Greenward Partners, primera compañía especializada en la activación del capital ecológico en España, considera enormemente positivo que el Congreso de los Diputados haya decidido, en la sesión del pasado jueves 21 de octubre, tramitar como proyecto de ley el Real Decreto-ley de Medidas Urgentes para Impulsar la actividad de Rehabilitación edificatoria (RDL 19/2021).

Según Eduardo Brunet, presidente de Greenward, “Es una gran noticia que el Congreso haya decidido tramitar el Real Decreto-ley como proyecto de ley con el consenso de todos los partidos, al no darse ningún voto en contra, porque permitirá abrir el proceso de mejora de su contenido mediante la presentación de enmiendas y crear un texto más ambicioso que ayude a los ciudadanos a avanzar hacia la rehabilitación energética de sus hogares”.

Para BrunetResulta muy satisfactorio que por fin se vaya a hacer realidad una antigua reivindicación del sector de Rehabilitación y es que se desarrolle una pieza legislativa específica para regular esta actividad. Además, esperamos que sirva para mejorar cuestiones como la financiación de los proyectos de rehabilitación energética, mediante la introducción de instrumentos que están siendo utilizados por otros países de nuestro entorno con notable éxito, como es el modelo PACE, y que ayudarían a acelerar la descarbonización del parque edificado en España sin necesidad de destinar más recursos públicos”.

PACE (Programa para la Activación del Capital Ecológico) es un instrumento que permite canalizar el capital de inversores institucionales privados para cubrir las necesidades de financiación de proyectos de mejora energética de los edificios. Los préstamos se pagan con los ahorros generados por las mejoras, con la única garantía de los propios inmuebles a través de una contribución voluntaria girada por el municipio y que no se acelera en caso de impago, por lo que resultan enormemente ventajosos para los ciudadanos, ya que de esta forma no incrementan su deuda y acceso a crédito para otras necesidades. Además, ofrecen rentabilidades atractivas a largo plazo para el inversor.

En Estados Unidos, por ejemplo, el sistema de financiación PACE ha sido el principal motor de inversión privada en eficiencia energética por importe superior a 9.000 millones de dólares.

En los dos últimos años Greenward ha desarrollado un intenso trabajo institucional con grupos parlamentarios, ministerios, gobiernos regionales y ayuntamientos de toda España para comunicar las ventajas de este mecanismo y generar el mayor conocimiento y consenso posible de cara a su puesta en marcha en nuestro país.

Durante la tramitación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética ya se construyó un notable consenso en torno a esta propuesta y se incluyó entre las enmiendas presentadas por varios grupos. En las conversaciones mantenidas con numerosos tomadores de decisiones la compañía pudo constatar que existía buena disposición para respaldar PACE de forma mayoritaria, aunque finalmente no prosperó al considerarse que se trataba de un mecanismo demasiado específico para una norma con vocación más transversal. Como apunta Eduardo Brunet, “creemos que la tramitación del Proyecto de Ley específico sobre la Rehabilitación es el mejor instrumento para lograrlo ya que abre la puerta a que España cuente con los tan necesarios nuevos modelos para canalizar inversión privada y democratizar la rehabilitación energética de edificios y hogares, ahora solo en manos de los más pudientes”, declara Eduardo Brunet.

Greenward confía también en que este nuevo proceso legislativo sirva para introducir otros elementos como los créditos fiscales transferibles, al estilo de los Ecobonus, un instrumento implantado con éxito en Italia que funciona como un crédito fiscal reconocido por el importe de la obra de reforma energética integral en el edificio, que es transferible al inversor que la financie o adquiera bonos representativos de tal financiación, y que servirían para impulsar los programas de rehabilitación energética en barrios de rentas más bajas o con mayor pobreza energética, que no pueden acceder a las desgravaciones a la rehabilitación porque no pueden permitirse adelantar el montante de la obra, ni cuentan con bases imponibles para poder monetizar las desgravaciones fiscales propuestas en el RDL 19/21.

Ambos instrumentos, PACE y Ecobonus, fueron mencionados por representantes de diferentes grupos parlamentarios durante el debate del pasado jueves como ejemplo de elementos que debería incorporar el texto legislativo, lo que pone de manifiesto el apoyo parlamentario a los mismos y nos hace ser muy optimistas sobre las posibilidades de que el texto definitivo que salga de las Cortes Generales incorpore estas medidas que ya están dando extraordinarios resultados fuera de nuestras fronteras”, valora Brunet.

 

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Madrid, 15 de julio de 2021

Greenward Partners, primera empresa de capital ecológico en España, ha lanzado en redes sociales una campaña de divulgación, dirigida al conjunto de la sociedad y a determinados sectores económicos, cuyo objetivo es mejorar el acceso a la información y concienciar sobre la eficiencia energética.

Bajo el lema Provoquemos el cambio, Greenward presenta una serie de vídeos informativos que explican el concepto de eficiencia energética y exploran sus beneficios en distintos entornos y actividades económicas, desde edificios residenciales y viviendas, hasta hospitales, centros comerciales, centros educativos o edificios públicos, entre otros. Además de ofrecer datos y cifras de interés sobre el ahorro energético, los ingresos económicos asociados con la rehabilitación energética o su impacto en el mercado laboral, se ahonda en sus efectos sobre la salud, el bienestar y el confort, aspectos relevantes y que en ocasiones son menos conocidos.

Según ha señalado Eduardo Brunet, fundador y co-CEO de Greenward Patners: “la eficiencia energética es una gran desconocida para la sociedad y para muchos sectores económicos. La mejor energía es la que no se consume e invertir en eficiencia es mucho más rentable que hacerlo en la generación o la distribución de energía(*), incluso cuando se trata de renovables. Son muy pocos los que saben, además, las implicaciones que tiene para la salud o el empleo y con esta campaña, centrada en las personas, queremos concienciar sobre su importancia y hacer una llamada a la acción responsable”.

Ya se ha lanzado el primero de los vídeos -centrado en los beneficios para la salud-, al que seguirá otro centrado en sector sanitario y en el que se explica que este sector representa el 9,8% de la generación de gases de efecto invernadero y supone unos 8,3 mil millones de euros al año en costes energéticos. Apostar por la eficiencia energética en hospitales y centros sanitarios no solo permitiría reducir estos costes energéticos, mejorar procesos operativos y ahorrar un 7% de los costes de operación y mantenimiento, sino también reinvertir en otras áreas como la investigación, la calidad de la atención al paciente, o la calidad del aire y del entorno a través del control de la temperatura, la iluminación o los ruidos, por ejemplo.

Los vídeos se están difundiendo desde las cuentas oficiales de Greenward Partners en LinkedIn y en Twitter, con el fin de llegar al mayor número de personas posible e impulsar y amplificar la conversación sobre eficiencia energética entre todos los públicos.

