Madrid, 22 de noviembre de 2021. Según acaba de hacer público la Agencia Internacional de la Energía (AIE), cumplir los objetivos internacionales de limitación del calentamiento climático a mediados de siglo exige triplicar la inversión en eficiencia energética de aquí a 2030.

El organismo, que evalúa en su último informe anual los avances en Eficiencia Energética, coincide con las tesis defendidas desde hace años por Greenward Partners, primera empresa de capital ecológico de España, sobre la Eficiencia Energética como el mejor mecanismo para cubrir las necesidades de energía de la forma más limpia y, en la mayor parte de los casos, más barata. Una visión en la que también insiste la Comisión Europea que, en una reciente comunicación con carácter de mandato político a los estados miembros, insta a pasar a la práctica en la aplicación del principio “Eficiencia Primero” como pilar de política climática y energética sobre una realidad incontestable: la energía más limpia es la que nunca se utiliza.

Eduardo Brunet, presidente de Greenward, afirma que “Es significativo que todas las recomendaciones de los principales organismos expertos giren en torno a situar la Eficiencia Energética en el núcleo de la estrategia global hacia las emisiones cero. Desde Greenward trabajamos desde hace años para lograr que se priorice esa Eficiencia Energética y se cree en España el marco legislativo necesario para lograr ese objetivo ya que sin ella no puede alcanzarse la plena descarbonización de la economía objetivo de la Unión Europea”.

Greenward lleva desarrollando a lo largo de esta legislatura un ambicioso programa de relaciones institucionales mediante el que está haciendo llegar a los ministerios pertinentes, así como a los diferentes grupos políticos y administraciones autonómicas y municipales de toda España, propuestas concretas para que se hagan las modificaciones necesarias en la legislación española que permitan canalizar capital privado al sector de la rehabilitación energética de inmuebles, potenciar nuevos modelos de financiación y divulgar y hacer realidad el principio de “Eficiencia Primero”.

Concretamente en el ámbito del principio de “Eficiencia Primero”  Greenward  cree que sería necesario incluir en el Proyecto de Ley de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria con fondos europeos –actualmente en tramitación en el Congreso– un artículo específico relativo a este principio ya que, como explica Eduardo Brunet,Esta iniciativa consagra, facilita y hace realidad la aplicación del principio de `Eficiencia Primero´ contribuyendo a una sociedad inclusiva, justa y próspera con una economía moderna, eficiente en recursos y competitiva”.

La “Eficiencia Primero” es el principio rector de la política energética de la Unión Europea y debe tenerse en cuenta a todos los niveles y en todos los sectores, energéticos y no energéticos, incluido el sector financiero.  Para Greenward, este principio ha sido reconocido como un elemento clave de la Estrategia de Integración del Sector Energético y, por tanto, debe incorporarse de pleno derecho a nuestro ordenamiento jurídico y hacerlo con nomenclatura propia.

Asimismo, la compañía coincide con la Comisión Europea en que las soluciones de Eficiencia Energética deben tenerse prioritariamente en cuenta dentro de un análisis de coste-beneficio en la planificación, las políticas y las principales decisiones de inversión relacionadas con el sistema energético, entendiendo por soluciones de Eficiencia Energética, aquellas destinadas a reducir el consumo y optimizar el sistema energético, en particular las encaminadas a la reducción y gestión de la demanda, a la obtención de ahorros energéticos, a la flexibilización del sistema energético y a la minimización de pérdidas en la generación, transporte y distribución de energía.

La responsabilidad del ente público

Greenward considera que, al aplicar el principio de “Eficiencia Primero”, el Ejecutivo debería:

Desde Greenward pensamos que las autoridades reguladoras nacionales tienen la responsabilidad de proporcionar metodologías y orientaciones sobre cómo evaluar las alternativas en el análisis coste-beneficio, teniendo en cuenta beneficios más amplios, y verificar la aplicación del principio de “Eficiencia Primero. Asimismo, la edificación participa tanto del sector energético como de los no energéticos porque, además de ser consumidor, constituye el activo energético distribuido de mayor tamaño y potencial de Eficiencia Energética en su ámbito primordial, que es la reducción de la demanda. También incorpora adicionalmente sistemas de generación, almacenamiento e intercambio conectados con redes y otros usos energéticos a escala urbana, incluyendo la movilidad. La edificación es, sin duda, el gran protagonista del nuevo sistema energético distribuido y democratizado”, argumenta Brunet.

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Acerca de Greenward

Greenward Partners es la empresa líder en la activación de capital ecológico en España. Greenward por fin hace posible en España proyectos integrales de mejora de eficiencia energética en todo tipo de edificios a través de novedosos instrumentos de financiación que permiten su cancelación exclusivamente con los ahorros generados por esas mejoras, con la única garantía adicional de los propios inmuebles. Estos instrumentos se conocen como Préstamos para la Activación del Capital Ecológico (e-PACE). Asimismo, Greenward desarrolla soluciones y servicios de inteligencia y tecnológicos para la medición, optimización y gestión de los ahorros energéticos en inmuebles; promueve un mercado de negociación de certificados de ahorro energético y aboga por la creación en España de un banco verde  (green bank), un esquema de colaboración público-privada que permita hacer frente al déficit de inversión y financiación de proyectos para la lucha contra el cambio climático y, en particular, para la mejora de la eficiencia energética.

