Greenward Partners, primera compañía especializada en la activación del capital ecológico en España, considera enormemente positivo que el Congreso de los Diputados haya decidido, en la sesión del pasado jueves 21 de octubre, tramitar como proyecto de ley el Real Decreto-ley de Medidas Urgentes para Impulsar la actividad de Rehabilitación edificatoria (RDL 19/2021).

Según Eduardo Brunet, presidente de Greenward, “Es una gran noticia que el Congreso haya decidido tramitar el Real Decreto-ley como proyecto de ley con el consenso de todos los partidos, al no darse ningún voto en contra, porque permitirá abrir el proceso de mejora de su contenido mediante la presentación de enmiendas y crear un texto más ambicioso que ayude a los ciudadanos a avanzar hacia la rehabilitación energética de sus hogares”.

Para Brunet “Resulta muy satisfactorio que por fin se vaya a hacer realidad una antigua reivindicación del sector de Rehabilitación y es que se desarrolle una pieza legislativa específica para regular esta actividad. Además, esperamos que sirva para mejorar cuestiones como la financiación de los proyectos de rehabilitación energética, mediante la introducción de instrumentos que están siendo utilizados por otros países de nuestro entorno con notable éxito, como es el modelo PACE, y que ayudarían a acelerar la descarbonización del parque edificado en España sin necesidad de destinar más recursos públicos”.

PACE (Programa para la Activación del Capital Ecológico) es un instrumento que permite canalizar el capital de inversores institucionales privados para cubrir las necesidades de financiación de proyectos de mejora energética de los edificios. Los préstamos se pagan con los ahorros generados por las mejoras, con la única garantía de los propios inmuebles a través de una contribución voluntaria girada por el municipio y que no se acelera en caso de impago, por lo que resultan enormemente ventajosos para los ciudadanos, ya que de esta forma no incrementan su deuda y acceso a crédito para otras necesidades. Además, ofrecen rentabilidades atractivas a largo plazo para el inversor.

En Estados Unidos, por ejemplo, el sistema de financiación PACE ha sido el principal motor de inversión privada en eficiencia energética por importe superior a 9.000 millones de dólares.

En los dos últimos años Greenward ha desarrollado un intenso trabajo institucional con grupos parlamentarios, ministerios, gobiernos regionales y ayuntamientos de toda España para comunicar las ventajas de este mecanismo y generar el mayor conocimiento y consenso posible de cara a su puesta en marcha en nuestro país.

Durante la tramitación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética ya se construyó un notable consenso en torno a esta propuesta y se incluyó entre las enmiendas presentadas por varios grupos. En las conversaciones mantenidas con numerosos tomadores de decisiones la compañía pudo constatar que existía buena disposición para respaldar PACE de forma mayoritaria, aunque finalmente no prosperó al considerarse que se trataba de un mecanismo demasiado específico para una norma con vocación más transversal. Como apunta Eduardo Brunet, “creemos que la tramitación del Proyecto de Ley específico sobre la Rehabilitación es el mejor instrumento para lograrlo ya que abre la puerta a que España cuente con los tan necesarios nuevos modelos para canalizar inversión privada y democratizar la rehabilitación energética de edificios y hogares, ahora solo en manos de los más pudientes”, declara Eduardo Brunet.

Greenward confía también en que este nuevo proceso legislativo sirva para introducir otros elementos como los créditos fiscales transferibles, al estilo de los Ecobonus, un instrumento implantado con éxito en Italia que funciona como un crédito fiscal reconocido por el importe de la obra de reforma energética integral en el edificio, que es transferible al inversor que la financie o adquiera bonos representativos de tal financiación, y que servirían para impulsar los programas de rehabilitación energética en barrios de rentas más bajas o con mayor pobreza energética, que no pueden acceder a las desgravaciones a la rehabilitación porque no pueden permitirse adelantar el montante de la obra, ni cuentan con bases imponibles para poder monetizar las desgravaciones fiscales propuestas en el RDL 19/21.

“Ambos instrumentos, PACE y Ecobonus, fueron mencionados por representantes de diferentes grupos parlamentarios durante el debate del pasado jueves como ejemplo de elementos que debería incorporar el texto legislativo, lo que pone de manifiesto el apoyo parlamentario a los mismos y nos hace ser muy optimistas sobre las posibilidades de que el texto definitivo que salga de las Cortes Generales incorpore estas medidas que ya están dando extraordinarios resultados fuera de nuestras fronteras”, valora Brunet.

