El parque inmobiliario asturiano data, de media, de los años 70. Un 56% de las viviendas principales se construyó antes de 1981 y de la entrada en vigor de normativas de eficiencia energética en la construcción. Según los últimos datos del registro de Comunidades Autónomas en España (2019), Asturias cuenta con 50.949 edificaciones, de las cuales 12.008 tendrían una calificación «G» ─la más baja─, 6.677 edificios contarían con una calificación «F», y 22.504 con una calificación «E».  Cerca del 80,8% del parque edificado del Principado tiene una eficiencia energética muy por debajo de lo deseado. Solo 296 edificios, menos del 0,6% del total, contarían con la calificación «A», la más alta. Esta situación muestra un amplio campo de mejora en lo que respecta al consumo energético en las viviendas y la reducción de las emisiones de CO2 del parque inmobiliario asturiano.

 

No obstante, tal y como recoge el Plan Asturiano de Vivienda 2018-2021, Asturias es la segunda Comunidad Autónoma con mayor porcentaje de edificios rehabilitados, un 68,3%, solo por detrás del País Vasco. Resulta fundamental que las rehabilitaciones se realicen desde la perspectiva de la eficiencia energética, ya que además de ser crucial para el logro de los objetivos y compromisos adquiridos para la descarbonización de la economía regional y nacional en 2050, también favorece el ahorro energético y económico, al tiempo que promueve la salud y el confort. Es necesario, por tanto, favorecer el acceso a la rehabilitación energética a todas las personas, y especialmente a las rentas más bajas y los hogares que se encuentran en una situación de pobreza energética.

 

En este sentido, de acuerdo con el Informe de Actualización de Indicadores 2020 de pobreza energética publicado por el MITECO, el índice de pobreza energética escondida (HEP) en Asturias en 2019 fue de un 8,01%.  Esto significa que algo más de 8 de cada 100 hogares tiene un gasto energético inferior a la mitad de la mediana nacional.

 

El Gobierno de Asturias sigue avanzando en su apuesta por la eficiencia energética del parque edificado del Principado. En el mes de marzo de 2021 se amplió el presupuesto asignado al Principado por el Programa PREE de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes en 40 millones de euros, alcanzando un total de algo más de 47,5 millones de euros. Está por definir el presupuesto final que se destinará al Principado de los 6.820 millones de euros para la rehabilitación de viviendas con financiación procedente de los fondos europeos anunciada hace unos meses por el Gobierno central.

 

En el plano regulatorio del Principado, en enero de 2021 se comenzó a desarrollar la Estrategia para la Rehabilitación Energética de Edificios, iniciativa que se encuentra en la fase de envío de alegaciones, evaluación y estudio interno, paso previo a la aprobación por parte del Consejo de Gobierno, y que tiene en cuenta las líneas de otros planes nacionales como el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia o el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.

 

La estrategia plantea objetivos energéticos y medioambientales, pero también económicos y de generación de actividad y empleo, sociales y de confort. Contempla medidas, por ejemplo, para la mejora de la envolvente de los edificios, la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas, actuaciones para la mejora de las condiciones energéticas de los edificios públicos y el impulso de la descarbonización de la economía regional.

 

Pero otro aspecto relevante de la estrategia es, precisamente, que abre la puerta al desarrollo de la colaboración público-privada para el impulso de los proyectos de rehabilitación de edificios y regeneración urbana, lo que permite explorar posibles nuevas vías de financiación de este tipo de proyectos en las que converjan capital público y privado. Una iniciativa celebrada y apoyada desde Greenward Partners, primera empresa de capital ecológico en España, conscientes de que los fondos públicos son insuficientes para hacer frente a las rehabilitaciones necesarias.

 

En este sentido, Greenward Partners aboga por, entre otras medidas, desarrollar en Asturias la figura de los Ecobonos como mecanismo de gran valor para hacer financiables proyectos de rehabilitación energética de edificios. La herramienta permite hacer accesibles estos proyectos a los propietarios, siendo especialmente útiles para aquellos con rentas bajas.

 

Como explica Eduardo Brunet, fundador y CEO de Greenward Partners, “El anuncio sobre los incentivos fiscales con deducciones en el IRPF de hasta el 60% de las cantidades que inviertan los particulares en obras para mejorar la sostenibilidad de su vivienda nos parece una magnífica noticia. Pero la medida ganaría efectividad y alcance si se contemplaran estas bonificaciones fiscales a través de Ecobonos, con los que el reconocimiento de esa desgravación o crédito fiscal por el importe de la inversión en la renovación energética pueda transferirse a inversores que financien la obra y que tengan base imponible suficiente para aprovecharlos”. Con el modelo de Ecobonos se consigue aligerar significativamente el peso de la inversión para el particular al poder disponer de los fondos anticipadamente en lugar de esperar a obtener su compensación como deducción futura del impuesto de la renta.

 

A esto se suma que la pérdida de recaudación por el crédito fiscal se compensa ampliamente mediante el modelo de Ecobonos con una mayor recaudación por impuestos indirectos, el impulso a la actividad económica de la región y el aporte de importantes contribuciones sociales a través de la creación de puestos de trabajo asociados a las rehabilitaciones, objetivos contemplados en la Estrategia.

