Madrid, 28 de julio de 2021

El año 2020 fue el más cálido en la Península Ibérica desde el inicio de la serie en 1961*, igualado con 2017 con una temperatura media de 14,8 °C en España; y se prevé que la tendencia empeore en 2021. Los episodios de calor extremo se agudizan y causan alrededor de 1.300 defunciones al año en nuestro país**.

Por esta y otras razones, Greenward, primera empresa de capital ecológico en España, hace una llamada urgente para la puesta en marcha de proyectos integrales de rehabilitación energética de edificios y destaca su importancia como medida necesaria para detener y prevenir situaciones de riesgo extremo para los ciudadanos.

Como explica Eduardo Brunet, fundador y co-CEO de Greenward Partners:Es un hecho que los efectos del calentamiento global y el incremento de las temperaturas en España nos van a poner ante una dura prueba en los próximos años. Ya lo están haciendo. Resulta vital que nuestros edificios estén lo mejor preparados posible cuanto antes. España tiene una tasa de renovación de edificios muy por debajo del 0,3% anual, lejos del 3% recomendado por la UE para cumplir los objetivos de descarbonización del parque edificado que tenemos delante. Estamos obligados con urgencia a reducir el consumo y las emisiones, y lograr la eficiencia energética del parque edificado mediante su rehabilitación es un instrumento clave que tenemos al alcance.

Cerca del 80% de las viviendas españolas tienen una etiqueta energética «E» o inferior; y la situación requeriría inversiones de unos 40.000 millones de euros entre 2021 y 2030 para acometer la rehabilitación energética hacia la descarbonización del parque afectado atendiendo los cálculos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica. Hablamos de proyectos de eficiencia energética que deben plantear actuaciones en la envolvente térmica de los edificios, así como la instalación de techos solares y baterías, calderas, calefacción, aire acondicionado e iluminación más eficientes, sistemas de recuperación de calor y reutilización de agua, entre otros.

Las altas temperaturas y las olas de calor extremo tienen una mayor incidencia negativa en grupos de población urbana en situación de vulnerabilidad, como personas mayores y/o con patologías previas, niños y niñas y mujeres embarazadas. Asimismo, las rentas más bajas son las que menos acceso tienen a la rehabilitación energética de sus hogares y también las más afectadas por los incrementos del precio de la energía necesaria para la climatización, este verano en máximos históricos en España.

En este sentido, la rehabilitación energética se plantea como una solución a medio y largo plazo, ya que reduce la demanda de energía de las viviendas y, por tanto, el gasto, algo crucial si atendemos a un reciente estudio elaborado por Eurostat que señala que, en 2019, el 7,5% de la población (3,52 millones de españoles) se encontraba en situación de pobreza energética. Una cifra que va a incrementarse en 2020-2021 a causa de la pandemia por Covid-19 y sus consecuencias económicas y sociales.

Según Fernando de Roda, fundador y co-CEO de Greenward Partners, Tenemos que ser conscientes de que no todas las rentas pueden acometer proyectos de rehabilitación en las condiciones actuales, por lo que es necesario flexibilizar y eliminar las barreras al acceso. Uno de los grandes escollos es la financiación para la rehabilitación. Los fondos públicos son insuficientes para cubrir las necesidades reales, la inversión anunciada representa apenas el 17% del total necesario, por eso apostamos por promover la confluencia de capital público y privado y ampliar el marco legislativo español para que posibilite instrumentos financieros innovadores y haga accesibles los proyectos de rehabilitación energética a todas las rentas.”

Entre los instrumentos contemplados por Greenward para impulsar la eficiencia energética en el parque inmobiliario español destacan los Ecobonos, como créditos fiscales transferibles que permiten monetizar el valor de la eficiencia; los Préstamos para la Activación del Capital Ecológico (PACE), un sistema de colaboración público-privada que posibilita financiación a muy largo plazo; la creación de un Banco Verde que active mecanismos de mercado orientados a catalizar capital privado conjuntamente con el público; la implantación rápida y sencilla para el ciudadano de las Comunidades Energéticas Locales, y los fondos especializados con mecanismos de garantía para dar cobertura a segmentos más vulnerables.

 

(*) Según el Informe sobre el estado del clima de España 2020 de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

(**) Según las estimaciones realizadas por los investigadores Cristina Linares y Julio Díaz del Departamento de Epidemiología y Bioestadística de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III.

