporcione mayor flexibilidad para el cumplimiento de sus obligaciones, en favor de una sustitución de parte de las obligaciones económicas a que están sujetas; mayor seguridad jurídica, certeza y transparencia del sistema de obligaciones; mayor participación en el sector de la eficiencia energética mediante la elección de actuaciones específicas y de creación de empleo -tanto en los sectores relacionados con la construcción como en el de las empresas de servicios energéticos-; y algo fundamental: podrían canalizar financiación privada que ayude a aliviar la pobreza energética; porque con los presupuestos públicos no es suficiente y los proyectos de eficiencia en vivienda social y colectivos en situación o riesgo de pobreza energética difícilmente pueden acceder a la financiación privada.

Los CAE podrían abrir la puerta a un sistema de apoyo adicional y novedoso a la financiación de estos colectivos. En este sentido, el Fondo Nacional de Eficiencia, a través de contratos de compra de energía a largo plazo (PPA en sus siglas en inglés) y precio fijo, indiciado o con un escalado, podría adquirir los certificados `cosechados´ de las inversiones en eficiencia (destino finalista de fondos públicos) que en esos edificios pudieran acometer inversores privados e institucionales, de modo que transferirían el riesgo del propietario o de la comunidad de propietarios al propio Estado español, lo que sin duda atraería capital en las ingentes cantidades necesarias” refiere Brunet.

Asimismo, desde el punto de vista de Greenward, sería interesante abrir la posibilidad de crear un mercado secundario organizado o voluntario (similar al que existe para las renovables a través de los Certificados de Energía Renovable) que pudiera servir como palanca de financiación o refinanciación de proyectos de renovación energética en edificios, tal y como ya existe en varios países de nuestro entorno europeo.

Es, sin duda, una de las más viejas aspiraciones del sector, que nos situaría en un plano de igualdad con otros 14 países europeos que ya cuentan con este instrumento que incentiva una necesaria y decidida participación de los sujetos obligados en la promoción de proyectos de eficiencia energética y que contribuye a la digitalización y democratización de nuestro actual sistema”, comenta el consejero delegado de Greenward Partners.

 

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Acerca de Greenward Partners

Greenward Partners es la primera empresa para la activación de capital ecológico en España. Financia proyectos de mejora de eficiencia energética en todo tipo de edificios a través de préstamos que se pagan exclusivamente con los ahorros generados por esas mejoras, con la única garantía adicional de los propios inmuebles. Estos instrumentos de financiación se conocen como Préstamos para la Activación del Capital Ecológico (e-PACE). Asimismo, Greenward desarrolla soluciones y servicios de inteligencia y tecnológicos para la medición, optimización y gestión de los ahorros energéticos en inmuebles; promueve un mercado de negociación de certificados de ahorro energético y aboga por la creación en España de un banco verde  (green bank), un esquema de colaboración público-privada que permita hacer frente al déficit de inversión y financiación de proyectos para la lucha contra el cambio climático y, en particular, para la mejora de la eficiencia energética.

Más información en www.greenwardpartners.com

Twitter:@GreenwardP

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En Aragón hay 300.000 edificios construidos antes de 1980 y más de la mitad no poseen el aislamiento térmico necesario

Casi el 40% de los edificios construidos en Aragón son anteriores a 1980 y, de ellos, más de la mitad carecen de aislamiento térmico. Esto repercute directamente en la calificación energética obtenida, que en el 80% de los casos se sitúa en niveles muy bajos.

El Gobierno de Aragón sigue avanzando en su apuesta por la eficiencia energética del parque edificatorio de la Comunidad y ha puesto en marcha la convocatoria de ayudas para el Programa de Rehabilitación Energética de Edificios (Programa PREE), procedente del Fondo Nacional de Eficiencia Energética; un total de 8,6 millones de euros que serán destinados a mejorar las calificaciones energéticas a través de tres ejes de actuación: mejoras en la envolvente térmica del edificio, sustitución de energía convencional por renovable en las instalaciones térmicas y mejora en las instalaciones de iluminación interior de las zonas comunes de edificios de cualquier uso para reducir el consumo energético.

