8 de enero 2021.

Cerca del 50% del parque residencial andaluz fue construido antes de 1980, año en que comenzaron a existir normativas sobre eficiencia energética en la edificación. En términos energéticos, el sector de la edificación representa el principal vértice de consumo energético en la Unión Europea y uno de los principales sectores consumidores de Andalucía (en torno al 20% del consumo de energía final), por lo que, desde una óptica de protección medioambiental, resulta apremiante asumir como prioridad medidas tendentes a reducir el consumo energético en el parque andaluz de edificios, entre ellas, juega un papel esencial la rehabilitación energéticamente eficiente.

La Junta de Andalucía está dando importantes pasos de mejora. Una de sus últimas medidas, recientemente anunciada, es la convocatoria del Programa de incentivos para actuaciones de rehabilitación energética en edificios publicada por la Agencia Andaluza de la Energía, entidad adscrita a las consejerías de Presidencia, Administración Pública e Interior y Hacienda y Financiación Europea. Coordinado a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y gestionado por la entidad pública regional, está dotado con 49,3 millones de euros con la finalidad de reducir el consumo energético bajo criterios de eficiencia y uso de energías renovables, así como activar la rehabilitación energética de los edificios.

También hay que contemplar la parte proporcional que corresponderá a Andalucía de los 27.000 millones de euros que llegarán a España de la UE con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que ayudarán a hacer realidad los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para avanzar en la descarbonización mediante la rehabilitación energética de edificios. Y la recientemente anunciada decisión por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) de destinar 51,2 millones de euros al Programa de Rehabilitación Energética de Edificios (PREE) en Andalucía, la mayor cantidad autonómica del plan, para actuaciones de mejora de la eficiencia enérgica en edificios construidos antes de 2007, un presupuesto cuya gestión será competencia de la Comunidad Autónoma.

Pero, incluso sumando todos, los recursos públicos son insuficientes. La hoja de ruta para rehabilitación energética viene constituida por la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España (ERESEE 2020), dentro del Plan de Recuperación elaborado por el MITMA. Según sus datos, Andalucía aglutina el 13% de las viviendas españolas que sería necesario incluir en los paquetes de hogares con necesidades de rehabilitación de su envolvente entre 2021 y 2050 para que sean energéticamente eficientes. Se trata en concreto de 900.000 viviendas, de las cuales algo más de 150.000 deberían intervenirse antes de 2030.

Como explica Eduardo Brunet, fundador y CEO de Greenward, primera empresa dedicada a la activación de capital ecológico en España, “Es imposible que las cuentas públicas financien en solitario la inversión que se necesitará para cumplir los objetivos de eficiencia energética en edificios que exige la Unión Europea. Pero no hay en el mercado productos y estructuras que faciliten la financiación del 100% del coste del proyecto, a largo plazo, a tipos competitivos y bajo modelos estandarizables. Necesitamos normativas eficaces e instituciones especializadas, capaces de dar soluciones innovadoras y canalizar el gran volumen de capital privado que existe proveniente de inversores interesados en apostar por la rehabilitación energéticamente eficiente y que actualmente está infrautilizado.

La Junta de Andalucía acaba de abrir a consulta pública el Plan Andaluz de Acción por el Clima, uno de los instrumentos que representa el desarrollo normativo de la ley de Cambio Climático de Andalucía aprobado en 2017. Entre los objetivos del plan se encuentran líneas clave como mejorar el ahorro y la eficiencia energética en los edificios, promocionar los barrios inteligentes, energéticamente eficientes y que aprovechen las energías renovables y el fomento de la adaptación al cambio climático en los programas desarrollados en materia de Vivienda y Regeneración Urbana, prestando especial atención a los colectivos más vulnerables. Es el momento de avanzar hacia normativas que abran la vía a la colaboración público-privada para que el parque inmobiliario Andaluz logre cumplir los objetivos marcados por la UE.