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* María Luisa Rodríguez marialuisa.rodriguez@grayling.com

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• Más de la mitad de las viviendas del Principado de Asturias se construyó antes de 1981. Cerca del 80,8% del parque edificado tiene una pobre eficiencia energética
• La financiación público-privada y herramientas como los Ecobonos resultan cruciales para impulsar los proyectos de rehabilitación y luchar contra la pobreza energética en Asturias
• La Estrategia para la Rehabilitación Energética de Edificios actualmente en desarrollo abre la puerta a que se exploren nuevas vías de financiación

El parque inmobiliario asturiano data, de media, de los años 70. Un 56% de las viviendas principales se construyó antes de 1981 y de la entrada en vigor de normativas de eficiencia energética en la construcción. Según los últimos datos del registro de Comunidades Autónomas en España (2019), Asturias cuenta con 50.949 edificaciones, de las cuales 12.008 tendrían una calificación «G» ─la más baja─, 6.677 edificios contarían con una calificación «F», y 22.504 con una calificación «E».  Cerca del 80,8% del parque edificado del Principado tiene una eficiencia energética muy por debajo de lo deseado. Solo 296 edificios, menos del 0,6% del total, contarían con la calificación «A», la más alta. Esta situación muestra un amplio campo de mejora en lo que respecta al consumo energético en las viviendas y la reducción de las emisiones de CO₂ del parque inmobiliario asturiano.

No obstante, tal y como recoge el Plan Asturiano de Vivienda 2018-2021, Asturias es la segunda Comunidad Autónoma con mayor porcentaje de edificios rehabilitados, un 68,3%, solo por detrás del País Vasco. Resulta fundamental que las rehabilitaciones se realicen desde la perspectiva de la eficiencia energética, ya que además de ser crucial para el logro de los objetivos y compromisos adquiridos para la descarbonización de la economía regional y nacional en 2050, también favorece el ahorro energético y económico, al tiempo que promueve la salud y el confort. Es necesario, por tanto, favorecer el acceso a la rehabilitación energética a todas las personas, y especialmente a las rentas más bajas y los hogares que se encuentran en una situación de pobreza energética.

En este sentido, de acuerdo con el Informe de Actualización de Indicadores 2020 de pobreza energética publicado por el MITECO, el índice de pobreza energética escondida (HEP) en Asturias en 2019 fue de un 8,01%.  Esto significa que algo más de 8 de cada 100 hogares tiene un gasto energético inferior a la mitad de la mediana nacional.

El Gobierno de Asturias sigue avanzando en su apuesta por la eficiencia energética del parque edificado del Principado. En el mes de marzo de 2021 se amplió el presupuesto asignado al Principado por el Programa PREE de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes en 40 millones de euros, alcanzando un total de algo más de 47,5 millones de euros. Está por definir el presupuesto final que se destinará al Principado de los 6.820 millones de euros para la rehabilitación de viviendas con financiación procedente de los fondos europeos anunciada hace unos meses por el Gobierno central.

En el plano regulatorio del Principado, en enero de 2021 se comenzó a desarrollar la Estrategia para la Rehabilitación Energética de Edificios, iniciativa que se encuentra en la fase de envío de alegaciones, evaluación y estudio interno, paso previo a la aprobación por parte del Consejo de Gobierno, y que tiene en cuenta las líneas de otros planes nacionales como el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia o el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.

La estrategia plantea objetivos energéticos y medioambientales, pero también económicos y de generación de actividad y empleo, sociales y de confort. Contempla medidas, por ejemplo, para la mejora de la envolvente de los edificios, la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas, actuaciones para la mejora de las condiciones energéticas de los edificios públicos y el impulso de la descarbonización de la economía regional.

Pero otro aspecto relevante de la estrategia es, precisamente, que abre la puerta al desarrollo de la colaboración público-privada para el impulso de los proyectos de rehabilitación de edificios y regeneración urbana, lo que permite explorar posibles nuevas vías de financiación de este tipo de proyectos en las que converjan capital público y privado. Una iniciativa celebrada y apoyada desde Greenward Partners, primera empresa de capital ecológico en España, conscientes de que los fondos públicos son insuficientes para hacer frente a las rehabilitaciones necesarias.

