- Más del 86,5% del parque inmobiliario del archipiélago tiene las peores calificaciones energéticas (E,F y G). Sólo el 1,1% ha logrado la calificación A
- Canarias muestra uno de los indicadores de pobreza energética escondida más altos de España, del 31,64%
- Greenward aboga por incluir en la Ley Canaria de Cambio Climático y Transición Energética modelos que hagan confluir el capital público y el privado para avanzar en la rehabilitación energética de edificios
Según los últimos datos del registro de Comunidades Autónomas en España (2019), Canarias cuenta con 147.258 edificaciones. Más del 86,5% de ese parque inmobiliario tiene las peores calificaciones energéticas (88.118 edificios con calificación G -la más baja-, 12.329 con calificación F y 27.024 con calificación E) lo que le sitúa en una posición muy deficiente por lo que respecta al consumo energético de las viviendas en refrigeración, agua caliente y calefacción por metro cuadrado de superficie útil y la consiguiente alta generación de emisiones de CO2 a la atmósfera debido a estos consumos de energía. Solo el 1,1% del parque edificado canario dispone de calificación energética A.
El Plan de Transición Energética del archipiélago, cuya finalización y aprobación está prevista para los últimos meses de 2021, impulsará la descarbonización de la economía canaria para 2040 y contribuirá al cumplimiento de la futura Ley de Cambio Climático.
En este marco, el Gobierno de Canarias está inmerso en el proceso de Información Pública de la nueva Ley Canaria de Cambio Climático y Transición Energética que, hasta su aprobación final por el Parlamento canario, ha de pasar aún por la aprobación por el Consejo de Gobierno y su envío al Parlamento de Canarias, y la posterior tramitación parlamentaria final. Aún hay tiempo para que la nueva Ley resultante incorpore herramientas y mecanismos que permitan que los proyectos de rehabilitación energética sean accesibles para todos, y muy especialmente para las rentas más bajas.
En este sentido es importante destacar que, según el Informe de Actualización de Indicadores 2020 de pobreza energética publicado por el MITECO, que recoge los datos de 2019, Canarias muestra uno de los indicadores de pobreza energética escondida (HEP) más altos de España, del 31,64%, lo que significa que más de 31 de cada 100 hogares del archipiélago tienen un gasto energético inferior a la mitad de la mediana nacional.
El Gobierno canario ya ha contemplado en el Plan de Transición Energética del archipiélago (PTECan) un enfoque social y dedicará un apartado específico a erradicar la pobreza energética. También prevé una inversión de más de 3.200 millones de euros provenientes de fondos públicos y privados para la estrategia de autoconsumo fotovoltaico. A esta habría que sumar las partidas, aún por especificar en cuantía y plazos, que el Gobierno central destine al archipiélago del Fondo de Recuperación europeo dedicadas a la rehabilitación energética de edificios.
En la actualidad, y hasta que se pongan en marcha las nuevas deducciones anunciadas recientemente por el Gobierno del país, en Canarias las obras de rehabilitación energética de la vivienda habitual cuentan con una deducción de solo el 10%, hasta 7.000 euros de base máxima
Las nuevas ayudas fiscales que están por llegar, sin dejar de ser interesantes, plantean problemas de plazo (se monetizarían al año siguiente de incurrir en la inversión) y tardanza en la adjudicación, especialmente en comunidades de propietarios, ya que puede dilatarse en el tiempo por su complejidad dada la amplia variedad de estructuras jurídicas que pueden ostentar la propiedad y posesión de cada inmueble.
Para apoyar el avance en este sentido, Greenward Partners, la primera empresa de capital ecológico en España, aboga por extrapolar a Canarias la exitosa figura de los Ecobonos como mecanismo de gran valor para hacer financiables proyectos ambiciosos de rehabilitación energética de edificios, algo que resulta imprescindible para que estos proyectos sean accesibles a los propietarios y colectivos con rentas más bajas para los que una inteligente política de subvención y ayudas que incentiven la entrada de inversión privada es crucial.