 

 

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Acerca de Greenward Partners

Greenward Partners es la primera empresa para la activación de capital ecológico en España. Financia proyectos de mejora de eficiencia energética en todo tipo de edificios a través de préstamos que se pagan exclusivamente con los ahorros generados por esas mejoras, con la única garantía adicional de los propios inmuebles. Estos instrumentos de financiación se conocen como Préstamos para la Activación del Capital Ecológico (e-PACE). Asimismo, Greenward desarrolla soluciones y servicios de inteligencia y tecnológicos para la medición, optimización y gestión de los ahorros energéticos en inmuebles; promueve un mercado de negociación de certificados de ahorro energético y aboga por la creación en España de un banco verde  (green bank), un esquema de colaboración público-privada que permita hacer frente al déficit de inversión y financiación de proyectos para la lucha contra el cambio climático y, en particular, para la mejora de la eficiencia energética.

Más información en www.greenwardpartners.com

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Según los últimos datos del registro de Comunidades Autónomas en España (2019), Canarias cuenta con 147.258 edificaciones.  Más del 86,5% de ese parque inmobiliario  tiene las peores calificaciones energéticas (88.118 edificios con calificación G -la más baja-,  12.329 con calificación F y 27.024 con calificación E) lo que le sitúa en una posición muy deficiente por lo que respecta al consumo energético de las viviendas en refrigeración, agua caliente y calefacción por metro cuadrado de superficie útil y la consiguiente alta  generación de emisiones de CO2 a la atmósfera debido a estos consumos de energía. Solo el 1,1% del parque edificado canario dispone de calificación energética A.

El Plan de Transición Energética del archipiélago, cuya finalización y aprobación está prevista para los últimos meses de 2021, impulsará la descarbonización de la economía canaria para 2040 y contribuirá al cumplimiento de la futura Ley de Cambio Climático.

En este marco, el Gobierno de Canarias está inmerso en el proceso de Información Pública de la nueva Ley Canaria de Cambio Climático y Transición  Energética que, hasta su aprobación final por el Parlamento canario, ha de pasar aún por la aprobación por el Consejo de Gobierno y su envío al Parlamento de Canarias, y la posterior tramitación parlamentaria final. Aún hay tiempo para que la nueva Ley resultante incorpore herramientas y mecanismos que permitan que los proyectos de rehabilitación energética sean accesibles para todos, y muy especialmente para las rentas más bajas.

En este sentido es importante destacar que, según el Informe de Actualización de Indicadores 2020 de pobreza energética publicado por el MITECO, que recoge los datos de 2019, Canarias muestra uno de los indicadores de pobreza energética escondida (HEP) más altos de España, del 31,64%, lo que significa que más de 31 de cada 100 hogares del archipiélago tienen un gasto energético inferior a la mitad de la mediana nacional.

El Gobierno canario ya ha contemplado en el Plan de Transición Energética del archipiélago (PTECan) un enfoque social y dedicará un apartado específico a erradicar la pobreza energética.  También prevé una inversión de más de 3.200 millones de euros provenientes de fondos públicos y privados para la estrategia de autoconsumo fotovoltaico. A esta habría que sumar las partidas, aún por especificar en cuantía y plazos, que el Gobierno central destine al archipiélago del Fondo de Recuperación europeo dedicadas a la rehabilitación energética de edificios.

En la actualidad, y hasta que se pongan en marcha las nuevas deducciones anunciadas recientemente por el Gobierno del país, en Canarias las obras de rehabilitación energética de la vivienda habitual cuentan con una deducción de solo el 10%, hasta 7.000 euros de base máxima

Las nuevas ayudas fiscales que están por llegar,  sin dejar de ser interesantes, plantean problemas de plazo (se monetizarían al año siguiente de incurrir en la inversión) y tardanza en la adjudicación, especialmente en comunidades de propietarios, ya que puede dilatarse en el tiempo por su complejidad dada la amplia variedad de estructuras jurídicas que pueden ostentar la propiedad y posesión de cada inmueble.

Para apoyar el avance en este sentido, Greenward Partners, la primera empresa de capital ecológico en España, aboga por extrapolar a Canarias la exitosa figura de los Ecobonos como mecanismo de gran valor para hacer financiables proyectos ambiciosos de rehabilitación energética de edificios, algo que resulta imprescindible para que estos proyectos sean accesibles a los propietarios y colectivos con rentas más bajas para los que una inteligente política de subvención y ayudas que incentiven la entrada de inversión privada es crucial.

Para contextualizar el reto económico para el ciudadano al que nos referimos, teniendo en cuenta la instalación de placas fotovoltaicas y las posibles mejoras añadidas en aislamiento térmico, elementos de climatización y sistemas de agua caliente que, pese al clima benigno del archipiélago durante todo el año, serían necesarias para avanzar hacia las “cero emisiones”, hablaríamos de presupuestos normalmente no inferiores a 12.000 euros por vivienda.

