Madrid. – 15 de abril de 2021.- Greenward Partners, primera compañía especializada en la activación del capital ecológico en España, considera enormemente positivo que España vaya a disponer de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, pero lamenta que el texto aprobado por el Congreso de los Diputados, el pasado 8 de abril, suponga una oportunidad perdida en materia de rehabilitación energética:

La rehabilitación energética es una materia tan importante para lograr los objetivos de descarbonización marcados por la Unión Europea, que resulta sorprendente que solo sea objeto de un artículo -el 8- y de escasos puntos repartidos a lo largo de la Ley”.

La Ley carece de medidas concretas que sirvan para impulsar la rehabilitación energética en España y se limita a remitir al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y a la Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación en España (ERESEE) como instrumentos de referencia”.

“No resuelve uno de los grandes obstáculos que frenan el desarrollo de la rehabilitación energética en España: la financiación, sobre todo teniendo en cuenta que las inversiones en esta materia previstas en los diferentes planes del Gobierno resultan insuficientes para lograr la neutralidad climática”. En este sentido, Greenward Partners recuerda que:

 

Valoramos muy positivamente que se haga referencia expresa a la promoción de la eficiencia energética en los edificios habitados por personas en situaciones de vulnerabilidad. Y consideramos que los recursos públicos disponibles para hacer frente a la rehabilitación energéticamente eficiente de edificios y hogares, muy limitados para afrontar las necesidades totales en España, deberían dedicarse mayoritariamente a desarrollar proyectos para los colectivos más vulnerables en cuestión de pobreza energética”. En este sentido, Greenward Partners recuerda que:

“Celebramos la inclusión de las cuestiones de circularidad en el entorno de la construcción y rehabilitación energética que aparece por primera vez en el art.8., aunque echamos en falta la concreción de los parámetros de referencia que se deben cumplir para alcanzar el requisito de tener la menor huella de carbono, máxime cuando se establece como criterio discrecional a las administraciones que otorgarán las licencias y permisos”.

“Aplaudimos las medidas incluidas en el artículo 30 que establecen que los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero se destinen a la financiación de los costes del sector eléctrico para el fomento de las energías renovables, pero no comprendemos que no se incluya también la eficiencia energética como beneficiaria”.

“Valoramos positivamente que se incorpore la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) y confiamos en que, no solo se haga con el fin de facilitar las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en las Comunidades de Propietarios, sino también los proyectos de rehabilitación energética. Además, sería deseable que se adelantara la fecha de modificación propuesta en la LCCTE, dado que se trata de una cuestión urgente, que ha sido reivindicada por el sector de la eficiencia energética desde hace mucho tiempo”.

“Celebramos el planteamiento de reforma del sector eléctrico, incluido en la disposición final decimoquinta y que permitirá la participación de los consumidores en los mercados energéticos, incluida la respuesta de demanda mediante la agregación independiente, así como la generación distribuida”.

Por todo ello, Greenward Partners, confía en que:

Estos aspectos sean tenidos en cuenta y, en su paso por el Senado, el texto del Congreso sea completado con medidas y mecanismos concretos que sirvan para impulsar definitivamente la rehabilitación energética en línea con las directrices marcadas por la Unión Europea. En ese sentido, sería deseable la incorporación de instrumentos que permitan superar el obstáculo de la financiación y que fomenten la colaboración público-privada, que tanto está contribuyendo a la evolución en los países de nuestro entorno”.

Si estás interesado en conocer más en detalle la opinión de Greenward Partners acerca de la LCCTE, por favor, ponte en contacto con nosotros:

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Madrid. – 16 de febrero de 2021.- Es urgente proporcionar mecanismos y herramientas a los ciudadanos, especialmente a aquellos con las rentas más bajas y a los barrios más vulnerables, para afrontar la rehabilitación de sus hogares de cara a lograr las mejores condiciones climáticas, de salud y bienestar, con un menor consumo energético y de manera que sea financieramente viable.

Greenward Partners, primera compañía especializada en la activación del capital ecológico en España aboga por que se articulen con urgencia mecanismos y proyectos de renovación energética en los sectores de población con rentas bajas, para los que una inteligente política de subvención y ayudas que incentiven la entrada de inversión privada es crucial.  Solo mediante la eficiente interacción entre subvenciones, ayudas, garantías y créditos blandos del sector público con financiación en escala desde el sector privado, los colectivos más desfavorecidos podrán acceder a los recursos necesarios para afrontar la rehabilitación energética de los edificios donde viven.

Greenward ha realizado un exhaustivo análisis de la situación macro y las medidas que podrían ayudar a, desde el marco del desarrollo de proyectos de rehabilitación energéticamente eficiente de edificios y hogares, luchar contra la pobreza energética en nuestro país. Algunas de sus principales conclusiones quedan expuestas a continuación.

Situación de pobreza energética en España

Urge optimizar el uso de los recursos públicos

La necesaria confluencia del capital público-privado

Herramientas útiles en la lucha contra la pobreza energética:

Greenward señala una serie de herramientas, inexistentes en nuestro país, que podrían ayudar a paliar el grado de pobreza energética en España haciendo confluir el capital público y el privado de cara a avanzar en rehabilitación energética, poniendo especial foco en los colectivos de rentas más bajas:

Es necesario modificar la Ley del Cambio Climático y Transición Energética

Los ayuntamientos como agentes clave de acceso

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Madrid, 10 de febrero de 2021. Mostrar el valor de la rehabilitación de edificios y la renovación urbana y cómo desarrollar un marco de seguridad jurídica y financiera para propietarios e inversores son elementos necesarios para impulsar el sector de la rehabilitación en España tanto a corto como a largo plazo. Estas son algunas de las principales conclusiones de Rehabilitacción, un debate organizado por el Observatorio 2030 del Consejo Superior del Colegio de Arquitectos de España (CSCAE) y Savills Aguirre Newman, que ha tenido lugar en la sede de la consultora inmobiliaria en Madrid.

El encuentro ha sido moderado por Ángela Baldellou, directora del Observatorio 2030 del CSCAE, y ha contado con la participación de distintos representantes de la industria inmobiliaria, del ámbito económico  y legal, como Juan Pérez Hereza, del Consejo General del Notariado; Fernando de Roda, CEO, fundador y managing partner de Greenward Partners; Javier Martín, director general de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de APCEspaña; Juan Carlos Delrieu, director de Estrategia y Sostenibilidad de la Asociación Española de la Banca (AEB); Valentí Pich, presidente del Consejo General de Economistas de España; Joan Clos, presidente de ASVAL; Alejandro Pestaña, en representación del Consejo General de Administradores de Fincas; Dolores Huerta, directora general de GBCEspaña; Julián Núñez, presidente de SEOPAN, y Susana Cabrera, responsable de Inversiones de Azora.

Para el presidente del CSCAE, Lluís Comerón, la pandemia de Covid19 ha enfrentado a nuestra generación a grandes desafíos, como el medioambiental, y ha considerado imprescindible impulsar una “renovación profunda” de nuestras ciudades para que nuestro país se suba definitivamente al siglo XXI. “En España partimos de una tasa de rehabilitación muy baja debido a la falta de cultura de mantenimiento de nuestros edificios y a la dispersión de la propiedad, que dificulta la toma de decisiones. Para garantizar la eficiencia de los fondos de recuperación de la UE, hay que identificar las barreras que han obstaculizado el desarrollo de la rehabilitación y trabajar por removerlas en un esfuerzo coordinado entre las administraciones y el sector de la edificación”.

Asimismo, Jaime Pascual-Sanchiz, CEO de Savills Aguirre Newman, ha señalado que “las aspiraciones y motivaciones de la sociedad actual son mucho más globales y transversales que hace unos años y comparten algunos objetivos como el freno del cambio climático y la mejora del bienestar”. Por todo ello, ha enfatizado, “desde Savills Aguirre Newman, nuestra determinación es seguir apoyando iniciativas en materia de sostenibilidad y eficiencia energética en el sector inmobiliario y ayudar a que nuestros clientes obtengan la financiación necesaria para cumplir con lo que nos demanda la sociedad como sector”.