(*) Cada euro invertido en eficiencia energética supone un ahorro de dos euros en nuevos activos de generación y costes de distribución.

 

-FIN-

 

Acerca de Greenward Partners

Greenward Partners es la primera empresa para la activación de capital ecológico en España. Financia proyectos de mejora de eficiencia energética en todo tipo de edificios a través de préstamos que se pagan exclusivamente con los ahorros generados por esas mejoras, con la única garantía adicional de los propios inmuebles. Estos instrumentos de financiación se conocen como Préstamos para la Activación del Capital Ecológico (e-PACE). Asimismo, Greenward desarrolla soluciones y servicios de inteligencia y tecnológicos para la medición, optimización y gestión de los ahorros energéticos en inmuebles; promueve un mercado de negociación de certificados de ahorro energético y aboga por la creación en España de un banco verde  (green bank), un esquema de colaboración público-privada que permita hacer frente al déficit de inversión y financiación de proyectos para la lucha contra el cambio climático y, en particular, para la mejora de la eficiencia energética.

Más información en www.greenwardpartners.com

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Según los últimos datos del registro de Comunidades Autónomas en España (2019), Canarias cuenta con 147.258 edificaciones.  Más del 86,5% de ese parque inmobiliario  tiene las peores calificaciones energéticas (88.118 edificios con calificación G -la más baja-,  12.329 con calificación F y 27.024 con calificación E) lo que le sitúa en una posición muy deficiente por lo que respecta al consumo energético de las viviendas en refrigeración, agua caliente y calefacción por metro cuadrado de superficie útil y la consiguiente alta  generación de emisiones de CO2 a la atmósfera debido a estos consumos de energía. Solo el 1,1% del parque edificado canario dispone de calificación energética A.

El Plan de Transición Energética del archipiélago, cuya finalización y aprobación está prevista para los últimos meses de 2021, impulsará la descarbonización de la economía canaria para 2040 y contribuirá al cumplimiento de la futura Ley de Cambio Climático.

En este marco, el Gobierno de Canarias está inmerso en el proceso de Información Pública de la nueva Ley Canaria de Cambio Climático y Transición  Energética que, hasta su aprobación final por el Parlamento canario, ha de pasar aún por la aprobación por el Consejo de Gobierno y su envío al Parlamento de Canarias, y la posterior tramitación parlamentaria final. Aún hay tiempo para que la nueva Ley resultante incorpore herramientas y mecanismos que permitan que los proyectos de rehabilitación energética sean accesibles para todos, y muy especialmente para las rentas más bajas.

En este sentido es importante destacar que, según el Informe de Actualización de Indicadores 2020 de pobreza energética publicado por el MITECO, que recoge los datos de 2019, Canarias muestra uno de los indicadores de pobreza energética escondida (HEP) más altos de España, del 31,64%, lo que significa que más de 31 de cada 100 hogares del archipiélago tienen un gasto energético inferior a la mitad de la mediana nacional.

El Gobierno canario ya ha contemplado en el Plan de Transición Energética del archipiélago (PTECan) un enfoque social y dedicará un apartado específico a erradicar la pobreza energética.  También prevé una inversión de más de 3.200 millones de euros provenientes de fondos públicos y privados para la estrategia de autoconsumo fotovoltaico. A esta habría que sumar las partidas, aún por especificar en cuantía y plazos, que el Gobierno central destine al archipiélago del Fondo de Recuperación europeo dedicadas a la rehabilitación energética de edificios.

En la actualidad, y hasta que se pongan en marcha las nuevas deducciones anunciadas recientemente por el Gobierno del país, en Canarias las obras de rehabilitación energética de la vivienda habitual cuentan con una deducción de solo el 10%, hasta 7.000 euros de base máxima

Las nuevas ayudas fiscales que están por llegar,  sin dejar de ser interesantes, plantean problemas de plazo (se monetizarían al año siguiente de incurrir en la inversión) y tardanza en la adjudicación, especialmente en comunidades de propietarios, ya que puede dilatarse en el tiempo por su complejidad dada la amplia variedad de estructuras jurídicas que pueden ostentar la propiedad y posesión de cada inmueble.

Para apoyar el avance en este sentido, Greenward Partners, la primera empresa de capital ecológico en España, aboga por extrapolar a Canarias la exitosa figura de los Ecobonos como mecanismo de gran valor para hacer financiables proyectos ambiciosos de rehabilitación energética de edificios, algo que resulta imprescindible para que estos proyectos sean accesibles a los propietarios y colectivos con rentas más bajas para los que una inteligente política de subvención y ayudas que incentiven la entrada de inversión privada es crucial.

Para contextualizar el reto económico para el ciudadano al que nos referimos, teniendo en cuenta la instalación de placas fotovoltaicas y las posibles mejoras añadidas en aislamiento térmico, elementos de climatización y sistemas de agua caliente que, pese al clima benigno del archipiélago durante todo el año, serían necesarias para avanzar hacia las “cero emisiones”, hablaríamos de presupuestos normalmente no inferiores a 12.000 euros por vivienda.

Como explica Eduardo Brunet, fundador y CEO de Greenward Partners, “El anuncio sobre los incentivos fiscales con deducciones en el IRPF de hasta el 60% de las cantidades que inviertan los particulares en obras para mejorar la sostenibilidad de su vivienda nos parece una magnífica noticia. Pero la medida ganaría efectividad y alcance si se contemplaran estas bonificaciones fiscales a través de Ecobonos, con los que el reconocimiento de esa desgravación o crédito fiscal por el importe de la inversión en la renovación energética pueda transferirse a inversores que financien la obra y que tengan base imponible suficiente para aprovecharlos”. Con ello se consigue aligerar significativamente el peso de la inversión para el particular al poder disponer de los fondos anticipadamente en lugar de esperar a obtener su compensación como deducción futura del impuesto de la renta.

A esto se suma que la pérdida de recaudación por el crédito fiscal se compensa ampliamente mediante el modelo de Ecobonos con una mayor recaudación por impuestos indirectos, el impulso a la actividad económica del archipiélago y el aporte de importantes contribuciones sociales dada la enorme cantidad de puestos de trabajo -en el archipiélago hay más de 54.000 personas contratadas sólo en el sector de la construcción, colectivo que podría incrementarse gracias a nuevos proyectos de rehabilitación- y flujo de tráfico mercantil que crea, especialmente en el entorno pyme.

Greenward Partners plantea extrapolar a las Islas Canarias este modelo que ya ha demostrado un gran éxito en Italia (bajo nombre Ecobonus). “Sería un paso importante en el esfuerzo que está haciendo el Gobierno autonómico para lograr su objetivo de crear un entorno favorable para la realización de actuaciones de rehabilitación por parte de empresas y particulares a través de una mejora del marco regulatorio y fiscal de la actividad de rehabilitación orientada a alcanzar los retos marcados por el Plan de Recuperación y Resiliencia” explica Brunet.