-FIN-

 

Acerca de Greenward

Greenward Partners es la empresa líder en la activación de capital ecológico en España. Greenward por fin hace posible en España proyectos integrales de mejora de eficiencia energética en todo tipo de edificios a través de novedosos instrumentos de financiación que permiten su cancelación exclusivamente con los ahorros generados por esas mejoras, con la única garantía adicional de los propios inmuebles. Estos instrumentos se conocen como Préstamos para la Activación del Capital Ecológico (e-PACE). Asimismo, Greenward desarrolla soluciones y servicios de inteligencia y tecnológicos para la medición, optimización y gestión de los ahorros energéticos en inmuebles; promueve un mercado de negociación de certificados de ahorro energético y aboga por la creación en España de un banco verde  (green bank), un esquema de colaboración público-privada que permita hacer frente al déficit de inversión y financiación de proyectos para la lucha contra el cambio climático y, en particular, para la mejora de la eficiencia energética.

Más información en www.greenwardpartners.com / Twitter:@GreenwardP

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En Aragón hay 300.000 edificios construidos antes de 1980 y más de la mitad no poseen el aislamiento térmico necesario

Casi el 40% de los edificios construidos en Aragón son anteriores a 1980 y, de ellos, más de la mitad carecen de aislamiento térmico. Esto repercute directamente en la calificación energética obtenida, que en el 80% de los casos se sitúa en niveles muy bajos.

El Gobierno de Aragón sigue avanzando en su apuesta por la eficiencia energética del parque edificatorio de la Comunidad y ha puesto en marcha la convocatoria de ayudas para el Programa de Rehabilitación Energética de Edificios (Programa PREE), procedente del Fondo Nacional de Eficiencia Energética; un total de 8,6 millones de euros que serán destinados a mejorar las calificaciones energéticas a través de tres ejes de actuación: mejoras en la envolvente térmica del edificio, sustitución de energía convencional por renovable en las instalaciones térmicas y mejora en las instalaciones de iluminación interior de las zonas comunes de edificios de cualquier uso para reducir el consumo energético.

Por su parte, el Gobierno de España, en los Presupuestos Generales de 2021, ha incrementado un 368%, gracias a los fondos Europeos, la partida de políticas de vivienda y fomento de la edificación sostenible para que las comunidades puedan afrontar temas medioambientales y de rehabilitación de viviendas. Un monto de 41 millones corresponderá a Aragón y será destinado a la rehabilitación sostenible de viviendas y barrios completos.

La apuesta de la Comunidad por el impulso de la investigación y elaboración de estrategias de mitigación del Cambio Climático es decidida y queda patente en la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático Horizonte 2030. Además, el pasado 5 de junio, coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, se presentó la Consulta Pública previa para la elaboración del Anteproyecto de la Ley Aragonesa de Cambio Climático y Transición.

Pero a pesar de los esfuerzos legislativos y la suma de los recursos públicos que están disponibles, no será suficiente. La hoja de ruta para rehabilitación energética viene constituida por la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España (ERESEE 2020), dentro del Plan de Recuperación elaborado por el MITMA. Según sus datos, Aragón aglutina el 4% de las viviendas españolas que sería necesario incluir en los paquetes de hogares con necesidades de rehabilitación de su envolvente entre 2021 y 2050 para que sean energéticamente eficientes. Se trata en concreto de 271.000 viviendas, de las cuales más de 45.000 deberían intervenirse antes de 2030.

Como explica Eduardo Brunet, fundador y CEO de Greenward, primera empresa dedicada a la activación de capital ecológico en España, “Es imposible que las cuentas públicas financien en solitario la inversión que se necesitará para cumplir los objetivos de eficiencia energética en edificios que exige la Unión Europea. Pero no hay en el mercado productos y estructuras que faciliten la financiación del 100% del coste del proyecto, a largo plazo, a tipos competitivos y bajo modelos estandarizables. Necesitamos normativas eficaces e instituciones especializadas, capaces de dar soluciones innovadoras y canalizar el gran volumen de capital privado que existe proveniente de inversores interesados en apostar por la rehabilitación energéticamente eficiente y que actualmente está infrautilizado”.

En Aragón hay registrados 300.000 edificios construidos antes de 1980, es decir, antes de que se publicara la norma básica de edificación, motivo por el cual más de la mitad de esos edificios carece del aislamiento térmico necesario para poder mantener una temperatura adecuada en su interior.

