Madrid. – 16 de febrero de 2021.- Es urgente proporcionar mecanismos y herramientas a los ciudadanos, especialmente a aquellos con las rentas más bajas y a los barrios más vulnerables, para afrontar la rehabilitación de sus hogares de cara a lograr las mejores condiciones climáticas, de salud y bienestar, con un menor consumo energético y de manera que sea financieramente viable.

Greenward Partners, primera compañía especializada en la activación del capital ecológico en España aboga por que se articulen con urgencia mecanismos y proyectos de renovación energética en los sectores de población con rentas bajas, para los que una inteligente política de subvención y ayudas que incentiven la entrada de inversión privada es crucial.  Solo mediante la eficiente interacción entre subvenciones, ayudas, garantías y créditos blandos del sector público con financiación en escala desde el sector privado, los colectivos más desfavorecidos podrán acceder a los recursos necesarios para afrontar la rehabilitación energética de los edificios donde viven.

Greenward ha realizado un exhaustivo análisis de la situación macro y las medidas que podrían ayudar a, desde el marco del desarrollo de proyectos de rehabilitación energéticamente eficiente de edificios y hogares, luchar contra la pobreza energética en nuestro país. Algunas de sus principales conclusiones quedan expuestas a continuación.

Situación de pobreza energética en España

• A consecuencia de la crisis Covid-19, solo durante los primeros meses del estado de alarma en España, cerca de 40.000 personas (más de 200 peticiones diarias) habrían solicitado beneficiarse del bono social eléctrico, el principal programa público destinado a compensar los gastos de suministro de energía para usos térmicos como calefacción, agua caliente sanitaria o cocina, según datos del Ministerio de Transición Ecológica.
• A junio de 2020, según el Boletín de Indicadores Eléctricos de la CNMC, el número de consumidores acogidos al bono social ascendía a 1,3 millones, su máximo histórico.
• Con una cifra de consumidores vulnerables extremos situada también en máximos (620.100), el Gobierno ha decidido destinar más recursos al bono social térmico. La partida impulsada desde el MITECO ha pasado de 95 millones de euros en 2020 a 109 millones en 2021, lo que implica un incremento superior al 15%.
• El último informe del MITECO publicado en 2020 con la actualización de indicadores de pobreza energética (con datos de 2019), muestra que:
  • El 7,6% de la población no pudo mantener una temperatura apropiada en su hogar.
  • El 6,6% incurrió en retrasos en el pago de las facturas de los suministros
  • El 16,7% de la población tuvo un gasto energético desproporcionado respecto a su nivel de ingresos.
  • El 10,6% de los domicilios estaba afectado por la pobreza energética escondida (no consumen energía).
  • En total, 10 de cada 100 hogares en España sufrían pobreza energética en 2019.

Urge optimizar el uso de los recursos públicos

• Los recursos públicos disponibles para hacer frente a la rehabilitación energéticamente eficiente de edificios y hogares, muy limitados para afrontar las necesidades totales en España, deberían dedicarse mayoritariamente a desarrollar proyectos para los colectivos más vulnerables en cuestión de pobreza energética.
• Los principales objetivos vinculantes para la UE en 2030 en materia de energía son: 55% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990 y, según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) que ha presentado España a la UE, lograr un 39,5% de mejora en eficiencia energética.
• Sólo para el sector de la edificación, el objetivo en 2030 en España es disminuir el consumo de energía final en 43.464 GWh respecto al consumo actual, correspondiendo el 73,7% de esta reducción a los usos térmicos. El 60,7% del objetivo de disminución del consumo se concentra en el sector residencial, donde se prevé la rehabilitación de la envolvente de 1,2 millones de viviendas y la sustitución de más de 3,5 millones de sistemas de calefacción y agua caliente. Sin embargo, en 2019 se realizaron tan solo 31.000 renovaciones al año en España, según información de visados de reforma publicada por el MITMA).
• Para contextualizar el reto económico, la reforma integral de un edificio de 20 viviendas de 100 m² con finalidad de eficiencia energética, incluyendo envolvente, calderas de calefacción y agua caliente y otros elementos, podría superar fácilmente los 300.000 euros. Los costes de estudio, asistencia técnica y puesta en marcha de una renovación energética pueden ser muy elevados y disuasorios. Para los ciudadanos económicamente más desfavorecidos y las comunidades vecinales de los barrios más degradados, el reto es imposible de superar.
• Las necesidades de inversión en eficiencia energética en España para 2021-2030 superan los 85.000 millones de euros; más de 40.000 de ellos corresponden a proyectos de descarbonización del parque edificado. Es imposible que las cuentas públicas, incluso con el apoyo desde EU Nextgeneration, financien en solitario la inversión que se necesitará en los próximos diez años para cumplir los objetivos de eficiencia energética en edificios que exige la Unión Europea. De hecho, el gobierno español ya prevé en el PNIEC y en la ERESEE 2020 que el 80% de estos volúmenes de inversión provengan del sector privado.
• Además, los actuales sistemas de subvenciones públicas no están siendo plenamente efectivos porque sus importes son muy limitados, implican trámites administrativos complejos y largos, y el beneficiario ha de anticipar la inversión.
• De cara a la financiación, los proyectos integrales de renovación energética suponen afrontar un coste de inversión inicial significativo y con periodos de payback en forma de ahorros energéticos por encima de los 10 años, lo que los convierte en operaciones percibidas por las entidades financieras como poco atractivas por su mayor riesgo y su perfil de inversión de largo plazo.
• No hay en el mercado productos y estructuras que faciliten la financiación del 100% del coste del proyecto, a largo plazo, a tipos de interés competitivos y bajo modelos estandarizables que disminuyan el riesgo de la operación y permitan su desarrollo a escala.