En este sentido, Greenward Partners aboga por, entre otras medidas, desarrollar en Asturias la figura de los Ecobonos como mecanismo de gran valor para hacer financiables proyectos de rehabilitación energética de edificios. La herramienta permite hacer accesibles estos proyectos a los propietarios, siendo especialmente útiles para aquellos con rentas bajas.

Como explica Eduardo Brunet, fundador y CEO de Greenward Partners, “El anuncio sobre los incentivos fiscales con deducciones en el IRPF de hasta el 60% de las cantidades que inviertan los particulares en obras para mejorar la sostenibilidad de su vivienda nos parece una magnífica noticia. Pero la medida ganaría efectividad y alcance si se contemplaran estas bonificaciones fiscales a través de Ecobonos, con los que el reconocimiento de esa desgravación o crédito fiscal por el importe de la inversión en la renovación energética pueda transferirse a inversores que financien la obra y que tengan base imponible suficiente para aprovecharlos”. Con el modelo de Ecobonos se consigue aligerar significativamente el peso de la inversión para el particular al poder disponer de los fondos anticipadamente en lugar de esperar a obtener su compensación como deducción futura del impuesto de la renta.

A esto se suma que la pérdida de recaudación por el crédito fiscal se compensa ampliamente mediante el modelo de Ecobonos con una mayor recaudación por impuestos indirectos, el impulso a la actividad económica de la región y el aporte de importantes contribuciones sociales a través de la creación de puestos de trabajo asociados a las rehabilitaciones, objetivos contemplados en la Estrategia.

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Acerca de Greenward Partners

Greenward Partners es la primera empresa para la activación de capital ecológico en España. Financia proyectos de mejora de eficiencia energética en todo tipo de edificios a través de préstamos que se pagan exclusivamente con los ahorros generados por esas mejoras, con la única garantía adicional de los propios inmuebles. Estos instrumentos de financiación se conocen como Préstamos para la Activación del Capital Ecológico (e-PACE). Asimismo, Greenward desarrolla soluciones y servicios de inteligencia y tecnológicos para la medición, optimización y gestión de los ahorros energéticos en inmuebles; promueve un mercado de negociación de certificados de ahorro energético y aboga por la creación en España de un banco verde  (green bank), un esquema de colaboración público-privada que permita hacer frente al déficit de inversión y financiación de proyectos para la lucha contra el cambio climático y, en particular, para la mejora de la eficiencia energética.

Más información en www.greenwardpartners.com

Twitter:@GreenwardP

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• Más del 86,5% del parque inmobiliario del archipiélago tiene las peores calificaciones energéticas (E,F y G). Sólo el 1,1% ha logrado la calificación A
• Canarias muestra uno de los indicadores de pobreza energética escondida más altos de España, del 31,64%
• Greenward aboga por incluir en la Ley Canaria de Cambio Climático y Transición Energética modelos que hagan confluir el capital público y el privado para avanzar en la rehabilitación energética de edificios

Según los últimos datos del registro de Comunidades Autónomas en España (2019), Canarias cuenta con 147.258 edificaciones.  Más del 86,5% de ese parque inmobiliario  tiene las peores calificaciones energéticas (88.118 edificios con calificación G -la más baja-,  12.329 con calificación F y 27.024 con calificación E) lo que le sitúa en una posición muy deficiente por lo que respecta al consumo energético de las viviendas en refrigeración, agua caliente y calefacción por metro cuadrado de superficie útil y la consiguiente alta  generación de emisiones de CO₂ a la atmósfera debido a estos consumos de energía. Solo el 1,1% del parque edificado canario dispone de calificación energética A.

El Plan de Transición Energética del archipiélago, cuya finalización y aprobación está prevista para los últimos meses de 2021, impulsará la descarbonización de la economía canaria para 2040 y contribuirá al cumplimiento de la futura Ley de Cambio Climático.

En este marco, el Gobierno de Canarias está inmerso en el proceso de Información Pública de la nueva Ley Canaria de Cambio Climático y Transición  Energética que, hasta su aprobación final por el Parlamento canario, ha de pasar aún por la aprobación por el Consejo de Gobierno y su envío al Parlamento de Canarias, y la posterior tramitación parlamentaria final. Aún hay tiempo para que la nueva Ley resultante incorpore herramientas y mecanismos que permitan que los proyectos de rehabilitación energética sean accesibles para todos, y muy especialmente para las rentas más bajas.