Por su parte, el Gobierno de España, en los Presupuestos Generales de 2021, ha incrementado un 368%, gracias a los fondos Europeos, la partida de políticas de vivienda y fomento de la edificación sostenible para que las comunidades puedan afrontar temas medioambientales y de rehabilitación de viviendas. Un monto de 41 millones corresponderá a Aragón y será destinado a la rehabilitación sostenible de viviendas y barrios completos.

La apuesta de la Comunidad por el impulso de la investigación y elaboración de estrategias de mitigación del Cambio Climático es decidida y queda patente en la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático Horizonte 2030. Además, el pasado 5 de junio, coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, se presentó la Consulta Pública previa para la elaboración del Anteproyecto de la Ley Aragonesa de Cambio Climático y Transición.

Pero a pesar de los esfuerzos legislativos y la suma de los recursos públicos que están disponibles, no será suficiente. La hoja de ruta para rehabilitación energética viene constituida por la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España (ERESEE 2020), dentro del Plan de Recuperación elaborado por el MITMA. Según sus datos, Aragón aglutina el 4% de las viviendas españolas que sería necesario incluir en los paquetes de hogares con necesidades de rehabilitación de su envolvente entre 2021 y 2050 para que sean energéticamente eficientes. Se trata en concreto de 271.000 viviendas, de las cuales más de 45.000 deberían intervenirse antes de 2030.

Como explica Eduardo Brunet, fundador y CEO de Greenward, primera empresa dedicada a la activación de capital ecológico en España, “Es imposible que las cuentas públicas financien en solitario la inversión que se necesitará para cumplir los objetivos de eficiencia energética en edificios que exige la Unión Europea. Pero no hay en el mercado productos y estructuras que faciliten la financiación del 100% del coste del proyecto, a largo plazo, a tipos competitivos y bajo modelos estandarizables. Necesitamos normativas eficaces e instituciones especializadas, capaces de dar soluciones innovadoras y canalizar el gran volumen de capital privado que existe proveniente de inversores interesados en apostar por la rehabilitación energéticamente eficiente y que actualmente está infrautilizado”.

En Aragón hay registrados 300.000 edificios construidos antes de 1980, es decir, antes de que se publicara la norma básica de edificación, motivo por el cual más de la mitad de esos edificios carece del aislamiento térmico necesario para poder mantener una temperatura adecuada en su interior.

Las pocas entidades financieras que están presentes en la financiación de estos proyectos otorgan préstamos con plazos máximos de financiación inferiores a 10 años -la media ronda los 6 ó 7 años-. Insuficiente para acometer renovaciones energéticas integrales salvo que la financiación bancaria venga acompañada de un desembolso inicial, en muchas ocasiones, inasumible para los propietarios. Para contextualizar el reto económico, la reforma integral de un edificio de 20 viviendas de 100 m2 con finalidad de eficiencia energética, incluyendo envolvente, calderas y otros elementos, podría superar fácilmente los 300.000 euros.

Urge mayor coordinación y una Ley del Cambio Climático innovadora

Para alcanzar los ambiciosos objetivos estatales y autonómicos de rehabilitación de viviendas será necesario, además de la coordinación entre departamentos a nivel estatal, que se concreten dichos objetivos en las escalas autonómica y local, y diseñar estrategias específicas de despliegue a nivel municipal, en el marco de las necesidades de regeneración urbana de cada localidad.

Para Greenward, los municipios son absolutamente clave para coordinar y focalizar estrategias y el esfuerzo inversor público, actualmente disgregado en diversas fuentes, como el Plan Estatal de Vivienda, las ayudas del IDAE, los fondos FEDER-EDUSI, las subvenciones y proyectos autonómicos y municipales, etc. “Sería necesario que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que el Gobierno de Aragón abrirá a consulta pública en breve incorpore medidas innovadoras para hacer accesibles herramientas que permitan confluir el capital público y el privado de cara a avanzar en rehabilitación energética”, señala Brunet.

