8 de enero 2021.

Cerca del 50% del parque residencial andaluz fue construido antes de 1980, año en que comenzaron a existir normativas sobre eficiencia energética en la edificación. En términos energéticos, el sector de la edificación representa el principal vértice de consumo energético en la Unión Europea y uno de los principales sectores consumidores de Andalucía (en torno al 20% del consumo de energía final), por lo que, desde una óptica de protección medioambiental, resulta apremiante asumir como prioridad medidas tendentes a reducir el consumo energético en el parque andaluz de edificios, entre ellas, juega un papel esencial la rehabilitación energéticamente eficiente.

La Junta de Andalucía está dando importantes pasos de mejora. Una de sus últimas medidas, recientemente anunciada, es la convocatoria del Programa de incentivos para actuaciones de rehabilitación energética en edificios publicada por la Agencia Andaluza de la Energía, entidad adscrita a las consejerías de Presidencia, Administración Pública e Interior y Hacienda y Financiación Europea. Coordinado a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y gestionado por la entidad pública regional, está dotado con 49,3 millones de euros con la finalidad de reducir el consumo energético bajo criterios de eficiencia y uso de energías renovables, así como activar la rehabilitación energética de los edificios.

También hay que contemplar la parte proporcional que corresponderá a Andalucía de los 27.000 millones de euros que llegarán a España de la UE con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que ayudarán a hacer realidad los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para avanzar en la descarbonización mediante la rehabilitación energética de edificios. Y la recientemente anunciada decisión por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) de destinar 51,2 millones de euros al Programa de Rehabilitación Energética de Edificios (PREE) en Andalucía, la mayor cantidad autonómica del plan, para actuaciones de mejora de la eficiencia enérgica en edificios construidos antes de 2007, un presupuesto cuya gestión será competencia de la Comunidad Autónoma.

Pero, incluso sumando todos, los recursos públicos son insuficientes. La hoja de ruta para rehabilitación energética viene constituida por la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España (ERESEE 2020), dentro del Plan de Recuperación elaborado por el MITMA. Según sus datos, Andalucía aglutina el 13% de las viviendas españolas que sería necesario incluir en los paquetes de hogares con necesidades de rehabilitación de su envolvente entre 2021 y 2050 para que sean energéticamente eficientes. Se trata en concreto de 900.000 viviendas, de las cuales algo más de 150.000 deberían intervenirse antes de 2030.

Como explica Eduardo Brunet, fundador y CEO de Greenward, primera empresa dedicada a la activación de capital ecológico en España, “Es imposible que las cuentas públicas financien en solitario la inversión que se necesitará para cumplir los objetivos de eficiencia energética en edificios que exige la Unión Europea. Pero no hay en el mercado productos y estructuras que faciliten la financiación del 100% del coste del proyecto, a largo plazo, a tipos competitivos y bajo modelos estandarizables. Necesitamos normativas eficaces e instituciones especializadas, capaces de dar soluciones innovadoras y canalizar el gran volumen de capital privado que existe proveniente de inversores interesados en apostar por la rehabilitación energéticamente eficiente y que actualmente está infrautilizado.

La Junta de Andalucía acaba de abrir a consulta pública el Plan Andaluz de Acción por el Clima, uno de los instrumentos que representa el desarrollo normativo de la ley de Cambio Climático de Andalucía aprobado en 2017. Entre los objetivos del plan se encuentran líneas clave como mejorar el ahorro y la eficiencia energética en los edificios, promocionar los barrios inteligentes, energéticamente eficientes y que aprovechen las energías renovables y el fomento de la adaptación al cambio climático en los programas desarrollados en materia de Vivienda y Regeneración Urbana, prestando especial atención a los colectivos más vulnerables. Es el momento de avanzar hacia normativas que abran la vía a la colaboración público-privada para que el parque inmobiliario Andaluz logre cumplir los objetivos marcados por la UE.

Urge mayor coordinación y una Ley del Cambio Climático innovadora

Para alcanzar los ambiciosos objetivos estatales y autonómicos de rehabilitación de viviendas será necesario, además de la coordinación entre departamentos a nivel estatal, que se concreten dichos objetivos en las escalas autonómica y local, y diseñar estrategias específicas de despliegue a nivel municipal, en el marco de las necesidades de regeneración urbana de cada localidad.

Las pocas entidades financieras que están presentes en la financiación privada de estos proyectos otorgan préstamos con plazos máximos de financiación inferiores a 10 años -la media ronda los 6 ó 7 años-. Insuficiente para acometer renovaciones energéticas integrales salvo que la financiación bancaria venga acompañada de un desembolso inicial, en muchas ocasiones, inasumible para los propietarios. Para contextualizar el reto económico, la reforma integral de un edificio de 20 viviendas de 100 m2 con finalidad de eficiencia energética, incluyendo envolvente, calderas y otros elementos, podría superar fácilmente los 300.000 euros.