En este sentido es importante destacar que, según el Informe de Actualización de Indicadores 2020 de pobreza energética publicado por el MITECO, que recoge los datos de 2019, Canarias muestra uno de los indicadores de pobreza energética escondida (HEP) más altos de España, del 31,64%, lo que significa que más de 31 de cada 100 hogares del archipiélago tienen un gasto energético inferior a la mitad de la mediana nacional.

El Gobierno canario ya ha contemplado en el Plan de Transición Energética del archipiélago (PTECan) un enfoque social y dedicará un apartado específico a erradicar la pobreza energética.  También prevé una inversión de más de 3.200 millones de euros provenientes de fondos públicos y privados para la estrategia de autoconsumo fotovoltaico. A esta habría que sumar las partidas, aún por especificar en cuantía y plazos, que el Gobierno central destine al archipiélago del Fondo de Recuperación europeo dedicadas a la rehabilitación energética de edificios.

En la actualidad, y hasta que se pongan en marcha las nuevas deducciones anunciadas recientemente por el Gobierno del país, en Canarias las obras de rehabilitación energética de la vivienda habitual cuentan con una deducción de solo el 10%, hasta 7.000 euros de base máxima

Las nuevas ayudas fiscales que están por llegar,  sin dejar de ser interesantes, plantean problemas de plazo (se monetizarían al año siguiente de incurrir en la inversión) y tardanza en la adjudicación, especialmente en comunidades de propietarios, ya que puede dilatarse en el tiempo por su complejidad dada la amplia variedad de estructuras jurídicas que pueden ostentar la propiedad y posesión de cada inmueble.

Para apoyar el avance en este sentido, Greenward Partners, la primera empresa de capital ecológico en España, aboga por extrapolar a Canarias la exitosa figura de los Ecobonos como mecanismo de gran valor para hacer financiables proyectos ambiciosos de rehabilitación energética de edificios, algo que resulta imprescindible para que estos proyectos sean accesibles a los propietarios y colectivos con rentas más bajas para los que una inteligente política de subvención y ayudas que incentiven la entrada de inversión privada es crucial.

Para contextualizar el reto económico para el ciudadano al que nos referimos, teniendo en cuenta la instalación de placas fotovoltaicas y las posibles mejoras añadidas en aislamiento térmico, elementos de climatización y sistemas de agua caliente que, pese al clima benigno del archipiélago durante todo el año, serían necesarias para avanzar hacia las “cero emisiones”, hablaríamos de presupuestos normalmente no inferiores a 12.000 euros por vivienda.

Como explica Eduardo Brunet, fundador y CEO de Greenward Partners, “El anuncio sobre los incentivos fiscales con deducciones en el IRPF de hasta el 60% de las cantidades que inviertan los particulares en obras para mejorar la sostenibilidad de su vivienda nos parece una magnífica noticia. Pero la medida ganaría efectividad y alcance si se contemplaran estas bonificaciones fiscales a través de Ecobonos, con los que el reconocimiento de esa desgravación o crédito fiscal por el importe de la inversión en la renovación energética pueda transferirse a inversores que financien la obra y que tengan base imponible suficiente para aprovecharlos”. Con ello se consigue aligerar significativamente el peso de la inversión para el particular al poder disponer de los fondos anticipadamente en lugar de esperar a obtener su compensación como deducción futura del impuesto de la renta.

A esto se suma que la pérdida de recaudación por el crédito fiscal se compensa ampliamente mediante el modelo de Ecobonos con una mayor recaudación por impuestos indirectos, el impulso a la actividad económica del archipiélago y el aporte de importantes contribuciones sociales dada la enorme cantidad de puestos de trabajo -en el archipiélago hay más de 54.000 personas contratadas sólo en el sector de la construcción, colectivo que podría incrementarse gracias a nuevos proyectos de rehabilitación- y flujo de tráfico mercantil que crea, especialmente en el entorno pyme.

Greenward Partners plantea extrapolar a las Islas Canarias este modelo que ya ha demostrado un gran éxito en Italia (bajo nombre Ecobonus). “Sería un paso importante en el esfuerzo que está haciendo el Gobierno autonómico para lograr su objetivo de crear un entorno favorable para la realización de actuaciones de rehabilitación por parte de empresas y particulares a través de una mejora del marco regulatorio y fiscal de la actividad de rehabilitación orientada a alcanzar los retos marcados por el Plan de Recuperación y Resiliencia” explica Brunet.