Como explica Eduardo Brunet, fundador y CEO de Greenward Partners, “El anuncio sobre los incentivos fiscales con deducciones en el IRPF de hasta el 60% de las cantidades que inviertan los particulares en obras para mejorar la sostenibilidad de su vivienda nos parece una magnífica noticia. Pero la medida ganaría efectividad y alcance si se contemplaran estas bonificaciones fiscales a través de Ecobonos, con los que el reconocimiento de esa desgravación o crédito fiscal por el importe de la inversión en la renovación energética pueda transferirse a inversores que financien la obra y que tengan base imponible suficiente para aprovecharlos”. Con ello se consigue aligerar significativamente el peso de la inversión para el particular al poder disponer de los fondos anticipadamente en lugar de esperar a obtener su compensación como deducción futura del impuesto de la renta.

A esto se suma que la pérdida de recaudación por el crédito fiscal se compensa ampliamente mediante el modelo de Ecobonos con una mayor recaudación por impuestos indirectos, el impulso a la actividad económica del archipiélago y el aporte de importantes contribuciones sociales dada la enorme cantidad de puestos de trabajo -en el archipiélago hay más de 54.000 personas contratadas sólo en el sector de la construcción, colectivo que podría incrementarse gracias a nuevos proyectos de rehabilitación- y flujo de tráfico mercantil que crea, especialmente en el entorno pyme.

Greenward Partners plantea extrapolar a las Islas Canarias este modelo que ya ha demostrado un gran éxito en Italia (bajo nombre Ecobonus). “Sería un paso importante en el esfuerzo que está haciendo el Gobierno autonómico para lograr su objetivo de crear un entorno favorable para la realización de actuaciones de rehabilitación por parte de empresas y particulares a través de una mejora del marco regulatorio y fiscal de la actividad de rehabilitación orientada a alcanzar los retos marcados por el Plan de Recuperación y Resiliencia” explica Brunet.

Como expone Eduardo Brunet, “Actualmente no existen en el mercado español productos y estructuras que faciliten la financiación del 100% del coste de un proyecto de rehabilitación integral, a largo plazo, a tipos competitivos y bajo modelos estandarizables que disminuyan el riesgo de la operación y permitan su escala. Esa ausencia de instrumentos eficientes de financiación y la incertidumbre sobre la consecución real de los ahorros estimados son importantes barreras para que los propietarios, especialmente los de rentas más bajas, se decidan a acometer los necesarios proyectos de rehabilitación para la mejora de la eficiencia energética”.

El modelo de Ecobonos, además de beneficios implícitos para propietarios y gestores inmobiliarios, para el sector de la renovación energética y para las administraciones públicas locales, promueve el empleo y proporciona a los inversores acceso en volumen y escala a proyectos fiables y certificados técnicamente, con un gran loan-to-value, que califican dentro de la taxonomía UE como financiación verde, con rentabilidades a largo plazo muy interesantes.

El nuevo mantra de la financiación verde o sostenible que envía Bruselas es el `blended finance´ o la eficiente interacción entre subvenciones, ayudas, garantías y créditos blandos del sector público con financiación en escala desde el sector privado. Solo la correcta e inteligente articulación de estos mecanismos será capaz de atraer los ingentes recursos financieros necesarios en este campo de la rehabilitación energética de edificios. Es necesario apostar por vías innovadoras y facilitar la financiación para la rehabilitación energética mediante créditos u otras fórmulas a los propietarios de inmuebles, sobre todo a los de menor poder adquisitivo, y enfocar las ayudas públicas a las situaciones de mayor necesidad” afirma Brunet.

 

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Greenward Partners es la primera empresa para la activación de capital ecológico en España. Financia proyectos de mejora de eficiencia energética en todo tipo de edificios a través de préstamos que se pagan exclusivamente con los ahorros generados por esas mejoras, con la única garantía adicional de los propios inmuebles. Estos instrumentos de financiación se conocen como Préstamos para la Activación del Capital Ecológico (e-PACE). Asimismo, Greenward desarrolla soluciones y servicios de inteligencia y tecnológicos para la medición, optimización y gestión de los ahorros energéticos en inmuebles; promueve un mercado de negociación de certificados de ahorro energético y aboga por la creación en España de un banco verde  (green bank), un esquema de colaboración público-privada que permita hacer frente al déficit de inversión y financiación de proyectos para la lucha contra el cambio climático y, en particular, para la mejora de la eficiencia energética.

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Madrid, 29 de abril de 2021.- Eduardo Brunet, CEO y fundador de Greenward Partners, primera empresa de activación de capital ecológico en España, ha participado en Wall Street Green Summit, uno de los mayores eventos mundiales sobre finanzas sostenibles, que está celebrando su XXI edición entre los días 26 y 30 de abril.

Brunet, único directivo español incluido en el programa, ha analizado durante su ponencia la situación de la financiación de la eficiencia energética en la Unión Europea y en España, país que se sitúa por detrás de la media de la UE en este sentido.