La jornada ha servido para exponer las catorce propuestas extraídas de la mesa de trabajo del Observatorio 2030 del CSCAE, que cuenta con algunos de los actores más relevantes del sector inmobiliario y de la construcción y la edificación en España. Todas ellas están enfocadas a dar respuesta al escenario de urgencia en el cual se encuentra el sector de la rehabilitación en el país y a aprovechar el momentum que ofrece la posibilidad de acceder a los fondos europeos de financiación sostenible, como son:

  1. Establecer una regulación que favorezca el crédito verde para la financiación de la rehabilitación de edificios con criterios ecoficientes. Para ello, será necesario impulsar las obras de mejora de eficiencia energética de los edificios y favorecer la toma de decisiones por parte de los propietarios, así como el acceso a la financiación.
  2. Modificar la Ley de Propiedad Horizontal, también para mejorar y facilitar los acuerdos en materia de reformas y mejoras en comunidades con más de un propietario.
  3. Impulsar y mejorar el PACE (préstamo para la activación del capital ecológico), ayudando a que el propio activo genere valor por sí mismo gracias a las mejoras acometidas y evitando así hacer uso de recursos públicos para la financiación de estos proyectos.
  4. Modificar la ley de las haciendas locales para permitir que el capital privado pueda contribuir a financiar los 40.000 millones de euros necesarios para la rehabilitación que recoge el PNIEC.
  5. Incentivar, aumentar la dotación y promover las herramientas públicas existentes, como el Plan Estatal de Vivienda, el Programa PREE, los préstamos ICO o la financiación regional y municipal.
  6. Incentivar y promover las herramientas de gestión privadas, como los fondos privados de inversión en rehabilitación y los créditos bancarios para tales fines, así como las hipotecas verdes y las empresas de servicios energéticos (ESEs).
  7. Incentivar, aumentar y promover las herramientas de gestión público-privadas, impulsando iniciativas como EuroPACE o HousEEnvest.
  8. Aprender, estudiar y analizar el impacto en el mercado español de otros referentes en Europa y promover mesas de trabajo y foros permanentes como AÚNA o los proyectos Ecobonus y Superbonus 110%.
  9. Fijar criterios basados en la taxonomía europea para contar con unas reglas claras y ya establecidas, sin necesidad de crear modelos únicos para España.
  10. Crear un sandbox para valorar qué modificaciones reglamentarias se deben hacer antes de escalar estos productos en el mercado, tal y como ya lo está haciendo en Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con otros sectores como la Banca.
  11. Favorecer el acceso a la financiación bancaria con condiciones reducidas para proyectos de rehabilitación energética para así contribuir a iniciar estos proyectos.
  12. Implantar un sistema de facturación de ahorros energéticos debidamente homologado que permita ver y entender de forma fácil y rápida el valor de la rehabilitación de inmuebles.
  13. Facilitar, por parte del planeamiento, el aprovechamiento de plusvalías urbanísticas debidas a aumentos de edificabilidad y ocupación, según lo establecido en la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas.
  14. Respaldo del sector a la ERESEE 2020 (Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética del sector de la edificación en España) como documento de partida y a diferentes propuestas que facilitarían la entrada del capital privado en la rehabilitación, como son la creación de un Fondo de Garantías para la cobertura de impagos que dote de seguridad al sistema financiero de la rehabilitación, el Plan Nacional de rehabilitación residencial y terciaria, el Plan Nacional de rehabilitación para la edificación pública y el Plan Nacional contra la pobreza energética.

Durante la jornada, los participantes han explicado sus puntos de vista y posibles soluciones para salvar obstáculos y crear desde ya los instrumentos necesarios que en los próximos tres años permitan poner los andamios para que el sector tenga vida durante los próximos 30, mostrando su acuerdo en aspectos como:

Finalmente, al cierre de la sesión, Lluís Comerón, ha recordado que en el Observatorio 2030 del CSCAE están representados más de 500.000 profesionales y que “la suma de las acciones concretas y la visión general de los actores relacionados con el sector de la rehabilitación crea el marco general de trabajo necesario para impulsar iniciativas realizables” que respondan “al reto que asumimos desde la generación actual y que tendrá impacto en la siguiente generación”.

 

Sobre Observatorio 2030 CSCAE

Constituido en octubre de 2018, el Observatorio 2030 del CSCAE es la única mesa con carácter de permanencia que existe dentro del sector de la construcción y la edificación en España. Bajo el paraguas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU, ha conseguido alinear a Administraciones públicas, instituciones, asociaciones empresariales, consejos profesionales, fundaciones y tercer sector, universidades, industria y empresas. La misión del Observatorio 2030 es trabajar, coordinar y consensuar el compromiso de todos los agentes implicados en el diseño, la planificación y la gestión de nuestros pueblos, ciudades y territorios para alcanzar los ODS, pero con la mirada puesta también en el año 2050.

 

Sobre Savills Aguirre Newman

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Mejor Consultora Inmobiliaria en España por 8º año consecutivo (Fuente: Euromoney® Real Estate a +3.200 directivos)

Savills Aguirre Newman somos la consultora internacional de real estate líder en España. Fundada en el Reino Unido en 1855, cotiza en la Bolsa de Londres y cuenta con más de 30 años de presencia en España. Contamos con 500 personas en nuestro país y más de 39.000 en 70 países alrededor del mundo. Con más de 600 oficinas en América, Europa, Asia Pacífico, África y Medio Oriente, en España tenemos oficinas en Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga. Ofrecemos servicios en todos los sectores inmobiliarios en Consultoría, Capital Markets, Agencia, Tenant Representation, Gestión, Valoraciones y Tasaciones, Arquitectura, Urbanismo, Corporate Finance, Debt Advisory, Facility Management y Research.

La Responsabilidad Corporativa de Savills Aguirre Newman se articula en dos dimensiones, la social y la medioambiental. Nuestra sede en España, ubicada en el edificio Castellana 81, cuenta con las certificaciones LEED Oro en diseño interior y es el primer edificio de oficinas WELL de España Standard Oro en la categoría de Core & Shell, lo cual repercute en importantes ahorros de agua y energía, además de proporcionar un máximo confort a los usuarios.

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En Aragón hay 300.000 edificios construidos antes de 1980 y más de la mitad no poseen el aislamiento térmico necesario

Casi el 40% de los edificios construidos en Aragón son anteriores a 1980 y, de ellos, más de la mitad carecen de aislamiento térmico. Esto repercute directamente en la calificación energética obtenida, que en el 80% de los casos se sitúa en niveles muy bajos.

El Gobierno de Aragón sigue avanzando en su apuesta por la eficiencia energética del parque edificatorio de la Comunidad y ha puesto en marcha la convocatoria de ayudas para el Programa de Rehabilitación Energética de Edificios (Programa PREE), procedente del Fondo Nacional de Eficiencia Energética; un total de 8,6 millones de euros que serán destinados a mejorar las calificaciones energéticas a través de tres ejes de actuación: mejoras en la envolvente térmica del edificio, sustitución de energía convencional por renovable en las instalaciones térmicas y mejora en las instalaciones de iluminación interior de las zonas comunes de edificios de cualquier uso para reducir el consumo energético.

Por su parte, el Gobierno de España, en los Presupuestos Generales de 2021, ha incrementado un 368%, gracias a los fondos Europeos, la partida de políticas de vivienda y fomento de la edificación sostenible para que las comunidades puedan afrontar temas medioambientales y de rehabilitación de viviendas. Un monto de 41 millones corresponderá a Aragón y será destinado a la rehabilitación sostenible de viviendas y barrios completos.