Como expone Eduardo Brunet, “Actualmente no existen en el mercado español productos y estructuras que faciliten la financiación del 100% del coste de un proyecto de rehabilitación integral, a largo plazo, a tipos competitivos y bajo modelos estandarizables que disminuyan el riesgo de la operación y permitan su escala. Esa ausencia de instrumentos eficientes de financiación y la incertidumbre sobre la consecución real de los ahorros estimados son importantes barreras para que los propietarios, especialmente los de rentas más bajas, se decidan a acometer los necesarios proyectos de rehabilitación para la mejora de la eficiencia energética”.

El modelo de Ecobonos, además de beneficios implícitos para propietarios y gestores inmobiliarios, para el sector de la renovación energética y para las administraciones públicas locales, promueve el empleo y proporciona a los inversores acceso en volumen y escala a proyectos fiables y certificados técnicamente, con un gran loan-to-value, que califican dentro de la taxonomía UE como financiación verde, con rentabilidades a largo plazo muy interesantes.

“El nuevo mantra de la financiación verde o sostenible que envía Bruselas es el `blended finance´ o la eficiente interacción entre subvenciones, ayudas, garantías y créditos blandos del sector público con financiación en escala desde el sector privado. Solo la correcta e inteligente articulación de estos mecanismos será capaz de atraer los ingentes recursos financieros necesarios en este campo de la rehabilitación energética de edificios. Es necesario apostar por vías innovadoras y facilitar la financiación para la rehabilitación energética mediante créditos u otras fórmulas a los propietarios de inmuebles, sobre todo a los de menor poder adquisitivo, y enfocar las ayudas públicas a las situaciones de mayor necesidad” afirma Brunet.

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Acerca de Greenward Partners

Greenward Partners es la primera empresa para la activación de capital ecológico en España. Financia proyectos de mejora de eficiencia energética en todo tipo de edificios a través de préstamos que se pagan exclusivamente con los ahorros generados por esas mejoras, con la única garantía adicional de los propios inmuebles. Estos instrumentos de financiación se conocen como Préstamos para la Activación del Capital Ecológico (e-PACE). Asimismo, Greenward desarrolla soluciones y servicios de inteligencia y tecnológicos para la medición, optimización y gestión de los ahorros energéticos en inmuebles; promueve un mercado de negociación de certificados de ahorro energético y aboga por la creación en España de un banco verde  (green bank), un esquema de colaboración público-privada que permita hacer frente al déficit de inversión y financiación de proyectos para la lucha contra el cambio climático y, en particular, para la mejora de la eficiencia energética.

Más información en www.greenwardpartners.com

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• La obsolescencia del parque residencial y el anuncio de los fondos europeos Next Generation EU abren la puerta a la consolidación de un nuevo sector de la rehabilitación energética e integral y la renovación urbana en España
• Mostrar el valor de la rehabilitación de edificios y garantizar la seguridad jurídica y para favorecer la toma de decisiones por parte los propietarios juegan un papel clave para impulsar la actividad
• El debate ha reunido a profesionales del ámbito público y privado en una jornada dedicada a explicar en qué punto nos encontramos, dónde incidir y en qué avanzar juntos para favorecer la rehabilitación a través de mejoras en la financiación sostenible y gestión de las actuaciones de rehabilitación

Madrid, 10 de febrero de 2021. Mostrar el valor de la rehabilitación de edificios y la renovación urbana y cómo desarrollar un marco de seguridad jurídica y financiera para propietarios e inversores son elementos necesarios para impulsar el sector de la rehabilitación en España tanto a corto como a largo plazo. Estas son algunas de las principales conclusiones de Rehabilitacción, un debate organizado por el Observatorio 2030 del Consejo Superior del Colegio de Arquitectos de España (CSCAE) y Savills Aguirre Newman, que ha tenido lugar en la sede de la consultora inmobiliaria en Madrid.