PACE, Eco-bonos y Comunidades Energéticas Locales como claves de oportunidad

Greenward está trabajando en los ámbitos institucionales para lograr la incorporación urgente de enmiendas a las nuevas leyes de Cambio Climático y Transición Energética que permitan trasladar a los marcos regulatorios autonómico y nacional modelos que están demostrando importantes éxitos en diferentes países.  Los más significativos:

 

Tanto los préstamos PACE como los Súper Eco-bonos y las CEL tienen un valor añadido muy importante para poder activar de forma inmediata proyectos de renovación energética en aquellos sectores de población con rentas bajas, para los que una inteligente política de subvención y ayudas que incentiven la entrada de inversión privada es crucial. Según los datos de ERESEE, Aragón reúne el 4% de los hogares en situación de pobreza energética existentes en España.

Como señala Eduardo Brunet, “El nuevo mantra de la financiación verde o sostenible que envía Bruselas es el `blended finance´ o la eficiente interacción entre subvenciones, ayudas, garantías y créditos blandos del sector público con financiación en escala desde el sector privado. Solo la correcta e inteligente articulación de estos mecanismos será capaz de atraer los ingentes recursos financieros necesarios en este campo de la rehabilitación energética de edificios”.

Es necesario apostar por vías innovadoras y facilitar la financiación para la rehabilitación energética mediante créditos u otras fórmulas a los propietarios de inmuebles, y focalizar las ayudas públicas en las situaciones de mayor necesidad.

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Acerca de Greenward Partners

Greenward Partners es la primera empresa para la activación de capital ecológico en España. Financia proyectos de mejora de eficiencia energética en todo tipo de edificios a través de préstamos que se pagan exclusivamente con los ahorros generados por esas mejoras, con la única garantía adicional de los propios inmuebles. Estos instrumentos de financiación se conocen como Préstamos para la Activación del Capital Ecológico (e-PACE). Asimismo, Greenward desarrolla soluciones y servicios de inteligencia y tecnológicos para la medición, optimización y gestión de los ahorros energéticos en inmuebles; promueve un mercado de negociación de certificados de ahorro energético y aboga por la creación en España de un banco verde  (green bank), un esquema de colaboración público-privada que permita hacer frente al déficit de inversión y financiación de proyectos para la lucha contra el cambio climático y, en particular, para la mejora de la eficiencia energética.

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Greenward Partners presenta Greenward Papers #3 El Valor Real (y por Descubrir) de la Eficiencia Energética.

La valoración que se da a la eficiencia energética se limita a los ahorros que genera en la factura y deja de lado el enorme valor que despliega mucho más allá de este mero ahorro, tanto en su dimensión energética como no energética (la ‘Energía Eficiencia’ y el ‘Servicio Eficiencia’, respectivamente).

Ignorar estos rendimientos de la eficiencia distorsiona el mercado, impide un reparto justo del valor generado entre los distintos agentes y stakeholders y, sobre todo, impide que la eficiencia energética desarrolle todo su potencial en la descarbonización y como fuente de crecimiento de la economía y del empleo, porque penaliza la rentabilidad esperada y los plazos de recuperación de los proyectos de eficiencia.

Ya hay en el mercado tecnología, know how y métodos probados de estimación, medición y valoración de estos beneficios que aportan tanto la Energía como el Servicio Eficiencia, que se analizan en profundidad en este documento.

La sociedad no se puede permitir el lujo de seguir abordando la eficiencia energética con esta miopía1 .