La apuesta de la Comunidad por el impulso de la investigación y elaboración de estrategias de mitigación del Cambio Climático es decidida y queda patente en la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático Horizonte 2030. Además, el pasado 5 de junio, coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, se presentó la Consulta Pública previa para la elaboración del Anteproyecto de la Ley Aragonesa de Cambio Climático y Transición.

Pero a pesar de los esfuerzos legislativos y la suma de los recursos públicos que están disponibles, no será suficiente. La hoja de ruta para rehabilitación energética viene constituida por la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España (ERESEE 2020), dentro del Plan de Recuperación elaborado por el MITMA. Según sus datos, Aragón aglutina el 4% de las viviendas españolas que sería necesario incluir en los paquetes de hogares con necesidades de rehabilitación de su envolvente entre 2021 y 2050 para que sean energéticamente eficientes. Se trata en concreto de 271.000 viviendas, de las cuales más de 45.000 deberían intervenirse antes de 2030.

Como explica Eduardo Brunet, fundador y CEO de Greenward, primera empresa dedicada a la activación de capital ecológico en España, “Es imposible que las cuentas públicas financien en solitario la inversión que se necesitará para cumplir los objetivos de eficiencia energética en edificios que exige la Unión Europea. Pero no hay en el mercado productos y estructuras que faciliten la financiación del 100% del coste del proyecto, a largo plazo, a tipos competitivos y bajo modelos estandarizables. Necesitamos normativas eficaces e instituciones especializadas, capaces de dar soluciones innovadoras y canalizar el gran volumen de capital privado que existe proveniente de inversores interesados en apostar por la rehabilitación energéticamente eficiente y que actualmente está infrautilizado”.

En Aragón hay registrados 300.000 edificios construidos antes de 1980, es decir, antes de que se publicara la norma básica de edificación, motivo por el cual más de la mitad de esos edificios carece del aislamiento térmico necesario para poder mantener una temperatura adecuada en su interior.

Las pocas entidades financieras que están presentes en la financiación de estos proyectos otorgan préstamos con plazos máximos de financiación inferiores a 10 años -la media ronda los 6 ó 7 años-. Insuficiente para acometer renovaciones energéticas integrales salvo que la financiación bancaria venga acompañada de un desembolso inicial, en muchas ocasiones, inasumible para los propietarios. Para contextualizar el reto económico, la reforma integral de un edificio de 20 viviendas de 100 m2 con finalidad de eficiencia energética, incluyendo envolvente, calderas y otros elementos, podría superar fácilmente los 300.000 euros.

Urge mayor coordinación y una Ley del Cambio Climático innovadora

Para alcanzar los ambiciosos objetivos estatales y autonómicos de rehabilitación de viviendas será necesario, además de la coordinación entre departamentos a nivel estatal, que se concreten dichos objetivos en las escalas autonómica y local, y diseñar estrategias específicas de despliegue a nivel municipal, en el marco de las necesidades de regeneración urbana de cada localidad.

Para Greenward, los municipios son absolutamente clave para coordinar y focalizar estrategias y el esfuerzo inversor público, actualmente disgregado en diversas fuentes, como el Plan Estatal de Vivienda, las ayudas del IDAE, los fondos FEDER-EDUSI, las subvenciones y proyectos autonómicos y municipales, etc. “Sería necesario que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que el Gobierno de Aragón abrirá a consulta pública en breve incorpore medidas innovadoras para hacer accesibles herramientas que permitan confluir el capital público y el privado de cara a avanzar en rehabilitación energética”, señala Brunet.

PACE, Eco-bonos y Comunidades Energéticas Locales como claves de oportunidad

Greenward está trabajando en los ámbitos institucionales para lograr la incorporación urgente de enmiendas a las nuevas leyes de Cambio Climático y Transición Energética que permitan trasladar a los marcos regulatorios autonómico y nacional modelos que están demostrando importantes éxitos en diferentes países.  Los más significativos:

 

Tanto los préstamos PACE como los Súper Eco-bonos y las CEL tienen un valor añadido muy importante para poder activar de forma inmediata proyectos de renovación energética en aquellos sectores de población con rentas bajas, para los que una inteligente política de subvención y ayudas que incentiven la entrada de inversión privada es crucial. Según los datos de ERESEE, Aragón reúne el 4% de los hogares en situación de pobreza energética existentes en España.

Como señala Eduardo Brunet, “El nuevo mantra de la financiación verde o sostenible que envía Bruselas es el `blended finance´ o la eficiente interacción entre subvenciones, ayudas, garantías y créditos blandos del sector público con financiación en escala desde el sector privado. Solo la correcta e inteligente articulación de estos mecanismos será capaz de atraer los ingentes recursos financieros necesarios en este campo de la rehabilitación energética de edificios”.

Es necesario apostar por vías innovadoras y facilitar la financiación para la rehabilitación energética mediante créditos u otras fórmulas a los propietarios de inmuebles, y focalizar las ayudas públicas en las situaciones de mayor necesidad.

-FIN-

Acerca de Greenward Partners

Greenward Partners es la primera empresa para la activación de capital ecológico en España. Financia proyectos de mejora de eficiencia energética en todo tipo de edificios a través de préstamos que se pagan exclusivamente con los ahorros generados por esas mejoras, con la única garantía adicional de los propios inmuebles. Estos instrumentos de financiación se conocen como Préstamos para la Activación del Capital Ecológico (e-PACE). Asimismo, Greenward desarrolla soluciones y servicios de inteligencia y tecnológicos para la medición, optimización y gestión de los ahorros energéticos en inmuebles; promueve un mercado de negociación de certificados de ahorro energético y aboga por la creación en España de un banco verde  (green bank), un esquema de colaboración público-privada que permita hacer frente al déficit de inversión y financiación de proyectos para la lucha contra el cambio climático y, en particular, para la mejora de la eficiencia energética.

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Más del 53% de las viviendas de la Comunidad Valenciana están situadas en edificios con más de 40 años de antigüedad y, por tanto, construidos antes de 1980, año en el que se aprobaron las normativas sobre eficiencia energética en la edificación.

Esa antigüedad probablemente explique que el 26% de las viviendas registradas por el Institut Valencià de la Competitivitat Empresarial (IVACE) cuentan con la certificación más ineficiente (F y G), una cifra que aumenta hasta el 86% si se incluye la certificación E.

Según los datos de la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España (ERESEE 2020), la Comunidad Valenciana aglutina el 8% de las viviendas españolas que sería necesario incluir en los paquetes de hogares con necesidades de rehabilitación de su envolvente entre 2021 y 2050 para que sean energéticamente eficientes. Un total de 565.849 viviendas, de las que más de 95.000 deberían intervenirse antes de 2030.

Otro dato que pone de manifiesto la necesidad de impulsar planes de mejora de eficiencia energética en la región es que el 19,7% del consumo de energía final en la Comunidad Valenciana corresponde al sector de la edificación.

Pasos de mejora, pero recursos insuficientes

La Generalitat Valenciana está dando importantes pasos para revertir esta situación. Entre ellos el Pla Hàbitat 20-30, aprobado este año, que prevé rehabilitar 150.000 viviendas en la próxima década y reconoce que el 10% de las viviendas principales* requiere de una intervención urgente. El Plan Renhata que, con carácter anual, proporciona ayudas para la rehabilitación y renovación de viviendas, entre otros, con fines de eficiencia energética y cuyo presupuesto en 2020 ha ascendido a 30 millones de euros. También es importante la Estrategia de Cambio Climático y Energía 2030, que acaba de cerrar su fase de consulta pública, y que se constituye como la herramienta fundamental para avanzar hacia una Comunidad Valenciana más sostenible y como la base sobre la que se desarrollarán las políticas y programas en materia medioambiental en la próxima década.