Urge mayor coordinación y una Ley del Cambio Climático innovadora

Para alcanzar los ambiciosos objetivos estatales y autonómicos de rehabilitación de viviendas será necesario, además de la coordinación entre departamentos a nivel estatal, que se concreten dichos objetivos en las escalas autonómica y local, y diseñar estrategias específicas de despliegue a nivel municipal, en el marco de las necesidades de regeneración urbana de cada localidad.

Las pocas entidades financieras que están presentes en la financiación privada de estos proyectos otorgan préstamos con plazos máximos de financiación inferiores a 10 años -la media ronda los 6 ó 7 años-. Insuficiente para acometer renovaciones energéticas integrales salvo que la financiación bancaria venga acompañada de un desembolso inicial, en muchas ocasiones, inasumible para los propietarios. Para contextualizar el reto económico, la reforma integral de un edificio de 20 viviendas de 100 m2 con finalidad de eficiencia energética, incluyendo envolvente, calderas y otros elementos, podría superar fácilmente los 300.000 euros.

Para Greenward, los municipios son absolutamente clave para coordinar y focalizar estrategias y el esfuerzo inversor público, actualmente disgregado en diversas fuentes, como el Plan Estatal de Vivienda, las ayudas del IDAE, los fondos FEDER-EDUSI, las subvenciones y proyectos autonómicos y municipales, etc. “Sería necesario que la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética que la Junta de Andalucía elabore incorpore medidas innovadoras para hacer accesibles herramientas que permitan confluir el capital público y el privado de cara a avanzar en rehabilitación energética”, señala Brunet.

PACE, Eco-bonos y Comunidades Energéticas Locales como claves de oportunidad

Greenward está trabajando en los ámbitos institucionales para lograr la incorporación de enmiendas a las nuevas leyes de Cambio Climático y Transición Energética que permitan trasladar a los marcos regulatorios autonómico y nacional modelos que están demostrando importantes éxitos en diferentes países.  Los más significativos:

El modelo, que es intermediado desde el municipio en que se lleve a cabo la rehabilitación, es un mecanismo totalmente voluntario en el que el 100% del coste de las mejoras de la eficiencia de los inmuebles se financia con fondos privados, contra el inmueble -financiación que se traspasa con el inmueble en caso de venta-, con un plazo de amortización de hasta 25 años, un tipo de interés fijo y el único límite en su importe del 20% del valor del edificio. El repago de la financiación se canaliza a través de una contribución local especial no tributaria -una suerte de IBI- que, sin constituir un impuesto nuevo ni una subida de los existentes, goza del beneficio de una hipoteca legal tácita sobre el edificio, gira el ayuntamiento competente, y cuyo importe es equivalente a la cuota de amortización y los intereses de la financiación del proyecto de rehabilitación durante el plazo acordado de financiación.

 

Tanto los préstamos PACE como los Súper Eco-bonos y las CEL tienen además un valor añadido muy importante para poder activar de forma inmediata proyectos de renovación energética en aquellos sectores de población con rentas bajas, para los que una inteligente política de subvención y ayudas que incentiven la entrada de inversión privada es crucial. Según los datos de ERESEE, Andalucía reúne el 19% de los hogares en situación de pobreza energética existentes en España.

Como señala Eduardo Brunet, “El nuevo mantra de la financiación verde o sostenible que envía Bruselas es el `blended finance´ o la eficiente interacción entre subvenciones, ayudas, garantías y créditos blandos del sector público con financiación en escala desde el sector privado. Solo la correcta e inteligente articulación de estos mecanismos será capaz de atraer los ingentes recursos financieros necesarios en este campo de la rehabilitación energética de edificios”.

Es necesario apostar por vías innovadoras y facilitar la financiación para la rehabilitación energética mediante créditos u otras fórmulas a los propietarios de inmuebles, y focalizar las ayudas públicas en las situaciones de mayor necesidad.