La Energía Eficiencia es una fuente de energía renovable como otra cualquiera y por ello debería ser valorada como tal. Se sitúa en el centro de un nuevo sistema energético emergente que transforma los edificios en Activos Energéticos Distribuidos como edificios eficientes integrados. En la actualidad existen ya protocolos internacionales robustos, fiables y acreditados para medir y verificar la generación de Negavatios (ahorro energético). El valor sistémico de la Energía Eficiencia se puede evaluar y, por tanto,

monetizar a través de la Metodología del Coste Evitado. Mejorar la eficiencia energética es una cuestión de interés público, que merita la revisión del Fondo Nacional de Eficiencia Energética para activar el valor de los “certificados blancos” (certificados de ahorro energético). El esquema MEETS – Metered Energy Efficiency Transaction Structure, desarrollado y con éxito probado en Estados Unidos podría convertirse en la metodología más adecuada para activar/impulsar el valor real (y no recocido) de la eficiencia energética.

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Por Beatriz Treceño. Madrid

La Transición energética solo será posible con capital privado. Sobre esta premisa, la compañía de capital ecológico Greenward Partners pretende captar 20 millones de euros en los próximos tres años para financiar proyectos de eficiencia energética en edificios públicos y privados en España, donde se estima que el 85% del parque es ineficiente a nivel energético. Y, según los cálculos del Ministerio para la Transición Ecológica, actualizarlos supondrá un coste superior a los 40.000 millones de euros en los próximos 10 años. «El error de base es abordar la transición energética a cargo de los impuestos. Lo público tiene que abrir instrumentos ágiles para atraer capital privado, no hacer inversión directa», explica Eduardo Brunet, CEO de Greenward Partners.

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Greenward Partners, la primera empresa de activación de capital ecológico en España, ha hecho público hoy un manifiesto, al que se han adherido las principales asociaciones del sector de la eficiencia energética en la edificación y en el que se insta a las Administraciones Púbicas a adoptar veinte medidas que permitan aprovechar todo el potencial de la rehabilitación energética de los edificios como motor de la recuperación económica y como herramienta para la lucha contra el cambio climático.

Además de Greenward, el manifiesto, que tiene como lema Rehabilitar el Futuro, cuenta como primeros firmantes con la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos (ANESE), la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética (A3e) y Green Building Council España (GBCe), que aglutinan a medio millar de empresas, asociaciones profesionales y empresariales, centros de investigación, instituciones académicas y centros tecnológicos, entre otros, de toda la cadena de valor del sector de la eficiencia energética en la construcción y rehabilitación de edificios.

Rehabilitar el Futuro propone al Gobierno desarrollar 20 líneas de actuación, encabezadas por el reconocimiento de la eficiencia energética de los edificios como un interés general prioritario en la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 19 de mayo y que ahora comienza su tramitación parlamentaria.

La eficiencia energética es la primera fuente de energía sostenible en el mundo y un 30% de dicho potencial se esconde en los edificios. El parque inmobiliario es uno de los elementos que más contribuyen al calentamiento del planeta y a la contaminación: es responsable del 40% del consumo de energía final y de un tercio de las emisiones de CO2.

En España, el 80% de los edificios es ineficiente en términos energéticos (certificación energética E, F o G). Asimismo, más de la mitad del parque edificatorio tiene más de 40 años y es anterior a la introducción de cualquier normativa en materia de aislamiento energético.

La rehabilitación energética de edificios genera de forma inmediata un volumen importante de puestos de trabajo -que, además, no se pueden deslocalizar-, al tiempo que reduce las emisiones y mejora la calidad de vida de los ciudadanos. El plan de rehabilitación anunciado por el Gobierno español antes de la epidemia del coronavirus contemplaba la necesidad de movilizar 45.000 millones de euros en ahorro y eficiencia energética para renovar, entre otras tipologías de inmuebles, 1,2 millones de viviendas y crear entre 42.000 y 80.000 empleos cada año hasta 2030.

De todas las líneas de actuación en la lucha contra el cambio climático, la rehabilitación energética es la que mayor número de puestos de trabajo genera por cada millón de euros invertidos (entre 24 y 27 empleos creados y mantenidos al año, según la CEOE).

Por su parte, la primera prioridad de la política de recuperación económica de la Unión Europea es lo que la Comisión Europea ha llamado una “oleada de renovación inmobiliaria”, con un presupuesto de inversión anual de 250.000 millones de euros, que será cubierto en una quinta parte con financiación pública a través de fondos estructurales y del Banco Europeo de Inversiones, y el resto, supuestamente con financiación privada.