El encuentro ha sido moderado por Ángela Baldellou, directora del Observatorio 2030 del CSCAE, y ha contado con la participación de distintos representantes de la industria inmobiliaria, del ámbito económico  y legal, como Juan Pérez Hereza, del Consejo General del Notariado; Fernando de Roda, CEO, fundador y managing partner de Greenward Partners; Javier Martín, director general de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de APCEspaña; Juan Carlos Delrieu, director de Estrategia y Sostenibilidad de la Asociación Española de la Banca (AEB); Valentí Pich, presidente del Consejo General de Economistas de España; Joan Clos, presidente de ASVAL; Alejandro Pestaña, en representación del Consejo General de Administradores de Fincas; Dolores Huerta, directora general de GBCEspaña; Julián Núñez, presidente de SEOPAN, y Susana Cabrera, responsable de Inversiones de Azora.

Para el presidente del CSCAE, Lluís Comerón, la pandemia de Covid19 ha enfrentado a nuestra generación a grandes desafíos, como el medioambiental, y ha considerado imprescindible impulsar una “renovación profunda” de nuestras ciudades para que nuestro país se suba definitivamente al siglo XXI. “En España partimos de una tasa de rehabilitación muy baja debido a la falta de cultura de mantenimiento de nuestros edificios y a la dispersión de la propiedad, que dificulta la toma de decisiones. Para garantizar la eficiencia de los fondos de recuperación de la UE, hay que identificar las barreras que han obstaculizado el desarrollo de la rehabilitación y trabajar por removerlas en un esfuerzo coordinado entre las administraciones y el sector de la edificación”.

Asimismo, Jaime Pascual-Sanchiz, CEO de Savills Aguirre Newman, ha señalado que “las aspiraciones y motivaciones de la sociedad actual son mucho más globales y transversales que hace unos años y comparten algunos objetivos como el freno del cambio climático y la mejora del bienestar”. Por todo ello, ha enfatizado, “desde Savills Aguirre Newman, nuestra determinación es seguir apoyando iniciativas en materia de sostenibilidad y eficiencia energética en el sector inmobiliario y ayudar a que nuestros clientes obtengan la financiación necesaria para cumplir con lo que nos demanda la sociedad como sector”.

La jornada ha servido para exponer las catorce propuestas extraídas de la mesa de trabajo del Observatorio 2030 del CSCAE, que cuenta con algunos de los actores más relevantes del sector inmobiliario y de la construcción y la edificación en España. Todas ellas están enfocadas a dar respuesta al escenario de urgencia en el cual se encuentra el sector de la rehabilitación en el país y a aprovechar el momentum que ofrece la posibilidad de acceder a los fondos europeos de financiación sostenible, como son:

1. Establecer una regulación que favorezca el crédito verde para la financiación de la rehabilitación de edificios con criterios ecoficientes. Para ello, será necesario impulsar las obras de mejora de eficiencia energética de los edificios y favorecer la toma de decisiones por parte de los propietarios, así como el acceso a la financiación.
2. Modificar la Ley de Propiedad Horizontal, también para mejorar y facilitar los acuerdos en materia de reformas y mejoras en comunidades con más de un propietario.
3. Impulsar y mejorar el PACE (préstamo para la activación del capital ecológico), ayudando a que el propio activo genere valor por sí mismo gracias a las mejoras acometidas y evitando así hacer uso de recursos públicos para la financiación de estos proyectos.
4. Modificar la ley de las haciendas locales para permitir que el capital privado pueda contribuir a financiar los 40.000 millones de euros necesarios para la rehabilitación que recoge el PNIEC.
5. Incentivar, aumentar la dotación y promover las herramientas públicas existentes, como el Plan Estatal de Vivienda, el Programa PREE, los préstamos ICO o la financiación regional y municipal.
6. Incentivar y promover las herramientas de gestión privadas, como los fondos privados de inversión en rehabilitación y los créditos bancarios para tales fines, así como las hipotecas verdes y las empresas de servicios energéticos (ESEs).
7. Incentivar, aumentar y promover las herramientas de gestión público-privadas, impulsando iniciativas como EuroPACE o HousEEnvest.
8. Aprender, estudiar y analizar el impacto en el mercado español de otros referentes en Europa y promover mesas de trabajo y foros permanentes como AÚNA o los proyectos Ecobonus y Superbonus 110%.
9. Fijar criterios basados en la taxonomía europea para contar con unas reglas claras y ya establecidas, sin necesidad de crear modelos únicos para España.
10. Crear un sandbox para valorar qué modificaciones reglamentarias se deben hacer antes de escalar estos productos en el mercado, tal y como ya lo está haciendo en Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con otros sectores como la Banca.
11. Favorecer el acceso a la financiación bancaria con condiciones reducidas para proyectos de rehabilitación energética para así contribuir a iniciar estos proyectos.
12. Implantar un sistema de facturación de ahorros energéticos debidamente homologado que permita ver y entender de forma fácil y rápida el valor de la rehabilitación de inmuebles.
13. Facilitar, por parte del planeamiento, el aprovechamiento de plusvalías urbanísticas debidas a aumentos de edificabilidad y ocupación, según lo establecido en la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas.
14. Respaldo del sector a la ERESEE 2020 (Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética del sector de la edificación en España) como documento de partida y a diferentes propuestas que facilitarían la entrada del capital privado en la rehabilitación, como son la creación de un Fondo de Garantías para la cobertura de impagos que dote de seguridad al sistema financiero de la rehabilitación, el Plan Nacional de rehabilitación residencial y terciaria, el Plan Nacional de rehabilitación para la edificación pública y el Plan Nacional contra la pobreza energética.