Como expone Eduardo Brunet, “Actualmente no existen en el mercado español productos y estructuras que faciliten la financiación del 100% del coste de un proyecto de rehabilitación integral, a largo plazo, a tipos competitivos y bajo modelos estandarizables que disminuyan el riesgo de la operación y permitan su escala. Esa ausencia de instrumentos eficientes de financiación y la incertidumbre sobre la consecución real de los ahorros estimados son importantes barreras para que los propietarios, especialmente los de rentas más bajas, se decidan a acometer los necesarios proyectos de rehabilitación para la mejora de la eficiencia energética”.

El modelo de Ecobonos, además de beneficios implícitos para propietarios y gestores inmobiliarios, para el sector de la renovación energética y para las administraciones públicas locales, promueve el empleo y proporciona a los inversores acceso en volumen y escala a proyectos fiables y certificados técnicamente, con un gran loan-to-value, que califican dentro de la taxonomía UE como financiación verde, con rentabilidades a largo plazo muy interesantes.

El nuevo mantra de la financiación verde o sostenible que envía Bruselas es el `blended finance´ o la eficiente interacción entre subvenciones, ayudas, garantías y créditos blandos del sector público con financiación en escala desde el sector privado. Solo la correcta e inteligente articulación de estos mecanismos será capaz de atraer los ingentes recursos financieros necesarios en este campo de la rehabilitación energética de edificios. Es necesario apostar por vías innovadoras y facilitar la financiación para la rehabilitación energética mediante créditos u otras fórmulas a los propietarios de inmuebles, sobre todo a los de menor poder adquisitivo, y enfocar las ayudas públicas a las situaciones de mayor necesidad” afirma Brunet.

 

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Greenward Partners es la primera empresa para la activación de capital ecológico en España. Financia proyectos de mejora de eficiencia energética en todo tipo de edificios a través de préstamos que se pagan exclusivamente con los ahorros generados por esas mejoras, con la única garantía adicional de los propios inmuebles. Estos instrumentos de financiación se conocen como Préstamos para la Activación del Capital Ecológico (e-PACE). Asimismo, Greenward desarrolla soluciones y servicios de inteligencia y tecnológicos para la medición, optimización y gestión de los ahorros energéticos en inmuebles; promueve un mercado de negociación de certificados de ahorro energético y aboga por la creación en España de un banco verde  (green bank), un esquema de colaboración público-privada que permita hacer frente al déficit de inversión y financiación de proyectos para la lucha contra el cambio climático y, en particular, para la mejora de la eficiencia energética.

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10 de febrero de 2021.

El periodo de participación pública abierto por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico -MITECO- para regular un mecanismo que acredite la consecución de una cantidad de ahorro energético a efectos del cumplimiento de las obligaciones del sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética finaliza el próximo viernes, 12 de febrero.

En este contexto, Greenward Partners, primera empresa de activación del capital ecológico en España, considera el tema de suma importancia. Para Eduardo Brunet, consejero delegado de la compañía, “El hecho de que el Ministerio, junto al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), estén empujando y liderando esta iniciativa es muy buena noticia, porque queda mucho por hacer. Hay que dar pasos hacia el desarrollo y la regulación de un Certificado de Ahorro Energético (CAE) que, como mecanismo de acreditación y materialización de atributos medioambientales, facilite y actualice el cumplimiento de los principales objetivos vinculantes para la UE en 2030 en materia de energía”.

Unos objetivos que se resumen en un 55% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990 y, según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) que ha presentado España a la UE, lograr un 39,5% de mejora en eficiencia energética.

Según los últimos datos disponibles, sólo para el sector de la edificación, el objetivo en 2030 en España es disminuir el consumo de energía final en 43.464 GWh respecto al consumo actual, correspondiendo el 73,7% de esta reducción a los usos térmicos. El 60,7% del objetivo de disminución del consumo se concentra en el sector residencial, donde se prevé la rehabilitación de la envolvente de 1,2 millones de viviendas y la sustitución de más de 3,5 millones de sistemas de calefacción y agua caliente.

Tras la trasposición de varias Directivas, las empresas comercializadoras de gas y electricidad (además de las operadoras de productos petrolíferos al por mayor y las de gases licuados de petróleo al por mayor) están obligadas a cubrir unas determinadas cuotas anuales de ahorro energético, que se materializan en aportaciones financieras al Fondo Nacional de Eficiencia Energética.

Como alternativa a estas aportaciones dinerarias (parte de las cuales se están repercutiendo actualmente en la factura eléctrica), la normativa española contempla la posibilidad de acreditación de CAE negociables, opción que aún no ha sido desarrollada reglamentariamente y en el marco de la cual el MITECO acaba de abrir la consulta pública. Como explica Eduardo Brunet, “El objetivo es la habilitación de un sistema de medición y cuantificación de los ahorros obtenidos en proyectos de eficiencia energética que permita emitir estos CAE, transmisibles a, entre otras -matiz importante-, las compañías obligadas al cumplimiento de esas cuotas de ahorro”.

Con esta medida, estas empresas podrían aportar los CAE como especie y se beneficiarían de un sistema complementario que proporcione mayor flexibilidad para el cumplimiento de sus obligaciones, en favor de una sustitución de parte de las obligaciones económicas a que están sujetas; mayor seguridad jurídica, certeza y transparencia del sistema de obligaciones; mayor participación en el sector de la eficiencia energética mediante la elección de actuaciones específicas y de creación de empleo -tanto en los sectores relacionados con la construcción como en el de las empresas de servicios energéticos-; y algo fundamental: podrían canalizar financiación privada que ayude a aliviar la pobreza energética; porque con los presupuestos públicos no es suficiente y los proyectos de eficiencia en vivienda social y colectivos en situación o riesgo de pobreza energética difícilmente pueden acceder a la financiación privada.

Los CAE podrían abrir la puerta a un sistema de apoyo adicional y novedoso a la financiación de estos colectivos. En este sentido, el Fondo Nacional de Eficiencia, a través de contratos de compra de energía a largo plazo (PPA en sus siglas en inglés) y precio fijo, indiciado o con un escalado, podría adquirir los certificados `cosechados´ de las inversiones en eficiencia (destino finalista de fondos públicos) que en esos edificios pudieran acometer inversores privados e institucionales, de modo que transferirían el riesgo del propietario o de la comunidad de propietarios al propio Estado español, lo que sin duda atraería capital en las ingentes cantidades necesarias” refiere Brunet.

Asimismo, desde el punto de vista de Greenward, sería interesante abrir la posibilidad de crear un mercado secundario organizado o voluntario (similar al que existe para las renovables a través de los Certificados de Energía Renovable) que pudiera servir como palanca de financiación o refinanciación de proyectos de renovación energética en edificios, tal y como ya existe en varios países de nuestro entorno europeo.

