8 de enero 2021.

Cerca del 50% del parque residencial andaluz fue construido antes de 1980, año en que comenzaron a existir normativas sobre eficiencia energética en la edificación. En términos energéticos, el sector de la edificación representa el principal vértice de consumo energético en la Unión Europea y uno de los principales sectores consumidores de Andalucía (en torno al 20% del consumo de energía final), por lo que, desde una óptica de protección medioambiental, resulta apremiante asumir como prioridad medidas tendentes a reducir el consumo energético en el parque andaluz de edificios, entre ellas, juega un papel esencial la rehabilitación energéticamente eficiente.

La Junta de Andalucía está dando importantes pasos de mejora. Una de sus últimas medidas, recientemente anunciada, es la convocatoria del Programa de incentivos para actuaciones de rehabilitación energética en edificios publicada por la Agencia Andaluza de la Energía, entidad adscrita a las consejerías de Presidencia, Administración Pública e Interior y Hacienda y Financiación Europea. Coordinado a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y gestionado por la entidad pública regional, está dotado con 49,3 millones de euros con la finalidad de reducir el consumo energético bajo criterios de eficiencia y uso de energías renovables, así como activar la rehabilitación energética de los edificios.

También hay que contemplar la parte proporcional que corresponderá a Andalucía de los 27.000 millones de euros que llegarán a España de la UE con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que ayudarán a hacer realidad los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para avanzar en la descarbonización mediante la rehabilitación energética de edificios. Y la recientemente anunciada decisión por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) de destinar 51,2 millones de euros al Programa de Rehabilitación Energética de Edificios (PREE) en Andalucía, la mayor cantidad autonómica del plan, para actuaciones de mejora de la eficiencia enérgica en edificios construidos antes de 2007, un presupuesto cuya gestión será competencia de la Comunidad Autónoma.

Pero, incluso sumando todos, los recursos públicos son insuficientes. La hoja de ruta para rehabilitación energética viene constituida por la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España (ERESEE 2020), dentro del Plan de Recuperación elaborado por el MITMA. Según sus datos, Andalucía aglutina el 13% de las viviendas españolas que sería necesario incluir en los paquetes de hogares con necesidades de rehabilitación de su envolvente entre 2021 y 2050 para que sean energéticamente eficientes. Se trata en concreto de 900.000 viviendas, de las cuales algo más de 150.000 deberían intervenirse antes de 2030.

Como explica Eduardo Brunet, fundador y CEO de Greenward, primera empresa dedicada a la activación de capital ecológico en España, “Es imposible que las cuentas públicas financien en solitario la inversión que se necesitará para cumplir los objetivos de eficiencia energética en edificios que exige la Unión Europea. Pero no hay en el mercado productos y estructuras que faciliten la financiación del 100% del coste del proyecto, a largo plazo, a tipos competitivos y bajo modelos estandarizables. Necesitamos normativas eficaces e instituciones especializadas, capaces de dar soluciones innovadoras y canalizar el gran volumen de capital privado que existe proveniente de inversores interesados en apostar por la rehabilitación energéticamente eficiente y que actualmente está infrautilizado.”

La Junta de Andalucía acaba de abrir a consulta pública el Plan Andaluz de Acción por el Clima, uno de los instrumentos que representa el desarrollo normativo de la ley de Cambio Climático de Andalucía aprobado en 2017. Entre los objetivos del plan se encuentran líneas clave como mejorar el ahorro y la eficiencia energética en los edificios, promocionar los barrios inteligentes, energéticamente eficientes y que aprovechen las energías renovables y el fomento de la adaptación al cambio climático en los programas desarrollados en materia de Vivienda y Regeneración Urbana, prestando especial atención a los colectivos más vulnerables. Es el momento de avanzar hacia normativas que abran la vía a la colaboración público-privada para que el parque inmobiliario Andaluz logre cumplir los objetivos marcados por la UE.

Urge mayor coordinación y una Ley del Cambio Climático innovadora

Para alcanzar los ambiciosos objetivos estatales y autonómicos de rehabilitación de viviendas será necesario, además de la coordinación entre departamentos a nivel estatal, que se concreten dichos objetivos en las escalas autonómica y local, y diseñar estrategias específicas de despliegue a nivel municipal, en el marco de las necesidades de regeneración urbana de cada localidad.