Para contextualizar el reto económico para el ciudadano al que nos referimos, teniendo en cuenta la instalación de placas fotovoltaicas y las posibles mejoras añadidas en aislamiento térmico, elementos de climatización y sistemas de agua caliente que, pese al clima benigno del archipiélago durante todo el año, serían necesarias para avanzar hacia las “cero emisiones”, hablaríamos de presupuestos normalmente no inferiores a 12.000 euros por vivienda.
Como explica Eduardo Brunet, fundador y CEO de Greenward Partners, “El anuncio sobre los incentivos fiscales con deducciones en el IRPF de hasta el 60% de las cantidades que inviertan los particulares en obras para mejorar la sostenibilidad de su vivienda nos parece una magnífica noticia. Pero la medida ganaría efectividad y alcance si se contemplaran estas bonificaciones fiscales a través de Ecobonos, con los que el reconocimiento de esa desgravación o crédito fiscal por el importe de la inversión en la renovación energética pueda transferirse a inversores que financien la obra y que tengan base imponible suficiente para aprovecharlos”. Con ello se consigue aligerar significativamente el peso de la inversión para el particular al poder disponer de los fondos anticipadamente en lugar de esperar a obtener su compensación como deducción futura del impuesto de la renta.
A esto se suma que la pérdida de recaudación por el crédito fiscal se compensa ampliamente mediante el modelo de Ecobonos con una mayor recaudación por impuestos indirectos, el impulso a la actividad económica del archipiélago y el aporte de importantes contribuciones sociales dada la enorme cantidad de puestos de trabajo -en el archipiélago hay más de 54.000 personas contratadas sólo en el sector de la construcción, colectivo que podría incrementarse gracias a nuevos proyectos de rehabilitación- y flujo de tráfico mercantil que crea, especialmente en el entorno pyme.
Greenward Partners plantea extrapolar a las Islas Canarias este modelo que ya ha demostrado un gran éxito en Italia (bajo nombre Ecobonus). “Sería un paso importante en el esfuerzo que está haciendo el Gobierno autonómico para lograr su objetivo de crear un entorno favorable para la realización de actuaciones de rehabilitación por parte de empresas y particulares a través de una mejora del marco regulatorio y fiscal de la actividad de rehabilitación orientada a alcanzar los retos marcados por el Plan de Recuperación y Resiliencia” explica Brunet.
Como expone Eduardo Brunet, “Actualmente no existen en el mercado español productos y estructuras que faciliten la financiación del 100% del coste de un proyecto de rehabilitación integral, a largo plazo, a tipos competitivos y bajo modelos estandarizables que disminuyan el riesgo de la operación y permitan su escala. Esa ausencia de instrumentos eficientes de financiación y la incertidumbre sobre la consecución real de los ahorros estimados son importantes barreras para que los propietarios, especialmente los de rentas más bajas, se decidan a acometer los necesarios proyectos de rehabilitación para la mejora de la eficiencia energética”.
El modelo de Ecobonos, además de beneficios implícitos para propietarios y gestores inmobiliarios, para el sector de la renovación energética y para las administraciones públicas locales, promueve el empleo y proporciona a los inversores acceso en volumen y escala a proyectos fiables y certificados técnicamente, con un gran loan-to-value, que califican dentro de la taxonomía UE como financiación verde, con rentabilidades a largo plazo muy interesantes.
“El nuevo mantra de la financiación verde o sostenible que envía Bruselas es el `blended finance´ o la eficiente interacción entre subvenciones, ayudas, garantías y créditos blandos del sector público con financiación en escala desde el sector privado. Solo la correcta e inteligente articulación de estos mecanismos será capaz de atraer los ingentes recursos financieros necesarios en este campo de la rehabilitación energética de edificios. Es necesario apostar por vías innovadoras y facilitar la financiación para la rehabilitación energética mediante créditos u otras fórmulas a los propietarios de inmuebles, sobre todo a los de menor poder adquisitivo, y enfocar las ayudas públicas a las situaciones de mayor necesidad” afirma Brunet.