Con respecto a Europa, región en la que el 80% del parque edificado es ineficiente energéticamente y el 75% de sus edificios seguirá en pie en 2050, fecha que se ha marcado la UE para alcanzar la neutralidad climática, Brunet ha explicado que “las actuales tasas de renovación, de aproximadamente el 1%, no son suficientes y será necesario duplicarlas para conseguir los objetivos de descarbonización”. Además, el directivo ha hecho alusión al importante “impacto que tiene la eficiencia energética en cuanto al agravamiento de la pobreza y los problemas de bienestar social”.

El gran escollo para avanzar a la velocidad necesaria señalado por Eduardo Brunet es la financiación. Los objetivos fijados para 2050 requieren de una inversión adicional de 325.000 millones de dólares al año: 250.000 millones para el mercado residencial y 75.000 millones para edificios públicos y “el gasto público anual resulta insuficiente, por lo que es fundamental movilizar la financiación público-privada”, ha asegurado.

Además, ha referido otros obstáculos existentes en el mercado europeo como, por ejemplo, que el valor de las viviendas no siempre refleja el rendimiento energético del edificio; la división de incentivos entre propietarios e inquilinos; modelos de negocio inmaduros para el rendimiento energético en la renovación; un desequilibrio entre las necesidades de financiación de los proyectos de renovación y los productos ofrecidos por las instituciones financieras; una gama insuficiente de productos financieros atractivos; la limitación de los mecanismos que apalancan el capital público para atraer la inversión privada, y la inexistencia de actores agregadores y monetización de la demanda flexible de Recursos de Energía Distribuida (DER) como fuente de energía.

La situación en España es aún más complicada que la media europea, con un porcentaje mayor de edificios ineficientes -el 85% del total de 23 millones de edificios existentes-, aunque la tasa de renovación si es ligeramente más elevada, con un 1,3%.

Para tratar de mejorar la situación, el Gobierno ha puesto en marcha un Plan de Rehabilitación de Vivienda con el que busca impulsar la renovación, en el período 2021-2023, de un total de 500.000 viviendas. La cifra de inversión anunciada asciende a 5.800 millones de euros. Para el directivo, “Es un plan muy ambicioso, pero insuficiente si tenemos en cuenta que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima sitúa las necesidades de inversión del país en 40.000 millones de euros hasta 2030”.

Qué está haciendo Greenward para solucionarlo

En la última parte de su exposición, Brunet ha planteado qué está haciendo Greenward Partners para contribuir a resolver esa escasez de financiación y cubrir las necesidades del mercado español. En este sentido, explica el desarrollo por parte de la compañía de  “una importante labor institucional dirigida a ampliar el marco legislativo para que contemple instrumentos financieros innovadores como PACE; créditos y deducciones fiscales como los Súper-Ecobonus de demostrado éxito en Italia; los Certificados de Eficiencia Energética (CEE); o la creación de un Banco Verde, tipo de institución del que aún adolece nuestro país. Todas estas herramientas están funcionando con gran éxito en otros países, por lo que es importante incorporarlas a la legislación española”.

Brunet, además, ha expuesto el modelo de negocio de Greenward, cuyo objetivo es crear una plataforma integrada de inteligencia energética e impulsar iniciativas de Energía como Servicio, tales como ESA, MESA o MEETS. Actualmente, su actividad cubre todo el ciclo de la financiación de proyectos de eficiencia energética y conecta los intereses de los inversores institucionales privados y de los propietarios de edificios para financiar la renovación de inmuebles, así como otros proyectos innovadores en energías limpias. Además, está preparando el primer fondo de deuda de Eficiencia Energética, por valor de 150 millones de euros.

Greenward promueve grandes proyectos escalables de regeneración urbana y está fomentando la agregación y consolidación del mercado mediante el impulso de asociaciones como AUNA, AGREGA o la Alianza Rehabilitar el Futuro. También cuenta con una división técnica, desde la que está desarrollando herramientas para industrializar un de-risking técnico y financiero sistemático.

 

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10 de febrero de 2021.

El periodo de participación pública abierto por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico -MITECO- para regular un mecanismo que acredite la consecución de una cantidad de ahorro energético a efectos del cumplimiento de las obligaciones del sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética finaliza el próximo viernes, 12 de febrero.

En este contexto, Greenward Partners, primera empresa de activación del capital ecológico en España, considera el tema de suma importancia. Para Eduardo Brunet, consejero delegado de la compañía, “El hecho de que el Ministerio, junto al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), estén empujando y liderando esta iniciativa es muy buena noticia, porque queda mucho por hacer. Hay que dar pasos hacia el desarrollo y la regulación de un Certificado de Ahorro Energético (CAE) que, como mecanismo de acreditación y materialización de atributos medioambientales, facilite y actualice el cumplimiento de los principales objetivos vinculantes para la UE en 2030 en materia de energía”.

Unos objetivos que se resumen en un 55% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990 y, según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) que ha presentado España a la UE, lograr un 39,5% de mejora en eficiencia energética.