Recientemente se anunciaba, además, la convocatoria de ayudas para el Programa de Rehabilitación Energética de Edificios (PREE), procedente del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que asciende a 26 millones de euros que serán destinados a promover la sostenibilidad del parque edificado de la Comunidad mediante actuaciones de mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica (fachadas); de la eficiencia energética y de utilización de energías renovables en las instalaciones térmicas de calefacción, climatización, ventilación y agua caliente sanitaria; así como de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.

Esta Comunidad también se beneficiará de una partida de 152 millones de euros, de los más de 1.650 millones que espera recibir España en 2021 de los fondos europeos para la rehabilitación sostenible de viviendas y barrios completos, y que ha sido incluida en los Presupuestos Generales del Estado de 2021.

Sin embargo, la suma de los recursos públicos incluidos en todos estos planes y programas de las diferentes administraciones, resultan aún insuficientes para alcanzar los objetivos de descarbonización de la economía marcados por la Unión Europea.

Como explica Eduardo Brunet, fundador y CEO de Greenward, primera empresa dedicada a la activación de capital ecológico en España, “Es imposible que las cuentas públicas financien en solitario la inversión que se necesitará para cumplir los objetivos de eficiencia energética en edificios que exige la Unión Europea. Pero no hay en el mercado productos y estructuras que faciliten la financiación del 100% del coste del proyecto, a largo plazo, a tipos competitivos y bajo modelos estandarizables. Necesitamos normativas eficaces e instituciones especializadas, capaces de dar soluciones innovadoras y canalizar el gran volumen de capital privado que existe proveniente de inversores interesados en apostar por la rehabilitación energéticamente eficiente y que actualmente está infrautilizado”.

Las pocas entidades financieras que están presentes en la financiación de estos proyectos otorgan préstamos con plazos máximos de financiación inferiores a 10 años -la media ronda los 6 ó 7 años-. Insuficiente para acometer renovaciones energéticas integrales salvo que la financiación bancaria venga acompañada de un desembolso inicial, en muchas ocasiones, inasumible para los propietarios. Para contextualizar el reto económico, la reforma integral de un edificio de 20 viviendas de 100 m2 con finalidad de eficiencia energética, incluyendo envolvente, calderas y otros elementos, podría superar fácilmente los 300.000 euros.

La colaboración público-privada es imprescindible para multiplicar los recursos públicos y poder alcanzar los objetivos marcados por la Unión Europea. Sería deseable que la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética de la Comunidad Valenciana, que acaba de cerrar su consulta pública, impulsara esa colaboración.

Urge mayor coordinación y una Ley del Cambio Climático innovadora

Para alcanzar los ambiciosos objetivos estatales y autonómicos de rehabilitación de viviendas será necesario, además de la coordinación entre departamentos a nivel estatal, que se concreten dichos objetivos en las escalas autonómica y local, y diseñar estrategias específicas de despliegue a nivel municipal, en el marco de las necesidades de regeneración urbana de cada localidad.

Para Greenward, los municipios son absolutamente clave para coordinar y focalizar estrategias y el esfuerzo inversor público, actualmente disgregado en diversas fuentes, como el Plan Estatal de Vivienda, las ayudas del IDAE, los fondos FEDER-EDUSI, las subvenciones y proyectos autonómicos y municipales, etc. “Sería necesario que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de la Comunidad Valenciana incorpore medidas innovadoras para hacer accesibles herramientas que permitan confluir el capital público y el privado de cara a avanzar en rehabilitación energética”, señala Brunet.

PACE, Eco-bonos y Comunidades Energéticas Locales como claves de oportunidad

Greenward está trabajando en los ámbitos institucionales para lograr la incorporación urgente de enmiendas a las nuevas leyes de Cambio Climático y Transición Energética que permitan trasladar a los marcos regulatorios autonómico y nacional modelos que están demostrando importantes éxitos en diferentes países.  Los más significativos:

Tanto los préstamos PACE como los Súper Eco-bonos y las CEL tienen un valor añadido muy importante para poder activar de forma inmediata proyectos de renovación energética en aquellos sectores de población con rentas bajas, para los que una inteligente política de subvención y ayudas que incentiven la entrada de inversión privada es crucial. Según los datos de ERESEE, la Comunidad Valenciana supera los 209.000 hogares en situación de pobreza energética, un 8% del total de España.

Como señala Eduardo Brunet, “El nuevo mantra de la financiación verde o sostenible que envía Bruselas es el `blended finance´ o la eficiente interacción entre subvenciones, ayudas, garantías y créditos blandos del sector público con financiación en escala desde el sector privado. Solo la correcta e inteligente articulación de estos mecanismos será capaz de atraer los ingentes recursos financieros necesarios en este campo de la rehabilitación energética de edificios”.

Es necesario apostar por vías innovadoras y facilitar la financiación para la rehabilitación energética mediante créditos u otras fórmulas a los propietarios de inmuebles, y focalizar las ayudas públicas en las situaciones de mayor necesidad.

(*) El total de viviendas principales asciende a 1.986.896, según datos del INE, correspondientes al Censo de 2011.

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Más de 76.000 viviendas en Euskadi necesitarían ser rehabilitadas; el 67% de ellas está ubicado en edificios de más de 40 años de antigüedad

El parque de viviendas del País Vasco es uno de los más antiguos del sur de Europa, con más de un 60% de edificios residenciales construido entre 1940 y 1980, antes de que existieran normativas sobre eficiencia energética en la edificación.

El Gobierno Vasco está dando importantes pasos de mejora. Planea movilizar 8,5 millones de euros en la rehabilitación energética de edificios residenciales privados de más de 40 años hasta el año 2022 tras recibir el visto bueno de la Comisión Europea al proyecto AGREE. A esto se suma su puesta en marcha de ayudas, a través del Ente Vasco de la Energía, gracias a una dotación de 11,3 millones de euros destinados a mejoras en la envolvente de los edificios y a la sustitución de sistemas de energía convencional por renovables. Asimismo, el Plan Zero Plana recientemente anunciado será un importante impulso para la mejora de la eficiencia energética del parque residencial público de vivienda en alquiler; con actuaciones en 136 edificios que albergan alrededor de 7.500 viviendas gestionadas.

También hay que contemplar la parte proporcional que corresponderá a Euskadi de los 27.000 millones de euros que llegarán a España de la UE con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que ayudarán a hacer realidad los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para avanzar en la descarbonización mediante la rehabilitación energética de edificios. Pero, incluso sumando todos, los recursos públicos son insuficientes.

Como explica Eduardo Brunet, fundador y CEO de Greenward, primera empresa dedicada a la activación de capital ecológico en España, “Es imposible que las cuentas públicas financien en solitario la inversión que se necesitará para cumplir los objetivos de eficiencia energética en edificios que exige la Unión Europea. Pero no hay en el mercado productos y estructuras que faciliten la financiación del 100% del coste del proyecto, a largo plazo, a tipos competitivos y bajo modelos estandarizables. Necesitamos normativas eficaces e instituciones especializadas, capaces de dar soluciones innovadoras y canalizar el gran volumen de capital privado que existe proveniente de inversores interesados en apostar por la rehabilitación energéticamente eficiente y que actualmente está infrautilizado.

El Gobierno Vasco aprobará el próximo 29 de diciembre Euskadi Next, el programa de Recuperación y Resiliencia de Euskadi (PRRE 2020-2023), en el que la transición energética y climática es un pilar estratégico. Un marco en el que para Greenward es importante llevar al debate social e institucional la necesidad de hacer confluir el capital público y privado, al igual que lo es extrapolarlo a las consultas que se abran para la que, previsiblemente pronto, será la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética de Euskadi.

Según los últimos datos hechos públicos por el Gobierno Vasco sobre demanda y necesidades de vivienda en Euskadi, se estima en más de 76.000 el número de viviendas que necesitarían ser rehabilitadas; el 67% de ellas ubicado en edificios de más de 40 años de antigüedad y con propietarios de avanzada edad, muchos de ellos con escasos recursos económicos.