Durante la jornada, los participantes han explicado sus puntos de vista y posibles soluciones para salvar obstáculos y crear desde ya los instrumentos necesarios que en los próximos tres años permitan poner los andamios para que el sector tenga vida durante los próximos 30, mostrando su acuerdo en aspectos como:

• El parque inmobiliario de vivienda en España es de los más antiguos de Europa y es necesario actualizarlo a través de rehabilitación. Existe una gran ventana de oportunidades actualmente para y desde el sector con importante incidencia en la generación de empleo.
• Profesionalizar y fortalecer el sector del residencial de alquiler es clave para impulsar la rehabilitación en España porque un mercado de alquiler robusto implica favorecer la rehabilitación y es un signo de madurez del mercado de la vivienda.
• La rehabilitación de edificios debe ir ligada a la renovación urbana, por lo que es necesario contar con el compromiso de todas las administraciones para impulsar estos proyectos.
• Favorecer el acceso a la financiación a través de fórmulas innovadoras, así como impulsar la colaboración público-privada es necesario para el despegue de la actividad de rehabilitación en nuestro país.
• Es necesario desmitificar la idea de que rehabilitar es más caro que construir un edificio nuevo. Hay que clarificar las cuentas de los proyectos de rehabilitación y además mostrar el valor sistémico de estas inversiones ayudará a convencer a los propietarios a apostar por ello.
• Salvar los obstáculos desde el punto de vista jurídico y garantizar la seguridad financiera y jurídica a los propietarios e inversores es imprescindible para alentar el sector de la rehabilitación.
• Es necesario plantear un modelo atractivo tanto en financiación como en fiscalidad.
• La llegada de los fondos europeos para tal fin son una buena oportunidad para apoyar proyectos de rehabilitación en los próximos años, pero sirve para debemos pensar también en el largo plazo.
• La comunicación es clave para impulsar la toma de decisiones e incentivar las acciones de rehabilitación por parte de los propietarios no profesionales y establecer un panorama claro de los beneficios de rehabilitar para activar la demanda de proyectos.

Finalmente, al cierre de la sesión, Lluís Comerón, ha recordado que en el Observatorio 2030 del CSCAE están representados más de 500.000 profesionales y que “la suma de las acciones concretas y la visión general de los actores relacionados con el sector de la rehabilitación crea el marco general de trabajo necesario para impulsar iniciativas realizables” que respondan “al reto que asumimos desde la generación actual y que tendrá impacto en la siguiente generación”.

Sobre Observatorio 2030 CSCAE

Constituido en octubre de 2018, el Observatorio 2030 del CSCAE es la única mesa con carácter de permanencia que existe dentro del sector de la construcción y la edificación en España. Bajo el paraguas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU, ha conseguido alinear a Administraciones públicas, instituciones, asociaciones empresariales, consejos profesionales, fundaciones y tercer sector, universidades, industria y empresas. La misión del Observatorio 2030 es trabajar, coordinar y consensuar el compromiso de todos los agentes implicados en el diseño, la planificación y la gestión de nuestros pueblos, ciudades y territorios para alcanzar los ODS, pero con la mirada puesta también en el año 2050.

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