Las pocas entidades financieras que están presentes en la financiación privada de estos proyectos otorgan préstamos con plazos máximos de financiación inferiores a 10 años -la media ronda los 6 ó 7 años-. Insuficiente para acometer renovaciones energéticas integrales salvo que la financiación bancaria venga acompañada de un desembolso inicial, en muchas ocasiones, inasumible para los propietarios. Para contextualizar el reto económico, la reforma integral de un edificio de 20 viviendas de 100 m2 con finalidad de eficiencia energética, incluyendo envolvente, calderas y otros elementos, podría superar fácilmente los 300.000 euros.

Para Greenward, los municipios son absolutamente clave para coordinar y focalizar estrategias y el esfuerzo inversor público, actualmente disgregado en diversas fuentes, como el Plan Estatal de Vivienda, las ayudas del IDAE, los fondos FEDER-EDUSI, las subvenciones y proyectos autonómicos y municipales, etc. “Sería necesario que la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética que la Junta de Andalucía elabore incorpore medidas innovadoras para hacer accesibles herramientas que permitan confluir el capital público y el privado de cara a avanzar en rehabilitación energética”, señala Brunet.

PACE, Eco-bonos y Comunidades Energéticas Locales como claves de oportunidad

Greenward está trabajando en los ámbitos institucionales para lograr la incorporación de enmiendas a las nuevas leyes de Cambio Climático y Transición Energética que permitan trasladar a los marcos regulatorios autonómico y nacional modelos que están demostrando importantes éxitos en diferentes países.  Los más significativos:

El modelo, que es intermediado desde el municipio en que se lleve a cabo la rehabilitación, es un mecanismo totalmente voluntario en el que el 100% del coste de las mejoras de la eficiencia de los inmuebles se financia con fondos privados, contra el inmueble -financiación que se traspasa con el inmueble en caso de venta-, con un plazo de amortización de hasta 25 años, un tipo de interés fijo y el único límite en su importe del 20% del valor del edificio. El repago de la financiación se canaliza a través de una contribución local especial no tributaria -una suerte de IBI- que, sin constituir un impuesto nuevo ni una subida de los existentes, goza del beneficio de una hipoteca legal tácita sobre el edificio, gira el ayuntamiento competente, y cuyo importe es equivalente a la cuota de amortización y los intereses de la financiación del proyecto de rehabilitación durante el plazo acordado de financiación.

 

Tanto los préstamos PACE como los Súper Eco-bonos y las CEL tienen además un valor añadido muy importante para poder activar de forma inmediata proyectos de renovación energética en aquellos sectores de población con rentas bajas, para los que una inteligente política de subvención y ayudas que incentiven la entrada de inversión privada es crucial. Según los datos de ERESEE, Andalucía reúne el 19% de los hogares en situación de pobreza energética existentes en España.

Como señala Eduardo Brunet, “El nuevo mantra de la financiación verde o sostenible que envía Bruselas es el `blended finance´ o la eficiente interacción entre subvenciones, ayudas, garantías y créditos blandos del sector público con financiación en escala desde el sector privado. Solo la correcta e inteligente articulación de estos mecanismos será capaz de atraer los ingentes recursos financieros necesarios en este campo de la rehabilitación energética de edificios”.

Es necesario apostar por vías innovadoras y facilitar la financiación para la rehabilitación energética mediante créditos u otras fórmulas a los propietarios de inmuebles, y focalizar las ayudas públicas en las situaciones de mayor necesidad.

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Acerca de Greenward Partners

Greenward Partners es la primera empresa para la activación de capital ecológico en España. Financia proyectos de mejora de eficiencia energética en todo tipo de edificios a través de préstamos que se pagan exclusivamente con los ahorros generados por esas mejoras, con la única garantía adicional de los propios inmuebles. Estos instrumentos de financiación se conocen como Préstamos para la Activación del Capital Ecológico (e-PACE). Asimismo, Greenward desarrolla soluciones y servicios de inteligencia y tecnológicos para la medición, optimización y gestión de los ahorros energéticos en inmuebles; promueve un mercado de negociación de certificados de ahorro energético y aboga por la creación en España de un banco verde  (green bank), un esquema de colaboración público-privada que permita hacer frente al déficit de inversión y financiación de proyectos para la lucha contra el cambio climático y, en particular, para la mejora de la eficiencia energética.

Más información en www.greenwardpartners.com

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Greenward Partners presenta Greenward Papers #3 El Valor Real (y por Descubrir) de la Eficiencia Energética.