-FIN-

Acerca de Greenward Partners

Greenward Partners es la primera empresa para la activación de capital ecológico en España. Financia proyectos de mejora de eficiencia energética en todo tipo de edificios a través de préstamos que se pagan exclusivamente con los ahorros generados por esas mejoras, con la única garantía adicional de los propios inmuebles. Estos instrumentos de financiación se conocen como Préstamos para la Activación del Capital Ecológico (e-PACE). Asimismo, Greenward desarrolla soluciones y servicios de inteligencia y tecnológicos para la medición, optimización y gestión de los ahorros energéticos en inmuebles; promueve un mercado de negociación de certificados de ahorro energético y aboga por la creación en España de un banco verde  (green bank), un esquema de colaboración público-privada que permita hacer frente al déficit de inversión y financiación de proyectos para la lucha contra el cambio climático y, en particular, para la mejora de la eficiencia energética.

Más información en www.greenwardpartners.com

Twitter:@GreenwardP

Contactos para prensa

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* María Luisa Rodríguez marialuisa.rodriguez@grayling.com

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Manifiesto por la declaración de la rehabilitación energética del parque edificado como una medida prioritaria de interés general

La magnitud de la crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19 ha levantado algunas dudas infundadas sobre la posibilidad de avanzar en la lucha contra el cambio climático a los ritmos a los que el mundo se ha comprometido.

La tesis detrás de estas dudas es errónea. Considera los esfuerzos medioambientales exclusivamente como un coste, sin tener en cuenta su naturaleza preventiva ni su capacidad de generación de riqueza fruto de un giro hacia la sostenibilidad en la forma en la que nos relacionamos con el planeta.

Más acertada es la respuesta de la Comisión Europea, que ha reconocido que la ineludible lucha contra el cambio climático constituye el motor más potente para impulsar la recuperación económica. El plan Next Generation EU y el Marco Financiero Plurianual que Europa se dispone a poner en marcha concentran sus inversiones en sectores y actividades con un futuro sostenible.

La primera prioridad de la política de recuperación económica de la Unión Europea es lo que la Comisión ha llamado una “oleada de renovación inmobiliaria”, con un presupuesto de inversión anual de 250.000 millones de euros, que será cubierto en una quinta parte con financiación pública a través de fondos estructurales y del Banco Europeo de Inversiones.

Esta decisión es un reconocimiento de la más alta institución europea del enorme potencial de la promoción de la eficiencia energética, en particular, en los edificios, para impulsar el crecimiento económico y la lucha contra el cambio climático.

La eficiencia energética es la primera fuente de energía sostenible en el mundo y en torno a un 30% de dicho potencial se esconde en los edificios. El parque inmobiliario es uno de los elementos que más contribuyen al calentamiento del planeta y a la contaminación: Es responsable del 40% del consumo de energía final y de un tercio de las emisiones de CO2.

En España, aproximadamente el 80% de los edificios es ineficiente en términos energéticos (certificación energética E, F o G) y más de la mitad de nuestro parque edificatorio tiene más de 40 años y es anterior a la introducción de cualquier normativa en materia de aislamiento energético.

Como vector económico, la rehabilitación energética en edificios genera de forma inmediata un volumen importante de puestos de trabajo, al tiempo que reduce las emisiones y mejora la calidad de vida de los ciudadanos. El plan de rehabilitación anunciado por el Gobierno español antes de la pandemia contemplaba la movilización de 45.000 millones de euros en ahorro y eficiencia energética en inmuebles, incluida una previsión de actuación sobre 1,2 millones de viviendas y la creación de entre 42.000 y 80.000 empleos cada año hasta 2030.

La renovación energética de inmuebles es la partida económica más importante dentro del capítulo de eficiencia energética y, además de otros beneficios sociales y medioambientales, es la línea de actividad que más empleo genera por millón de euros invertido (entre 24 y 27 puestos de trabajo creados o mantenidos al año, según la CEOE).