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Acerca de Greenward Partners
Greenward Partners es la primera empresa para la activación de capital ecológico en España. Financia proyectos de mejora de eficiencia energética en todo tipo de edificios a través de préstamos que se pagan exclusivamente con los ahorros generados por esas mejoras, con la única garantía adicional de los propios inmuebles. Estos instrumentos de financiación se conocen como Préstamos para la Activación del Capital Ecológico (e-PACE). Asimismo, Greenward desarrolla soluciones y servicios de inteligencia y tecnológicos para la medición, optimización y gestión de los ahorros energéticos en inmuebles; promueve un mercado de negociación de certificados de ahorro energético y aboga por la creación en España de un banco verde (green bank), un esquema de colaboración público-privada que permita hacer frente al déficit de inversión y financiación de proyectos para la lucha contra el cambio climático y, en particular, para la mejora de la eficiencia energética.
Más información en www.greenwardpartners.com
Twitter:@GreenwardP
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* María Luisa Rodríguez marialuisa.rodriguez@grayling.com
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Madrid. – 15 de abril de 2021.- Greenward Partners, primera compañía especializada en la activación del capital ecológico en España, considera enormemente positivo que España vaya a disponer de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, pero lamenta que el texto aprobado por el Congreso de los Diputados, el pasado 8 de abril, suponga una oportunidad perdida en materia de rehabilitación energética:
“La rehabilitación energética es una materia tan importante para lograr los objetivos de descarbonización marcados por la Unión Europea, que resulta sorprendente que solo sea objeto de un artículo -el 8- y de escasos puntos repartidos a lo largo de la Ley”.
“La Ley carece de medidas concretas que sirvan para impulsar la rehabilitación energética en España y se limita a remitir al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y a la Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación en España (ERESEE) como instrumentos de referencia”.
“No resuelve uno de los grandes obstáculos que frenan el desarrollo de la rehabilitación energética en España: la financiación, sobre todo teniendo en cuenta que las inversiones en esta materia previstas en los diferentes planes del Gobierno resultan insuficientes para lograr la neutralidad climática”. En este sentido, Greenward Partners recuerda que:
- Las necesidades de inversión en eficiencia energética en España para 2021-2030 superan los 85.000 millones de euros y alrededor de la mitad de esa cantidad (más de 40.000 millones) corresponde a proyectos de descarbonización del parque edificado, de acuerdo con las estimaciones del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO).
- El 75% del parque inmobiliario español se construyó antes de que entraran en vigor las primeras Directivas sobre eficiencia energética y el 80% de esos edificios seguirá en pie en 2050. Adicionalmente, 8 de cada 10 edificios son energéticamente ineficientes (calificaciones energéticas E, F o G).
- La tasa de renovación de edificios en España se sitúa en aproximadamente el 0,2%, una cifra que dista mucho del 3% recomendado por la UE. La consecución de ese objetivo supondría un importante impulso a la economía española. Desde el punto de vista del empleo, hoy en día, en España la tasa de ocupación de la rehabilitación es del 2,2%, mientras que en países de nuestro entorno como Portugal, Francia o Italia se sitúa en el 3,9%.
- El sistema de financiación PACE ha sido el principal motor de inversión privada en eficiencia energética por importe superior a 9.000 millones en USA.