La valoración que se da a la eficiencia energética se limita a los ahorros que genera en la factura y deja de lado el enorme valor que despliega mucho más allá de este mero ahorro, tanto en su dimensión energética como no energética (la ‘Energía Eficiencia’ y el ‘Servicio Eficiencia’, respectivamente).

Ignorar estos rendimientos de la eficiencia distorsiona el mercado, impide un reparto justo del valor generado entre los distintos agentes y stakeholders y, sobre todo, impide que la eficiencia energética desarrolle todo su potencial en la descarbonización y como fuente de crecimiento de la economía y del empleo, porque penaliza la rentabilidad esperada y los plazos de recuperación de los proyectos de eficiencia.

Ya hay en el mercado tecnología, know how y métodos probados de estimación, medición y valoración de estos beneficios que aportan tanto la Energía como el Servicio Eficiencia, que se analizan en profundidad en este documento.

La sociedad no se puede permitir el lujo de seguir abordando la eficiencia energética con esta miopía1 .

La Energía Eficiencia es una fuente de energía renovable como otra cualquiera y por ello debería ser valorada como tal. Se sitúa en el centro de un nuevo sistema energético emergente que transforma los edificios en Activos Energéticos Distribuidos como edificios eficientes integrados. En la actualidad existen ya protocolos internacionales robustos, fiables y acreditados para medir y verificar la generación de Negavatios (ahorro energético). El valor sistémico de la Energía Eficiencia se puede evaluar y, por tanto,

monetizar a través de la Metodología del Coste Evitado. Mejorar la eficiencia energética es una cuestión de interés público, que merita la revisión del Fondo Nacional de Eficiencia Energética para activar el valor de los “certificados blancos” (certificados de ahorro energético). El esquema MEETS – Metered Energy Efficiency Transaction Structure, desarrollado y con éxito probado en Estados Unidos podría convertirse en la metodología más adecuada para activar/impulsar el valor real (y no recocido) de la eficiencia energética.

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La declaración de emergencia climática por parte el Gobierno español vino acompañada del ambicioso compromiso de poner en marcha en el plazo de cien días las cinco grandes medidas que configuran el eje de su política energética y medioambiental, con el envío al Congreso del Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica (LCCTE) a la cabeza.

La ambición del Gobierno en la lucha contra el cambio climático es innegable y, sin duda, una buena noticia. Sin embargo, se corre el riesgo de no actuar con la rotundidad y la rapidez necesarias para poner en marcha las medidas que permitan conseguir las metas marcadas. Es hora de pasar a la acción legislativa.

Descargar Greenward Paper #2 aquí

 

Greenward Partners ha presentado su Greenward Papers #1 sobre la situación de la Eficiencia Energética en España.

La ausencia de instrumentos atractivos de financiación es el principal obstáculo para llevar a cabo las inversiones en el parque inmobiliario español necesarias para alcanzar los objetivos de eficiencia energética establecidos por la Unión Europea, inversiones que se cifran en más de 40.000 millones para los próximos diez años. Esta es una de las principales conclusiones del informe presentado hoy en Madrid por Greenward Partners, la primera empresa especializada en la “activación de capital ecológico” en España. Los edificios generan un tercio de las emisiones de CO2
Entre otros, la Comisión Europea ha establecido como objetivo una mejora de al menos el 32,5% de la eficiencia energética para 2030 con respecto a los niveles de 2007, en su lucha contra la crisis climática.

Pese a los compromisos alcanzados en el ámbito europeo, “la actividad en renovación de edificios para hacerlos más eficientes y sostenibles ha sido muy escasa hasta la fecha en España”, advierte Eduardo Brunet, CEO de Greenward y precursor en España del venture philantrophy, inversión de impacto social que aplica las prácticas del capital riesgo para la consecución de objetivos filantrópicos.Según Fernando de Roda, managing partner de la compañía, los principales obstáculos se centran en “la ausencia de financiación” para abordar estos proyectos y “la falta de instrumentos reales para monetizar el ahorro energético que se deriva de la inversión en eficiencia energética”.

De acuerdo con el informe de Greenward, cuatro de cada cinco edificios en España (un 82%) son ineficientes desde el punto de vista de la calificación energética y más de la mitad de las viviendas (el 55%) son anteriores a 1980. Es decir, la mayoría de los hogares españoles alcanza o supera los 40 años de antigüedad y, por tanto, ofrecen unos niveles muy reducidos de eficiencia.