Es, sin duda, una de las más viejas aspiraciones del sector, que nos situaría en un plano de igualdad con otros 14 países europeos que ya cuentan con este instrumento que incentiva una necesaria y decidida participación de los sujetos obligados en la promoción de proyectos de eficiencia energética y que contribuye a la digitalización y democratización de nuestro actual sistema”, comenta el consejero delegado de Greenward Partners.

 

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Greenward Partners es la primera empresa para la activación de capital ecológico en España. Financia proyectos de mejora de eficiencia energética en todo tipo de edificios a través de préstamos que se pagan exclusivamente con los ahorros generados por esas mejoras, con la única garantía adicional de los propios inmuebles. Estos instrumentos de financiación se conocen como Préstamos para la Activación del Capital Ecológico (e-PACE). Asimismo, Greenward desarrolla soluciones y servicios de inteligencia y tecnológicos para la medición, optimización y gestión de los ahorros energéticos en inmuebles; promueve un mercado de negociación de certificados de ahorro energético y aboga por la creación en España de un banco verde  (green bank), un esquema de colaboración público-privada que permita hacer frente al déficit de inversión y financiación de proyectos para la lucha contra el cambio climático y, en particular, para la mejora de la eficiencia energética.

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En Aragón hay 300.000 edificios construidos antes de 1980 y más de la mitad no poseen el aislamiento térmico necesario

Casi el 40% de los edificios construidos en Aragón son anteriores a 1980 y, de ellos, más de la mitad carecen de aislamiento térmico. Esto repercute directamente en la calificación energética obtenida, que en el 80% de los casos se sitúa en niveles muy bajos.

El Gobierno de Aragón sigue avanzando en su apuesta por la eficiencia energética del parque edificatorio de la Comunidad y ha puesto en marcha la convocatoria de ayudas para el Programa de Rehabilitación Energética de Edificios (Programa PREE), procedente del Fondo Nacional de Eficiencia Energética; un total de 8,6 millones de euros que serán destinados a mejorar las calificaciones energéticas a través de tres ejes de actuación: mejoras en la envolvente térmica del edificio, sustitución de energía convencional por renovable en las instalaciones térmicas y mejora en las instalaciones de iluminación interior de las zonas comunes de edificios de cualquier uso para reducir el consumo energético.

Por su parte, el Gobierno de España, en los Presupuestos Generales de 2021, ha incrementado un 368%, gracias a los fondos Europeos, la partida de políticas de vivienda y fomento de la edificación sostenible para que las comunidades puedan afrontar temas medioambientales y de rehabilitación de viviendas. Un monto de 41 millones corresponderá a Aragón y será destinado a la rehabilitación sostenible de viviendas y barrios completos.

La apuesta de la Comunidad por el impulso de la investigación y elaboración de estrategias de mitigación del Cambio Climático es decidida y queda patente en la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático Horizonte 2030. Además, el pasado 5 de junio, coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, se presentó la Consulta Pública previa para la elaboración del Anteproyecto de la Ley Aragonesa de Cambio Climático y Transición.

Pero a pesar de los esfuerzos legislativos y la suma de los recursos públicos que están disponibles, no será suficiente. La hoja de ruta para rehabilitación energética viene constituida por la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España (ERESEE 2020), dentro del Plan de Recuperación elaborado por el MITMA. Según sus datos, Aragón aglutina el 4% de las viviendas españolas que sería necesario incluir en los paquetes de hogares con necesidades de rehabilitación de su envolvente entre 2021 y 2050 para que sean energéticamente eficientes. Se trata en concreto de 271.000 viviendas, de las cuales más de 45.000 deberían intervenirse antes de 2030.

Como explica Eduardo Brunet, fundador y CEO de Greenward, primera empresa dedicada a la activación de capital ecológico en España, “Es imposible que las cuentas públicas financien en solitario la inversión que se necesitará para cumplir los objetivos de eficiencia energética en edificios que exige la Unión Europea. Pero no hay en el mercado productos y estructuras que faciliten la financiación del 100% del coste del proyecto, a largo plazo, a tipos competitivos y bajo modelos estandarizables. Necesitamos normativas eficaces e instituciones especializadas, capaces de dar soluciones innovadoras y canalizar el gran volumen de capital privado que existe proveniente de inversores interesados en apostar por la rehabilitación energéticamente eficiente y que actualmente está infrautilizado”.

En Aragón hay registrados 300.000 edificios construidos antes de 1980, es decir, antes de que se publicara la norma básica de edificación, motivo por el cual más de la mitad de esos edificios carece del aislamiento térmico necesario para poder mantener una temperatura adecuada en su interior.

Las pocas entidades financieras que están presentes en la financiación de estos proyectos otorgan préstamos con plazos máximos de financiación inferiores a 10 años -la media ronda los 6 ó 7 años-. Insuficiente para acometer renovaciones energéticas integrales salvo que la financiación bancaria venga acompañada de un desembolso inicial, en muchas ocasiones, inasumible para los propietarios. Para contextualizar el reto económico, la reforma integral de un edificio de 20 viviendas de 100 m2 con finalidad de eficiencia energética, incluyendo envolvente, calderas y otros elementos, podría superar fácilmente los 300.000 euros.

Urge mayor coordinación y una Ley del Cambio Climático innovadora

Para alcanzar los ambiciosos objetivos estatales y autonómicos de rehabilitación de viviendas será necesario, además de la coordinación entre departamentos a nivel estatal, que se concreten dichos objetivos en las escalas autonómica y local, y diseñar estrategias específicas de despliegue a nivel municipal, en el marco de las necesidades de regeneración urbana de cada localidad.

Para Greenward, los municipios son absolutamente clave para coordinar y focalizar estrategias y el esfuerzo inversor público, actualmente disgregado en diversas fuentes, como el Plan Estatal de Vivienda, las ayudas del IDAE, los fondos FEDER-EDUSI, las subvenciones y proyectos autonómicos y municipales, etc. “Sería necesario que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que el Gobierno de Aragón abrirá a consulta pública en breve incorpore medidas innovadoras para hacer accesibles herramientas que permitan confluir el capital público y el privado de cara a avanzar en rehabilitación energética”, señala Brunet.

PACE, Eco-bonos y Comunidades Energéticas Locales como claves de oportunidad

Greenward está trabajando en los ámbitos institucionales para lograr la incorporación urgente de enmiendas a las nuevas leyes de Cambio Climático y Transición Energética que permitan trasladar a los marcos regulatorios autonómico y nacional modelos que están demostrando importantes éxitos en diferentes países.  Los más significativos:

 

Tanto los préstamos PACE como los Súper Eco-bonos y las CEL tienen un valor añadido muy importante para poder activar de forma inmediata proyectos de renovación energética en aquellos sectores de población con rentas bajas, para los que una inteligente política de subvención y ayudas que incentiven la entrada de inversión privada es crucial. Según los datos de ERESEE, Aragón reúne el 4% de los hogares en situación de pobreza energética existentes en España.