Más información en www.greenwardpartners.com / Twitter:@GreenwardP

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Madrid, 10 de febrero de 2021. Mostrar el valor de la rehabilitación de edificios y la renovación urbana y cómo desarrollar un marco de seguridad jurídica y financiera para propietarios e inversores son elementos necesarios para impulsar el sector de la rehabilitación en España tanto a corto como a largo plazo. Estas son algunas de las principales conclusiones de Rehabilitacción, un debate organizado por el Observatorio 2030 del Consejo Superior del Colegio de Arquitectos de España (CSCAE) y Savills Aguirre Newman, que ha tenido lugar en la sede de la consultora inmobiliaria en Madrid.

El encuentro ha sido moderado por Ángela Baldellou, directora del Observatorio 2030 del CSCAE, y ha contado con la participación de distintos representantes de la industria inmobiliaria, del ámbito económico  y legal, como Juan Pérez Hereza, del Consejo General del Notariado; Fernando de Roda, CEO, fundador y managing partner de Greenward Partners; Javier Martín, director general de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de APCEspaña; Juan Carlos Delrieu, director de Estrategia y Sostenibilidad de la Asociación Española de la Banca (AEB); Valentí Pich, presidente del Consejo General de Economistas de España; Joan Clos, presidente de ASVAL; Alejandro Pestaña, en representación del Consejo General de Administradores de Fincas; Dolores Huerta, directora general de GBCEspaña; Julián Núñez, presidente de SEOPAN, y Susana Cabrera, responsable de Inversiones de Azora.

Para el presidente del CSCAE, Lluís Comerón, la pandemia de Covid19 ha enfrentado a nuestra generación a grandes desafíos, como el medioambiental, y ha considerado imprescindible impulsar una “renovación profunda” de nuestras ciudades para que nuestro país se suba definitivamente al siglo XXI. “En España partimos de una tasa de rehabilitación muy baja debido a la falta de cultura de mantenimiento de nuestros edificios y a la dispersión de la propiedad, que dificulta la toma de decisiones. Para garantizar la eficiencia de los fondos de recuperación de la UE, hay que identificar las barreras que han obstaculizado el desarrollo de la rehabilitación y trabajar por removerlas en un esfuerzo coordinado entre las administraciones y el sector de la edificación”.

Asimismo, Jaime Pascual-Sanchiz, CEO de Savills Aguirre Newman, ha señalado que “las aspiraciones y motivaciones de la sociedad actual son mucho más globales y transversales que hace unos años y comparten algunos objetivos como el freno del cambio climático y la mejora del bienestar”. Por todo ello, ha enfatizado, “desde Savills Aguirre Newman, nuestra determinación es seguir apoyando iniciativas en materia de sostenibilidad y eficiencia energética en el sector inmobiliario y ayudar a que nuestros clientes obtengan la financiación necesaria para cumplir con lo que nos demanda la sociedad como sector”.

La jornada ha servido para exponer las catorce propuestas extraídas de la mesa de trabajo del Observatorio 2030 del CSCAE, que cuenta con algunos de los actores más relevantes del sector inmobiliario y de la construcción y la edificación en España. Todas ellas están enfocadas a dar respuesta al escenario de urgencia en el cual se encuentra el sector de la rehabilitación en el país y a aprovechar el momentum que ofrece la posibilidad de acceder a los fondos europeos de financiación sostenible, como son:

  1. Establecer una regulación que favorezca el crédito verde para la financiación de la rehabilitación de edificios con criterios ecoficientes. Para ello, será necesario impulsar las obras de mejora de eficiencia energética de los edificios y favorecer la toma de decisiones por parte de los propietarios, así como el acceso a la financiación.
  2. Modificar la Ley de Propiedad Horizontal, también para mejorar y facilitar los acuerdos en materia de reformas y mejoras en comunidades con más de un propietario.
  3. Impulsar y mejorar el PACE (préstamo para la activación del capital ecológico), ayudando a que el propio activo genere valor por sí mismo gracias a las mejoras acometidas y evitando así hacer uso de recursos públicos para la financiación de estos proyectos.
  4. Modificar la ley de las haciendas locales para permitir que el capital privado pueda contribuir a financiar los 40.000 millones de euros necesarios para la rehabilitación que recoge el PNIEC.
  5. Incentivar, aumentar la dotación y promover las herramientas públicas existentes, como el Plan Estatal de Vivienda, el Programa PREE, los préstamos ICO o la financiación regional y municipal.
  6. Incentivar y promover las herramientas de gestión privadas, como los fondos privados de inversión en rehabilitación y los créditos bancarios para tales fines, así como las hipotecas verdes y las empresas de servicios energéticos (ESEs).
  7. Incentivar, aumentar y promover las herramientas de gestión público-privadas, impulsando iniciativas como EuroPACE o HousEEnvest.
  8. Aprender, estudiar y analizar el impacto en el mercado español de otros referentes en Europa y promover mesas de trabajo y foros permanentes como AÚNA o los proyectos Ecobonus y Superbonus 110%.
  9. Fijar criterios basados en la taxonomía europea para contar con unas reglas claras y ya establecidas, sin necesidad de crear modelos únicos para España.
  10. Crear un sandbox para valorar qué modificaciones reglamentarias se deben hacer antes de escalar estos productos en el mercado, tal y como ya lo está haciendo en Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con otros sectores como la Banca.
  11. Favorecer el acceso a la financiación bancaria con condiciones reducidas para proyectos de rehabilitación energética para así contribuir a iniciar estos proyectos.
  12. Implantar un sistema de facturación de ahorros energéticos debidamente homologado que permita ver y entender de forma fácil y rápida el valor de la rehabilitación de inmuebles.
  13. Facilitar, por parte del planeamiento, el aprovechamiento de plusvalías urbanísticas debidas a aumentos de edificabilidad y ocupación, según lo establecido en la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas.
  14. Respaldo del sector a la ERESEE 2020 (Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética del sector de la edificación en España) como documento de partida y a diferentes propuestas que facilitarían la entrada del capital privado en la rehabilitación, como son la creación de un Fondo de Garantías para la cobertura de impagos que dote de seguridad al sistema financiero de la rehabilitación, el Plan Nacional de rehabilitación residencial y terciaria, el Plan Nacional de rehabilitación para la edificación pública y el Plan Nacional contra la pobreza energética.

Durante la jornada, los participantes han explicado sus puntos de vista y posibles soluciones para salvar obstáculos y crear desde ya los instrumentos necesarios que en los próximos tres años permitan poner los andamios para que el sector tenga vida durante los próximos 30, mostrando su acuerdo en aspectos como:

Finalmente, al cierre de la sesión, Lluís Comerón, ha recordado que en el Observatorio 2030 del CSCAE están representados más de 500.000 profesionales y que “la suma de las acciones concretas y la visión general de los actores relacionados con el sector de la rehabilitación crea el marco general de trabajo necesario para impulsar iniciativas realizables” que respondan “al reto que asumimos desde la generación actual y que tendrá impacto en la siguiente generación”.

 

Sobre Observatorio 2030 CSCAE

Constituido en octubre de 2018, el Observatorio 2030 del CSCAE es la única mesa con carácter de permanencia que existe dentro del sector de la construcción y la edificación en España. Bajo el paraguas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU, ha conseguido alinear a Administraciones públicas, instituciones, asociaciones empresariales, consejos profesionales, fundaciones y tercer sector, universidades, industria y empresas. La misión del Observatorio 2030 es trabajar, coordinar y consensuar el compromiso de todos los agentes implicados en el diseño, la planificación y la gestión de nuestros pueblos, ciudades y territorios para alcanzar los ODS, pero con la mirada puesta también en el año 2050.

 

Sobre Savills Aguirre Newman

Para conocer todo lo que Savills Aguirre Newman está haciendo durante el COVID-19, entra en COVID-19 Resource HUB en nuestra web

Mejor Consultora Inmobiliaria en España por 8º año consecutivo (Fuente: Euromoney® Real Estate a +3.200 directivos)

Savills Aguirre Newman somos la consultora internacional de real estate líder en España. Fundada en el Reino Unido en 1855, cotiza en la Bolsa de Londres y cuenta con más de 30 años de presencia en España. Contamos con 500 personas en nuestro país y más de 39.000 en 70 países alrededor del mundo. Con más de 600 oficinas en América, Europa, Asia Pacífico, África y Medio Oriente, en España tenemos oficinas en Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga. Ofrecemos servicios en todos los sectores inmobiliarios en Consultoría, Capital Markets, Agencia, Tenant Representation, Gestión, Valoraciones y Tasaciones, Arquitectura, Urbanismo, Corporate Finance, Debt Advisory, Facility Management y Research.

La Responsabilidad Corporativa de Savills Aguirre Newman se articula en dos dimensiones, la social y la medioambiental. Nuestra sede en España, ubicada en el edificio Castellana 81, cuenta con las certificaciones LEED Oro en diseño interior y es el primer edificio de oficinas WELL de España Standard Oro en la categoría de Core & Shell, lo cual repercute en importantes ahorros de agua y energía, además de proporcionar un máximo confort a los usuarios.

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Nuria López Priego, directora de Comunicación del CSCAE       Tel. 679 04 40 06

 

10 de febrero de 2021.