Empleos, además, que no se pueden deslocalizar, tienen un alto componente de innovación y digitalización, y se crean en una amplia gama de sectores productivos: no solo en la construcción y sus industrias auxiliares, sino también en la fabricación de equipos de calefacción y climatización, el desarrollo y la producción de herramientas y mecanismos de medición, la domótica, la instalación, la producción de materiales de aislamiento, la arquitectura y la ingeniería, entre otros.

El Green Deal propone duplicar el actual porcentaje anual de rehabilitación en toda la Unión Europea. Sin embargo, en España, para alcanzar las 300.000 viviendas al año rehabilitadas que se propone como velocidad de crucero a partir de 2030, debe multiplicarse por diez el actual ritmo de rehabilitación, y además debe profundizarse en la naturaleza energética de las intervenciones.

España cuenta con la voluntad política, la tecnología, el tejido empresarial y los recursos privados para cubrir las necesidades de financiación que los fondos públicos no pueden cubrir.

Tenemos la oportunidad de aprovechar el potencial de la rehabilitación energética para afrontar de forma unida estos dos grandes retos a los que nos enfrentamos: la recuperación económica tras la pandemia y afrontar la emergencia climática.

Los firmantes de Rehabilitar el Futuro aplaudimos la firme decisión con la que las administraciones públicas están situando la lucha contra el cambio climático en el centro de sus políticas.

En este sentido, el proyecto de Ley de Cambio Climático que el Gobierno ha remitido al Congreso de los Diputados es ambicioso en sus objetivos y eleva hasta un mínimo del 35% (con respecto a la línea de base conforme a normativa comunitaria) el ahorro en el consumo de energía primaria que se tiene que producir por la aplicación de medidas de mejora de la eficiencia.

Una vez establecidos los objetivos, es necesario el desarrollo de las políticas que permitan alcanzarlos. Es hora de pasar de la emergencia climática a la emergencia legislativa; de las palabras y compromisos, a los hechos y los medios.

Por ello, los firmantes de este manifiesto hacemos un llamamiento a la Administración y, en concreto a la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados, para que acelere la creación de un marco de actuación que permita convertir en realidad el enorme potencial de la eficiencia energética de edificios y, para ello, proponemos el desarrollo de veinte líneas de actuación:

  1. El reconocimiento explícito del carácter de interés general prioritario de la eficiencia energética de las edificaciones y su plasmación explícita en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
  2. La creación del pasaporte energético, que agilice las licencias administrativas para reformas energéticas, en consonancia con el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.
  3. La introducción de bonificaciones impositivas y desgravaciones que incentiven la mejora de la eficiencia energética de las viviendas y, en particular, las actuaciones dirigidas a la reducción de su demanda energética.
  4. La inclusión de la eficiencia energética dentro de las obligaciones de conservación de los edificios residenciales en multipropiedad y el carácter preferente de los créditos derivados de su financiación.
  5. La creación de un marco jurídico que facilite mecanismos financieros de colaboración público-privada para la rehabilitación de edificios, que permitan acometer estas actuaciones sin recurso a los presupuestos públicos ni desembolso inicial para los propietarios, como por ejemplo el Programa para la Activación de Capital Ecológico (PACE), que funciona de forma eficiente en otros países.
  6. El fomento y el apoyo de iniciativas que permitan la agregación de proyectos de eficiencia energética en carteras de proyectos, convirtiendo así estas carteras en productos más fácilmente financiables gracias a su mayor volumen y estandarización.
  7. La regulación de la hipoteca verde para la financiación de renovaciones energéticas en edificios.
  8. La implantación de un sistema de auditoría de eficiencia energética de los edificios que lleve aparejado obligaciones de conservación y mejora (ITV energética).
  9. La habilitación del Fondo Nacional de Eficiencia Energética como vehículo facilitador de reformas energéticas en vivienda social, sectores vulnerables y en pobreza energética.
  10. La puesta en marcha de mecanismos de mercado para la certificación y monetización de Certificados de Eficiencia Energética y su utilización como alternativa de contribución en especie al Fondo Nacional de Eficiencia Energética.
  11. Inclusión del sector de edificación en el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, de forma que se ponga en valor la decisiva contribución a la descarbonización de la eficiencia energética en edificios, e inscripción de los edificios en el Registro de huella de carbono de la Oficina Española de Cambio climático que recoge los esfuerzos en el cálculo, reducción y compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero.
  12. La creación de ventanillas municipales únicas para la agilización, impulso, comunicación y gestión de programas locales de renovaciones energéticas.
  13. Apostar por los programas de capacitación y cualificación laboral urgente y por la certificación de las empresas capacitadas para llevar a cabo proyectos de eficiencia energética, así como el fomento del ecoetiquetado en los productos a utilizar en los proyectos de rehabilitación energética, que indican información sobre los aspectos ambientales de un producto de construcción a lo largo de todo su ciclo de
  14. La ejemplaridad de la Administración Pública al hacer efectivo el compromiso nacional de renovación anual de un 3% de su parque edificatorio y elevarlo a un 6%.
  15. La creación de un Banco Verde especializado en la canalización eficiente de fondos públicos y catalización de capital privado en financiación de proyectos de eficiencia energética y activos de energía distribuida. En paralelo, o como medida adicional, se propone la creación de un Fondo de Garantías.
  16. El impulso y apoyo a la proliferación de comunidades energéticas, la facilitación de venta de servicios de demanda y flexibilidad, la agrupación de activos de energía distribuida en mini-redes y una mayor democratización del sistema energético.
  17. La promoción de la implantación de Sistemas de Gestión Energética como vehículo fundamental para mejorar de manera continua la eficiencia energética en las empresas y sus edificaciones
  18. Potenciación de la coordinación horizontal interministerial, y entre los distintos niveles de la administración estatal, autonómica y
  19. Incorporación de mecanismos financieros equilibradores que faciliten que la transición ecológica y económica sea también una transición justa, reduciendo la pobreza energética.
  20. La creación de una Comisión de Seguimiento, integrada por asociaciones del sector, con el objetivo de apoyar, asesorar y difundir las medidas plasmadas en la Ley de Cambio Climático y Transición Justa relacionadas con la edificación.

 

Todas estas acciones orientadas a la total descarbonización del parque inmobiliario y del sector de la edificación hasta 2050 deben desarrollarse en sintonía con la evolución del marco general de sostenibilidad (incluyendo aspectos sociales y ambientales que vayan más allá de lo energético), de economía circular y de liderazgo energético del ciudadano.

 

Aboga por alinear más eficientemente los instrumentos públicos con la iniciativa privada para cumplir los objetivos que exige la Unión Europea

 

Madrid, 12 de noviembre de 2020. — Pese a que crece el número de Green Banks operativos con resultados muy positivos en países como Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, Australia, Japón o Sudáfrica, entre otros, España no cuenta con ninguna entidad de este tipo, que, promoviendo la innovación financiera, lograría multiplicar y acelerar el impacto de los limitados fondos públicos y, sobre todo, canalizar la inversión privada para acelerar la transición hacia las energías limpias y una economía descarbonizada aprovechando la experiencia, flexibilidad y agilidad del mundo empresarial.

En este contexto, el equipo de relaciones institucionales de Greenward, primera empresa en España especializada en la activación del capital ecológico en el sector edificado a través de la certificación y financiación de proyectos de renovación energética integral de edificios, desarrolla una importante labor para abrir con urgencia el debate parlamentario y social sobre la posibilidad de transformar el Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), en el primer banco verde operativo en nuestro país.