Como señala Eduardo Brunet, “El nuevo mantra de la financiación verde o sostenible que envía Bruselas es el `blended finance´ o la eficiente interacción entre subvenciones, ayudas, garantías y créditos blandos del sector público con financiación en escala desde el sector privado. Solo la correcta e inteligente articulación de estos mecanismos será capaz de atraer los ingentes recursos financieros necesarios en este campo de la rehabilitación energética de edificios”.

Es necesario apostar por vías innovadoras y facilitar la financiación para la rehabilitación energética mediante créditos u otras fórmulas a los propietarios de inmuebles, y focalizar las ayudas públicas en las situaciones de mayor necesidad.

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Acerca de Greenward Partners

Greenward Partners es la primera empresa para la activación de capital ecológico en España. Financia proyectos de mejora de eficiencia energética en todo tipo de edificios a través de préstamos que se pagan exclusivamente con los ahorros generados por esas mejoras, con la única garantía adicional de los propios inmuebles. Estos instrumentos de financiación se conocen como Préstamos para la Activación del Capital Ecológico (e-PACE). Asimismo, Greenward desarrolla soluciones y servicios de inteligencia y tecnológicos para la medición, optimización y gestión de los ahorros energéticos en inmuebles; promueve un mercado de negociación de certificados de ahorro energético y aboga por la creación en España de un banco verde  (green bank), un esquema de colaboración público-privada que permita hacer frente al déficit de inversión y financiación de proyectos para la lucha contra el cambio climático y, en particular, para la mejora de la eficiencia energética.

Más información en www.greenwardpartners.com

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Más del 53% de las viviendas de la Comunidad Valenciana están situadas en edificios con más de 40 años de antigüedad y, por tanto, construidos antes de 1980, año en el que se aprobaron las normativas sobre eficiencia energética en la edificación.

Esa antigüedad probablemente explique que el 26% de las viviendas registradas por el Institut Valencià de la Competitivitat Empresarial (IVACE) cuentan con la certificación más ineficiente (F y G), una cifra que aumenta hasta el 86% si se incluye la certificación E.

Según los datos de la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España (ERESEE 2020), la Comunidad Valenciana aglutina el 8% de las viviendas españolas que sería necesario incluir en los paquetes de hogares con necesidades de rehabilitación de su envolvente entre 2021 y 2050 para que sean energéticamente eficientes. Un total de 565.849 viviendas, de las que más de 95.000 deberían intervenirse antes de 2030.

Otro dato que pone de manifiesto la necesidad de impulsar planes de mejora de eficiencia energética en la región es que el 19,7% del consumo de energía final en la Comunidad Valenciana corresponde al sector de la edificación.

Pasos de mejora, pero recursos insuficientes

La Generalitat Valenciana está dando importantes pasos para revertir esta situación. Entre ellos el Pla Hàbitat 20-30, aprobado este año, que prevé rehabilitar 150.000 viviendas en la próxima década y reconoce que el 10% de las viviendas principales* requiere de una intervención urgente. El Plan Renhata que, con carácter anual, proporciona ayudas para la rehabilitación y renovación de viviendas, entre otros, con fines de eficiencia energética y cuyo presupuesto en 2020 ha ascendido a 30 millones de euros. También es importante la Estrategia de Cambio Climático y Energía 2030, que acaba de cerrar su fase de consulta pública, y que se constituye como la herramienta fundamental para avanzar hacia una Comunidad Valenciana más sostenible y como la base sobre la que se desarrollarán las políticas y programas en materia medioambiental en la próxima década.

Recientemente se anunciaba, además, la convocatoria de ayudas para el Programa de Rehabilitación Energética de Edificios (PREE), procedente del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que asciende a 26 millones de euros que serán destinados a promover la sostenibilidad del parque edificado de la Comunidad mediante actuaciones de mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica (fachadas); de la eficiencia energética y de utilización de energías renovables en las instalaciones térmicas de calefacción, climatización, ventilación y agua caliente sanitaria; así como de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.

Esta Comunidad también se beneficiará de una partida de 152 millones de euros, de los más de 1.650 millones que espera recibir España en 2021 de los fondos europeos para la rehabilitación sostenible de viviendas y barrios completos, y que ha sido incluida en los Presupuestos Generales del Estado de 2021.

Sin embargo, la suma de los recursos públicos incluidos en todos estos planes y programas de las diferentes administraciones, resultan aún insuficientes para alcanzar los objetivos de descarbonización de la economía marcados por la Unión Europea.

Como explica Eduardo Brunet, fundador y CEO de Greenward, primera empresa dedicada a la activación de capital ecológico en España, “Es imposible que las cuentas públicas financien en solitario la inversión que se necesitará para cumplir los objetivos de eficiencia energética en edificios que exige la Unión Europea. Pero no hay en el mercado productos y estructuras que faciliten la financiación del 100% del coste del proyecto, a largo plazo, a tipos competitivos y bajo modelos estandarizables. Necesitamos normativas eficaces e instituciones especializadas, capaces de dar soluciones innovadoras y canalizar el gran volumen de capital privado que existe proveniente de inversores interesados en apostar por la rehabilitación energéticamente eficiente y que actualmente está infrautilizado”.

Las pocas entidades financieras que están presentes en la financiación de estos proyectos otorgan préstamos con plazos máximos de financiación inferiores a 10 años -la media ronda los 6 ó 7 años-. Insuficiente para acometer renovaciones energéticas integrales salvo que la financiación bancaria venga acompañada de un desembolso inicial, en muchas ocasiones, inasumible para los propietarios. Para contextualizar el reto económico, la reforma integral de un edificio de 20 viviendas de 100 m2 con finalidad de eficiencia energética, incluyendo envolvente, calderas y otros elementos, podría superar fácilmente los 300.000 euros.

La colaboración público-privada es imprescindible para multiplicar los recursos públicos y poder alcanzar los objetivos marcados por la Unión Europea. Sería deseable que la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética de la Comunidad Valenciana, que acaba de cerrar su consulta pública, impulsara esa colaboración.

Urge mayor coordinación y una Ley del Cambio Climático innovadora

Para alcanzar los ambiciosos objetivos estatales y autonómicos de rehabilitación de viviendas será necesario, además de la coordinación entre departamentos a nivel estatal, que se concreten dichos objetivos en las escalas autonómica y local, y diseñar estrategias específicas de despliegue a nivel municipal, en el marco de las necesidades de regeneración urbana de cada localidad.