Según los últimos datos disponibles, sólo para el sector de la edificación, el objetivo en 2030 en España es disminuir el consumo de energía final en 43.464 GWh respecto al consumo actual, correspondiendo el 73,7% de esta reducción a los usos térmicos. El 60,7% del objetivo de disminución del consumo se concentra en el sector residencial, donde se prevé la rehabilitación de la envolvente de 1,2 millones de viviendas y la sustitución de más de 3,5 millones de sistemas de calefacción y agua caliente.

Tras la trasposición de varias Directivas, las empresas comercializadoras de gas y electricidad (además de las operadoras de productos petrolíferos al por mayor y las de gases licuados de petróleo al por mayor) están obligadas a cubrir unas determinadas cuotas anuales de ahorro energético, que se materializan en aportaciones financieras al Fondo Nacional de Eficiencia Energética.

Como alternativa a estas aportaciones dinerarias (parte de las cuales se están repercutiendo actualmente en la factura eléctrica), la normativa española contempla la posibilidad de acreditación de CAE negociables, opción que aún no ha sido desarrollada reglamentariamente y en el marco de la cual el MITECO acaba de abrir la consulta pública. Como explica Eduardo Brunet, “El objetivo es la habilitación de un sistema de medición y cuantificación de los ahorros obtenidos en proyectos de eficiencia energética que permita emitir estos CAE, transmisibles a, entre otras -matiz importante-, las compañías obligadas al cumplimiento de esas cuotas de ahorro”.

Con esta medida, estas empresas podrían aportar los CAE como especie y se beneficiarían de un sistema complementario que proporcione mayor flexibilidad para el cumplimiento de sus obligaciones, en favor de una sustitución de parte de las obligaciones económicas a que están sujetas; mayor seguridad jurídica, certeza y transparencia del sistema de obligaciones; mayor participación en el sector de la eficiencia energética mediante la elección de actuaciones específicas y de creación de empleo -tanto en los sectores relacionados con la construcción como en el de las empresas de servicios energéticos-; y algo fundamental: podrían canalizar financiación privada que ayude a aliviar la pobreza energética; porque con los presupuestos públicos no es suficiente y los proyectos de eficiencia en vivienda social y colectivos en situación o riesgo de pobreza energética difícilmente pueden acceder a la financiación privada.

Los CAE podrían abrir la puerta a un sistema de apoyo adicional y novedoso a la financiación de estos colectivos. En este sentido, el Fondo Nacional de Eficiencia, a través de contratos de compra de energía a largo plazo (PPA en sus siglas en inglés) y precio fijo, indiciado o con un escalado, podría adquirir los certificados `cosechados´ de las inversiones en eficiencia (destino finalista de fondos públicos) que en esos edificios pudieran acometer inversores privados e institucionales, de modo que transferirían el riesgo del propietario o de la comunidad de propietarios al propio Estado español, lo que sin duda atraería capital en las ingentes cantidades necesarias” refiere Brunet.

Asimismo, desde el punto de vista de Greenward, sería interesante abrir la posibilidad de crear un mercado secundario organizado o voluntario (similar al que existe para las renovables a través de los Certificados de Energía Renovable) que pudiera servir como palanca de financiación o refinanciación de proyectos de renovación energética en edificios, tal y como ya existe en varios países de nuestro entorno europeo.

Es, sin duda, una de las más viejas aspiraciones del sector, que nos situaría en un plano de igualdad con otros 14 países europeos que ya cuentan con este instrumento que incentiva una necesaria y decidida participación de los sujetos obligados en la promoción de proyectos de eficiencia energética y que contribuye a la digitalización y democratización de nuestro actual sistema”, comenta el consejero delegado de Greenward Partners.

 

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Greenward Partners es la primera empresa para la activación de capital ecológico en España. Financia proyectos de mejora de eficiencia energética en todo tipo de edificios a través de préstamos que se pagan exclusivamente con los ahorros generados por esas mejoras, con la única garantía adicional de los propios inmuebles. Estos instrumentos de financiación se conocen como Préstamos para la Activación del Capital Ecológico (e-PACE). Asimismo, Greenward desarrolla soluciones y servicios de inteligencia y tecnológicos para la medición, optimización y gestión de los ahorros energéticos en inmuebles; promueve un mercado de negociación de certificados de ahorro energético y aboga por la creación en España de un banco verde  (green bank), un esquema de colaboración público-privada que permita hacer frente al déficit de inversión y financiación de proyectos para la lucha contra el cambio climático y, en particular, para la mejora de la eficiencia energética.

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En Aragón hay 300.000 edificios construidos antes de 1980 y más de la mitad no poseen el aislamiento térmico necesario

Casi el 40% de los edificios construidos en Aragón son anteriores a 1980 y, de ellos, más de la mitad carecen de aislamiento térmico. Esto repercute directamente en la calificación energética obtenida, que en el 80% de los casos se sitúa en niveles muy bajos.