Las pocas entidades financieras que están presentes en la financiación de estos proyectos otorgan préstamos con plazos máximos de financiación inferiores a 10 años -la media ronda los 6 ó 7 años-. Insuficiente para acometer renovaciones energéticas integrales salvo que la financiación bancaria venga acompañada de un desembolso inicial, en muchas ocasiones, inasumible para los propietarios. Para contextualizar el reto económico, la reforma integral de un edificio de 20 viviendas de 100 m2 con finalidad de eficiencia energética, incluyendo envolvente, calderas y otros elementos, podría superar fácilmente los 300.000 euros.

Urge mayor coordinación y una Ley del Cambio Climático innovadora

Para alcanzar los ambiciosos objetivos estatales y autonómicos de rehabilitación de viviendas será necesario, además de la coordinación entre departamentos a nivel estatal, que se concreten dichos objetivos en las escalas autonómica y local, y diseñar estrategias específicas de despliegue a nivel municipal, en el marco de las necesidades de regeneración urbana de cada localidad.

Para Greenward, los municipios son absolutamente clave para coordinar y focalizar estrategias y el esfuerzo inversor público, actualmente disgregado en diversas fuentes, como el Plan Estatal de Vivienda, las ayudas del IDAE, los fondos FEDER-EDUSI, las subvenciones y proyectos autonómicos y municipales, etc. “Sería necesario que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que el Gobierno Vasco abrirá a consulta pública en breve incorpore medidas innovadoras para hacer accesibles herramientas que permitan confluir el capital público y el privado de cara a avanzar en rehabilitación energética”, señala Brunet.

PACE, Eco-bonos y Comunidades Energéticas Locales como claves de oportunidad

Greenward está trabajando en los ámbitos institucionales para lograr la incorporación urgente de enmiendas a las nuevas leyes de Cambio Climático y Transición Energética que permitan trasladar a los marcos regulatorios autonómico y nacional modelos que están demostrando importantes éxitos en diferentes países.  Los más significativos:

El modelo, que es intermediado desde el municipio en que se lleve a cabo la rehabilitación, es un mecanismo totalmente voluntario en el que el 100% del coste de las mejoras de la eficiencia de los inmuebles se financia con fondos privados, contra el inmueble -financiación que se traspasa con el inmueble en caso de venta-, con un plazo de amortización de hasta 25 años, un tipo de interés fijo y el único límite en su importe del 20% del valor del edificio. El repago de la financiación se canaliza a través de una contribución local especial no tributaria -una suerte de IBI- que, sin constituir un impuesto nuevo ni una subida de los existentes, goza del beneficio de una hipoteca legal tácita sobre el edificio, gira el ayuntamiento competente, y cuyo importe es equivalente a la cuota de amortización y los intereses de la financiación del proyecto de rehabilitación durante el plazo acordado de financiación.

Tanto los préstamos PACE como los Súper Eco-bonos y las CEL tienen un valor añadido muy importante para poder activar de forma inmediata proyectos de renovación energética en aquellos sectores de población con rentas bajas, para los que una inteligente política de subvención y ayudas que incentiven la entrada de inversión privada es crucial.

Como señala Eduardo Brunet, “El nuevo mantra de la financiación verde o sostenible que envía Bruselas es el `blended finance´ o la eficiente interacción entre subvenciones, ayudas, garantías y créditos blandos del sector público con financiación en escala desde el sector privado. Solo la correcta e inteligente articulación de estos mecanismos será capaz de atraer los ingentes recursos financieros necesarios en este campo de la rehabilitación energética de edificios”.

Es necesario apostar por vías innovadoras y facilitar la financiación para la rehabilitación energética mediante créditos u otras fórmulas a los propietarios de inmuebles, y focalizar las ayudas públicas en las situaciones de mayor necesidad.

-FIN-

Acerca de Greenward Partners

Greenward Partners es la primera empresa para la activación de capital ecológico en España. Financia proyectos de mejora de eficiencia energética en todo tipo de edificios a través de préstamos que se pagan exclusivamente con los ahorros generados por esas mejoras, con la única garantía adicional de los propios inmuebles. Estos instrumentos de financiación se conocen como Préstamos para la Activación del Capital Ecológico (e-PACE). Asimismo, Greenward desarrolla soluciones y servicios de inteligencia y tecnológicos para la medición, optimización y gestión de los ahorros energéticos en inmuebles; promueve un mercado de negociación de certificados de ahorro energético y aboga por la creación en España de un banco verde  (green bank), un esquema de colaboración público-privada que permita hacer frente al déficit de inversión y financiación de proyectos para la lucha contra el cambio climático y, en particular, para la mejora de la eficiencia energética.

Más información en www.greenwardpartners.com

Twitter:@GreenwardP

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GRAYLING

* María Luisa Rodríguez marialuisa.rodriguez@grayling.com

* Natalia Rodríguez natalia.rodriguez@grayling.com

* Carmen Martos carmen.martos@grayling.com

(+34 91 522 10 08)

8 de enero 2021.

Cerca del 50% del parque residencial andaluz fue construido antes de 1980, año en que comenzaron a existir normativas sobre eficiencia energética en la edificación. En términos energéticos, el sector de la edificación representa el principal vértice de consumo energético en la Unión Europea y uno de los principales sectores consumidores de Andalucía (en torno al 20% del consumo de energía final), por lo que, desde una óptica de protección medioambiental, resulta apremiante asumir como prioridad medidas tendentes a reducir el consumo energético en el parque andaluz de edificios, entre ellas, juega un papel esencial la rehabilitación energéticamente eficiente.

La Junta de Andalucía está dando importantes pasos de mejora. Una de sus últimas medidas, recientemente anunciada, es la convocatoria del Programa de incentivos para actuaciones de rehabilitación energética en edificios publicada por la Agencia Andaluza de la Energía, entidad adscrita a las consejerías de Presidencia, Administración Pública e Interior y Hacienda y Financiación Europea. Coordinado a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y gestionado por la entidad pública regional, está dotado con 49,3 millones de euros con la finalidad de reducir el consumo energético bajo criterios de eficiencia y uso de energías renovables, así como activar la rehabilitación energética de los edificios.

También hay que contemplar la parte proporcional que corresponderá a Andalucía de los 27.000 millones de euros que llegarán a España de la UE con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que ayudarán a hacer realidad los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para avanzar en la descarbonización mediante la rehabilitación energética de edificios. Y la recientemente anunciada decisión por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) de destinar 51,2 millones de euros al Programa de Rehabilitación Energética de Edificios (PREE) en Andalucía, la mayor cantidad autonómica del plan, para actuaciones de mejora de la eficiencia enérgica en edificios construidos antes de 2007, un presupuesto cuya gestión será competencia de la Comunidad Autónoma.

Pero, incluso sumando todos, los recursos públicos son insuficientes. La hoja de ruta para rehabilitación energética viene constituida por la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España (ERESEE 2020), dentro del Plan de Recuperación elaborado por el MITMA. Según sus datos, Andalucía aglutina el 13% de las viviendas españolas que sería necesario incluir en los paquetes de hogares con necesidades de rehabilitación de su envolvente entre 2021 y 2050 para que sean energéticamente eficientes. Se trata en concreto de 900.000 viviendas, de las cuales algo más de 150.000 deberían intervenirse antes de 2030.

Como explica Eduardo Brunet, fundador y CEO de Greenward, primera empresa dedicada a la activación de capital ecológico en España, “Es imposible que las cuentas públicas financien en solitario la inversión que se necesitará para cumplir los objetivos de eficiencia energética en edificios que exige la Unión Europea. Pero no hay en el mercado productos y estructuras que faciliten la financiación del 100% del coste del proyecto, a largo plazo, a tipos competitivos y bajo modelos estandarizables. Necesitamos normativas eficaces e instituciones especializadas, capaces de dar soluciones innovadoras y canalizar el gran volumen de capital privado que existe proveniente de inversores interesados en apostar por la rehabilitación energéticamente eficiente y que actualmente está infrautilizado.