La necesaria confluencia del capital público-privado

• Desde Greenward se aboga por que la participación ciudadana en el sistema energético sea incentivada, acompañada y potenciada desde la Administración Pública, específicamente desde la órbita municipal, la más cercana al ciudadano, a través de una estrategia holística de información, capacitación, ayudas técnicas y, en casos de comunidades en sector de baja renta, una inteligente política de subvención y ayudas que incentiven la entrada de inversión privada.

Herramientas útiles en la lucha contra la pobreza energética:

Greenward señala una serie de herramientas, inexistentes en nuestro país, que podrían ayudar a paliar el grado de pobreza energética en España haciendo confluir el capital público y el privado de cara a avanzar en rehabilitación energética, poniendo especial foco en los colectivos de rentas más bajas:

• Préstamos para la Activación del Capital Ecológico (PACE): instrumento que permite canalizar el capital de inversores institucionales privados para cubrir al 100% la financiación de proyectos de mejora energética de los edificios y sin coste para los propietarios. Los préstamos se pagan a efectos netos con los ahorros generados por las mejoras, con recurso exclusivo contra los propios inmuebles, sin que el propietario asuma la deuda por la totalidad de la inversión a título personal y con la participación del ayuntamiento como agente de recobro. Es el instrumento, de entre los existentes en el mercado internacional, que menor consumo de recursos públicos implica, al viabilizar significativamente la financiación privada mediante el refuerzo de la seguridad jurídica del repago.
• Súper Ecobonos: desgravación o crédito fiscal por el importe de la inversión en renovación que se puede transferir a inversores que financien esta y que tengan base imponible suficiente para aprovecharlos. Ha sido implantado con gran éxito en Italia.
• Medición y monetización de servicios de flexibilidad y demanda que generan los proyectos de eficiencia energética: nuevas estructuras como la propuesta por Greenward en su Paper 3 “MEETS” o similares programas a nivel internacional bajo la denominación de “Pay for Performance” (P4P) que retribuyen además del ahorro, la flexibilidad y posibilidad de reducir y aplanar la curva de demanda, harán más atractivos y viables proyectos a escala en zonas urbanas con independencia de la renta de los propietarios.
• Comunidades Energéticas Locales (CEL): permiten a ciudadanos, autoridades locales y pymes ser socios de proyectos energéticos ligados a renovables y eficiencia energética en sus localidades. Incluyen el derecho de los consumidores a participar en proyectos a través de los cuales puedan producir, consumir, almacenar o vender energías renovables, así como compartir dichas energías en el seno de la comunidad.
• Certificados de Ahorro Energético (CAE): sistema para medir y cuantificar los ahorros obtenidos en proyectos de eficiencia energética, de modo que se puedan monetizar transfiriéndolos a compañías obligadas legalmente al cumplimiento de esas cuotas de ahorro, entre ellas, comercializadoras de gas y electricidad.
• Proyectos de regeneración urbana a escala de barrio: camino ideal y preferente, no solo por las economías de escala que se generan, sino porque habilitando fórmulas de compensación de edificabilidad se puede sufragar una parte muy importante de las actuaciones en esos edificios de baja renta y en situación de pobreza energética. Según los datos de los Catálogos de Barrios Vulnerables de España, ya en 2011, había en España 918 barrios y áreas estadísticas vulnerables en 132 ciudades. La conclusión central de esta investigación es que durante las dos décadas analizadas, los desequilibrios internos de las ciudades españolas aumentaron de forma significativa y continuada, en un doble proceso de incremento y concentración espacial de población vulnerable.
• Banco Verde: entidad que aglutine la inversión púbica y canalice otro tanto de la inversión privada para provocar un efecto multiplicador en la financiación de proyectos de eficiencia energética, promoción de energías limpias y de la economía descarbonizada. En este sentido, Greenward ha elevado a la Administración Pública la posibilidad de transformar en Banco Verde el Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE), dependiente del MITECO, dotándole de nuevas capacidades ejecutivas y aportaciones económicas.
  • NOTA: Si se destinaran al banco verde emergente según este modelo las aportaciones anuales con que cuenta el FNEE -de unos 250 millones de euros-, las nuevas aportaciones derivadas del ICO, de las líneas del Banco Europeo de Inversiones, de la participación en el mercado de derechos de emisión y de un recurso extraordinario dentro del plan NextGeneration EU, los fondos podrían superar los 2.000 millones de euros. Mediante la atracción del capital privado, podría multiplicarse por cuatro cada euro de inversión del FNEE en financiación de proyectos de renovación energética, pudiendo superar los 8.000 millones de euros al año.