Para Greenward, los municipios son absolutamente clave para coordinar y focalizar estrategias y el esfuerzo inversor público, actualmente disgregado en diversas fuentes, como el Plan Estatal de Vivienda, las ayudas del IDAE, los fondos FEDER-EDUSI, las subvenciones y proyectos autonómicos y municipales, etc. “Sería necesario que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de la Comunidad Valenciana incorpore medidas innovadoras para hacer accesibles herramientas que permitan confluir el capital público y el privado de cara a avanzar en rehabilitación energética”, señala Brunet.

PACE, Eco-bonos y Comunidades Energéticas Locales como claves de oportunidad

Greenward está trabajando en los ámbitos institucionales para lograr la incorporación urgente de enmiendas a las nuevas leyes de Cambio Climático y Transición Energética que permitan trasladar a los marcos regulatorios autonómico y nacional modelos que están demostrando importantes éxitos en diferentes países.  Los más significativos:

Tanto los préstamos PACE como los Súper Eco-bonos y las CEL tienen un valor añadido muy importante para poder activar de forma inmediata proyectos de renovación energética en aquellos sectores de población con rentas bajas, para los que una inteligente política de subvención y ayudas que incentiven la entrada de inversión privada es crucial. Según los datos de ERESEE, la Comunidad Valenciana supera los 209.000 hogares en situación de pobreza energética, un 8% del total de España.

Como señala Eduardo Brunet, “El nuevo mantra de la financiación verde o sostenible que envía Bruselas es el `blended finance´ o la eficiente interacción entre subvenciones, ayudas, garantías y créditos blandos del sector público con financiación en escala desde el sector privado. Solo la correcta e inteligente articulación de estos mecanismos será capaz de atraer los ingentes recursos financieros necesarios en este campo de la rehabilitación energética de edificios”.

Es necesario apostar por vías innovadoras y facilitar la financiación para la rehabilitación energética mediante créditos u otras fórmulas a los propietarios de inmuebles, y focalizar las ayudas públicas en las situaciones de mayor necesidad.

(*) El total de viviendas principales asciende a 1.986.896, según datos del INE, correspondientes al Censo de 2011.

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Acerca de Greenward Partners

Greenward Partners es la primera empresa para la activación de capital ecológico en España. Financia proyectos de mejora de eficiencia energética en todo tipo de edificios a través de préstamos que se pagan exclusivamente con los ahorros generados por esas mejoras, con la única garantía adicional de los propios inmuebles. Estos instrumentos de financiación se conocen como Préstamos para la Activación del Capital Ecológico (e-PACE). Asimismo, Greenward desarrolla soluciones y servicios de inteligencia y tecnológicos para la medición, optimización y gestión de los ahorros energéticos en inmuebles; promueve un mercado de negociación de certificados de ahorro energético y aboga por la creación en España de un banco verde  (green bank), un esquema de colaboración público-privada que permita hacer frente al déficit de inversión y financiación de proyectos para la lucha contra el cambio climático y, en particular, para la mejora de la eficiencia energética.

Más información en www.greenwardpartners.com

Twitter:@GreenwardP

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GRAYLING

* María Luisa Rodríguez marialuisa.rodriguez@grayling.com

* Natalia Rodríguez natalia.rodriguez@grayling.com

* Carmen Martos carmen.martos@grayling.com

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Más de 76.000 viviendas en Euskadi necesitarían ser rehabilitadas; el 67% de ellas está ubicado en edificios de más de 40 años de antigüedad

El parque de viviendas del País Vasco es uno de los más antiguos del sur de Europa, con más de un 60% de edificios residenciales construido entre 1940 y 1980, antes de que existieran normativas sobre eficiencia energética en la edificación.

El Gobierno Vasco está dando importantes pasos de mejora. Planea movilizar 8,5 millones de euros en la rehabilitación energética de edificios residenciales privados de más de 40 años hasta el año 2022 tras recibir el visto bueno de la Comisión Europea al proyecto AGREE. A esto se suma su puesta en marcha de ayudas, a través del Ente Vasco de la Energía, gracias a una dotación de 11,3 millones de euros destinados a mejoras en la envolvente de los edificios y a la sustitución de sistemas de energía convencional por renovables. Asimismo, el Plan Zero Plana recientemente anunciado será un importante impulso para la mejora de la eficiencia energética del parque residencial público de vivienda en alquiler; con actuaciones en 136 edificios que albergan alrededor de 7.500 viviendas gestionadas.

También hay que contemplar la parte proporcional que corresponderá a Euskadi de los 27.000 millones de euros que llegarán a España de la UE con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que ayudarán a hacer realidad los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para avanzar en la descarbonización mediante la rehabilitación energética de edificios. Pero, incluso sumando todos, los recursos públicos son insuficientes.

Como explica Eduardo Brunet, fundador y CEO de Greenward, primera empresa dedicada a la activación de capital ecológico en España, “Es imposible que las cuentas públicas financien en solitario la inversión que se necesitará para cumplir los objetivos de eficiencia energética en edificios que exige la Unión Europea. Pero no hay en el mercado productos y estructuras que faciliten la financiación del 100% del coste del proyecto, a largo plazo, a tipos competitivos y bajo modelos estandarizables. Necesitamos normativas eficaces e instituciones especializadas, capaces de dar soluciones innovadoras y canalizar el gran volumen de capital privado que existe proveniente de inversores interesados en apostar por la rehabilitación energéticamente eficiente y que actualmente está infrautilizado.

El Gobierno Vasco aprobará el próximo 29 de diciembre Euskadi Next, el programa de Recuperación y Resiliencia de Euskadi (PRRE 2020-2023), en el que la transición energética y climática es un pilar estratégico. Un marco en el que para Greenward es importante llevar al debate social e institucional la necesidad de hacer confluir el capital público y privado, al igual que lo es extrapolarlo a las consultas que se abran para la que, previsiblemente pronto, será la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética de Euskadi.

Según los últimos datos hechos públicos por el Gobierno Vasco sobre demanda y necesidades de vivienda en Euskadi, se estima en más de 76.000 el número de viviendas que necesitarían ser rehabilitadas; el 67% de ellas ubicado en edificios de más de 40 años de antigüedad y con propietarios de avanzada edad, muchos de ellos con escasos recursos económicos.

Las pocas entidades financieras que están presentes en la financiación de estos proyectos otorgan préstamos con plazos máximos de financiación inferiores a 10 años -la media ronda los 6 ó 7 años-. Insuficiente para acometer renovaciones energéticas integrales salvo que la financiación bancaria venga acompañada de un desembolso inicial, en muchas ocasiones, inasumible para los propietarios. Para contextualizar el reto económico, la reforma integral de un edificio de 20 viviendas de 100 m2 con finalidad de eficiencia energética, incluyendo envolvente, calderas y otros elementos, podría superar fácilmente los 300.000 euros.