Para Greenward, los municipios son absolutamente clave para coordinar y focalizar estrategias y el esfuerzo inversor público, actualmente disgregado en diversas fuentes, como el Plan Estatal de Vivienda, las ayudas del IDAE, los fondos FEDER-EDUSI, las subvenciones y proyectos autonómicos y municipales, etc. “Sería necesario que la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética que la Junta de Andalucía elabore incorpore medidas innovadoras para hacer accesibles herramientas que permitan confluir el capital público y el privado de cara a avanzar en rehabilitación energética”, señala Brunet.

PACE, Eco-bonos y Comunidades Energéticas Locales como claves de oportunidad

Greenward está trabajando en los ámbitos institucionales para lograr la incorporación de enmiendas a las nuevas leyes de Cambio Climático y Transición Energética que permitan trasladar a los marcos regulatorios autonómico y nacional modelos que están demostrando importantes éxitos en diferentes países.  Los más significativos:

El modelo, que es intermediado desde el municipio en que se lleve a cabo la rehabilitación, es un mecanismo totalmente voluntario en el que el 100% del coste de las mejoras de la eficiencia de los inmuebles se financia con fondos privados, contra el inmueble -financiación que se traspasa con el inmueble en caso de venta-, con un plazo de amortización de hasta 25 años, un tipo de interés fijo y el único límite en su importe del 20% del valor del edificio. El repago de la financiación se canaliza a través de una contribución local especial no tributaria -una suerte de IBI- que, sin constituir un impuesto nuevo ni una subida de los existentes, goza del beneficio de una hipoteca legal tácita sobre el edificio, gira el ayuntamiento competente, y cuyo importe es equivalente a la cuota de amortización y los intereses de la financiación del proyecto de rehabilitación durante el plazo acordado de financiación.

 

Tanto los préstamos PACE como los Súper Eco-bonos y las CEL tienen además un valor añadido muy importante para poder activar de forma inmediata proyectos de renovación energética en aquellos sectores de población con rentas bajas, para los que una inteligente política de subvención y ayudas que incentiven la entrada de inversión privada es crucial. Según los datos de ERESEE, Andalucía reúne el 19% de los hogares en situación de pobreza energética existentes en España.

Como señala Eduardo Brunet, “El nuevo mantra de la financiación verde o sostenible que envía Bruselas es el `blended finance´ o la eficiente interacción entre subvenciones, ayudas, garantías y créditos blandos del sector público con financiación en escala desde el sector privado. Solo la correcta e inteligente articulación de estos mecanismos será capaz de atraer los ingentes recursos financieros necesarios en este campo de la rehabilitación energética de edificios”.

Es necesario apostar por vías innovadoras y facilitar la financiación para la rehabilitación energética mediante créditos u otras fórmulas a los propietarios de inmuebles, y focalizar las ayudas públicas en las situaciones de mayor necesidad.

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Acerca de Greenward Partners

Greenward Partners es la primera empresa para la activación de capital ecológico en España. Financia proyectos de mejora de eficiencia energética en todo tipo de edificios a través de préstamos que se pagan exclusivamente con los ahorros generados por esas mejoras, con la única garantía adicional de los propios inmuebles. Estos instrumentos de financiación se conocen como Préstamos para la Activación del Capital Ecológico (e-PACE). Asimismo, Greenward desarrolla soluciones y servicios de inteligencia y tecnológicos para la medición, optimización y gestión de los ahorros energéticos en inmuebles; promueve un mercado de negociación de certificados de ahorro energético y aboga por la creación en España de un banco verde  (green bank), un esquema de colaboración público-privada que permita hacer frente al déficit de inversión y financiación de proyectos para la lucha contra el cambio climático y, en particular, para la mejora de la eficiencia energética.

Más información en www.greenwardpartners.com

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Greenward impulsa la incorporación urgente de una enmienda a la Ley de Cambio Climático para incluir el modelo PACE en nuestro marco regulatorio

Madrid, 26 de noviembre 2020. — Los 27.000 millones de euros que llegarán a España de la UE con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ayudarán a hacer realidad los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) del gobierno para avanzar en la descarbonización mediante la rehabilitación energética de edificios. También serán un impulso para avanzar en la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España (ERESEE) elaborada por Fomento hacia la transformación del parque inmobiliario en un modelo de consumo casi nulo antes de 2050. Pero son insuficientes.

Las necesidades de inversión en eficiencia energética en España solo entre 2021 y 2030 superan los 85.000 millones de euros; más de 40.000 de ellos corresponden a proyectos de descarbonización del parque edificado. Es imposible que las cuentas públicas, incluso con el apoyo desde EU Nextgeneration, financien en solitario la inversión que se necesitará en los próximos diez años para cumplir los objetivos de eficiencia energética en edificios que exige la Unión Europea. Esto nos aleja de poder cumplir el objetivo de neutralidad climática en 2050 que marca la institución europea, y para el que El Consejo de Ministros, a propuesta del MITECO, ha aprobado la Estrategia a Largo Plazo para una Economía Española Moderna, Competitiva y Climáticamente Neutra en 2050 (ELP 2050).