Es necesario modificar la Ley del Cambio Climático y Transición Energética

• Sería necesario que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que se está tramitando, tanto a nivel nacional como autonómico, incorpore medidas para hacer accesibles estas herramientas que permitan confluir el capital público y el privado de cara a la rehabilitación energéticamente eficiente, con especial referencia a los ciudadanos que sufren pobreza energética.
• La implantación en nuestra legislación de estos esquemas de colaboración público-privada ayudaría a transformar el panorama energético español y serían un arma de gran eficacia para disminuir las tasas de pobreza energética, porque hay un enorme volumen de recursos financieros en manos de capital privado (fondos de pensiones y otros inversores institucionales, principalmente) que demandan proyectos de inversión “verde”, estable, sostenible y a largo plazo.
• España necesita normativas eficaces e instituciones especializadas que sean capaces de dar soluciones innovadoras y canalizar eficientemente estos ingentes recursos del ahorro privado que actualmente están infrautilizados.

Los ayuntamientos como agentes clave de acceso

• Para alcanzar los ambiciosos objetivos estatales y autonómicos de rehabilitación de viviendas será necesario, además de la coordinación entre departamentos a nivel estatal, que se concreten dichos objetivos en las escalas autonómica y local, y diseñar estrategias específicas de despliegue a nivel municipal, en el marco de las necesidades de regeneración urbana de cada localidad.
• Los municipios son absolutamente clave para coordinar y focalizar estrategias y el esfuerzo inversor público, actualmente disgregado en diversas fuentes, como el Plan Estatal de Vivienda, las ayudas del IDAE, los fondos FEDER-EDUSI, las subvenciones y proyectos autonómicos y municipales, etc.
• Los municipios adquieren especial protagonismo en el modelo de financiación PACE, cuya adopción es voluntaria y requiere de la estructuración de un Programa de Administración para su correcta implantación a nivel local. Greenward ha elaborado la guía/manual de implantación de un sistema PACE para su divulgación entre ayuntamientos.

Más información en www.greenwardpartners.com

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* María Luisa Rodríguez marialuisa.rodriguez@grayling.com

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• Greenward aboga por que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que prepare el parlamento aragonés permita afrontar medidas innovadoras
• Aragón reúne el 4% de los hogares en situación de pobreza energética existentes en España. Modelos como PACE, Eco-bonos o Comunidades Energéticas Locales, son claves de oportunidad, especialmente para colectivos de rentas bajas
• Los municipios han de ganar peso en la transición energética porque son fundamentales para coordinar estrategias locales y esfuerzo inversor

En Aragón hay 300.000 edificios construidos antes de 1980 y más de la mitad no poseen el aislamiento térmico necesario

Casi el 40% de los edificios construidos en Aragón son anteriores a 1980 y, de ellos, más de la mitad carecen de aislamiento térmico. Esto repercute directamente en la calificación energética obtenida, que en el 80% de los casos se sitúa en niveles muy bajos.