El periodo de participación pública abierto por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico -MITECO- para regular un mecanismo que acredite la consecución de una cantidad de ahorro energético a efectos del cumplimiento de las obligaciones del sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética finaliza el próximo viernes, 12 de febrero.

En este contexto, Greenward Partners, primera empresa de activación del capital ecológico en España, considera el tema de suma importancia. Para Eduardo Brunet, consejero delegado de la compañía, “El hecho de que el Ministerio, junto al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), estén empujando y liderando esta iniciativa es muy buena noticia, porque queda mucho por hacer. Hay que dar pasos hacia el desarrollo y la regulación de un Certificado de Ahorro Energético (CAE) que, como mecanismo de acreditación y materialización de atributos medioambientales, facilite y actualice el cumplimiento de los principales objetivos vinculantes para la UE en 2030 en materia de energía”.

Unos objetivos que se resumen en un 55% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990 y, según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) que ha presentado España a la UE, lograr un 39,5% de mejora en eficiencia energética.

Según los últimos datos disponibles, sólo para el sector de la edificación, el objetivo en 2030 en España es disminuir el consumo de energía final en 43.464 GWh respecto al consumo actual, correspondiendo el 73,7% de esta reducción a los usos térmicos. El 60,7% del objetivo de disminución del consumo se concentra en el sector residencial, donde se prevé la rehabilitación de la envolvente de 1,2 millones de viviendas y la sustitución de más de 3,5 millones de sistemas de calefacción y agua caliente.

Tras la trasposición de varias Directivas, las empresas comercializadoras de gas y electricidad (además de las operadoras de productos petrolíferos al por mayor y las de gases licuados de petróleo al por mayor) están obligadas a cubrir unas determinadas cuotas anuales de ahorro energético, que se materializan en aportaciones financieras al Fondo Nacional de Eficiencia Energética.

Como alternativa a estas aportaciones dinerarias (parte de las cuales se están repercutiendo actualmente en la factura eléctrica), la normativa española contempla la posibilidad de acreditación de CAE negociables, opción que aún no ha sido desarrollada reglamentariamente y en el marco de la cual el MITECO acaba de abrir la consulta pública. Como explica Eduardo Brunet, “El objetivo es la habilitación de un sistema de medición y cuantificación de los ahorros obtenidos en proyectos de eficiencia energética que permita emitir estos CAE, transmisibles a, entre otras -matiz importante-, las compañías obligadas al cumplimiento de esas cuotas de ahorro”.

Con esta medida, estas empresas podrían aportar los CAE como especie y se beneficiarían de un sistema complementario que proporcione mayor flexibilidad para el cumplimiento de sus obligaciones, en favor de una sustitución de parte de las obligaciones económicas a que están sujetas; mayor seguridad jurídica, certeza y transparencia del sistema de obligaciones; mayor participación en el sector de la eficiencia energética mediante la elección de actuaciones específicas y de creación de empleo -tanto en los sectores relacionados con la construcción como en el de las empresas de servicios energéticos-; y algo fundamental: podrían canalizar financiación privada que ayude a aliviar la pobreza energética; porque con los presupuestos públicos no es suficiente y los proyectos de eficiencia en vivienda social y colectivos en situación o riesgo de pobreza energética difícilmente pueden acceder a la financiación privada.

Los CAE podrían abrir la puerta a un sistema de apoyo adicional y novedoso a la financiación de estos colectivos. En este sentido, el Fondo Nacional de Eficiencia, a través de contratos de compra de energía a largo plazo (PPA en sus siglas en inglés) y precio fijo, indiciado o con un escalado, podría adquirir los certificados `cosechados´ de las inversiones en eficiencia (destino finalista de fondos públicos) que en esos edificios pudieran acometer inversores privados e institucionales, de modo que transferirían el riesgo del propietario o de la comunidad de propietarios al propio Estado español, lo que sin duda atraería capital en las ingentes cantidades necesarias” refiere Brunet.

Asimismo, desde el punto de vista de Greenward, sería interesante abrir la posibilidad de crear un mercado secundario organizado o voluntario (similar al que existe para las renovables a través de los Certificados de Energía Renovable) que pudiera servir como palanca de financiación o refinanciación de proyectos de renovación energética en edificios, tal y como ya existe en varios países de nuestro entorno europeo.

Es, sin duda, una de las más viejas aspiraciones del sector, que nos situaría en un plano de igualdad con otros 14 países europeos que ya cuentan con este instrumento que incentiva una necesaria y decidida participación de los sujetos obligados en la promoción de proyectos de eficiencia energética y que contribuye a la digitalización y democratización de nuestro actual sistema”, comenta el consejero delegado de Greenward Partners.