“Valoramos muy positivamente que se haga referencia expresa a la promoción de la eficiencia energética en los edificios habitados por personas en situaciones de vulnerabilidad. Y consideramos que los recursos públicos disponibles para hacer frente a la rehabilitación energéticamente eficiente de edificios y hogares, muy limitados para afrontar las necesidades totales en España, deberían dedicarse mayoritariamente a desarrollar proyectos para los colectivos más vulnerables en cuestión de pobreza energética”. En este sentido, Greenward Partners recuerda que:
- El último informe del MITECO publicado en 2020 con la actualización de indicadores de pobreza energética (con datos de 2019), muestra que:
- El 7,6% de la población no pudo mantener una temperatura apropiada en su hogar.
- El 6,6% incurrió en retrasos en el pago de las facturas de los suministros
- El 16,7% de la población tuvo un gasto energético desproporcionado respecto a su nivel de ingresos.
- El 10,6% de los domicilios estaba afectado por la pobreza energética escondida (no consumen energía).
- En total, 10 de cada 100 hogares en España sufrían pobreza energética en 2019.
- Esta situación se ha visto agravada en 2021, por la crisis provocada por la pandemia de COVID-19:
- Solo durante los primeros meses del estado de alarma en España, cerca de 40.000 personas (más de 200 peticiones diarias) habrían solicitado beneficiarse del bono social eléctrico.
- A junio de 2020, según el Boletín de Indicadores Eléctricos de la CNMC, el número de consumidores acogidos al bono social ascendía a 1,3 millones, su máximo histórico.
“Celebramos la inclusión de las cuestiones de circularidad en el entorno de la construcción y rehabilitación energética que aparece por primera vez en el art.8., aunque echamos en falta la concreción de los parámetros de referencia que se deben cumplir para alcanzar el requisito de tener la menor huella de carbono, máxime cuando se establece como criterio discrecional a las administraciones que otorgarán las licencias y permisos”.
“Aplaudimos las medidas incluidas en el artículo 30 que establecen que los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero se destinen a la financiación de los costes del sector eléctrico para el fomento de las energías renovables, pero no comprendemos que no se incluya también la eficiencia energética como beneficiaria”.
“Valoramos positivamente que se incorpore la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) y confiamos en que, no solo se haga con el fin de facilitar las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en las Comunidades de Propietarios, sino también los proyectos de rehabilitación energética. Además, sería deseable que se adelantara la fecha de modificación propuesta en la LCCTE, dado que se trata de una cuestión urgente, que ha sido reivindicada por el sector de la eficiencia energética desde hace mucho tiempo”.
“Celebramos el planteamiento de reforma del sector eléctrico, incluido en la disposición final decimoquinta y que permitirá la participación de los consumidores en los mercados energéticos, incluida la respuesta de demanda mediante la agregación independiente, así como la generación distribuida”.
Por todo ello, Greenward Partners, confía en que:
“Estos aspectos sean tenidos en cuenta y, en su paso por el Senado, el texto del Congreso sea completado con medidas y mecanismos concretos que sirvan para impulsar definitivamente la rehabilitación energética en línea con las directrices marcadas por la Unión Europea. En ese sentido, sería deseable la incorporación de instrumentos que permitan superar el obstáculo de la financiación y que fomenten la colaboración público-privada, que tanto está contribuyendo a la evolución en los países de nuestro entorno”.
Si estás interesado en conocer más en detalle la opinión de Greenward Partners acerca de la LCCTE, por favor, ponte en contacto con nosotros:
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Madrid. – 16 de febrero de 2021.- Es urgente proporcionar mecanismos y herramientas a los ciudadanos, especialmente a aquellos con las rentas más bajas y a los barrios más vulnerables, para afrontar la rehabilitación de sus hogares de cara a lograr las mejores condiciones climáticas, de salud y bienestar, con un menor consumo energético y de manera que sea financieramente viable.
Greenward Partners, primera compañía especializada en la activación del capital ecológico en España aboga por que se articulen con urgencia mecanismos y proyectos de renovación energética en los sectores de población con rentas bajas, para los que una inteligente política de subvención y ayudas que incentiven la entrada de inversión privada es crucial. Solo mediante la eficiente interacción entre subvenciones, ayudas, garantías y créditos blandos del sector público con financiación en escala desde el sector privado, los colectivos más desfavorecidos podrán acceder a los recursos necesarios para afrontar la rehabilitación energética de los edificios donde viven.