El Gobierno de Aragón sigue avanzando en su apuesta por la eficiencia energética del parque edificatorio de la Comunidad y ha puesto en marcha la convocatoria de ayudas para el Programa de Rehabilitación Energética de Edificios (Programa PREE), procedente del Fondo Nacional de Eficiencia Energética; un total de 8,6 millones de euros que serán destinados a mejorar las calificaciones energéticas a través de tres ejes de actuación: mejoras en la envolvente térmica del edificio, sustitución de energía convencional por renovable en las instalaciones térmicas y mejora en las instalaciones de iluminación interior de las zonas comunes de edificios de cualquier uso para reducir el consumo energético.

Por su parte, el Gobierno de España, en los Presupuestos Generales de 2021, ha incrementado un 368%, gracias a los fondos Europeos, la partida de políticas de vivienda y fomento de la edificación sostenible para que las comunidades puedan afrontar temas medioambientales y de rehabilitación de viviendas. Un monto de 41 millones corresponderá a Aragón y será destinado a la rehabilitación sostenible de viviendas y barrios completos.

La apuesta de la Comunidad por el impulso de la investigación y elaboración de estrategias de mitigación del Cambio Climático es decidida y queda patente en la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático Horizonte 2030. Además, el pasado 5 de junio, coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, se presentó la Consulta Pública previa para la elaboración del Anteproyecto de la Ley Aragonesa de Cambio Climático y Transición.

Pero a pesar de los esfuerzos legislativos y la suma de los recursos públicos que están disponibles, no será suficiente. La hoja de ruta para rehabilitación energética viene constituida por la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España (ERESEE 2020), dentro del Plan de Recuperación elaborado por el MITMA. Según sus datos, Aragón aglutina el 4% de las viviendas españolas que sería necesario incluir en los paquetes de hogares con necesidades de rehabilitación de su envolvente entre 2021 y 2050 para que sean energéticamente eficientes. Se trata en concreto de 271.000 viviendas, de las cuales más de 45.000 deberían intervenirse antes de 2030.

Como explica Eduardo Brunet, fundador y CEO de Greenward, primera empresa dedicada a la activación de capital ecológico en España, “Es imposible que las cuentas públicas financien en solitario la inversión que se necesitará para cumplir los objetivos de eficiencia energética en edificios que exige la Unión Europea. Pero no hay en el mercado productos y estructuras que faciliten la financiación del 100% del coste del proyecto, a largo plazo, a tipos competitivos y bajo modelos estandarizables. Necesitamos normativas eficaces e instituciones especializadas, capaces de dar soluciones innovadoras y canalizar el gran volumen de capital privado que existe proveniente de inversores interesados en apostar por la rehabilitación energéticamente eficiente y que actualmente está infrautilizado”.

En Aragón hay registrados 300.000 edificios construidos antes de 1980, es decir, antes de que se publicara la norma básica de edificación, motivo por el cual más de la mitad de esos edificios carece del aislamiento térmico necesario para poder mantener una temperatura adecuada en su interior.

Las pocas entidades financieras que están presentes en la financiación de estos proyectos otorgan préstamos con plazos máximos de financiación inferiores a 10 años -la media ronda los 6 ó 7 años-. Insuficiente para acometer renovaciones energéticas integrales salvo que la financiación bancaria venga acompañada de un desembolso inicial, en muchas ocasiones, inasumible para los propietarios. Para contextualizar el reto económico, la reforma integral de un edificio de 20 viviendas de 100 m2 con finalidad de eficiencia energética, incluyendo envolvente, calderas y otros elementos, podría superar fácilmente los 300.000 euros.

Urge mayor coordinación y una Ley del Cambio Climático innovadora

Para alcanzar los ambiciosos objetivos estatales y autonómicos de rehabilitación de viviendas será necesario, además de la coordinación entre departamentos a nivel estatal, que se concreten dichos objetivos en las escalas autonómica y local, y diseñar estrategias específicas de despliegue a nivel municipal, en el marco de las necesidades de regeneración urbana de cada localidad.

Para Greenward, los municipios son absolutamente clave para coordinar y focalizar estrategias y el esfuerzo inversor público, actualmente disgregado en diversas fuentes, como el Plan Estatal de Vivienda, las ayudas del IDAE, los fondos FEDER-EDUSI, las subvenciones y proyectos autonómicos y municipales, etc. “Sería necesario que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que el Gobierno de Aragón abrirá a consulta pública en breve incorpore medidas innovadoras para hacer accesibles herramientas que permitan confluir el capital público y el privado de cara a avanzar en rehabilitación energética”, señala Brunet.

PACE, Eco-bonos y Comunidades Energéticas Locales como claves de oportunidad

Greenward está trabajando en los ámbitos institucionales para lograr la incorporación urgente de enmiendas a las nuevas leyes de Cambio Climático y Transición Energética que permitan trasladar a los marcos regulatorios autonómico y nacional modelos que están demostrando importantes éxitos en diferentes países.  Los más significativos:

 

Tanto los préstamos PACE como los Súper Eco-bonos y las CEL tienen un valor añadido muy importante para poder activar de forma inmediata proyectos de renovación energética en aquellos sectores de población con rentas bajas, para los que una inteligente política de subvención y ayudas que incentiven la entrada de inversión privada es crucial. Según los datos de ERESEE, Aragón reúne el 4% de los hogares en situación de pobreza energética existentes en España.