 

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Acerca de Greenward Partners

Greenward Partners es la primera empresa para la activación de capital ecológico en España. Financia proyectos de mejora de eficiencia energética en todo tipo de edificios a través de préstamos que se pagan exclusivamente con los ahorros generados por esas mejoras, con la única garantía adicional de los propios inmuebles. Estos instrumentos de financiación se conocen como Préstamos para la Activación del Capital Ecológico (e-PACE). Asimismo, Greenward desarrolla soluciones y servicios de inteligencia y tecnológicos para la medición, optimización y gestión de los ahorros energéticos en inmuebles; promueve un mercado de negociación de certificados de ahorro energético y aboga por la creación en España de un banco verde  (green bank), un esquema de colaboración público-privada que permita hacer frente al déficit de inversión y financiación de proyectos para la lucha contra el cambio climático y, en particular, para la mejora de la eficiencia energética.

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Greenward impulsa la incorporación urgente de una enmienda a la Ley de Cambio Climático para incluir el modelo PACE en nuestro marco regulatorio

Madrid, 26 de noviembre 2020. — Los 27.000 millones de euros que llegarán a España de la UE con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ayudarán a hacer realidad los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) del gobierno para avanzar en la descarbonización mediante la rehabilitación energética de edificios. También serán un impulso para avanzar en la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España (ERESEE) elaborada por Fomento hacia la transformación del parque inmobiliario en un modelo de consumo casi nulo antes de 2050. Pero son insuficientes.

Las necesidades de inversión en eficiencia energética en España solo entre 2021 y 2030 superan los 85.000 millones de euros; más de 40.000 de ellos corresponden a proyectos de descarbonización del parque edificado. Es imposible que las cuentas públicas, incluso con el apoyo desde EU Nextgeneration, financien en solitario la inversión que se necesitará en los próximos diez años para cumplir los objetivos de eficiencia energética en edificios que exige la Unión Europea. Esto nos aleja de poder cumplir el objetivo de neutralidad climática en 2050 que marca la institución europea, y para el que El Consejo de Ministros, a propuesta del MITECO, ha aprobado la Estrategia a Largo Plazo para una Economía Española Moderna, Competitiva y Climáticamente Neutra en 2050 (ELP 2050).

A pesar de que la Ley 8/2020 sobre la rehabilitación, regeneración y renovación urbana ha ido potenciando el acceso a subvenciones y la recuperación y eliminación de trabas existentes que hacen cada vez más viable poder afrontar una reforma energética, el crédito privado sigue estando restringido dado que son pocas las entidades financieras que otorgan préstamos a la financiación de comunidades de vecinos y propietarios de inmuebles y edificios.  Un proyecto, además, costoso. A modo de ejemplo, la reforma integral de un edificio de 20 viviendas de 100 m2, incluyendo envolvente, calderas y otros elementos, supondría un desembolso aproximado de 300.000 euros.

Las pocas entidades financieras que están presentes en financiación a estos proyectos en España otorgan préstamos con un tipo de interés que suele ser fijo y con un plazo máximo de financiamiento que suele ser inferior a 10 años -la media aproximada ronda los 6 ó 7 años-. Esto resulta insuficiente para acometer reformas integrales salvo que la financiación bancaria venga acompañada de un desembolso, en muchas ocasiones inasumible para los propietarios. No hay en el mercado productos y estructuras financieras que faciliten la financiación del 100% del coste del proyecto, a largo plazo, a tipos competitivos y bajo modelos estandarizables que disminuyan el riesgo de la operación y permitan su escala.

Necesitamos normativas eficaces e instituciones especializadas que sean capaces de dar soluciones innovadoras y canalizar el gran volumen de capital privado que existe proveniente de inversores interesados en apostar por la rehabilitación energéticamente eficiente y que actualmente está infrautilizado.

Como señala Eduardo Brunet, fundador y CEO de Greenward, “El nuevo mantra de la financiación verde o sostenible que envía Bruselas es el `blended finance´ o la eficiente interacción entre subvenciones, ayudas, garantías y créditos blandos del sector público con financiación en escala desde el sector privado. Solo la correcta e inteligente articulación de estos mecanismos será capaz de atraer los ingentes recursos financieros necesarios en este campo de la rehabilitación energética de edificios. Caer en la tentación de una rápida dilapidación de estas ayudas europeas a través de subvenciones e inversión directa finalista desde el sector público, con seguridad invadiendo espacios donde perfectamente podría entrar el capital privado, sería la perdida de una oportunidad histórica y se alejaría de ese concepto de Nueva Economía que subyace también como pilar del Pacto Verde o EU Next Generation”.

Incorporar préstamos PACE como solución

La vía que ofrece más potencial en este contexto es la de la financiación alternativa a través de fondos y vehículos de financiación especializados, que son capaces de proporcionar una mejor valoración del riesgo implícito del proyecto y no tienen los costes estructurales de los bancos ni las cortapisas que implican sus criterios corrientes de consumo de capital.

Estos financiadores especializados están además en la mejor posición para ofrecer y participar en soluciones y productos de financiación innovadores, como modelos de eficiencia como servicio, sistemas de repayment a través de la factura energética, contratos de compraventa de “negawatios” o sistemas de compensación de edificabilidad, entre otros.