Greenward ha realizado un exhaustivo análisis de la situación macro y las medidas que podrían ayudar a, desde el marco del desarrollo de proyectos de rehabilitación energéticamente eficiente de edificios y hogares, luchar contra la pobreza energética en nuestro país. Algunas de sus principales conclusiones quedan expuestas a continuación.
Situación de pobreza energética en España
- A consecuencia de la crisis Covid-19, solo durante los primeros meses del estado de alarma en España, cerca de 40.000 personas (más de 200 peticiones diarias) habrían solicitado beneficiarse del bono social eléctrico, el principal programa público destinado a compensar los gastos de suministro de energía para usos térmicos como calefacción, agua caliente sanitaria o cocina, según datos del Ministerio de Transición Ecológica.
- A junio de 2020, según el Boletín de Indicadores Eléctricos de la CNMC, el número de consumidores acogidos al bono social ascendía a 1,3 millones, su máximo histórico.
- Con una cifra de consumidores vulnerables extremos situada también en máximos (620.100), el Gobierno ha decidido destinar más recursos al bono social térmico. La partida impulsada desde el MITECO ha pasado de 95 millones de euros en 2020 a 109 millones en 2021, lo que implica un incremento superior al 15%.
- El último informe del MITECO publicado en 2020 con la actualización de indicadores de pobreza energética (con datos de 2019), muestra que:
- El 7,6% de la población no pudo mantener una temperatura apropiada en su hogar.
- El 6,6% incurrió en retrasos en el pago de las facturas de los suministros
- El 16,7% de la población tuvo un gasto energético desproporcionado respecto a su nivel de ingresos.
- El 10,6% de los domicilios estaba afectado por la pobreza energética escondida (no consumen energía).
- En total, 10 de cada 100 hogares en España sufrían pobreza energética en 2019.
Urge optimizar el uso de los recursos públicos
- Los recursos públicos disponibles para hacer frente a la rehabilitación energéticamente eficiente de edificios y hogares, muy limitados para afrontar las necesidades totales en España, deberían dedicarse mayoritariamente a desarrollar proyectos para los colectivos más vulnerables en cuestión de pobreza energética.
- Los principales objetivos vinculantes para la UE en 2030 en materia de energía son: 55% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990 y, según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) que ha presentado España a la UE, lograr un 39,5% de mejora en eficiencia energética.
- Sólo para el sector de la edificación, el objetivo en 2030 en España es disminuir el consumo de energía final en 43.464 GWh respecto al consumo actual, correspondiendo el 73,7% de esta reducción a los usos térmicos. El 60,7% del objetivo de disminución del consumo se concentra en el sector residencial, donde se prevé la rehabilitación de la envolvente de 1,2 millones de viviendas y la sustitución de más de 3,5 millones de sistemas de calefacción y agua caliente. Sin embargo, en 2019 se realizaron tan solo 31.000 renovaciones al año en España, según información de visados de reforma publicada por el MITMA).
- Para contextualizar el reto económico, la reforma integral de un edificio de 20 viviendas de 100 m2 con finalidad de eficiencia energética, incluyendo envolvente, calderas de calefacción y agua caliente y otros elementos, podría superar fácilmente los 300.000 euros. Los costes de estudio, asistencia técnica y puesta en marcha de una renovación energética pueden ser muy elevados y disuasorios. Para los ciudadanos económicamente más desfavorecidos y las comunidades vecinales de los barrios más degradados, el reto es imposible de superar.