La propuesta de Greenward se enmarca en la corriente de mejora medioambiental y lucha contra el cambio climático impulsada por el Plan de Recuperación para Europa de la Comisión Europea, que, entre otras medidas, promueve la iniciativa Ola de renovación inmobiliaria –Renovation Wave– que aspira a duplicar la tasa de rehabilitaciones en la próxima década para recortar las emisiones de gases de efecto invernadero, impulsar la recuperación y reducir la pobreza energética a través de la mejora de la eficiencia energética del parque edificado, responsable del 36% de la emisión de gases de efecto invernadero y el mayor consumidor de energía de la Unión Europea.

Según ha señalado Eduardo Brunet, CEO y fundador de Greenward, “El actual sistema de subvenciones públicas no está funcionando porque sus aportaciones resultan insuficientes y hay un gran volumen de capital de grandes inversores institucionales, fondos de inversión y fondos de pensiones que podría sumarse. Con esta propuesta buscamos multiplicar los recursos y marco de actuación del FNEE, actor privilegiado e infrautilizado, que, al convertirse ahora además en catalizador de inversión privada y canalizar todo ese potencial de colaboración público/privada, contribuiría a multiplicar la tasa de financiación de proyectos dirigidos a mejorar la eficiencia energética de los edificios y descarbonización de la economía.

En España, el parque edificado presenta una necesidad urgente de renovación. El 55% de los 10 millones de edificios existentes -con 26 millones de viviendas- se construyó antes de que hubiera normativa aplicable y el 40% incluye los criterios de la normativa -muy básica- de 1979. Sólo un 5% está construido siguiendo las recomendaciones del Código Técnico de la Edificación vigente. Las necesidades de inversión en eficiencia energética en España entre 2021 y 2030 superan los 85.000 millones de euros, de los que más de 45.000 corresponden a proyectos de descarbonización del parque edificado. Es imposible que las cuentas públicas, incluso con el apoyo desde NextGeneration EU, financien en solitario la inversión que se necesitará en los próximos diez años para cumplir los objetivos de eficiencia energética en edificios que exige la Unión Europea.

Actualmente, no existen en el mercado español productos ni estructuras que faciliten la financiación a largo plazo, a tipos de interés competitivos y bajo modelos estandarizables que disminuyan el riesgo de la operación y permitan su escala, cubriendo el 100% del coste del proyecto. “Los proyectos de eficiencia energética entregan un conjunto de valor -capital ecológico hasta ahora invisible- que va más allá del mero ahorro en la factura. Es hora de articular sistemas que permitan monetizar tales beneficios, tanto a través de certificados de eficiencia energética, como derechos de CO2 o servicios de flexibilidad al sistema energético que incrementen el atractivo y la financiabilidad de estos proyectos«, explica Brunet.

Contribución para superar la crisis económica

La Ola de renovación propuesta por la UE contribuirá a paliar la crisis económica provocada por la pandemia Covid-19 y a generar empleo, dado que sería necesario aprovechar todo el potencial del sector de la construcción. De todas las líneas de actuación en la lucha contra el cambio climático, la rehabilitación energética es la que mayor número de puestos de trabajo genera por cada millón de euros invertido (según datos de la CEOE, entre 24 y 27 empleos creados y mantenidos al año).

Algunos ejemplos en el entorno europeo muestran que los fondos públicos aportados para la rehabilitación edificatoria en eficiencia energética promueven una actividad económica que los multiplica por 6,5, reducen los costes de desempleo un 95% del valor de la subvención, y producen un retorno fiscal que los multiplica por 1,9.

Tomando como referencia esas ratios en el escenario más conservador, si entre el FNEE, el Plan de Vivienda y los Fondos Europeos se destinaran 2.000 millones de euros al año (que supone pasar de las 30.000 viviendas rehabilitadas actualmente a 120.000), en cuatro años se habría:

Nuevas capacidades del FNEE como Green Bank

Los actuales sistemas de subvenciones para proyectos de rehabilitación o renovación energética no están funcionando en España por cuanto sus importes son muy limitados e implican trámites administrativos complejos y largos. Además, el beneficiario tiene que anticipar la inversión, lo que perjudica a la opcionalidad en los proyectos integrales más ambiciosos.