Urge mayor coordinación y una Ley del Cambio Climático innovadora

Para alcanzar los ambiciosos objetivos estatales y autonómicos de rehabilitación de viviendas será necesario, además de la coordinación entre departamentos a nivel estatal, que se concreten dichos objetivos en las escalas autonómica y local, y diseñar estrategias específicas de despliegue a nivel municipal, en el marco de las necesidades de regeneración urbana de cada localidad.

Para Greenward, los municipios son absolutamente clave para coordinar y focalizar estrategias y el esfuerzo inversor público, actualmente disgregado en diversas fuentes, como el Plan Estatal de Vivienda, las ayudas del IDAE, los fondos FEDER-EDUSI, las subvenciones y proyectos autonómicos y municipales, etc. “Sería necesario que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que el Gobierno Vasco abrirá a consulta pública en breve incorpore medidas innovadoras para hacer accesibles herramientas que permitan confluir el capital público y el privado de cara a avanzar en rehabilitación energética”, señala Brunet.

PACE, Eco-bonos y Comunidades Energéticas Locales como claves de oportunidad

Greenward está trabajando en los ámbitos institucionales para lograr la incorporación urgente de enmiendas a las nuevas leyes de Cambio Climático y Transición Energética que permitan trasladar a los marcos regulatorios autonómico y nacional modelos que están demostrando importantes éxitos en diferentes países.  Los más significativos:

El modelo, que es intermediado desde el municipio en que se lleve a cabo la rehabilitación, es un mecanismo totalmente voluntario en el que el 100% del coste de las mejoras de la eficiencia de los inmuebles se financia con fondos privados, contra el inmueble -financiación que se traspasa con el inmueble en caso de venta-, con un plazo de amortización de hasta 25 años, un tipo de interés fijo y el único límite en su importe del 20% del valor del edificio. El repago de la financiación se canaliza a través de una contribución local especial no tributaria -una suerte de IBI- que, sin constituir un impuesto nuevo ni una subida de los existentes, goza del beneficio de una hipoteca legal tácita sobre el edificio, gira el ayuntamiento competente, y cuyo importe es equivalente a la cuota de amortización y los intereses de la financiación del proyecto de rehabilitación durante el plazo acordado de financiación.

Tanto los préstamos PACE como los Súper Eco-bonos y las CEL tienen un valor añadido muy importante para poder activar de forma inmediata proyectos de renovación energética en aquellos sectores de población con rentas bajas, para los que una inteligente política de subvención y ayudas que incentiven la entrada de inversión privada es crucial.

Como señala Eduardo Brunet, “El nuevo mantra de la financiación verde o sostenible que envía Bruselas es el `blended finance´ o la eficiente interacción entre subvenciones, ayudas, garantías y créditos blandos del sector público con financiación en escala desde el sector privado. Solo la correcta e inteligente articulación de estos mecanismos será capaz de atraer los ingentes recursos financieros necesarios en este campo de la rehabilitación energética de edificios”.

Es necesario apostar por vías innovadoras y facilitar la financiación para la rehabilitación energética mediante créditos u otras fórmulas a los propietarios de inmuebles, y focalizar las ayudas públicas en las situaciones de mayor necesidad.

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Acerca de Greenward Partners

Greenward Partners es la primera empresa para la activación de capital ecológico en España. Financia proyectos de mejora de eficiencia energética en todo tipo de edificios a través de préstamos que se pagan exclusivamente con los ahorros generados por esas mejoras, con la única garantía adicional de los propios inmuebles. Estos instrumentos de financiación se conocen como Préstamos para la Activación del Capital Ecológico (e-PACE). Asimismo, Greenward desarrolla soluciones y servicios de inteligencia y tecnológicos para la medición, optimización y gestión de los ahorros energéticos en inmuebles; promueve un mercado de negociación de certificados de ahorro energético y aboga por la creación en España de un banco verde  (green bank), un esquema de colaboración público-privada que permita hacer frente al déficit de inversión y financiación de proyectos para la lucha contra el cambio climático y, en particular, para la mejora de la eficiencia energética.

Más información en www.greenwardpartners.com

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* María Luisa Rodríguez marialuisa.rodriguez@grayling.com

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Aboga por alinear más eficientemente los instrumentos públicos con la iniciativa privada para cumplir los objetivos que exige la Unión Europea

 

Madrid, 12 de noviembre de 2020. — Pese a que crece el número de Green Banks operativos con resultados muy positivos en países como Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, Australia, Japón o Sudáfrica, entre otros, España no cuenta con ninguna entidad de este tipo, que, promoviendo la innovación financiera, lograría multiplicar y acelerar el impacto de los limitados fondos públicos y, sobre todo, canalizar la inversión privada para acelerar la transición hacia las energías limpias y una economía descarbonizada aprovechando la experiencia, flexibilidad y agilidad del mundo empresarial.

En este contexto, el equipo de relaciones institucionales de Greenward, primera empresa en España especializada en la activación del capital ecológico en el sector edificado a través de la certificación y financiación de proyectos de renovación energética integral de edificios, desarrolla una importante labor para abrir con urgencia el debate parlamentario y social sobre la posibilidad de transformar el Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), en el primer banco verde operativo en nuestro país.

La propuesta de Greenward se enmarca en la corriente de mejora medioambiental y lucha contra el cambio climático impulsada por el Plan de Recuperación para Europa de la Comisión Europea, que, entre otras medidas, promueve la iniciativa Ola de renovación inmobiliaria –Renovation Wave– que aspira a duplicar la tasa de rehabilitaciones en la próxima década para recortar las emisiones de gases de efecto invernadero, impulsar la recuperación y reducir la pobreza energética a través de la mejora de la eficiencia energética del parque edificado, responsable del 36% de la emisión de gases de efecto invernadero y el mayor consumidor de energía de la Unión Europea.

Según ha señalado Eduardo Brunet, CEO y fundador de Greenward, “El actual sistema de subvenciones públicas no está funcionando porque sus aportaciones resultan insuficientes y hay un gran volumen de capital de grandes inversores institucionales, fondos de inversión y fondos de pensiones que podría sumarse. Con esta propuesta buscamos multiplicar los recursos y marco de actuación del FNEE, actor privilegiado e infrautilizado, que, al convertirse ahora además en catalizador de inversión privada y canalizar todo ese potencial de colaboración público/privada, contribuiría a multiplicar la tasa de financiación de proyectos dirigidos a mejorar la eficiencia energética de los edificios y descarbonización de la economía.

En España, el parque edificado presenta una necesidad urgente de renovación. El 55% de los 10 millones de edificios existentes -con 26 millones de viviendas- se construyó antes de que hubiera normativa aplicable y el 40% incluye los criterios de la normativa -muy básica- de 1979. Sólo un 5% está construido siguiendo las recomendaciones del Código Técnico de la Edificación vigente. Las necesidades de inversión en eficiencia energética en España entre 2021 y 2030 superan los 85.000 millones de euros, de los que más de 45.000 corresponden a proyectos de descarbonización del parque edificado. Es imposible que las cuentas públicas, incluso con el apoyo desde NextGeneration EU, financien en solitario la inversión que se necesitará en los próximos diez años para cumplir los objetivos de eficiencia energética en edificios que exige la Unión Europea.