El Gobierno de Aragón sigue avanzando en su apuesta por la eficiencia energética del parque edificatorio de la Comunidad y ha puesto en marcha la convocatoria de ayudas para el Programa de Rehabilitación Energética de Edificios (Programa PREE), procedente del Fondo Nacional de Eficiencia Energética; un total de 8,6 millones de euros que serán destinados a mejorar las calificaciones energéticas a través de tres ejes de actuación: mejoras en la envolvente térmica del edificio, sustitución de energía convencional por renovable en las instalaciones térmicas y mejora en las instalaciones de iluminación interior de las zonas comunes de edificios de cualquier uso para reducir el consumo energético.

Por su parte, el Gobierno de España, en los Presupuestos Generales de 2021, ha incrementado un 368%, gracias a los fondos Europeos, la partida de políticas de vivienda y fomento de la edificación sostenible para que las comunidades puedan afrontar temas medioambientales y de rehabilitación de viviendas. Un monto de 41 millones corresponderá a Aragón y será destinado a la rehabilitación sostenible de viviendas y barrios completos.

La apuesta de la Comunidad por el impulso de la investigación y elaboración de estrategias de mitigación del Cambio Climático es decidida y queda patente en la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático Horizonte 2030. Además, el pasado 5 de junio, coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, se presentó la Consulta Pública previa para la elaboración del Anteproyecto de la Ley Aragonesa de Cambio Climático y Transición.

Pero a pesar de los esfuerzos legislativos y la suma de los recursos públicos que están disponibles, no será suficiente. La hoja de ruta para rehabilitación energética viene constituida por la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España (ERESEE 2020), dentro del Plan de Recuperación elaborado por el MITMA. Según sus datos, Aragón aglutina el 4% de las viviendas españolas que sería necesario incluir en los paquetes de hogares con necesidades de rehabilitación de su envolvente entre 2021 y 2050 para que sean energéticamente eficientes. Se trata en concreto de 271.000 viviendas, de las cuales más de 45.000 deberían intervenirse antes de 2030.

Como explica Eduardo Brunet, fundador y CEO de Greenward, primera empresa dedicada a la activación de capital ecológico en España, “Es imposible que las cuentas públicas financien en solitario la inversión que se necesitará para cumplir los objetivos de eficiencia energética en edificios que exige la Unión Europea. Pero no hay en el mercado productos y estructuras que faciliten la financiación del 100% del coste del proyecto, a largo plazo, a tipos competitivos y bajo modelos estandarizables. Necesitamos normativas eficaces e instituciones especializadas, capaces de dar soluciones innovadoras y canalizar el gran volumen de capital privado que existe proveniente de inversores interesados en apostar por la rehabilitación energéticamente eficiente y que actualmente está infrautilizado”.

En Aragón hay registrados 300.000 edificios construidos antes de 1980, es decir, antes de que se publicara la norma básica de edificación, motivo por el cual más de la mitad de esos edificios carece del aislamiento térmico necesario para poder mantener una temperatura adecuada en su interior.

Las pocas entidades financieras que están presentes en la financiación de estos proyectos otorgan préstamos con plazos máximos de financiación inferiores a 10 años -la media ronda los 6 ó 7 años-. Insuficiente para acometer renovaciones energéticas integrales salvo que la financiación bancaria venga acompañada de un desembolso inicial, en muchas ocasiones, inasumible para los propietarios. Para contextualizar el reto económico, la reforma integral de un edificio de 20 viviendas de 100 m² con finalidad de eficiencia energética, incluyendo envolvente, calderas y otros elementos, podría superar fácilmente los 300.000 euros.

Urge mayor coordinación y una Ley del Cambio Climático innovadora

Para alcanzar los ambiciosos objetivos estatales y autonómicos de rehabilitación de viviendas será necesario, además de la coordinación entre departamentos a nivel estatal, que se concreten dichos objetivos en las escalas autonómica y local, y diseñar estrategias específicas de despliegue a nivel municipal, en el marco de las necesidades de regeneración urbana de cada localidad.