Como señala Eduardo Brunet, “El nuevo mantra de la financiación verde o sostenible que envía Bruselas es el `blended finance´ o la eficiente interacción entre subvenciones, ayudas, garantías y créditos blandos del sector público con financiación en escala desde el sector privado. Solo la correcta e inteligente articulación de estos mecanismos será capaz de atraer los ingentes recursos financieros necesarios en este campo de la rehabilitación energética de edificios”.

Es necesario apostar por vías innovadoras y facilitar la financiación para la rehabilitación energética mediante créditos u otras fórmulas a los propietarios de inmuebles, y focalizar las ayudas públicas en las situaciones de mayor necesidad.

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Greenward Partners presenta Greenward Papers #3 El Valor Real (y por Descubrir) de la Eficiencia Energética.

La valoración que se da a la eficiencia energética se limita a los ahorros que genera en la factura y deja de lado el enorme valor que despliega mucho más allá de este mero ahorro, tanto en su dimensión energética como no energética (la ‘Energía Eficiencia’ y el ‘Servicio Eficiencia’, respectivamente).

Ignorar estos rendimientos de la eficiencia distorsiona el mercado, impide un reparto justo del valor generado entre los distintos agentes y stakeholders y, sobre todo, impide que la eficiencia energética desarrolle todo su potencial en la descarbonización y como fuente de crecimiento de la economía y del empleo, porque penaliza la rentabilidad esperada y los plazos de recuperación de los proyectos de eficiencia.

Ya hay en el mercado tecnología, know how y métodos probados de estimación, medición y valoración de estos beneficios que aportan tanto la Energía como el Servicio Eficiencia, que se analizan en profundidad en este documento.

La sociedad no se puede permitir el lujo de seguir abordando la eficiencia energética con esta miopía1 .

La Energía Eficiencia es una fuente de energía renovable como otra cualquiera y por ello debería ser valorada como tal. Se sitúa en el centro de un nuevo sistema energético emergente que transforma los edificios en Activos Energéticos Distribuidos como edificios eficientes integrados. En la actualidad existen ya protocolos internacionales robustos, fiables y acreditados para medir y verificar la generación de Negavatios (ahorro energético). El valor sistémico de la Energía Eficiencia se puede evaluar y, por tanto,

monetizar a través de la Metodología del Coste Evitado. Mejorar la eficiencia energética es una cuestión de interés público, que merita la revisión del Fondo Nacional de Eficiencia Energética para activar el valor de los “certificados blancos” (certificados de ahorro energético). El esquema MEETS – Metered Energy Efficiency Transaction Structure, desarrollado y con éxito probado en Estados Unidos podría convertirse en la metodología más adecuada para activar/impulsar el valor real (y no recocido) de la eficiencia energética.

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Por Beatriz Treceño. Madrid

La Transición energética solo será posible con capital privado. Sobre esta premisa, la compañía de capital ecológico Greenward Partners pretende captar 20 millones de euros en los próximos tres años para financiar proyectos de eficiencia energética en edificios públicos y privados en España, donde se estima que el 85% del parque es ineficiente a nivel energético. Y, según los cálculos del Ministerio para la Transición Ecológica, actualizarlos supondrá un coste superior a los 40.000 millones de euros en los próximos 10 años. «El error de base es abordar la transición energética a cargo de los impuestos. Lo público tiene que abrir instrumentos ágiles para atraer capital privado, no hacer inversión directa», explica Eduardo Brunet, CEO de Greenward Partners.

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Greenward Partners, la primera empresa de activación de capital ecológico en España, ha hecho público hoy un manifiesto, al que se han adherido las principales asociaciones del sector de la eficiencia energética en la edificación y en el que se insta a las Administraciones Púbicas a adoptar veinte medidas que permitan aprovechar todo el potencial de la rehabilitación energética de los edificios como motor de la recuperación económica y como herramienta para la lucha contra el cambio climático.

Además de Greenward, el manifiesto, que tiene como lema Rehabilitar el Futuro, cuenta como primeros firmantes con la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos (ANESE), la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética (A3e) y Green Building Council España (GBCe), que aglutinan a medio millar de empresas, asociaciones profesionales y empresariales, centros de investigación, instituciones académicas y centros tecnológicos, entre otros, de toda la cadena de valor del sector de la eficiencia energética en la construcción y rehabilitación de edificios.

Rehabilitar el Futuro propone al Gobierno desarrollar 20 líneas de actuación, encabezadas por el reconocimiento de la eficiencia energética de los edificios como un interés general prioritario en la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 19 de mayo y que ahora comienza su tramitación parlamentaria.

La eficiencia energética es la primera fuente de energía sostenible en el mundo y un 30% de dicho potencial se esconde en los edificios. El parque inmobiliario es uno de los elementos que más contribuyen al calentamiento del planeta y a la contaminación: es responsable del 40% del consumo de energía final y de un tercio de las emisiones de CO2.

En España, el 80% de los edificios es ineficiente en términos energéticos (certificación energética E, F o G). Asimismo, más de la mitad del parque edificatorio tiene más de 40 años y es anterior a la introducción de cualquier normativa en materia de aislamiento energético.