Por eso Greenward está trabajando en los ámbitos institucionales para lograr la incorporación urgente de una enmienda a la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética que se está tramitando y que, previsiblemente, verá la luz el próximo mes de febrero, para poder trasladar a nuestro marco regulatorio el exitoso sistema de financiación PACE -Programa para la Activación de Capital Ecológico en Edificios- operativo ya en numerosos países.

El programa, de colaboración público-privada, permite canalizar el capital privado a la financiación de proyectos de eficiencia, sin desembolso para los propietarios o los gestores de inmuebles, sin coste para la Administración y en condiciones muy atractivas para los inversores a largo plazo en términos de vencimiento, garantías y rentabilidad.

El modelo, que es intermediado desde el municipio en que se lleve a cabo la rehabilitación, es un mecanismo totalmente voluntario de financiación de reformas de eficiencia energética en inmuebles que facilita y abarata, así, el acceso a los fondos necesarios porque mediante los préstamos PACE, el 100% del coste de las mejoras de la eficiencia de los inmuebles se financia con fondos privados, contra el inmueble -financiación que se traspasa con el inmueble en caso de venta-, con un plazo de amortización de hasta 25 años, un tipo de interés fijo y el único límite en su importe del 20% del valor del edificio y que, además, no se acelera en caso de impago.

Con los préstamos PACE, el repayment de la financiación se canaliza a través de una contribución local especial no tributaria -una suerte de IBI- que, sin constituir un impuesto nuevo ni una subida de los existentes, goza del beneficio de una hipoteca legal tácita sobre el edificio, gira el ayuntamiento competente, y cuyo importe es equivalente a la cuota de amortización y los intereses de la financiación del proyecto de rehabilitación durante el plazo acordado de financiación.

Tiene además la ventaja fundamental de considerarse un gasto operativo, no activarse en el balance del propietario del edificio, no requerir gastos de otorgamiento de hipoteca, ser reclamado en caso de impago por la administración tributaria, gozar de una garantía real tacita y no acelerarse en caso de impago (como con el IBI el propietario solo respondería de los últimos tres años).

La experiencia de este mecanismo en otros países -en Estados Unidos se ha otorgado ya financiación por un valor cercano a 7.000 millones de dólares a través del modelo- demuestra que PACE genera beneficios para todos los agentes involucrados: propietarios, inversores, entidades locales y la sociedad en su conjunto.

Otras medidas que ayudarían a los propietarios de inmuebles

Para Greenward, la colaboración estrecha con los municipios, que son las administraciones más cercanas a los propietarios de los inmuebles, será clave, tanto en labores de comunicación, asesoramiento y facilitación de trámites administrativos y licencias, como en la canalización de ayudas que cubran la primera fase de análisis técnicos (auditorías energéticas) de los proyectos de rehabilitación.

Si nos centramos en comunidades vecinales, un amplio colectivo afectado, además de la inclusión de PACE en nuestro marco regulatorio, Greenward también ve imprescindible una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar la toma de decisión en Junta vecinal de las actuaciones necesarias, así como clarificar el carácter preferente de los créditos de la comunidad de propietarios frente a los posibles morosos, y declarar estos proyectos dentro del deber de conservación del edificio (en cuanto activo contaminante) equiparándolo al régimen de reformas de accesibilidad. El departamento de relaciones institucionales de Greenward también trabaja promoviendo una enmienda en este sentido para que sea estudiada por los grupos políticos en la tramitación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Finalmente, a la hora de acometer un proyecto de rehabilitación, los propietarios deben tener en cuenta que las ayudas públicas suelen abonarse una vez terminada la obra y, además, en su mayoría, computan como ingreso en el IRPF. En este sentido, para Greenward es fundamental una reforma fiscal para soslayar esta injusta atribución de rentas.

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Greenward Partners es la primera empresa para la activación de capital ecológico en España. Financia proyectos de mejora de eficiencia energética en todo tipo de edificios a través de préstamos que se pagan exclusivamente con los ahorros generados por esas mejoras, con la única garantía adicional de los propios inmuebles. Estos instrumentos de financiación se conocen como Préstamos para la Activación del Capital Ecológico (e-PACE). Asimismo, Greenward desarrolla soluciones y servicios de inteligencia y tecnológicos para la medición, optimización y gestión de los ahorros energéticos en inmuebles; promueve un mercado de negociación de certificados de ahorro energético y aboga por la creación en España de un banco verde  (green bank), un esquema de colaboración público-privada que permita hacer frente al déficit de inversión y financiación de proyectos para la lucha contra el cambio climático y, en particular, para la mejora de la eficiencia energética.