Las pocas entidades financieras que están presentes en la financiación de estos proyectos otorgan préstamos con plazos máximos de financiación inferiores a 10 años -la media ronda los 6 ó 7 años-. Insuficiente para acometer renovaciones energéticas integrales salvo que la financiación bancaria venga acompañada de un desembolso inicial, en muchas ocasiones, inasumible para los propietarios. Para contextualizar el reto económico, la reforma integral de un edificio de 20 viviendas de 100 m2 con finalidad de eficiencia energética, incluyendo envolvente, calderas y otros elementos, podría superar fácilmente los 300.000 euros.

Urge mayor coordinación y una Ley del Cambio Climático innovadora

Para alcanzar los ambiciosos objetivos estatales y autonómicos de rehabilitación de viviendas será necesario, además de la coordinación entre departamentos a nivel estatal, que se concreten dichos objetivos en las escalas autonómica y local, y diseñar estrategias específicas de despliegue a nivel municipal, en el marco de las necesidades de regeneración urbana de cada localidad.

Para Greenward, los municipios son absolutamente clave para coordinar y focalizar estrategias y el esfuerzo inversor público, actualmente disgregado en diversas fuentes, como el Plan Estatal de Vivienda, las ayudas del IDAE, los fondos FEDER-EDUSI, las subvenciones y proyectos autonómicos y municipales, etc. “Sería necesario que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que el Gobierno de Aragón abrirá a consulta pública en breve incorpore medidas innovadoras para hacer accesibles herramientas que permitan confluir el capital público y el privado de cara a avanzar en rehabilitación energética”, señala Brunet.

PACE, Eco-bonos y Comunidades Energéticas Locales como claves de oportunidad

Greenward está trabajando en los ámbitos institucionales para lograr la incorporación urgente de enmiendas a las nuevas leyes de Cambio Climático y Transición Energética que permitan trasladar a los marcos regulatorios autonómico y nacional modelos que están demostrando importantes éxitos en diferentes países.  Los más significativos:

 

Tanto los préstamos PACE como los Súper Eco-bonos y las CEL tienen un valor añadido muy importante para poder activar de forma inmediata proyectos de renovación energética en aquellos sectores de población con rentas bajas, para los que una inteligente política de subvención y ayudas que incentiven la entrada de inversión privada es crucial. Según los datos de ERESEE, Aragón reúne el 4% de los hogares en situación de pobreza energética existentes en España.

Como señala Eduardo Brunet, “El nuevo mantra de la financiación verde o sostenible que envía Bruselas es el `blended finance´ o la eficiente interacción entre subvenciones, ayudas, garantías y créditos blandos del sector público con financiación en escala desde el sector privado. Solo la correcta e inteligente articulación de estos mecanismos será capaz de atraer los ingentes recursos financieros necesarios en este campo de la rehabilitación energética de edificios”.

Es necesario apostar por vías innovadoras y facilitar la financiación para la rehabilitación energética mediante créditos u otras fórmulas a los propietarios de inmuebles, y focalizar las ayudas públicas en las situaciones de mayor necesidad.

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Acerca de Greenward Partners

Greenward Partners es la primera empresa para la activación de capital ecológico en España. Financia proyectos de mejora de eficiencia energética en todo tipo de edificios a través de préstamos que se pagan exclusivamente con los ahorros generados por esas mejoras, con la única garantía adicional de los propios inmuebles. Estos instrumentos de financiación se conocen como Préstamos para la Activación del Capital Ecológico (e-PACE). Asimismo, Greenward desarrolla soluciones y servicios de inteligencia y tecnológicos para la medición, optimización y gestión de los ahorros energéticos en inmuebles; promueve un mercado de negociación de certificados de ahorro energético y aboga por la creación en España de un banco verde  (green bank), un esquema de colaboración público-privada que permita hacer frente al déficit de inversión y financiación de proyectos para la lucha contra el cambio climático y, en particular, para la mejora de la eficiencia energética.

Más información en www.greenwardpartners.com

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Más del 53% de las viviendas de la Comunidad Valenciana están situadas en edificios con más de 40 años de antigüedad y, por tanto, construidos antes de 1980, año en el que se aprobaron las normativas sobre eficiencia energética en la edificación.

Esa antigüedad probablemente explique que el 26% de las viviendas registradas por el Institut Valencià de la Competitivitat Empresarial (IVACE) cuentan con la certificación más ineficiente (F y G), una cifra que aumenta hasta el 86% si se incluye la certificación E.