La propuesta presentada por Greenward contempla proporcionar al Fondo Nacional de Eficiencia Energética de un mandato más amplio y dotarlo de unos nuevos instrumentos que le acerquen al modelo de Banco Verde, atrayendo el capital privado que permita que los grandes proyectos de renovación energética se afronten con menos trabas. La gestión del  “nuevo” banco verde se encargaría a un equipo ejecutivo contratado en el sector privado con probada experiencia en financiación climática, renovación energética y mercados de capitales, que reportaría al órgano público de control del FNEE.

Entre las nuevas capacidades de la entidad encontraríamos el poder sustituir y complementar programas de subvenciones por sistemas de compra de certificados de eficiencia energética, fondos de garantía, promover nuevas tecnologías y estructuras de desarrollo e implementación de proyectos de renovación, actuar de agregador de proyectos y warehousing, facilitar asistencia técnica y costes de pre-proyecto y maximizar el acceso al mercado de capitales, tanto como emisor de bonos verdes como a través de líneas de garantía en emisiones de terceros para la financiación de grandes proyectos de rehabilitación energética cualificados.

Multiplicar por cuatro la inversión pública con capital privado

La propuesta de Greenward contempla dotar al banco verde emergente de las aportaciones anuales con que cuenta el FNEE -de unos 250 millones de euros- a las que se sumarían nuevas aportaciones derivadas del ICO, líneas del Banco Europeo de Inversiones, participación en el mercado de derechos de emisión y de un recurso extraordinario dentro del plan NextGeneration EU. El sumatorio de todos los fondos podría alcanzar fácilmente una cifra superior a los 2.000 millones de euros.  El objetivo: multiplicar cada euro de inversión del FNEE en financiación de proyectos de renovación energética por, como mínimo, 4 incorporando capital privado, pudiendo superar los 8.000 millones de euros al año.

El banco verde accedería también a los nuevos instrumentos y recursos que se van a poner en marcha tanto desde InvestEU como desde la iniciativa Renovation Wave.

Acerca de Greenward

Greenward Partners es la primera empresa para la activación de capital ecológico en España. Financia proyectos de mejora de eficiencia energética en todo tipo de edificios a través de préstamos que se pagan exclusivamente con los ahorros generados por esas mejoras, con la única garantía adicional de los propios inmuebles. Estos instrumentos de financiación se conocen como Préstamos para la Activación del Capital Ecológico (PACE). Asimismo, Greenward desarrolla soluciones y servicios de inteligencia y tecnológicos para la medición, optimización y gestión de los ahorros energéticos en inmuebles; promueve un mercado de negociación de certificados de ahorro energético y aboga por la creación en España de un banco verde  (green bank), un esquema de colaboración público-privada que permita hacer frente al déficit de inversión y financiación de proyectos para la lucha contra el cambio climático y, en particular, para la mejora de la eficiencia energética. Más información en www.greenwardpartners.com

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Son actuaciones que generarían entre 33.000 y 88.000 puestos de trabajo al año que necesitarían unas inversiones de 27.112 millones de euros.

La alianza Rehabilitar el Futuro, que integra a los principales actores del sector de la eficiencia energética en la edificación, ha propuesto al Gobierno la adopción de veinte medidas para activar la rehabilitación energética de edificios y aprovechar su potencial como motor de la recuperación económica y de la lucha contra el cambio climático.

La propuesta se ha llevado a cabo a través de la presentación de una propuesta a la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados y de la publicación de un manifiesto.

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La alianza Rehabilitar el Futuro, que agrupa a los principales agentes del sector de la eficiencia energética, ha presentado al gobierno  una propuesta en la que recoge 20 medidas para promover la rehabilitación energética de edificios como motor de la recuperación y de la lucha contra el cambio climático. En la actualidad, el 80% de los edificios en España es ineficiente y es responsable del 40% del consumo de energía y de un tercio de las emisiones de CO2.

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