A pesar de que la Ley 8/2020 sobre la rehabilitación, regeneración y renovación urbana ha ido potenciando el acceso a subvenciones y la recuperación y eliminación de trabas existentes que hacen cada vez más viable poder afrontar una reforma energética, el crédito privado sigue estando restringido dado que son pocas las entidades financieras que otorgan préstamos a la financiación de comunidades de vecinos y propietarios de inmuebles y edificios.  Un proyecto, además, costoso. A modo de ejemplo, la reforma integral de un edificio de 20 viviendas de 100 m2, incluyendo envolvente, calderas y otros elementos, supondría un desembolso aproximado de 300.000 euros.

Las pocas entidades financieras que están presentes en financiación a estos proyectos en España otorgan préstamos con un tipo de interés que suele ser fijo y con un plazo máximo de financiamiento que suele ser inferior a 10 años -la media aproximada ronda los 6 ó 7 años-. Esto resulta insuficiente para acometer reformas integrales salvo que la financiación bancaria venga acompañada de un desembolso, en muchas ocasiones inasumible para los propietarios. No hay en el mercado productos y estructuras financieras que faciliten la financiación del 100% del coste del proyecto, a largo plazo, a tipos competitivos y bajo modelos estandarizables que disminuyan el riesgo de la operación y permitan su escala.

Necesitamos normativas eficaces e instituciones especializadas que sean capaces de dar soluciones innovadoras y canalizar el gran volumen de capital privado que existe proveniente de inversores interesados en apostar por la rehabilitación energéticamente eficiente y que actualmente está infrautilizado.

Como señala Eduardo Brunet, fundador y CEO de Greenward, “El nuevo mantra de la financiación verde o sostenible que envía Bruselas es el `blended finance´ o la eficiente interacción entre subvenciones, ayudas, garantías y créditos blandos del sector público con financiación en escala desde el sector privado. Solo la correcta e inteligente articulación de estos mecanismos será capaz de atraer los ingentes recursos financieros necesarios en este campo de la rehabilitación energética de edificios. Caer en la tentación de una rápida dilapidación de estas ayudas europeas a través de subvenciones e inversión directa finalista desde el sector público, con seguridad invadiendo espacios donde perfectamente podría entrar el capital privado, sería la perdida de una oportunidad histórica y se alejaría de ese concepto de Nueva Economía que subyace también como pilar del Pacto Verde o EU Next Generation”.

Incorporar préstamos PACE como solución

La vía que ofrece más potencial en este contexto es la de la financiación alternativa a través de fondos y vehículos de financiación especializados, que son capaces de proporcionar una mejor valoración del riesgo implícito del proyecto y no tienen los costes estructurales de los bancos ni las cortapisas que implican sus criterios corrientes de consumo de capital.

Estos financiadores especializados están además en la mejor posición para ofrecer y participar en soluciones y productos de financiación innovadores, como modelos de eficiencia como servicio, sistemas de repayment a través de la factura energética, contratos de compraventa de “negawatios” o sistemas de compensación de edificabilidad, entre otros.

Por eso Greenward está trabajando en los ámbitos institucionales para lograr la incorporación urgente de una enmienda a la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética que se está tramitando y que, previsiblemente, verá la luz el próximo mes de febrero, para poder trasladar a nuestro marco regulatorio el exitoso sistema de financiación PACE -Programa para la Activación de Capital Ecológico en Edificios- operativo ya en numerosos países.

El programa, de colaboración público-privada, permite canalizar el capital privado a la financiación de proyectos de eficiencia, sin desembolso para los propietarios o los gestores de inmuebles, sin coste para la Administración y en condiciones muy atractivas para los inversores a largo plazo en términos de vencimiento, garantías y rentabilidad.

El modelo, que es intermediado desde el municipio en que se lleve a cabo la rehabilitación, es un mecanismo totalmente voluntario de financiación de reformas de eficiencia energética en inmuebles que facilita y abarata, así, el acceso a los fondos necesarios porque mediante los préstamos PACE, el 100% del coste de las mejoras de la eficiencia de los inmuebles se financia con fondos privados, contra el inmueble -financiación que se traspasa con el inmueble en caso de venta-, con un plazo de amortización de hasta 25 años, un tipo de interés fijo y el único límite en su importe del 20% del valor del edificio y que, además, no se acelera en caso de impago.