La Junta de Andalucía acaba de abrir a consulta pública el Plan Andaluz de Acción por el Clima, uno de los instrumentos que representa el desarrollo normativo de la ley de Cambio Climático de Andalucía aprobado en 2017. Entre los objetivos del plan se encuentran líneas clave como mejorar el ahorro y la eficiencia energética en los edificios, promocionar los barrios inteligentes, energéticamente eficientes y que aprovechen las energías renovables y el fomento de la adaptación al cambio climático en los programas desarrollados en materia de Vivienda y Regeneración Urbana, prestando especial atención a los colectivos más vulnerables. Es el momento de avanzar hacia normativas que abran la vía a la colaboración público-privada para que el parque inmobiliario Andaluz logre cumplir los objetivos marcados por la UE.

Urge mayor coordinación y una Ley del Cambio Climático innovadora

Para alcanzar los ambiciosos objetivos estatales y autonómicos de rehabilitación de viviendas será necesario, además de la coordinación entre departamentos a nivel estatal, que se concreten dichos objetivos en las escalas autonómica y local, y diseñar estrategias específicas de despliegue a nivel municipal, en el marco de las necesidades de regeneración urbana de cada localidad.

Las pocas entidades financieras que están presentes en la financiación privada de estos proyectos otorgan préstamos con plazos máximos de financiación inferiores a 10 años -la media ronda los 6 ó 7 años-. Insuficiente para acometer renovaciones energéticas integrales salvo que la financiación bancaria venga acompañada de un desembolso inicial, en muchas ocasiones, inasumible para los propietarios. Para contextualizar el reto económico, la reforma integral de un edificio de 20 viviendas de 100 m2 con finalidad de eficiencia energética, incluyendo envolvente, calderas y otros elementos, podría superar fácilmente los 300.000 euros.

Para Greenward, los municipios son absolutamente clave para coordinar y focalizar estrategias y el esfuerzo inversor público, actualmente disgregado en diversas fuentes, como el Plan Estatal de Vivienda, las ayudas del IDAE, los fondos FEDER-EDUSI, las subvenciones y proyectos autonómicos y municipales, etc. “Sería necesario que la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética que la Junta de Andalucía elabore incorpore medidas innovadoras para hacer accesibles herramientas que permitan confluir el capital público y el privado de cara a avanzar en rehabilitación energética”, señala Brunet.

PACE, Eco-bonos y Comunidades Energéticas Locales como claves de oportunidad

Greenward está trabajando en los ámbitos institucionales para lograr la incorporación de enmiendas a las nuevas leyes de Cambio Climático y Transición Energética que permitan trasladar a los marcos regulatorios autonómico y nacional modelos que están demostrando importantes éxitos en diferentes países.  Los más significativos:

El modelo, que es intermediado desde el municipio en que se lleve a cabo la rehabilitación, es un mecanismo totalmente voluntario en el que el 100% del coste de las mejoras de la eficiencia de los inmuebles se financia con fondos privados, contra el inmueble -financiación que se traspasa con el inmueble en caso de venta-, con un plazo de amortización de hasta 25 años, un tipo de interés fijo y el único límite en su importe del 20% del valor del edificio. El repago de la financiación se canaliza a través de una contribución local especial no tributaria -una suerte de IBI- que, sin constituir un impuesto nuevo ni una subida de los existentes, goza del beneficio de una hipoteca legal tácita sobre el edificio, gira el ayuntamiento competente, y cuyo importe es equivalente a la cuota de amortización y los intereses de la financiación del proyecto de rehabilitación durante el plazo acordado de financiación.

 

Tanto los préstamos PACE como los Súper Eco-bonos y las CEL tienen además un valor añadido muy importante para poder activar de forma inmediata proyectos de renovación energética en aquellos sectores de población con rentas bajas, para los que una inteligente política de subvención y ayudas que incentiven la entrada de inversión privada es crucial. Según los datos de ERESEE, Andalucía reúne el 19% de los hogares en situación de pobreza energética existentes en España.

Como señala Eduardo Brunet, “El nuevo mantra de la financiación verde o sostenible que envía Bruselas es el `blended finance´ o la eficiente interacción entre subvenciones, ayudas, garantías y créditos blandos del sector público con financiación en escala desde el sector privado. Solo la correcta e inteligente articulación de estos mecanismos será capaz de atraer los ingentes recursos financieros necesarios en este campo de la rehabilitación energética de edificios”.

Es necesario apostar por vías innovadoras y facilitar la financiación para la rehabilitación energética mediante créditos u otras fórmulas a los propietarios de inmuebles, y focalizar las ayudas públicas en las situaciones de mayor necesidad.

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Acerca de Greenward Partners

Greenward Partners es la primera empresa para la activación de capital ecológico en España. Financia proyectos de mejora de eficiencia energética en todo tipo de edificios a través de préstamos que se pagan exclusivamente con los ahorros generados por esas mejoras, con la única garantía adicional de los propios inmuebles. Estos instrumentos de financiación se conocen como Préstamos para la Activación del Capital Ecológico (e-PACE). Asimismo, Greenward desarrolla soluciones y servicios de inteligencia y tecnológicos para la medición, optimización y gestión de los ahorros energéticos en inmuebles; promueve un mercado de negociación de certificados de ahorro energético y aboga por la creación en España de un banco verde  (green bank), un esquema de colaboración público-privada que permita hacer frente al déficit de inversión y financiación de proyectos para la lucha contra el cambio climático y, en particular, para la mejora de la eficiencia energética.

Más información en www.greenwardpartners.com

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Greenward impulsa la incorporación urgente de una enmienda a la Ley de Cambio Climático para incluir el modelo PACE en nuestro marco regulatorio

Madrid, 26 de noviembre 2020. — Los 27.000 millones de euros que llegarán a España de la UE con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ayudarán a hacer realidad los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) del gobierno para avanzar en la descarbonización mediante la rehabilitación energética de edificios. También serán un impulso para avanzar en la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España (ERESEE) elaborada por Fomento hacia la transformación del parque inmobiliario en un modelo de consumo casi nulo antes de 2050. Pero son insuficientes.

Las necesidades de inversión en eficiencia energética en España solo entre 2021 y 2030 superan los 85.000 millones de euros; más de 40.000 de ellos corresponden a proyectos de descarbonización del parque edificado. Es imposible que las cuentas públicas, incluso con el apoyo desde EU Nextgeneration, financien en solitario la inversión que se necesitará en los próximos diez años para cumplir los objetivos de eficiencia energética en edificios que exige la Unión Europea. Esto nos aleja de poder cumplir el objetivo de neutralidad climática en 2050 que marca la institución europea, y para el que El Consejo de Ministros, a propuesta del MITECO, ha aprobado la Estrategia a Largo Plazo para una Economía Española Moderna, Competitiva y Climáticamente Neutra en 2050 (ELP 2050).

A pesar de que la Ley 8/2020 sobre la rehabilitación, regeneración y renovación urbana ha ido potenciando el acceso a subvenciones y la recuperación y eliminación de trabas existentes que hacen cada vez más viable poder afrontar una reforma energética, el crédito privado sigue estando restringido dado que son pocas las entidades financieras que otorgan préstamos a la financiación de comunidades de vecinos y propietarios de inmuebles y edificios.  Un proyecto, además, costoso. A modo de ejemplo, la reforma integral de un edificio de 20 viviendas de 100 m2, incluyendo envolvente, calderas y otros elementos, supondría un desembolso aproximado de 300.000 euros.