“España cuenta con la voluntad política, la tecnología, el tejido empresarial y los recursos privados para cubrir las necesidades de financiación que los fondos públicos no pueden cubrir”, señala el manifiesto.

“Tenemos la oportunidad de aprovechar el potencial de la rehabilitación energética para afrontar de forma unida estos dos grandes retos a los que nos enfrentamos: la recuperación económica tras la pandemia y la lucha contra la emergencia climática”, añade.

El proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica que el Gobierno ha remitido al Congreso de los diputados es “ambicioso en sus objetivos” y eleva hasta un mínimo del 35% el ahorro en el consumo de energías primarias que se tiene que producir por la aplicación de medidas de mejora de la eficiencia (con respecto a la línea de base conforme a normativa comunitaria).

“Desde Rehabilitar el Futuro, aplaudimos la firme decisión con la que las administraciones públicas están situando la lucha contra el cambio climático en el centro de sus políticas. Una vez establecidos los objetivos, es necesario el desarrollo de las políticas e instrumentos efectivos que permitan alcanzarlos. Es hora de pasar de la emergencia climática a la emergencia legislativa; de las palabras y compromisos, a los hechos y los medios”, afirma el comunicado.

Además del citado reconocimiento del carácter de interés general de la mejora de la eficiencia energética, las propuestas de Rehabilitar el Futuro incluyen medidas fiscales, administrativas, financieras y de certificación y seguimiento, entre otras, en un marco de colaboración público-privada, con el objetivo de maximizar la contribución de la rehabilitación energética a la recuperación económica y a la lucha contra el cambio climático, con el mínimo impacto en las cuentas públicas, y favoreciendo los esquemas de autofinanciación a través de los ahorros energéticos.

Descarga el manifiesto aquí

La declaración de emergencia climática por parte el Gobierno español vino acompañada del ambicioso compromiso de poner en marcha en el plazo de cien días las cinco grandes medidas que configuran el eje de su política energética y medioambiental, con el envío al Congreso del Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica (LCCTE) a la cabeza.

La ambición del Gobierno en la lucha contra el cambio climático es innegable y, sin duda, una buena noticia. Sin embargo, se corre el riesgo de no actuar con la rotundidad y la rapidez necesarias para poner en marcha las medidas que permitan conseguir las metas marcadas. Es hora de pasar a la acción legislativa.

Descargar Greenward Paper #2 aquí

 

Casas verdes. No es el nombre del último barrio de moda en una ciudad turística ni el nombre de una nueva cadena de decoración, es la última tendencia en el sector de la vivienda y la construcción que, como casi todo hoy en día, cada vez tiene más presente la sostenibilidad y el respeto medioambiental.

Según la Comisión Nacional de Energía, la eficiencia energética es la capacidad para usar menos energía para producir la misma cantidad de iluminación, calor, transporte y otros servicios energéticos. En otras palabras, consiste en hacer que los edificios consuman menos energía, reduzcan su impacto en el medio ambiente y sean capaz de autoabastecerse en la mayor medida posible.

Para convertir eso en realidad, en España se necesitan más de 40.100 millones de euros en los próximos diez años, según calculan en la compañía Greenward Partners en base a datos del Ministerio de Transición Ecológica. España, de acuerdo con la firma, es un mercado de 25 millones de viviendas, de las que el 55% son anteriores a 1980 y algo más del 20% superan los 50 años de antigüedad. Es decir, la mayoría de los hogares españoles alcanza o supera los 40 años de edad y, por tanto, tienen unos niveles de eficiencia muy reducidos.

«La actividad en renovación de edificios para hacerlos más eficientes y sostenibles ha sido muy escasa hasta la fecha en España», explica Eduardo Brunet, CEO de Greenward. Y lo ha sido por muchas razones, como los elevados costes o las dudas sobre la verdadera efectividad de este tipo de instalaciones.