Con los préstamos PACE, el repayment de la financiación se canaliza a través de una contribución local especial no tributaria -una suerte de IBI- que, sin constituir un impuesto nuevo ni una subida de los existentes, goza del beneficio de una hipoteca legal tácita sobre el edificio, gira el ayuntamiento competente, y cuyo importe es equivalente a la cuota de amortización y los intereses de la financiación del proyecto de rehabilitación durante el plazo acordado de financiación.

Tiene además la ventaja fundamental de considerarse un gasto operativo, no activarse en el balance del propietario del edificio, no requerir gastos de otorgamiento de hipoteca, ser reclamado en caso de impago por la administración tributaria, gozar de una garantía real tacita y no acelerarse en caso de impago (como con el IBI el propietario solo respondería de los últimos tres años).

La experiencia de este mecanismo en otros países -en Estados Unidos se ha otorgado ya financiación por un valor cercano a 7.000 millones de dólares a través del modelo- demuestra que PACE genera beneficios para todos los agentes involucrados: propietarios, inversores, entidades locales y la sociedad en su conjunto.

Otras medidas que ayudarían a los propietarios de inmuebles

Para Greenward, la colaboración estrecha con los municipios, que son las administraciones más cercanas a los propietarios de los inmuebles, será clave, tanto en labores de comunicación, asesoramiento y facilitación de trámites administrativos y licencias, como en la canalización de ayudas que cubran la primera fase de análisis técnicos (auditorías energéticas) de los proyectos de rehabilitación.

Si nos centramos en comunidades vecinales, un amplio colectivo afectado, además de la inclusión de PACE en nuestro marco regulatorio, Greenward también ve imprescindible una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar la toma de decisión en Junta vecinal de las actuaciones necesarias, así como clarificar el carácter preferente de los créditos de la comunidad de propietarios frente a los posibles morosos, y declarar estos proyectos dentro del deber de conservación del edificio (en cuanto activo contaminante) equiparándolo al régimen de reformas de accesibilidad. El departamento de relaciones institucionales de Greenward también trabaja promoviendo una enmienda en este sentido para que sea estudiada por los grupos políticos en la tramitación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Finalmente, a la hora de acometer un proyecto de rehabilitación, los propietarios deben tener en cuenta que las ayudas públicas suelen abonarse una vez terminada la obra y, además, en su mayoría, computan como ingreso en el IRPF. En este sentido, para Greenward es fundamental una reforma fiscal para soslayar esta injusta atribución de rentas.

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Greenward Partners es la primera empresa para la activación de capital ecológico en España. Financia proyectos de mejora de eficiencia energética en todo tipo de edificios a través de préstamos que se pagan exclusivamente con los ahorros generados por esas mejoras, con la única garantía adicional de los propios inmuebles. Estos instrumentos de financiación se conocen como Préstamos para la Activación del Capital Ecológico (e-PACE). Asimismo, Greenward desarrolla soluciones y servicios de inteligencia y tecnológicos para la medición, optimización y gestión de los ahorros energéticos en inmuebles; promueve un mercado de negociación de certificados de ahorro energético y aboga por la creación en España de un banco verde  (green bank), un esquema de colaboración público-privada que permita hacer frente al déficit de inversión y financiación de proyectos para la lucha contra el cambio climático y, en particular, para la mejora de la eficiencia energética.

Más información en www.greenwardpartners.com

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El Gobierno usará las ayudas de Bruselas para mejorar la eficiencia energética de 500.000 casas en tres años, aunque los expertos advierten de que será necesario el capital privado

Parece que ahora sí la rehabilitación del parque de viviendas españolas, ese enorme coladero de energía al que se ha metido poca mano, se pone seria. El Gobierno usará parte de los fondos europeos de recuperación para rehabilitar 500.000 viviendas en tres años. El objetivo es mejorar su eficiencia energética y conseguir la descarbonización del parque edificatorio. En principio, se destinarán 4.500 millones de euros hasta 2023. España ya estaba en el camino con distintos programas, entre ellos el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que contempla rehabilitar 1,2 millones de viviendas hasta 2030, con el objetivo de mejorar su eficiencia energética y combatir el cambio climático.

Es uno de los pilares y prioridades en toda Europa. Los edificios son el primer contaminante del planeta, responsables del 40% del consumo de energía y del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero. La Comisión Europa, que reconocía el pasado octubre que la situación actual no es sostenible, ha aprobado la estrategia llamada Oleada de Renovación, que aspira a duplicar la tasa de rehabilitaciones en la próxima década para recortar las emisiones de gases de efecto invernadero, impulsar la recuperación y reducir la pobreza energética.

En España el asunto es serio y urgente. “Con un parque de 25,6 millones de viviendas y un promedio histórico de rehabilitación en torno a las 28.000 viviendas anuales (aunque en 2019 por fin se superaron las 30.000), tenemos una tasa de rehabilitación anual del 0,11%”, señala Sebastián Molinero, secretario general de Andimac, la Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción. Y pone el foco en lo preocupante de la cuestión: “La obsolescencia edificatoria afecta y merma el principal elemento de ahorro de las familias españolas, la vivienda”.