Según los datos de la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España (ERESEE 2020), la Comunidad Valenciana aglutina el 8% de las viviendas españolas que sería necesario incluir en los paquetes de hogares con necesidades de rehabilitación de su envolvente entre 2021 y 2050 para que sean energéticamente eficientes. Un total de 565.849 viviendas, de las que más de 95.000 deberían intervenirse antes de 2030.

Otro dato que pone de manifiesto la necesidad de impulsar planes de mejora de eficiencia energética en la región es que el 19,7% del consumo de energía final en la Comunidad Valenciana corresponde al sector de la edificación.

Pasos de mejora, pero recursos insuficientes

La Generalitat Valenciana está dando importantes pasos para revertir esta situación. Entre ellos el Pla Hàbitat 20-30, aprobado este año, que prevé rehabilitar 150.000 viviendas en la próxima década y reconoce que el 10% de las viviendas principales* requiere de una intervención urgente. El Plan Renhata que, con carácter anual, proporciona ayudas para la rehabilitación y renovación de viviendas, entre otros, con fines de eficiencia energética y cuyo presupuesto en 2020 ha ascendido a 30 millones de euros. También es importante la Estrategia de Cambio Climático y Energía 2030, que acaba de cerrar su fase de consulta pública, y que se constituye como la herramienta fundamental para avanzar hacia una Comunidad Valenciana más sostenible y como la base sobre la que se desarrollarán las políticas y programas en materia medioambiental en la próxima década.

Recientemente se anunciaba, además, la convocatoria de ayudas para el Programa de Rehabilitación Energética de Edificios (PREE), procedente del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que asciende a 26 millones de euros que serán destinados a promover la sostenibilidad del parque edificado de la Comunidad mediante actuaciones de mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica (fachadas); de la eficiencia energética y de utilización de energías renovables en las instalaciones térmicas de calefacción, climatización, ventilación y agua caliente sanitaria; así como de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.

Esta Comunidad también se beneficiará de una partida de 152 millones de euros, de los más de 1.650 millones que espera recibir España en 2021 de los fondos europeos para la rehabilitación sostenible de viviendas y barrios completos, y que ha sido incluida en los Presupuestos Generales del Estado de 2021.

Sin embargo, la suma de los recursos públicos incluidos en todos estos planes y programas de las diferentes administraciones, resultan aún insuficientes para alcanzar los objetivos de descarbonización de la economía marcados por la Unión Europea.

Como explica Eduardo Brunet, fundador y CEO de Greenward, primera empresa dedicada a la activación de capital ecológico en España, “Es imposible que las cuentas públicas financien en solitario la inversión que se necesitará para cumplir los objetivos de eficiencia energética en edificios que exige la Unión Europea. Pero no hay en el mercado productos y estructuras que faciliten la financiación del 100% del coste del proyecto, a largo plazo, a tipos competitivos y bajo modelos estandarizables. Necesitamos normativas eficaces e instituciones especializadas, capaces de dar soluciones innovadoras y canalizar el gran volumen de capital privado que existe proveniente de inversores interesados en apostar por la rehabilitación energéticamente eficiente y que actualmente está infrautilizado”.

Las pocas entidades financieras que están presentes en la financiación de estos proyectos otorgan préstamos con plazos máximos de financiación inferiores a 10 años -la media ronda los 6 ó 7 años-. Insuficiente para acometer renovaciones energéticas integrales salvo que la financiación bancaria venga acompañada de un desembolso inicial, en muchas ocasiones, inasumible para los propietarios. Para contextualizar el reto económico, la reforma integral de un edificio de 20 viviendas de 100 m2 con finalidad de eficiencia energética, incluyendo envolvente, calderas y otros elementos, podría superar fácilmente los 300.000 euros.

La colaboración público-privada es imprescindible para multiplicar los recursos públicos y poder alcanzar los objetivos marcados por la Unión Europea. Sería deseable que la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética de la Comunidad Valenciana, que acaba de cerrar su consulta pública, impulsara esa colaboración.

Urge mayor coordinación y una Ley del Cambio Climático innovadora

Para alcanzar los ambiciosos objetivos estatales y autonómicos de rehabilitación de viviendas será necesario, además de la coordinación entre departamentos a nivel estatal, que se concreten dichos objetivos en las escalas autonómica y local, y diseñar estrategias específicas de despliegue a nivel municipal, en el marco de las necesidades de regeneración urbana de cada localidad.