Las pocas entidades financieras que están presentes en financiación a estos proyectos en España otorgan préstamos con un tipo de interés que suele ser fijo y con un plazo máximo de financiamiento que suele ser inferior a 10 años -la media aproximada ronda los 6 ó 7 años-. Esto resulta insuficiente para acometer reformas integrales salvo que la financiación bancaria venga acompañada de un desembolso, en muchas ocasiones inasumible para los propietarios. No hay en el mercado productos y estructuras financieras que faciliten la financiación del 100% del coste del proyecto, a largo plazo, a tipos competitivos y bajo modelos estandarizables que disminuyan el riesgo de la operación y permitan su escala.

Necesitamos normativas eficaces e instituciones especializadas que sean capaces de dar soluciones innovadoras y canalizar el gran volumen de capital privado que existe proveniente de inversores interesados en apostar por la rehabilitación energéticamente eficiente y que actualmente está infrautilizado.

Como señala Eduardo Brunet, fundador y CEO de Greenward, “El nuevo mantra de la financiación verde o sostenible que envía Bruselas es el `blended finance´ o la eficiente interacción entre subvenciones, ayudas, garantías y créditos blandos del sector público con financiación en escala desde el sector privado. Solo la correcta e inteligente articulación de estos mecanismos será capaz de atraer los ingentes recursos financieros necesarios en este campo de la rehabilitación energética de edificios. Caer en la tentación de una rápida dilapidación de estas ayudas europeas a través de subvenciones e inversión directa finalista desde el sector público, con seguridad invadiendo espacios donde perfectamente podría entrar el capital privado, sería la perdida de una oportunidad histórica y se alejaría de ese concepto de Nueva Economía que subyace también como pilar del Pacto Verde o EU Next Generation”.

Incorporar préstamos PACE como solución

La vía que ofrece más potencial en este contexto es la de la financiación alternativa a través de fondos y vehículos de financiación especializados, que son capaces de proporcionar una mejor valoración del riesgo implícito del proyecto y no tienen los costes estructurales de los bancos ni las cortapisas que implican sus criterios corrientes de consumo de capital.

Estos financiadores especializados están además en la mejor posición para ofrecer y participar en soluciones y productos de financiación innovadores, como modelos de eficiencia como servicio, sistemas de repayment a través de la factura energética, contratos de compraventa de “negawatios” o sistemas de compensación de edificabilidad, entre otros.

Por eso Greenward está trabajando en los ámbitos institucionales para lograr la incorporación urgente de una enmienda a la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética que se está tramitando y que, previsiblemente, verá la luz el próximo mes de febrero, para poder trasladar a nuestro marco regulatorio el exitoso sistema de financiación PACE -Programa para la Activación de Capital Ecológico en Edificios- operativo ya en numerosos países.

El programa, de colaboración público-privada, permite canalizar el capital privado a la financiación de proyectos de eficiencia, sin desembolso para los propietarios o los gestores de inmuebles, sin coste para la Administración y en condiciones muy atractivas para los inversores a largo plazo en términos de vencimiento, garantías y rentabilidad.

El modelo, que es intermediado desde el municipio en que se lleve a cabo la rehabilitación, es un mecanismo totalmente voluntario de financiación de reformas de eficiencia energética en inmuebles que facilita y abarata, así, el acceso a los fondos necesarios porque mediante los préstamos PACE, el 100% del coste de las mejoras de la eficiencia de los inmuebles se financia con fondos privados, contra el inmueble -financiación que se traspasa con el inmueble en caso de venta-, con un plazo de amortización de hasta 25 años, un tipo de interés fijo y el único límite en su importe del 20% del valor del edificio y que, además, no se acelera en caso de impago.

Con los préstamos PACE, el repayment de la financiación se canaliza a través de una contribución local especial no tributaria -una suerte de IBI- que, sin constituir un impuesto nuevo ni una subida de los existentes, goza del beneficio de una hipoteca legal tácita sobre el edificio, gira el ayuntamiento competente, y cuyo importe es equivalente a la cuota de amortización y los intereses de la financiación del proyecto de rehabilitación durante el plazo acordado de financiación.

Tiene además la ventaja fundamental de considerarse un gasto operativo, no activarse en el balance del propietario del edificio, no requerir gastos de otorgamiento de hipoteca, ser reclamado en caso de impago por la administración tributaria, gozar de una garantía real tacita y no acelerarse en caso de impago (como con el IBI el propietario solo respondería de los últimos tres años).

La experiencia de este mecanismo en otros países -en Estados Unidos se ha otorgado ya financiación por un valor cercano a 7.000 millones de dólares a través del modelo- demuestra que PACE genera beneficios para todos los agentes involucrados: propietarios, inversores, entidades locales y la sociedad en su conjunto.

Otras medidas que ayudarían a los propietarios de inmuebles

Para Greenward, la colaboración estrecha con los municipios, que son las administraciones más cercanas a los propietarios de los inmuebles, será clave, tanto en labores de comunicación, asesoramiento y facilitación de trámites administrativos y licencias, como en la canalización de ayudas que cubran la primera fase de análisis técnicos (auditorías energéticas) de los proyectos de rehabilitación.

Si nos centramos en comunidades vecinales, un amplio colectivo afectado, además de la inclusión de PACE en nuestro marco regulatorio, Greenward también ve imprescindible una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar la toma de decisión en Junta vecinal de las actuaciones necesarias, así como clarificar el carácter preferente de los créditos de la comunidad de propietarios frente a los posibles morosos, y declarar estos proyectos dentro del deber de conservación del edificio (en cuanto activo contaminante) equiparándolo al régimen de reformas de accesibilidad. El departamento de relaciones institucionales de Greenward también trabaja promoviendo una enmienda en este sentido para que sea estudiada por los grupos políticos en la tramitación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Finalmente, a la hora de acometer un proyecto de rehabilitación, los propietarios deben tener en cuenta que las ayudas públicas suelen abonarse una vez terminada la obra y, además, en su mayoría, computan como ingreso en el IRPF. En este sentido, para Greenward es fundamental una reforma fiscal para soslayar esta injusta atribución de rentas.

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Greenward Partners es la primera empresa para la activación de capital ecológico en España. Financia proyectos de mejora de eficiencia energética en todo tipo de edificios a través de préstamos que se pagan exclusivamente con los ahorros generados por esas mejoras, con la única garantía adicional de los propios inmuebles. Estos instrumentos de financiación se conocen como Préstamos para la Activación del Capital Ecológico (e-PACE). Asimismo, Greenward desarrolla soluciones y servicios de inteligencia y tecnológicos para la medición, optimización y gestión de los ahorros energéticos en inmuebles; promueve un mercado de negociación de certificados de ahorro energético y aboga por la creación en España de un banco verde  (green bank), un esquema de colaboración público-privada que permita hacer frente al déficit de inversión y financiación de proyectos para la lucha contra el cambio climático y, en particular, para la mejora de la eficiencia energética.

Más información en www.greenwardpartners.com

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El Gobierno usará las ayudas de Bruselas para mejorar la eficiencia energética de 500.000 casas en tres años, aunque los expertos advierten de que será necesario el capital privado

Parece que ahora sí la rehabilitación del parque de viviendas españolas, ese enorme coladero de energía al que se ha metido poca mano, se pone seria. El Gobierno usará parte de los fondos europeos de recuperación para rehabilitar 500.000 viviendas en tres años. El objetivo es mejorar su eficiencia energética y conseguir la descarbonización del parque edificatorio. En principio, se destinarán 4.500 millones de euros hasta 2023. España ya estaba en el camino con distintos programas, entre ellos el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que contempla rehabilitar 1,2 millones de viviendas hasta 2030, con el objetivo de mejorar su eficiencia energética y combatir el cambio climático.

Es uno de los pilares y prioridades en toda Europa. Los edificios son el primer contaminante del planeta, responsables del 40% del consumo de energía y del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero. La Comisión Europa, que reconocía el pasado octubre que la situación actual no es sostenible, ha aprobado la estrategia llamada Oleada de Renovación, que aspira a duplicar la tasa de rehabilitaciones en la próxima década para recortar las emisiones de gases de efecto invernadero, impulsar la recuperación y reducir la pobreza energética.