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Un grupo de directivos procedentes de entidades financieras como BBVA, Santander y de grandes cotizadas como Iberdrola, Ferrovial o Endesa ha lanzado la primera empresa de capital ecológico en España.

Se trata de Greenward Partners, que se especializará en financiar proyectos de mejora de eficiencia energética en todo tipo de edificios a través de préstamos que se pagan exclusivamente con los ahorros generados por esas mejoras y con la única garantía adicional de los propios inmuebles.

Según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica, España necesitará 40.191 millones de euros en los próximos 10 años para financiar proyectos de mejora de la eficiencia energética en edificios, por lo que «existe una clara oportunidad de mercado». Así lo explica Eduardo Brunet, consejero delegado de la nueva compañía, en la que participan otros directivos con experiencia en el sector financiero, energético e inmobiliario.

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¿Es el parque residencial español un mercado propicio para invertir en eficiencia energética? Aunque hasta la fecha la renovación de viviendas prácticamente se ha limitado a las inspecciones técnicas de edificios impulsadas por los distintos ayuntamientos, el sector de la rehabilitación tiene una oportunidad única para desarrollarse. Esto es así, según la compañía Greenward Partners, porque de los 86.476 millones de euros que son necesarios para revertir esta situación más de la mitad están relacionados con la edificación. Son cifras aportadas por el Ministerio para la Transición Ecológica.

Esta empresa, especializada en la financiación de proyectos destinados a la mejora de la eficiencia energética, ha presentado un informe donde desgrana cuáles son las principales oportunidades de inversión para dinamizar la economía española. Idealista/news entrevista a Eduardo Brunet, CEO de Greenward Partners.

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Greenward Partners ha presentado su Greenward Papers #1 sobre la situación de la Eficiencia Energética en España.

La ausencia de instrumentos atractivos de financiación es el principal obstáculo para llevar a cabo las inversiones en el parque inmobiliario español necesarias para alcanzar los objetivos de eficiencia energética establecidos por la Unión Europea, inversiones que se cifran en más de 40.000 millones para los próximos diez años. Esta es una de las principales conclusiones del informe presentado hoy en Madrid por Greenward Partners, la primera empresa especializada en la “activación de capital ecológico” en España. Los edificios generan un tercio de las emisiones de CO2
Entre otros, la Comisión Europea ha establecido como objetivo una mejora de al menos el 32,5% de la eficiencia energética para 2030 con respecto a los niveles de 2007, en su lucha contra la crisis climática.

Pese a los compromisos alcanzados en el ámbito europeo, “la actividad en renovación de edificios para hacerlos más eficientes y sostenibles ha sido muy escasa hasta la fecha en España”, advierte Eduardo Brunet, CEO de Greenward y precursor en España del venture philantrophy, inversión de impacto social que aplica las prácticas del capital riesgo para la consecución de objetivos filantrópicos.Según Fernando de Roda, managing partner de la compañía, los principales obstáculos se centran en “la ausencia de financiación” para abordar estos proyectos y “la falta de instrumentos reales para monetizar el ahorro energético que se deriva de la inversión en eficiencia energética”.

De acuerdo con el informe de Greenward, cuatro de cada cinco edificios en España (un 82%) son ineficientes desde el punto de vista de la calificación energética y más de la mitad de las viviendas (el 55%) son anteriores a 1980. Es decir, la mayoría de los hogares españoles alcanza o supera los 40 años de antigüedad y, por tanto, ofrecen unos niveles muy reducidos de eficiencia.

Una oportunidad de 85.000 millones

“Existe una clara oportunidad de mercado”, afirma Brunet, que toma como referencia las cifras oficiales del propio Gobierno. De acuerdo con el Ministerio para la Transición Ecológica, España necesitará más de 85.000 millones de euros en los próximos 10 años para financiar proyectos de mejora de la eficiencia energética y alrededor de la mitad de esa cantidad está directamente relacionada con los edificios. En otras palabras, en la próxima década se deberá invertir en estas renovaciones medioambientales en distintos sectores el equivalente a la suma de los presupuestos anuales de Sanidad y Educación.
Por otra parte, el informe destaca que en el mercado existe una necesidad desatendida de productos de inversión con las características que ofrecen estos proyectos de financiación en términos de plazo, rentabilidad, estabilidad, garantías y descorrelación, entre otros.