Para Greenward, los municipios son absolutamente clave para coordinar y focalizar estrategias y el esfuerzo inversor público, actualmente disgregado en diversas fuentes, como el Plan Estatal de Vivienda, las ayudas del IDAE, los fondos FEDER-EDUSI, las subvenciones y proyectos autonómicos y municipales, etc. “Sería necesario que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de la Comunidad Valenciana incorpore medidas innovadoras para hacer accesibles herramientas que permitan confluir el capital público y el privado de cara a avanzar en rehabilitación energética”, señala Brunet.

PACE, Eco-bonos y Comunidades Energéticas Locales como claves de oportunidad

Greenward está trabajando en los ámbitos institucionales para lograr la incorporación urgente de enmiendas a las nuevas leyes de Cambio Climático y Transición Energética que permitan trasladar a los marcos regulatorios autonómico y nacional modelos que están demostrando importantes éxitos en diferentes países.  Los más significativos:

Tanto los préstamos PACE como los Súper Eco-bonos y las CEL tienen un valor añadido muy importante para poder activar de forma inmediata proyectos de renovación energética en aquellos sectores de población con rentas bajas, para los que una inteligente política de subvención y ayudas que incentiven la entrada de inversión privada es crucial. Según los datos de ERESEE, la Comunidad Valenciana supera los 209.000 hogares en situación de pobreza energética, un 8% del total de España.

Como señala Eduardo Brunet, “El nuevo mantra de la financiación verde o sostenible que envía Bruselas es el `blended finance´ o la eficiente interacción entre subvenciones, ayudas, garantías y créditos blandos del sector público con financiación en escala desde el sector privado. Solo la correcta e inteligente articulación de estos mecanismos será capaz de atraer los ingentes recursos financieros necesarios en este campo de la rehabilitación energética de edificios”.

Es necesario apostar por vías innovadoras y facilitar la financiación para la rehabilitación energética mediante créditos u otras fórmulas a los propietarios de inmuebles, y focalizar las ayudas públicas en las situaciones de mayor necesidad.

(*) El total de viviendas principales asciende a 1.986.896, según datos del INE, correspondientes al Censo de 2011.

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Más de 76.000 viviendas en Euskadi necesitarían ser rehabilitadas; el 67% de ellas está ubicado en edificios de más de 40 años de antigüedad

El parque de viviendas del País Vasco es uno de los más antiguos del sur de Europa, con más de un 60% de edificios residenciales construido entre 1940 y 1980, antes de que existieran normativas sobre eficiencia energética en la edificación.

El Gobierno Vasco está dando importantes pasos de mejora. Planea movilizar 8,5 millones de euros en la rehabilitación energética de edificios residenciales privados de más de 40 años hasta el año 2022 tras recibir el visto bueno de la Comisión Europea al proyecto AGREE. A esto se suma su puesta en marcha de ayudas, a través del Ente Vasco de la Energía, gracias a una dotación de 11,3 millones de euros destinados a mejoras en la envolvente de los edificios y a la sustitución de sistemas de energía convencional por renovables. Asimismo, el Plan Zero Plana recientemente anunciado será un importante impulso para la mejora de la eficiencia energética del parque residencial público de vivienda en alquiler; con actuaciones en 136 edificios que albergan alrededor de 7.500 viviendas gestionadas.

También hay que contemplar la parte proporcional que corresponderá a Euskadi de los 27.000 millones de euros que llegarán a España de la UE con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que ayudarán a hacer realidad los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para avanzar en la descarbonización mediante la rehabilitación energética de edificios. Pero, incluso sumando todos, los recursos públicos son insuficientes.

Como explica Eduardo Brunet, fundador y CEO de Greenward, primera empresa dedicada a la activación de capital ecológico en España, “Es imposible que las cuentas públicas financien en solitario la inversión que se necesitará para cumplir los objetivos de eficiencia energética en edificios que exige la Unión Europea. Pero no hay en el mercado productos y estructuras que faciliten la financiación del 100% del coste del proyecto, a largo plazo, a tipos competitivos y bajo modelos estandarizables. Necesitamos normativas eficaces e instituciones especializadas, capaces de dar soluciones innovadoras y canalizar el gran volumen de capital privado que existe proveniente de inversores interesados en apostar por la rehabilitación energéticamente eficiente y que actualmente está infrautilizado.