La tasa en otros países europeos tampoco es muy generosa, de media está entre el 1% o 2%, pero la española hace muy difícil conseguir la neutralidad climática en 2050 (European Green Deal o Pacto Verde Europeo es la estrategia de la Comisión para ser el primer continente climáticamente neutro en esa fecha). De hecho, según el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos (CSCAE), más de 10 millones de viviendas presentan necesidades de rehabilitación en España. Solo un 4% de los edificios cuenta con la certificación energética óptima, y la mayoría, sin aislamientos térmicos en su envolvente, se han convertido en auténticos depredadores de energía. “Las 500.000 viviendas que el Gobierno plantea rehabilitar en tres años son un buen impulso para sentar las bases de la orientación correcta que debe tomar la ola de renovación urbana que es necesaria para transformar nuestros pueblos y ciudades en esta próxima década, optimizando recursos”, señala el presidente del CSCAE, Lluís Comerón.

Riesgos

Pero ojo porque el plan para hacer un buen uso de esos fondos puede hacer aguas. “Las ayudas públicas, por sí solas, no serán suficientes. Será necesario articular una estrecha colaboración con el sector privado”, cree Eduardo Brunet, fundador y consejero delegado de Greenward Partners. “Es necesario atraer capital privado en los plazos e importes necesarios, puesto que en renovación de edificios se estima una necesidad adicional de unos 45.000 millones en los próximos diez años en España para cumplir con los objetivos de eficiencia energética de los edificios establecidos por la Unión Europea”, añade.

Aquí, en la financiación verde, está la patata caliente. El nuevo mantra que viene desde Bruselas es el blended finance o financiación combinada entre subvenciones, ayudas, garantías y créditos blandos del sector público y capital en escala desde el sector privado. “Caer en la tentación de una rápida dilapidación de estas ayudas europeas a través de subvenciones e inversión directa finalista desde el sector público sería la perdida de una oportunidad histórica y se alejaría de ese concepto de nueva economía que subyace también como pilar del Pacto Verde o EU Next Generation”, dice Brunet.

La cuestión es que los proyectos que mayor impacto tienen en el ahorro energético y la descarbonización y, por tanto, con más papeletas para recibir ayudas públicas —han de ser aprobados por Bruselas y sometidos a procesos de verificación—, serán las renovaciones integrales que tratan envolventes, sistemas de climatización y gestión energética inteligente. Estos proyectos de rehabilitación tan ambiciosos pueden conseguir ahorros energéticos de hasta el 70%.

Estas obras son muy costosas para la pobre economía vecinal y, además, las ayudas públicas suelen abonarse una vez está terminada la obra. “De media, cubren en torno al 50% o 60% del coste de las obras, aunque en algunos casos se puede llegar a un porcentaje mayor si se combinan ayudas de diferentes niveles de la Administración”, explica Jorge Saénz de Miera, director de Avanza Credit de Deutsche Bank. Para financiarse los vecinos suelen recurrir a entidades bancarias, aunque no todas están por la labor de cubrir a este colectivo. En Deutsche Bank, “el aislamiento de fachadas representa el 90% de las obras que financiamos dentro del bloque de mejora de la eficiencia energética y el 10% restante son sustitución de calderas de carbón e instalación de placas fotovoltaicas”, comenta Saénz de Miera. Otra opción que tienen los vecinos es la de acudir a una empresa de servicios energéticos, que puede asumir la inversión inicial y recuperarla con los ahorros energéticos generados. El cliente no tiene que afrontar ningún desembolso y desde el comienzo disminuye su consumo energético.

El problema es conseguir financiaciones a largo plazo, más de 15 años o 20 años, para que la totalidad o mayor parte del coste sea cubierto a través de los ahorros energéticos y sin las temidas derramas. En este punto es donde los fondos y vehículos de financiación especializados tienen mucho que decir. “Estos financiadores especializados están en la mejor posición para ofrecer y participar en soluciones y productos innovadores, como modelos de eficiencia como servicio, sistemas de repago a través de la factura energética, contratos de compraventa de negawatios — unidad de medida que cuantifica la potencia ahorrada en un proceso gracias a una tecnología—, o sistemas de compensación de edificabilidad”, opina el fundador de Greenward Partners. Esta compañía propone la traslación a España del sistema de financiación PACE (programa para la activación de capital ecológico en edificios), modelo de colaboración público-privado, intermediado desde el municipio, que permite canalizar los capitales privados e ir a plazos de 20 años.