- Las necesidades de inversión en eficiencia energética en España para 2021-2030 superan los 85.000 millones de euros; más de 40.000 de ellos corresponden a proyectos de descarbonización del parque edificado. Es imposible que las cuentas públicas, incluso con el apoyo desde EU Nextgeneration, financien en solitario la inversión que se necesitará en los próximos diez años para cumplir los objetivos de eficiencia energética en edificios que exige la Unión Europea. De hecho, el gobierno español ya prevé en el PNIEC y en la ERESEE 2020 que el 80% de estos volúmenes de inversión provengan del sector privado.
- Además, los actuales sistemas de subvenciones públicas no están siendo plenamente efectivos porque sus importes son muy limitados, implican trámites administrativos complejos y largos, y el beneficiario ha de anticipar la inversión.
- De cara a la financiación, los proyectos integrales de renovación energética suponen afrontar un coste de inversión inicial significativo y con periodos de payback en forma de ahorros energéticos por encima de los 10 años, lo que los convierte en operaciones percibidas por las entidades financieras como poco atractivas por su mayor riesgo y su perfil de inversión de largo plazo.
- No hay en el mercado productos y estructuras que faciliten la financiación del 100% del coste del proyecto, a largo plazo, a tipos de interés competitivos y bajo modelos estandarizables que disminuyan el riesgo de la operación y permitan su desarrollo a escala.
La necesaria confluencia del capital público-privado
- Desde Greenward se aboga por que la participación ciudadana en el sistema energético sea incentivada, acompañada y potenciada desde la Administración Pública, específicamente desde la órbita municipal, la más cercana al ciudadano, a través de una estrategia holística de información, capacitación, ayudas técnicas y, en casos de comunidades en sector de baja renta, una inteligente política de subvención y ayudas que incentiven la entrada de inversión privada.
Herramientas útiles en la lucha contra la pobreza energética:
Greenward señala una serie de herramientas, inexistentes en nuestro país, que podrían ayudar a paliar el grado de pobreza energética en España haciendo confluir el capital público y el privado de cara a avanzar en rehabilitación energética, poniendo especial foco en los colectivos de rentas más bajas:
- Préstamos para la Activación del Capital Ecológico (PACE): instrumento que permite canalizar el capital de inversores institucionales privados para cubrir al 100% la financiación de proyectos de mejora energética de los edificios y sin coste para los propietarios. Los préstamos se pagan a efectos netos con los ahorros generados por las mejoras, con recurso exclusivo contra los propios inmuebles, sin que el propietario asuma la deuda por la totalidad de la inversión a título personal y con la participación del ayuntamiento como agente de recobro. Es el instrumento, de entre los existentes en el mercado internacional, que menor consumo de recursos públicos implica, al viabilizar significativamente la financiación privada mediante el refuerzo de la seguridad jurídica del repago.
- Súper Ecobonos: desgravación o crédito fiscal por el importe de la inversión en renovación que se puede transferir a inversores que financien esta y que tengan base imponible suficiente para aprovecharlos. Ha sido implantado con gran éxito en Italia.
- Medición y monetización de servicios de flexibilidad y demanda que generan los proyectos de eficiencia energética: nuevas estructuras como la propuesta por Greenward en su Paper 3 “MEETS” o similares programas a nivel internacional bajo la denominación de “Pay for Performance” (P4P) que retribuyen además del ahorro, la flexibilidad y posibilidad de reducir y aplanar la curva de demanda, harán más atractivos y viables proyectos a escala en zonas urbanas con independencia de la renta de los propietarios.
- Comunidades Energéticas Locales (CEL): permiten a ciudadanos, autoridades locales y pymes ser socios de proyectos energéticos ligados a renovables y eficiencia energética en sus localidades. Incluyen el derecho de los consumidores a participar en proyectos a través de los cuales puedan producir, consumir, almacenar o vender energías renovables, así como compartir dichas energías en el seno de la comunidad.
- Certificados de Ahorro Energético (CAE): sistema para medir y cuantificar los ahorros obtenidos en proyectos de eficiencia energética, de modo que se puedan monetizar transfiriéndolos a compañías obligadas legalmente al cumplimiento de esas cuotas de ahorro, entre ellas, comercializadoras de gas y electricidad.