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El Gobierno usará las ayudas de Bruselas para mejorar la eficiencia energética de 500.000 casas en tres años, aunque los expertos advierten de que será necesario el capital privado

Parece que ahora sí la rehabilitación del parque de viviendas españolas, ese enorme coladero de energía al que se ha metido poca mano, se pone seria. El Gobierno usará parte de los fondos europeos de recuperación para rehabilitar 500.000 viviendas en tres años. El objetivo es mejorar su eficiencia energética y conseguir la descarbonización del parque edificatorio. En principio, se destinarán 4.500 millones de euros hasta 2023. España ya estaba en el camino con distintos programas, entre ellos el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que contempla rehabilitar 1,2 millones de viviendas hasta 2030, con el objetivo de mejorar su eficiencia energética y combatir el cambio climático.

Es uno de los pilares y prioridades en toda Europa. Los edificios son el primer contaminante del planeta, responsables del 40% del consumo de energía y del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero. La Comisión Europa, que reconocía el pasado octubre que la situación actual no es sostenible, ha aprobado la estrategia llamada Oleada de Renovación, que aspira a duplicar la tasa de rehabilitaciones en la próxima década para recortar las emisiones de gases de efecto invernadero, impulsar la recuperación y reducir la pobreza energética.

En España el asunto es serio y urgente. “Con un parque de 25,6 millones de viviendas y un promedio histórico de rehabilitación en torno a las 28.000 viviendas anuales (aunque en 2019 por fin se superaron las 30.000), tenemos una tasa de rehabilitación anual del 0,11%”, señala Sebastián Molinero, secretario general de Andimac, la Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción. Y pone el foco en lo preocupante de la cuestión: “La obsolescencia edificatoria afecta y merma el principal elemento de ahorro de las familias españolas, la vivienda”.

La tasa en otros países europeos tampoco es muy generosa, de media está entre el 1% o 2%, pero la española hace muy difícil conseguir la neutralidad climática en 2050 (European Green Deal o Pacto Verde Europeo es la estrategia de la Comisión para ser el primer continente climáticamente neutro en esa fecha). De hecho, según el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos (CSCAE), más de 10 millones de viviendas presentan necesidades de rehabilitación en España. Solo un 4% de los edificios cuenta con la certificación energética óptima, y la mayoría, sin aislamientos térmicos en su envolvente, se han convertido en auténticos depredadores de energía. “Las 500.000 viviendas que el Gobierno plantea rehabilitar en tres años son un buen impulso para sentar las bases de la orientación correcta que debe tomar la ola de renovación urbana que es necesaria para transformar nuestros pueblos y ciudades en esta próxima década, optimizando recursos”, señala el presidente del CSCAE, Lluís Comerón.

Riesgos

Pero ojo porque el plan para hacer un buen uso de esos fondos puede hacer aguas. “Las ayudas públicas, por sí solas, no serán suficientes. Será necesario articular una estrecha colaboración con el sector privado”, cree Eduardo Brunet, fundador y consejero delegado de Greenward Partners. “Es necesario atraer capital privado en los plazos e importes necesarios, puesto que en renovación de edificios se estima una necesidad adicional de unos 45.000 millones en los próximos diez años en España para cumplir con los objetivos de eficiencia energética de los edificios establecidos por la Unión Europea”, añade.

Aquí, en la financiación verde, está la patata caliente. El nuevo mantra que viene desde Bruselas es el blended finance o financiación combinada entre subvenciones, ayudas, garantías y créditos blandos del sector público y capital en escala desde el sector privado. “Caer en la tentación de una rápida dilapidación de estas ayudas europeas a través de subvenciones e inversión directa finalista desde el sector público sería la perdida de una oportunidad histórica y se alejaría de ese concepto de nueva economía que subyace también como pilar del Pacto Verde o EU Next Generation”, dice Brunet.

La cuestión es que los proyectos que mayor impacto tienen en el ahorro energético y la descarbonización y, por tanto, con más papeletas para recibir ayudas públicas —han de ser aprobados por Bruselas y sometidos a procesos de verificación—, serán las renovaciones integrales que tratan envolventes, sistemas de climatización y gestión energética inteligente. Estos proyectos de rehabilitación tan ambiciosos pueden conseguir ahorros energéticos de hasta el 70%.

Estas obras son muy costosas para la pobre economía vecinal y, además, las ayudas públicas suelen abonarse una vez está terminada la obra. “De media, cubren en torno al 50% o 60% del coste de las obras, aunque en algunos casos se puede llegar a un porcentaje mayor si se combinan ayudas de diferentes niveles de la Administración”, explica Jorge Saénz de Miera, director de Avanza Credit de Deutsche Bank. Para financiarse los vecinos suelen recurrir a entidades bancarias, aunque no todas están por la labor de cubrir a este colectivo. En Deutsche Bank, “el aislamiento de fachadas representa el 90% de las obras que financiamos dentro del bloque de mejora de la eficiencia energética y el 10% restante son sustitución de calderas de carbón e instalación de placas fotovoltaicas”, comenta Saénz de Miera. Otra opción que tienen los vecinos es la de acudir a una empresa de servicios energéticos, que puede asumir la inversión inicial y recuperarla con los ahorros energéticos generados. El cliente no tiene que afrontar ningún desembolso y desde el comienzo disminuye su consumo energético.