En Andimac creen que, además de dinero, se necesitan otras palancas de refuerzo para que la rehabilitación coja ritmo. Entre ellas, “es necesario un fondo de garantía diseñado para familias vulnerables y una gestión a nivel nacional sencilla y garantista, lo que generaría enormes sinergias en los costes de comunicación y, al mismo tiempo, su efecto en los consumidores sería mucho mayor”, apunta Molinero. “Sin esto tendremos una bolsa de dinero que se podrá ejecutar”, dice. El CSCAE insiste en que es necesario que la ola de renovación que se ponga en marcha en España con los fondos europeos plantee se plantee de forma integral: desde la vivienda a la regeneración de barrios.

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Greenward Partners presenta Greenward Papers #3 El Valor Real (y por Descubrir) de la Eficiencia Energética.

La valoración que se da a la eficiencia energética se limita a los ahorros que genera en la factura y deja de lado el enorme valor que despliega mucho más allá de este mero ahorro, tanto en su dimensión energética como no energética (la ‘Energía Eficiencia’ y el ‘Servicio Eficiencia’, respectivamente).

Ignorar estos rendimientos de la eficiencia distorsiona el mercado, impide un reparto justo del valor generado entre los distintos agentes y stakeholders y, sobre todo, impide que la eficiencia energética desarrolle todo su potencial en la descarbonización y como fuente de crecimiento de la economía y del empleo, porque penaliza la rentabilidad esperada y los plazos de recuperación de los proyectos de eficiencia.

Ya hay en el mercado tecnología, know how y métodos probados de estimación, medición y valoración de estos beneficios que aportan tanto la Energía como el Servicio Eficiencia, que se analizan en profundidad en este documento.

La sociedad no se puede permitir el lujo de seguir abordando la eficiencia energética con esta miopía1 .

La Energía Eficiencia es una fuente de energía renovable como otra cualquiera y por ello debería ser valorada como tal. Se sitúa en el centro de un nuevo sistema energético emergente que transforma los edificios en Activos Energéticos Distribuidos como edificios eficientes integrados. En la actualidad existen ya protocolos internacionales robustos, fiables y acreditados para medir y verificar la generación de Negavatios (ahorro energético). El valor sistémico de la Energía Eficiencia se puede evaluar y, por tanto,

monetizar a través de la Metodología del Coste Evitado. Mejorar la eficiencia energética es una cuestión de interés público, que merita la revisión del Fondo Nacional de Eficiencia Energética para activar el valor de los “certificados blancos” (certificados de ahorro energético). El esquema MEETS – Metered Energy Efficiency Transaction Structure, desarrollado y con éxito probado en Estados Unidos podría convertirse en la metodología más adecuada para activar/impulsar el valor real (y no recocido) de la eficiencia energética.

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Una de las medidas estrella para superar la crisis económica provocada por el Covid-19 es la rehabilitación de edificios, porque genera mucho empleo. Pero sólo es rentable a largo plazo, lo que supone una seria barrera para captar inversión. Un sistema importado de EEUU puede solucionarlo, mediante la titulización de los préstamos, sin coste para propietarios e inquilinos.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima -una de las palancas de la recuperación- quiere destinar 40.000 millones de euros para ello hasta 2030, y pretende que el 80% sea privado, algo muy complejo, por la escasa rentabilidad a corto plazo y por barreras legales, como la necesidad de que haya un acuerdo entre los propietarios de los inmuebles para acometer las reformas.

Ahora bien, un sistema nacido en California en 2009, denominado Property Assessed Clean Energy (Pace) permitiría seducir a los bancos y los fondos de inversión para que aportaran el capital, a cambio de una rentabilidad del entorno del 6%, y sin coste para propietarios e inquilinos. El Pace se aplica en EEUU, Canadá y Australia, y desde su aparición ha captado unos 7.000 millones para rehabilitar edificios.

Greenward Partners, firma especializada en financiar la eficiencia energética, se ha puesto manos a la obra con el Pace (lo ha traducido como Programa de Activación Ecológica en Edificios, para mantener el acrónimo) y ha contratado los servicios del bufete Pérez Llorca para analizar cómo encajarlo en nuestro ordenamiento jurídico.

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Cómo financiar la mejora de la eficiencia energética en su municipio sin coste para las cuentas públicas

Los edificios son el primer contaminante del planeta, responsables del 40% del consumo de energía y del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por tanto, su potencial para la mejora de la eficiencia energética -su ahorro potencial en energía y en volumen de emisiones- constituye una enorme oportunidad. El presidente de la Agencia Internacional de la Energía (IEA, por sus siglas en inglés), Faith Birol, ha señalado que “la eficiencia energética es la primera fuente de energía de este planeta”, pero en su mayor parte permanece oculta en el parque edificado.