En España el asunto es serio y urgente. “Con un parque de 25,6 millones de viviendas y un promedio histórico de rehabilitación en torno a las 28.000 viviendas anuales (aunque en 2019 por fin se superaron las 30.000), tenemos una tasa de rehabilitación anual del 0,11%”, señala Sebastián Molinero, secretario general de Andimac, la Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción. Y pone el foco en lo preocupante de la cuestión: “La obsolescencia edificatoria afecta y merma el principal elemento de ahorro de las familias españolas, la vivienda”.

La tasa en otros países europeos tampoco es muy generosa, de media está entre el 1% o 2%, pero la española hace muy difícil conseguir la neutralidad climática en 2050 (European Green Deal o Pacto Verde Europeo es la estrategia de la Comisión para ser el primer continente climáticamente neutro en esa fecha). De hecho, según el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos (CSCAE), más de 10 millones de viviendas presentan necesidades de rehabilitación en España. Solo un 4% de los edificios cuenta con la certificación energética óptima, y la mayoría, sin aislamientos térmicos en su envolvente, se han convertido en auténticos depredadores de energía. “Las 500.000 viviendas que el Gobierno plantea rehabilitar en tres años son un buen impulso para sentar las bases de la orientación correcta que debe tomar la ola de renovación urbana que es necesaria para transformar nuestros pueblos y ciudades en esta próxima década, optimizando recursos”, señala el presidente del CSCAE, Lluís Comerón.

Riesgos

Pero ojo porque el plan para hacer un buen uso de esos fondos puede hacer aguas. “Las ayudas públicas, por sí solas, no serán suficientes. Será necesario articular una estrecha colaboración con el sector privado”, cree Eduardo Brunet, fundador y consejero delegado de Greenward Partners. “Es necesario atraer capital privado en los plazos e importes necesarios, puesto que en renovación de edificios se estima una necesidad adicional de unos 45.000 millones en los próximos diez años en España para cumplir con los objetivos de eficiencia energética de los edificios establecidos por la Unión Europea”, añade.

Aquí, en la financiación verde, está la patata caliente. El nuevo mantra que viene desde Bruselas es el blended finance o financiación combinada entre subvenciones, ayudas, garantías y créditos blandos del sector público y capital en escala desde el sector privado. “Caer en la tentación de una rápida dilapidación de estas ayudas europeas a través de subvenciones e inversión directa finalista desde el sector público sería la perdida de una oportunidad histórica y se alejaría de ese concepto de nueva economía que subyace también como pilar del Pacto Verde o EU Next Generation”, dice Brunet.

La cuestión es que los proyectos que mayor impacto tienen en el ahorro energético y la descarbonización y, por tanto, con más papeletas para recibir ayudas públicas —han de ser aprobados por Bruselas y sometidos a procesos de verificación—, serán las renovaciones integrales que tratan envolventes, sistemas de climatización y gestión energética inteligente. Estos proyectos de rehabilitación tan ambiciosos pueden conseguir ahorros energéticos de hasta el 70%.

Estas obras son muy costosas para la pobre economía vecinal y, además, las ayudas públicas suelen abonarse una vez está terminada la obra. “De media, cubren en torno al 50% o 60% del coste de las obras, aunque en algunos casos se puede llegar a un porcentaje mayor si se combinan ayudas de diferentes niveles de la Administración”, explica Jorge Saénz de Miera, director de Avanza Credit de Deutsche Bank. Para financiarse los vecinos suelen recurrir a entidades bancarias, aunque no todas están por la labor de cubrir a este colectivo. En Deutsche Bank, “el aislamiento de fachadas representa el 90% de las obras que financiamos dentro del bloque de mejora de la eficiencia energética y el 10% restante son sustitución de calderas de carbón e instalación de placas fotovoltaicas”, comenta Saénz de Miera. Otra opción que tienen los vecinos es la de acudir a una empresa de servicios energéticos, que puede asumir la inversión inicial y recuperarla con los ahorros energéticos generados. El cliente no tiene que afrontar ningún desembolso y desde el comienzo disminuye su consumo energético.

El problema es conseguir financiaciones a largo plazo, más de 15 años o 20 años, para que la totalidad o mayor parte del coste sea cubierto a través de los ahorros energéticos y sin las temidas derramas. En este punto es donde los fondos y vehículos de financiación especializados tienen mucho que decir. “Estos financiadores especializados están en la mejor posición para ofrecer y participar en soluciones y productos innovadores, como modelos de eficiencia como servicio, sistemas de repago a través de la factura energética, contratos de compraventa de negawatios — unidad de medida que cuantifica la potencia ahorrada en un proceso gracias a una tecnología—, o sistemas de compensación de edificabilidad”, opina el fundador de Greenward Partners. Esta compañía propone la traslación a España del sistema de financiación PACE (programa para la activación de capital ecológico en edificios), modelo de colaboración público-privado, intermediado desde el municipio, que permite canalizar los capitales privados e ir a plazos de 20 años.

En Andimac creen que, además de dinero, se necesitan otras palancas de refuerzo para que la rehabilitación coja ritmo. Entre ellas, “es necesario un fondo de garantía diseñado para familias vulnerables y una gestión a nivel nacional sencilla y garantista, lo que generaría enormes sinergias en los costes de comunicación y, al mismo tiempo, su efecto en los consumidores sería mucho mayor”, apunta Molinero. “Sin esto tendremos una bolsa de dinero que se podrá ejecutar”, dice. El CSCAE insiste en que es necesario que la ola de renovación que se ponga en marcha en España con los fondos europeos plantee se plantee de forma integral: desde la vivienda a la regeneración de barrios.

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Greenward Partners presenta Greenward Papers #3 El Valor Real (y por Descubrir) de la Eficiencia Energética.

La valoración que se da a la eficiencia energética se limita a los ahorros que genera en la factura y deja de lado el enorme valor que despliega mucho más allá de este mero ahorro, tanto en su dimensión energética como no energética (la ‘Energía Eficiencia’ y el ‘Servicio Eficiencia’, respectivamente).

Ignorar estos rendimientos de la eficiencia distorsiona el mercado, impide un reparto justo del valor generado entre los distintos agentes y stakeholders y, sobre todo, impide que la eficiencia energética desarrolle todo su potencial en la descarbonización y como fuente de crecimiento de la economía y del empleo, porque penaliza la rentabilidad esperada y los plazos de recuperación de los proyectos de eficiencia.

Ya hay en el mercado tecnología, know how y métodos probados de estimación, medición y valoración de estos beneficios que aportan tanto la Energía como el Servicio Eficiencia, que se analizan en profundidad en este documento.

La sociedad no se puede permitir el lujo de seguir abordando la eficiencia energética con esta miopía1 .

La Energía Eficiencia es una fuente de energía renovable como otra cualquiera y por ello debería ser valorada como tal. Se sitúa en el centro de un nuevo sistema energético emergente que transforma los edificios en Activos Energéticos Distribuidos como edificios eficientes integrados. En la actualidad existen ya protocolos internacionales robustos, fiables y acreditados para medir y verificar la generación de Negavatios (ahorro energético). El valor sistémico de la Energía Eficiencia se puede evaluar y, por tanto,

monetizar a través de la Metodología del Coste Evitado. Mejorar la eficiencia energética es una cuestión de interés público, que merita la revisión del Fondo Nacional de Eficiencia Energética para activar el valor de los “certificados blancos” (certificados de ahorro energético). El esquema MEETS – Metered Energy Efficiency Transaction Structure, desarrollado y con éxito probado en Estados Unidos podría convertirse en la metodología más adecuada para activar/impulsar el valor real (y no recocido) de la eficiencia energética.

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