Una oportunidad de 85.000 millones

“Existe una clara oportunidad de mercado”, afirma Brunet, que toma como referencia las cifras oficiales del propio Gobierno. De acuerdo con el Ministerio para la Transición Ecológica, España necesitará más de 85.000 millones de euros en los próximos 10 años para financiar proyectos de mejora de la eficiencia energética y alrededor de la mitad de esa cantidad está directamente relacionada con los edificios. En otras palabras, en la próxima década se deberá invertir en estas renovaciones medioambientales en distintos sectores el equivalente a la suma de los presupuestos anuales de Sanidad y Educación.
Por otra parte, el informe destaca que en el mercado existe una necesidad desatendida de productos de inversión con las características que ofrecen estos proyectos de financiación en términos de plazo, rentabilidad, estabilidad, garantías y descorrelación, entre otros.

Ahorro energético y rentabilidad

Para hacer frente a las “barreras sociales, técnicas y administrativas” que existen hoy, Greenward ha diseñado un conjunto de soluciones que conectan a propietarios de inmuebles e inversores. La primera de estas soluciones, lanzada en España es el Préstamo para la Activación de Capital Ecológico en Edificios (e-PACE),

Estos préstamos se conceden con unos plazos tan amplios (en torno a 20-25 años) que aseguran a los propietarios de los inmuebles la recuperación de la inversión por la vía de los ahorros energéticos conseguidos mediante distintas actuaciones. Entre ellas, la instalación de techos solares y baterías, la puesta en marcha de sistemas más eficientes de calefacción, aire acondicionado o calentamiento de agua y la mejora de la iluminación.

“Estos largos plazos permiten compartir parte de dichos ahorros con el propietario del edificio y mejorar con ello su posición de caja desde el momento inicial del proyecto. Desde el primer año se consiguen flujos positivos de caja”, dice De Roda.

Para los inversores a largo plazo, como fondos de pensiones o aseguradoras, la solución de Greenward ofrece una opción de renta fija, descorrelacionada de la situación económica y con rentabilidades atractivas, a la vez que cumple con los requisitos de inversión sostenible bajo los criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en inglés).

“Los fondos de pensiones y otras instituciones gestoras de ahorro de largo plazo son los mejores aliados de la inversión en eficiencia energética”, apunta De Roda. “Su perfil de inversor de largo plazo los hace más proclives a apoyar la inversión en lo que se denominan megatendencias, entre ellas la defensa medioambiental. Además, la escasa rentabilidad de los productos tradicionales de renta fija está llevando al capital privado a destinar una cuota cada vez mayor hacia lo que se conoce como inversión de impacto”, añade.

Como ejemplo de los resultados generados por estas renovaciones, el informe de Greenward desarrolla como caso de estudio la renovación realizada en 2009 en el Empire State Building, uno de los edificios más emblemáticos de Nueva York y con una superficie similar a la mitad del barrio de Salamanca de Madrid. Con una inversión de 20 millones de dólares se generaron ahorros por valor de 4,4 millones anuales y se logró una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero equivalente a la que se obtendría de sacar 20.000 vehículos de las carreteras en un plazo de 15 años.

Beneficios para la sociedad

Además de la abultada rebaja en las facturas de suministros de energia y agua, Greenward destaca las ventajas sociales y medioambientales de financiar la mejora de la eficiencia energética. “Con estas soluciones no sólo se atienden las necesidades financieras de propietarios e inversores, sino que tambiénse contribuye al interés público general y a la lucha contra el cambio climático y a la mejora de la calidad del airer”, expresan sus fundadores.
“Los beneficios de mayor alcance también incluyen también la reducción de los costes relacionados con enfermedades por la contaminación, el aumento de la productividad laboral gracias a la mejora de las condiciones de trabajo y de vida en el interior de los edificios, y un aumento del número de empleos en el sector de la construcción e industrias afines”, explica Brunet.
En concreto, el informe se refiere a estudios que proyectan la creación de dos millones de puestos de trabajo en el mercado europeo si se eleva un 27% la eficiencia media del parque inmobiliario en comparación con 2005. En el caso de España, la CEOE calcula que podrían generarse 135.000 empleos directos al realizar renovaciones en unas 250.000 viviendas al año, con un promedio de 20.000 euros por cada reforma. Para Greenward, en resumen, la inversión en eficiencia energética en edificios “es una gran oportunidad de dinamizar la economía y generar empleo”.

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