España necesitará invertir 40.000 millones de euros en los próximos diez años para cumplir con los objetivos de eficiencia energética de los edificios establecidos por la Unión Europea, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica. Este volumen de inversión es inasumible para las arcas públicas y los propietarios y gestores de edificios se encuentran con que no hay en el mercado soluciones de financiación que se ajusten a las necesidades de estas intervenciones en los inmuebles.

La falta de financiación es, de hecho, el primer obstáculo para mejorar el parque edificatorio español, que se sitúa entre los menos eficientes del Europa en términos energéticos. Para romper este círculo vicioso, es imprescindible la colaboración público-privada. La buena noticia es que hay un enorme volumen de capitales privados a la búsqueda de oportunidades inversión con garantías y a largo plazo.

Greenward Partners, la primera empresa de capital ecológico de España, ha desarrollado una serie de soluciones con eficacia probada en otros mercados para vehicular el flujo de estos fondos hacia la inversión en eficiencia energética de edificios, la primera de las cuales es la creación del Programa de Activación de Capital Ecológico en Edificios (PACE), un sistema que permite canalizar los capitales privados a la financiación de proyectos de eficiencia, sin desembolso para los propietarios o gestores de inmuebles, sin coste para la Administración y en condiciones atractivas para los inversores a largo plazo, en términos de vencimiento, garantías y rentabilidad.

Para facilitar el desarrollo de estas soluciones, Greenward ha preparado una propuesta de modificaciones legislativas y, ahora, presenta esta Guía Greenward sobre la implantación del programa PACE.

El objetivo de este documento es servir como una guía práctica que facilite a los gestores municipales la implantación de políticas públicas para la consecución de estos retos durante toda la fase de su desarrollo.

Descargar Guia Greenward aqui

La concentración atmosférica de CO₂ medida por el observatorio Mauna Loa de Hawái, a 3 400 m de altitud y en uno de los ambientes más limpios, secos e intactos del planeta, alcanzó un nivel récord de 415,64  ppm el pasado 15 de mayo.

“Este nivel no es solo el pico estacional más alto registrado en 61 años de observaciones, sino también el más alto experimentado nunca por la humanidad y el más alto también en un período de millones de años”, aseguraba entonces el Dr. Pieter Tans, director científico del centro.

Los primeros registros históricos de Mauna Loa mostraban aumentos anuales de 0,7 ppm. En la década de los 90, dicha tasa de crecimiento interanual se situó en un promedio de 1,5 ppm y ascendió a 2,2 ppm en la década posterior.

El registro promedio mensual del pasado mes de mayo fue 3,5 ppm más alto que el del mismo mes de 2018, evidenciándose así el mayor crecimiento interanual experimentado nunca. Probablemente, como consecuencia de ello, el mes de julio de 2019 fue nuevamente el mes más cálido registrado en la Tierra: 0,04 ℃ por encima de la anterior marca de julio de 2016.

Hay evidencia abundante y concluyente de que los escenarios récord y la aceleración del cambio climático están causados por el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. El mundo está tomando conciencia y se está actuando, pero ¿en suficiente medida?.

Probablemente no. Muestra de ello es la falta de atención hacia el parque edificado como gran elemento contaminante: un tercio de las emisiones globales de CO₂ se producen en los usos relacionados con los edificios y, sin embargo, sus tasas de rehabilitación energética siguen siendo todavía bajas.

Y aún hay más. Existe una gran fuente de valor oculta en la edificación, de naturaleza energética y por tanto no visible, que está siendo desaprovechada. Es lo que en Greenward Partners denominamos capital ecológico.

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Greenward Partners ha presentado su Greenward Papers #1 sobre la situación de la Eficiencia Energética en España.

La ausencia de instrumentos atractivos de financiación es el principal obstáculo para llevar a cabo las inversiones en el parque inmobiliario español necesarias para alcanzar los objetivos de eficiencia energética establecidos por la Unión Europea, inversiones que se cifran en más de 40.000 millones para los próximos diez años. Esta es una de las principales conclusiones del informe presentado hoy en Madrid por Greenward Partners, la primera empresa especializada en la “activación de capital ecológico” en España. Los edificios generan un tercio de las emisiones de CO2
Entre otros, la Comisión Europea ha establecido como objetivo una mejora de al menos el 32,5% de la eficiencia energética para 2030 con respecto a los niveles de 2007, en su lucha contra la crisis climática.

Pese a los compromisos alcanzados en el ámbito europeo, “la actividad en renovación de edificios para hacerlos más eficientes y sostenibles ha sido muy escasa hasta la fecha en España”, advierte Eduardo Brunet, CEO de Greenward y precursor en España del venture philantrophy, inversión de impacto social que aplica las prácticas del capital riesgo para la consecución de objetivos filantrópicos.Según Fernando de Roda, managing partner de la compañía, los principales obstáculos se centran en “la ausencia de financiación” para abordar estos proyectos y “la falta de instrumentos reales para monetizar el ahorro energético que se deriva de la inversión en eficiencia energética”.