La rehabilitación energética de edificios genera de forma inmediata un volumen importante de puestos de trabajo -que, además, no se pueden deslocalizar-, al tiempo que reduce las emisiones y mejora la calidad de vida de los ciudadanos. El plan de rehabilitación anunciado por el Gobierno español antes de la epidemia del coronavirus contemplaba la necesidad de movilizar 45.000 millones de euros en ahorro y eficiencia energética para renovar, entre otras tipologías de inmuebles, 1,2 millones de viviendas y crear entre 42.000 y 80.000 empleos cada año hasta 2030.

De todas las líneas de actuación en la lucha contra el cambio climático, la rehabilitación energética es la que mayor número de puestos de trabajo genera por cada millón de euros invertidos (entre 24 y 27 empleos creados y mantenidos al año, según la CEOE).

Por su parte, la primera prioridad de la política de recuperación económica de la Unión Europea es lo que la Comisión Europea ha llamado una “oleada de renovación inmobiliaria”, con un presupuesto de inversión anual de 250.000 millones de euros, que será cubierto en una quinta parte con financiación pública a través de fondos estructurales y del Banco Europeo de Inversiones, y el resto, supuestamente con financiación privada.

“España cuenta con la voluntad política, la tecnología, el tejido empresarial y los recursos privados para cubrir las necesidades de financiación que los fondos públicos no pueden cubrir”, señala el manifiesto.

“Tenemos la oportunidad de aprovechar el potencial de la rehabilitación energética para afrontar de forma unida estos dos grandes retos a los que nos enfrentamos: la recuperación económica tras la pandemia y la lucha contra la emergencia climática”, añade.

El proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica que el Gobierno ha remitido al Congreso de los diputados es “ambicioso en sus objetivos” y eleva hasta un mínimo del 35% el ahorro en el consumo de energías primarias que se tiene que producir por la aplicación de medidas de mejora de la eficiencia (con respecto a la línea de base conforme a normativa comunitaria).

“Desde Rehabilitar el Futuro, aplaudimos la firme decisión con la que las administraciones públicas están situando la lucha contra el cambio climático en el centro de sus políticas. Una vez establecidos los objetivos, es necesario el desarrollo de las políticas e instrumentos efectivos que permitan alcanzarlos. Es hora de pasar de la emergencia climática a la emergencia legislativa; de las palabras y compromisos, a los hechos y los medios”, afirma el comunicado.

Además del citado reconocimiento del carácter de interés general de la mejora de la eficiencia energética, las propuestas de Rehabilitar el Futuro incluyen medidas fiscales, administrativas, financieras y de certificación y seguimiento, entre otras, en un marco de colaboración público-privada, con el objetivo de maximizar la contribución de la rehabilitación energética a la recuperación económica y a la lucha contra el cambio climático, con el mínimo impacto en las cuentas públicas, y favoreciendo los esquemas de autofinanciación a través de los ahorros energéticos.

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La declaración de emergencia climática por parte el Gobierno español vino acompañada del ambicioso compromiso de poner en marcha en el plazo de cien días las cinco grandes medidas que configuran el eje de su política energética y medioambiental, con el envío al Congreso del Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica (LCCTE) a la cabeza.

La ambición del Gobierno en la lucha contra el cambio climático es innegable y, sin duda, una buena noticia. Sin embargo, se corre el riesgo de no actuar con la rotundidad y la rapidez necesarias para poner en marcha las medidas que permitan conseguir las metas marcadas. Es hora de pasar a la acción legislativa.

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Casas verdes. No es el nombre del último barrio de moda en una ciudad turística ni el nombre de una nueva cadena de decoración, es la última tendencia en el sector de la vivienda y la construcción que, como casi todo hoy en día, cada vez tiene más presente la sostenibilidad y el respeto medioambiental.

Según la Comisión Nacional de Energía, la eficiencia energética es la capacidad para usar menos energía para producir la misma cantidad de iluminación, calor, transporte y otros servicios energéticos. En otras palabras, consiste en hacer que los edificios consuman menos energía, reduzcan su impacto en el medio ambiente y sean capaz de autoabastecerse en la mayor medida posible.

Para convertir eso en realidad, en España se necesitan más de 40.100 millones de euros en los próximos diez años, según calculan en la compañía Greenward Partners en base a datos del Ministerio de Transición Ecológica. España, de acuerdo con la firma, es un mercado de 25 millones de viviendas, de las que el 55% son anteriores a 1980 y algo más del 20% superan los 50 años de antigüedad. Es decir, la mayoría de los hogares españoles alcanza o supera los 40 años de edad y, por tanto, tienen unos niveles de eficiencia muy reducidos.

«La actividad en renovación de edificios para hacerlos más eficientes y sostenibles ha sido muy escasa hasta la fecha en España», explica Eduardo Brunet, CEO de Greenward. Y lo ha sido por muchas razones, como los elevados costes o las dudas sobre la verdadera efectividad de este tipo de instalaciones.

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