Ahorro energético y rentabilidad

Para hacer frente a las “barreras sociales, técnicas y administrativas” que existen hoy, Greenward ha diseñado un conjunto de soluciones que conectan a propietarios de inmuebles e inversores. La primera de estas soluciones, lanzada en España es el Préstamo para la Activación de Capital Ecológico en Edificios (e-PACE),

Estos préstamos se conceden con unos plazos tan amplios (en torno a 20-25 años) que aseguran a los propietarios de los inmuebles la recuperación de la inversión por la vía de los ahorros energéticos conseguidos mediante distintas actuaciones. Entre ellas, la instalación de techos solares y baterías, la puesta en marcha de sistemas más eficientes de calefacción, aire acondicionado o calentamiento de agua y la mejora de la iluminación.

“Estos largos plazos permiten compartir parte de dichos ahorros con el propietario del edificio y mejorar con ello su posición de caja desde el momento inicial del proyecto. Desde el primer año se consiguen flujos positivos de caja”, dice De Roda.

Para los inversores a largo plazo, como fondos de pensiones o aseguradoras, la solución de Greenward ofrece una opción de renta fija, descorrelacionada de la situación económica y con rentabilidades atractivas, a la vez que cumple con los requisitos de inversión sostenible bajo los criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en inglés).

“Los fondos de pensiones y otras instituciones gestoras de ahorro de largo plazo son los mejores aliados de la inversión en eficiencia energética”, apunta De Roda. “Su perfil de inversor de largo plazo los hace más proclives a apoyar la inversión en lo que se denominan megatendencias, entre ellas la defensa medioambiental. Además, la escasa rentabilidad de los productos tradicionales de renta fija está llevando al capital privado a destinar una cuota cada vez mayor hacia lo que se conoce como inversión de impacto”, añade.

Como ejemplo de los resultados generados por estas renovaciones, el informe de Greenward desarrolla como caso de estudio la renovación realizada en 2009 en el Empire State Building, uno de los edificios más emblemáticos de Nueva York y con una superficie similar a la mitad del barrio de Salamanca de Madrid. Con una inversión de 20 millones de dólares se generaron ahorros por valor de 4,4 millones anuales y se logró una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero equivalente a la que se obtendría de sacar 20.000 vehículos de las carreteras en un plazo de 15 años.

Beneficios para la sociedad

Además de la abultada rebaja en las facturas de suministros de energia y agua, Greenward destaca las ventajas sociales y medioambientales de financiar la mejora de la eficiencia energética. “Con estas soluciones no sólo se atienden las necesidades financieras de propietarios e inversores, sino que tambiénse contribuye al interés público general y a la lucha contra el cambio climático y a la mejora de la calidad del airer”, expresan sus fundadores.
“Los beneficios de mayor alcance también incluyen también la reducción de los costes relacionados con enfermedades por la contaminación, el aumento de la productividad laboral gracias a la mejora de las condiciones de trabajo y de vida en el interior de los edificios, y un aumento del número de empleos en el sector de la construcción e industrias afines”, explica Brunet.
En concreto, el informe se refiere a estudios que proyectan la creación de dos millones de puestos de trabajo en el mercado europeo si se eleva un 27% la eficiencia media del parque inmobiliario en comparación con 2005. En el caso de España, la CEOE calcula que podrían generarse 135.000 empleos directos al realizar renovaciones en unas 250.000 viviendas al año, con un promedio de 20.000 euros por cada reforma. Para Greenward, en resumen, la inversión en eficiencia energética en edificios “es una gran oportunidad de dinamizar la economía y generar empleo”.

Ver informe completo aqui