De acuerdo con el informe de Greenward, cuatro de cada cinco edificios en España (un 82%) son ineficientes desde el punto de vista de la calificación energética y más de la mitad de las viviendas (el 55%) son anteriores a 1980. Es decir, la mayoría de los hogares españoles alcanza o supera los 40 años de antigüedad y, por tanto, ofrecen unos niveles muy reducidos de eficiencia.

Una oportunidad de 85.000 millones

“Existe una clara oportunidad de mercado”, afirma Brunet, que toma como referencia las cifras oficiales del propio Gobierno. De acuerdo con el Ministerio para la Transición Ecológica, España necesitará más de 85.000 millones de euros en los próximos 10 años para financiar proyectos de mejora de la eficiencia energética y alrededor de la mitad de esa cantidad está directamente relacionada con los edificios. En otras palabras, en la próxima década se deberá invertir en estas renovaciones medioambientales en distintos sectores el equivalente a la suma de los presupuestos anuales de Sanidad y Educación.
Por otra parte, el informe destaca que en el mercado existe una necesidad desatendida de productos de inversión con las características que ofrecen estos proyectos de financiación en términos de plazo, rentabilidad, estabilidad, garantías y descorrelación, entre otros.

Ahorro energético y rentabilidad

Para hacer frente a las “barreras sociales, técnicas y administrativas” que existen hoy, Greenward ha diseñado un conjunto de soluciones que conectan a propietarios de inmuebles e inversores. La primera de estas soluciones, lanzada en España es el Préstamo para la Activación de Capital Ecológico en Edificios (e-PACE),

Estos préstamos se conceden con unos plazos tan amplios (en torno a 20-25 años) que aseguran a los propietarios de los inmuebles la recuperación de la inversión por la vía de los ahorros energéticos conseguidos mediante distintas actuaciones. Entre ellas, la instalación de techos solares y baterías, la puesta en marcha de sistemas más eficientes de calefacción, aire acondicionado o calentamiento de agua y la mejora de la iluminación.

“Estos largos plazos permiten compartir parte de dichos ahorros con el propietario del edificio y mejorar con ello su posición de caja desde el momento inicial del proyecto. Desde el primer año se consiguen flujos positivos de caja”, dice De Roda.

Para los inversores a largo plazo, como fondos de pensiones o aseguradoras, la solución de Greenward ofrece una opción de renta fija, descorrelacionada de la situación económica y con rentabilidades atractivas, a la vez que cumple con los requisitos de inversión sostenible bajo los criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en inglés).

“Los fondos de pensiones y otras instituciones gestoras de ahorro de largo plazo son los mejores aliados de la inversión en eficiencia energética”, apunta De Roda. “Su perfil de inversor de largo plazo los hace más proclives a apoyar la inversión en lo que se denominan megatendencias, entre ellas la defensa medioambiental. Además, la escasa rentabilidad de los productos tradicionales de renta fija está llevando al capital privado a destinar una cuota cada vez mayor hacia lo que se conoce como inversión de impacto”, añade.

Como ejemplo de los resultados generados por estas renovaciones, el informe de Greenward desarrolla como caso de estudio la renovación realizada en 2009 en el Empire State Building, uno de los edificios más emblemáticos de Nueva York y con una superficie similar a la mitad del barrio de Salamanca de Madrid. Con una inversión de 20 millones de dólares se generaron ahorros por valor de 4,4 millones anuales y se logró una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero equivalente a la que se obtendría de sacar 20.000 vehículos de las carreteras en un plazo de 15 años.

Beneficios para la sociedad

Además de la abultada rebaja en las facturas de suministros de energia y agua, Greenward destaca las ventajas sociales y medioambientales de financiar la mejora de la eficiencia energética. “Con estas soluciones no sólo se atienden las necesidades financieras de propietarios e inversores, sino que tambiénse contribuye al interés público general y a la lucha contra el cambio climático y a la mejora de la calidad del airer”, expresan sus fundadores.
“Los beneficios de mayor alcance también incluyen también la reducción de los costes relacionados con enfermedades por la contaminación, el aumento de la productividad laboral gracias a la mejora de las condiciones de trabajo y de vida en el interior de los edificios, y un aumento del número de empleos en el sector de la construcción e industrias afines”, explica Brunet.
En concreto, el informe se refiere a estudios que proyectan la creación de dos millones de puestos de trabajo en el mercado europeo si se eleva un 27% la eficiencia media del parque inmobiliario en comparación con 2005. En el caso de España, la CEOE calcula que podrían generarse 135.000 empleos directos al realizar renovaciones en unas 250.000 viviendas al año, con un promedio de 20.000 euros por cada reforma. Para Greenward, en resumen, la inversión en eficiencia energética en edificios “es una gran oportunidad de dinamizar la economía y generar empleo”.

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