El problema es conseguir financiaciones a largo plazo, más de 15 años o 20 años, para que la totalidad o mayor parte del coste sea cubierto a través de los ahorros energéticos y sin las temidas derramas. En este punto es donde los fondos y vehículos de financiación especializados tienen mucho que decir. “Estos financiadores especializados están en la mejor posición para ofrecer y participar en soluciones y productos innovadores, como modelos de eficiencia como servicio, sistemas de repago a través de la factura energética, contratos de compraventa de negawatios — unidad de medida que cuantifica la potencia ahorrada en un proceso gracias a una tecnología—, o sistemas de compensación de edificabilidad”, opina el fundador de Greenward Partners. Esta compañía propone la traslación a España del sistema de financiación PACE (programa para la activación de capital ecológico en edificios), modelo de colaboración público-privado, intermediado desde el municipio, que permite canalizar los capitales privados e ir a plazos de 20 años.

En Andimac creen que, además de dinero, se necesitan otras palancas de refuerzo para que la rehabilitación coja ritmo. Entre ellas, “es necesario un fondo de garantía diseñado para familias vulnerables y una gestión a nivel nacional sencilla y garantista, lo que generaría enormes sinergias en los costes de comunicación y, al mismo tiempo, su efecto en los consumidores sería mucho mayor”, apunta Molinero. “Sin esto tendremos una bolsa de dinero que se podrá ejecutar”, dice. El CSCAE insiste en que es necesario que la ola de renovación que se ponga en marcha en España con los fondos europeos plantee se plantee de forma integral: desde la vivienda a la regeneración de barrios.

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BBVA busca dinero de Europa para financiar edificios eficientes que no consuman energía.

Por Juan Cruz Peña, elconfidencial.com

BBVA busca dinero en Europa para financiar edificios cuyo consumo energético sea prácticamente nulo. El Banco Europeo de Inversiones (BEI) está estudiando una propuesta de la entidad financiera presidida por Carlos Torres para respaldar los préstamos a particulares para financiar edificios eficientes desde el punto de vista energético.

BBVA ha solicitado para este fin 100 millones de euros para este fin al brazo financiero de la Unión Europeo, que está actualmente evaluando el proyecto. La entidad ha declinado hacer comentarios.

Esta petición se engloba dentro de un programa comunitario lanzado en 2019 conocido como Spain Climate Action Multi Beneficiary Intermediated Loan Programme. Dicho plan, dotado con 500 millones de euros, consiste en dar préstamos a entidades bancarias dedicados a la acción climática, para financiar principalmente eficiencia energética y pequeños proyectos de energía renovable.

El objetivo es mejorar el acceso a financiación de pymes, ‘midcaps’, entidades tanto del sector público como privado, asociaciones de propietarios de viviendas y particulares para proyectos pequeños y medianos.

En este sentido, BBVA lanzó en 2019 una línea de préstamos para promoción de viviendas verdes. Se trataba de crédito promotor para construir vivienda de alta eficiencia energética. De esta forma, la entidad se adelanta en esta línea de negocio.

Según la Comisión Europea, la directiva sobre eficiencia energética de los edificios exige que todas las nuevas construcciones tengas un consumo energético prácticamente nulo. Es lo que han llamado Nearly Zero-Energy Buildings (NZEBs). Para ello, el BEI se ha puesto como prioridad número uno la financiación de proyectos relacionados con el clima y el medio ambiente.

Fuerte objetivo de eficiencia de España

En este contexto, el Gobierno se ha comprometido a un ambicioso objetivo de eficiencia energética para el año 2030. En el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) se pretende mejorar la eficiencia energética casi un 40%. Un objetivo que diversos actores del sector creen que será muy difícil de cumplir.

El principal frente de ataque para lograr este objetivo es la mejora de los edificios, cuyo consumo energética representa el 18% del total. Tanto la mejora de edificios antiguos como la adecuación de los nuevos está entre los planes prioritarios de eficiencia lanzados por la administración.

Esto supone dotar de mejor aislamiento y que el consumo de energía del edificio sea autónomo, a través de energías renovables. Con ello se busca que los edificios no generen emisiones contaminantes. Actualmente las calderas, de gas, gasóleo e incluso de carbón, son un fuerte foco de emisiones a eliminar. Para ello tanto mejorar la eficiencia como las renovables sirven para que las construcciones puedan ser prácticamente neutras en consumo energético.

Con este propósito han nacido iniciativas empresariales como Greenward Partners, una plataforma lanzada por dos ex ejecutivos de Iberdrola y Endesa junto con antiguos directivos de BBVA. Santander y Ferrovial para acometer una transformación de miles de millones de euros. Concretamente, más de 40.000 millones en un campo que según consideran, hay una gran escasez de proyectos.

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