El Gobierno Vasco aprobará el próximo 29 de diciembre Euskadi Next, el programa de Recuperación y Resiliencia de Euskadi (PRRE 2020-2023), en el que la transición energética y climática es un pilar estratégico. Un marco en el que para Greenward es importante llevar al debate social e institucional la necesidad de hacer confluir el capital público y privado, al igual que lo es extrapolarlo a las consultas que se abran para la que, previsiblemente pronto, será la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética de Euskadi.

Según los últimos datos hechos públicos por el Gobierno Vasco sobre demanda y necesidades de vivienda en Euskadi, se estima en más de 76.000 el número de viviendas que necesitarían ser rehabilitadas; el 67% de ellas ubicado en edificios de más de 40 años de antigüedad y con propietarios de avanzada edad, muchos de ellos con escasos recursos económicos.

Las pocas entidades financieras que están presentes en la financiación de estos proyectos otorgan préstamos con plazos máximos de financiación inferiores a 10 años -la media ronda los 6 ó 7 años-. Insuficiente para acometer renovaciones energéticas integrales salvo que la financiación bancaria venga acompañada de un desembolso inicial, en muchas ocasiones, inasumible para los propietarios. Para contextualizar el reto económico, la reforma integral de un edificio de 20 viviendas de 100 m2 con finalidad de eficiencia energética, incluyendo envolvente, calderas y otros elementos, podría superar fácilmente los 300.000 euros.

Urge mayor coordinación y una Ley del Cambio Climático innovadora

Para alcanzar los ambiciosos objetivos estatales y autonómicos de rehabilitación de viviendas será necesario, además de la coordinación entre departamentos a nivel estatal, que se concreten dichos objetivos en las escalas autonómica y local, y diseñar estrategias específicas de despliegue a nivel municipal, en el marco de las necesidades de regeneración urbana de cada localidad.

Para Greenward, los municipios son absolutamente clave para coordinar y focalizar estrategias y el esfuerzo inversor público, actualmente disgregado en diversas fuentes, como el Plan Estatal de Vivienda, las ayudas del IDAE, los fondos FEDER-EDUSI, las subvenciones y proyectos autonómicos y municipales, etc. “Sería necesario que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que el Gobierno Vasco abrirá a consulta pública en breve incorpore medidas innovadoras para hacer accesibles herramientas que permitan confluir el capital público y el privado de cara a avanzar en rehabilitación energética”, señala Brunet.

PACE, Eco-bonos y Comunidades Energéticas Locales como claves de oportunidad

Greenward está trabajando en los ámbitos institucionales para lograr la incorporación urgente de enmiendas a las nuevas leyes de Cambio Climático y Transición Energética que permitan trasladar a los marcos regulatorios autonómico y nacional modelos que están demostrando importantes éxitos en diferentes países.  Los más significativos:

El modelo, que es intermediado desde el municipio en que se lleve a cabo la rehabilitación, es un mecanismo totalmente voluntario en el que el 100% del coste de las mejoras de la eficiencia de los inmuebles se financia con fondos privados, contra el inmueble -financiación que se traspasa con el inmueble en caso de venta-, con un plazo de amortización de hasta 25 años, un tipo de interés fijo y el único límite en su importe del 20% del valor del edificio. El repago de la financiación se canaliza a través de una contribución local especial no tributaria -una suerte de IBI- que, sin constituir un impuesto nuevo ni una subida de los existentes, goza del beneficio de una hipoteca legal tácita sobre el edificio, gira el ayuntamiento competente, y cuyo importe es equivalente a la cuota de amortización y los intereses de la financiación del proyecto de rehabilitación durante el plazo acordado de financiación.

Tanto los préstamos PACE como los Súper Eco-bonos y las CEL tienen un valor añadido muy importante para poder activar de forma inmediata proyectos de renovación energética en aquellos sectores de población con rentas bajas, para los que una inteligente política de subvención y ayudas que incentiven la entrada de inversión privada es crucial.

Como señala Eduardo Brunet, “El nuevo mantra de la financiación verde o sostenible que envía Bruselas es el `blended finance´ o la eficiente interacción entre subvenciones, ayudas, garantías y créditos blandos del sector público con financiación en escala desde el sector privado. Solo la correcta e inteligente articulación de estos mecanismos será capaz de atraer los ingentes recursos financieros necesarios en este campo de la rehabilitación energética de edificios”.

Es necesario apostar por vías innovadoras y facilitar la financiación para la rehabilitación energética mediante créditos u otras fórmulas a los propietarios de inmuebles, y focalizar las ayudas públicas en las situaciones de mayor necesidad.

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