- Proyectos de regeneración urbana a escala de barrio: camino ideal y preferente, no solo por las economías de escala que se generan, sino porque habilitando fórmulas de compensación de edificabilidad se puede sufragar una parte muy importante de las actuaciones en esos edificios de baja renta y en situación de pobreza energética. Según los datos de los Catálogos de Barrios Vulnerables de España, ya en 2011, había en España 918 barrios y áreas estadísticas vulnerables en 132 ciudades. La conclusión central de esta investigación es que durante las dos décadas analizadas, los desequilibrios internos de las ciudades españolas aumentaron de forma significativa y continuada, en un doble proceso de incremento y concentración espacial de población vulnerable.
- Banco Verde: entidad que aglutine la inversión púbica y canalice otro tanto de la inversión privada para provocar un efecto multiplicador en la financiación de proyectos de eficiencia energética, promoción de energías limpias y de la economía descarbonizada. En este sentido, Greenward ha elevado a la Administración Pública la posibilidad de transformar en Banco Verde el Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE), dependiente del MITECO, dotándole de nuevas capacidades ejecutivas y aportaciones económicas.
- NOTA: Si se destinaran al banco verde emergente según este modelo las aportaciones anuales con que cuenta el FNEE -de unos 250 millones de euros-, las nuevas aportaciones derivadas del ICO, de las líneas del Banco Europeo de Inversiones, de la participación en el mercado de derechos de emisión y de un recurso extraordinario dentro del plan NextGeneration EU, los fondos podrían superar los 2.000 millones de euros. Mediante la atracción del capital privado, podría multiplicarse por cuatro cada euro de inversión del FNEE en financiación de proyectos de renovación energética, pudiendo superar los 8.000 millones de euros al año.
Es necesario modificar la Ley del Cambio Climático y Transición Energética
- Sería necesario que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que se está tramitando, tanto a nivel nacional como autonómico, incorpore medidas para hacer accesibles estas herramientas que permitan confluir el capital público y el privado de cara a la rehabilitación energéticamente eficiente, con especial referencia a los ciudadanos que sufren pobreza energética.
- La implantación en nuestra legislación de estos esquemas de colaboración público-privada ayudaría a transformar el panorama energético español y serían un arma de gran eficacia para disminuir las tasas de pobreza energética, porque hay un enorme volumen de recursos financieros en manos de capital privado (fondos de pensiones y otros inversores institucionales, principalmente) que demandan proyectos de inversión “verde”, estable, sostenible y a largo plazo.
- España necesita normativas eficaces e instituciones especializadas que sean capaces de dar soluciones innovadoras y canalizar eficientemente estos ingentes recursos del ahorro privado que actualmente están infrautilizados.
Los ayuntamientos como agentes clave de acceso
- Para alcanzar los ambiciosos objetivos estatales y autonómicos de rehabilitación de viviendas será necesario, además de la coordinación entre departamentos a nivel estatal, que se concreten dichos objetivos en las escalas autonómica y local, y diseñar estrategias específicas de despliegue a nivel municipal, en el marco de las necesidades de regeneración urbana de cada localidad.
- Los municipios son absolutamente clave para coordinar y focalizar estrategias y el esfuerzo inversor público, actualmente disgregado en diversas fuentes, como el Plan Estatal de Vivienda, las ayudas del IDAE, los fondos FEDER-EDUSI, las subvenciones y proyectos autonómicos y municipales, etc.
- Los municipios adquieren especial protagonismo en el modelo de financiación PACE, cuya adopción es voluntaria y requiere de la estructuración de un Programa de Administración para su correcta implantación a nivel local. Greenward ha elaborado la guía/manual de implantación de un sistema PACE para su divulgación entre ayuntamientos.
Más información en www.greenwardpartners.com
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