Actualmente, no existen en el mercado español productos ni estructuras que faciliten la financiación a largo plazo, a tipos de interés competitivos y bajo modelos estandarizables que disminuyan el riesgo de la operación y permitan su escala, cubriendo el 100% del coste del proyecto. “Los proyectos de eficiencia energética entregan un conjunto de valor -capital ecológico hasta ahora invisible- que va más allá del mero ahorro en la factura. Es hora de articular sistemas que permitan monetizar tales beneficios, tanto a través de certificados de eficiencia energética, como derechos de CO2 o servicios de flexibilidad al sistema energético que incrementen el atractivo y la financiabilidad de estos proyectos«, explica Brunet.

Contribución para superar la crisis económica

La Ola de renovación propuesta por la UE contribuirá a paliar la crisis económica provocada por la pandemia Covid-19 y a generar empleo, dado que sería necesario aprovechar todo el potencial del sector de la construcción. De todas las líneas de actuación en la lucha contra el cambio climático, la rehabilitación energética es la que mayor número de puestos de trabajo genera por cada millón de euros invertido (según datos de la CEOE, entre 24 y 27 empleos creados y mantenidos al año).

Algunos ejemplos en el entorno europeo muestran que los fondos públicos aportados para la rehabilitación edificatoria en eficiencia energética promueven una actividad económica que los multiplica por 6,5, reducen los costes de desempleo un 95% del valor de la subvención, y producen un retorno fiscal que los multiplica por 1,9.

Tomando como referencia esas ratios en el escenario más conservador, si entre el FNEE, el Plan de Vivienda y los Fondos Europeos se destinaran 2.000 millones de euros al año (que supone pasar de las 30.000 viviendas rehabilitadas actualmente a 120.000), en cuatro años se habría:

Nuevas capacidades del FNEE como Green Bank

Los actuales sistemas de subvenciones para proyectos de rehabilitación o renovación energética no están funcionando en España por cuanto sus importes son muy limitados e implican trámites administrativos complejos y largos. Además, el beneficiario tiene que anticipar la inversión, lo que perjudica a la opcionalidad en los proyectos integrales más ambiciosos.

La propuesta presentada por Greenward contempla proporcionar al Fondo Nacional de Eficiencia Energética de un mandato más amplio y dotarlo de unos nuevos instrumentos que le acerquen al modelo de Banco Verde, atrayendo el capital privado que permita que los grandes proyectos de renovación energética se afronten con menos trabas. La gestión del  “nuevo” banco verde se encargaría a un equipo ejecutivo contratado en el sector privado con probada experiencia en financiación climática, renovación energética y mercados de capitales, que reportaría al órgano público de control del FNEE.

Entre las nuevas capacidades de la entidad encontraríamos el poder sustituir y complementar programas de subvenciones por sistemas de compra de certificados de eficiencia energética, fondos de garantía, promover nuevas tecnologías y estructuras de desarrollo e implementación de proyectos de renovación, actuar de agregador de proyectos y warehousing, facilitar asistencia técnica y costes de pre-proyecto y maximizar el acceso al mercado de capitales, tanto como emisor de bonos verdes como a través de líneas de garantía en emisiones de terceros para la financiación de grandes proyectos de rehabilitación energética cualificados.

Multiplicar por cuatro la inversión pública con capital privado

La propuesta de Greenward contempla dotar al banco verde emergente de las aportaciones anuales con que cuenta el FNEE -de unos 250 millones de euros- a las que se sumarían nuevas aportaciones derivadas del ICO, líneas del Banco Europeo de Inversiones, participación en el mercado de derechos de emisión y de un recurso extraordinario dentro del plan NextGeneration EU. El sumatorio de todos los fondos podría alcanzar fácilmente una cifra superior a los 2.000 millones de euros.  El objetivo: multiplicar cada euro de inversión del FNEE en financiación de proyectos de renovación energética por, como mínimo, 4 incorporando capital privado, pudiendo superar los 8.000 millones de euros al año.

El banco verde accedería también a los nuevos instrumentos y recursos que se van a poner en marcha tanto desde InvestEU como desde la iniciativa Renovation Wave.

Acerca de Greenward

Greenward Partners es la primera empresa para la activación de capital ecológico en España. Financia proyectos de mejora de eficiencia energética en todo tipo de edificios a través de préstamos que se pagan exclusivamente con los ahorros generados por esas mejoras, con la única garantía adicional de los propios inmuebles. Estos instrumentos de financiación se conocen como Préstamos para la Activación del Capital Ecológico (PACE). Asimismo, Greenward desarrolla soluciones y servicios de inteligencia y tecnológicos para la medición, optimización y gestión de los ahorros energéticos en inmuebles; promueve un mercado de negociación de certificados de ahorro energético y aboga por la creación en España de un banco verde  (green bank), un esquema de colaboración público-privada que permita hacer frente al déficit de inversión y financiación de proyectos para la lucha contra el cambio climático y, en particular, para la mejora de la eficiencia energética. Más información en www.greenwardpartners.com

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Casas verdes. No es el nombre del último barrio de moda en una ciudad turística ni el nombre de una nueva cadena de decoración, es la última tendencia en el sector de la vivienda y la construcción que, como casi todo hoy en día, cada vez tiene más presente la sostenibilidad y el respeto medioambiental.

Según la Comisión Nacional de Energía, la eficiencia energética es la capacidad para usar menos energía para producir la misma cantidad de iluminación, calor, transporte y otros servicios energéticos. En otras palabras, consiste en hacer que los edificios consuman menos energía, reduzcan su impacto en el medio ambiente y sean capaz de autoabastecerse en la mayor medida posible.

Para convertir eso en realidad, en España se necesitan más de 40.100 millones de euros en los próximos diez años, según calculan en la compañía Greenward Partners en base a datos del Ministerio de Transición Ecológica. España, de acuerdo con la firma, es un mercado de 25 millones de viviendas, de las que el 55% son anteriores a 1980 y algo más del 20% superan los 50 años de antigüedad. Es decir, la mayoría de los hogares españoles alcanza o supera los 40 años de edad y, por tanto, tienen unos niveles de eficiencia muy reducidos.

«La actividad en renovación de edificios para hacerlos más eficientes y sostenibles ha sido muy escasa hasta la fecha en España», explica Eduardo Brunet, CEO de Greenward. Y lo ha sido por muchas razones, como los elevados costes o las dudas sobre la verdadera efectividad de este tipo de instalaciones.

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