Para Greenward, los municipios son absolutamente clave para coordinar y focalizar estrategias y el esfuerzo inversor público, actualmente disgregado en diversas fuentes, como el Plan Estatal de Vivienda, las ayudas del IDAE, los fondos FEDER-EDUSI, las subvenciones y proyectos autonómicos y municipales, etc. “Sería necesario que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que el Gobierno de Aragón abrirá a consulta pública en breve incorpore medidas innovadoras para hacer accesibles herramientas que permitan confluir el capital público y el privado de cara a avanzar en rehabilitación energética”, señala Brunet.

PACE, Eco-bonos y Comunidades Energéticas Locales como claves de oportunidad

Greenward está trabajando en los ámbitos institucionales para lograr la incorporación urgente de enmiendas a las nuevas leyes de Cambio Climático y Transición Energética que permitan trasladar a los marcos regulatorios autonómico y nacional modelos que están demostrando importantes éxitos en diferentes países.  Los más significativos:

• PACE -Programa para la Activación de Capital Ecológico en Edificios-: programa de colaboración público-privada que permite canalizar el capital privado a la financiación de proyectos de eficiencia, sin desembolso para los propietarios, sin coste para la Administración y en condiciones muy atractivas para los inversores a largo plazo en términos de vencimiento, garantías y rentabilidad. El modelo, que es intermediado desde el municipio en que se lleve a cabo la rehabilitación, es un mecanismo totalmente voluntario en el que el 100% del coste de las mejoras de la eficiencia de los inmuebles se financia con fondos privados, contra el inmueble -financiación que se traspasa con el inmueble en caso de venta-, con un plazo de amortización de hasta 25 años, un tipo de interés fijo y el único límite en su importe del 20% del valor del edificio. El repago de la financiación se canaliza a través de una contribución local especial no tributaria -una suerte de IBI- que, sin constituir un impuesto nuevo ni una subida de los existentes, goza del beneficio de una hipoteca legal tácita sobre el edificio, gira el ayuntamiento competente, y cuyo importe es equivalente a la cuota de amortización y los intereses de la financiación del proyecto de rehabilitación durante el plazo acordado de financiación.

• El modelo de Súper Eco-bonos: aplicado recientemente por el gobierno italiano, consiste en el reconocimiento de una desgravación o crédito fiscal por el importe de la inversión en renovación que se puede transferir a inversores que financien esta y que tengan base imponible suficiente para aprovecharlos. Este modelo tiene un esquema perfectamente extrapolable a la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética de Aragón por dos razones, principalmente: las competencias referidas a la desgravación y los incentivos fiscales se pueden impulsar tanto a nivel autonómico como nacional y, en ambas administraciones, hay una posición favorable y generalizada acerca de las iniciativas que se puedan impulsar en los temas medioambientales y los relacionados con el cambio climático y la eficiencia energética, en las que el sector privado juega también un papel fundamental.
• Soluciones innovadoras a escala de barrio o distrito: como la creación de Comunidades Energéticas Locales (CEL), que jugarían un papel decisivo en la transformación del sistema energético hacia un modelo descentralizado, democrático, distribuido y digitalizado, con el ciudadano como núcleo. Incluir su regulación en Aragón abriría la puerta a garantizar y facilitar el derecho de los consumidores a participar en proyectos a través de los cuales puedan producir, consumir, almacenar o vender energías renovables, así como compartir dicha energía en el seno de la comunidad. Para Greenward, esta participación ciudadana en el sistema energético debe de ser incentivada, acompañada y potenciada desde la Administración Pública, específicamente desde la órbita municipal, la más cercana al ciudadano, a través de una estrategia holística de información, capacitación y ayudas técnicas.

Tanto los préstamos PACE como los Súper Eco-bonos y las CEL tienen un valor añadido muy importante para poder activar de forma inmediata proyectos de renovación energética en aquellos sectores de población con rentas bajas, para los que una inteligente política de subvención y ayudas que incentiven la entrada de inversión privada es crucial. Según los datos de ERESEE, Aragón reúne el 4% de los hogares en situación de pobreza energética existentes en España.

Como señala Eduardo Brunet, “El nuevo mantra de la financiación verde o sostenible que envía Bruselas es el `blended finance´ o la eficiente interacción entre subvenciones, ayudas, garantías y créditos blandos del sector público con financiación en escala desde el sector privado. Solo la correcta e inteligente articulación de estos mecanismos será capaz de atraer los ingentes recursos financieros necesarios en este campo de la rehabilitación energética de edificios”.

Es necesario apostar por vías innovadoras y facilitar la financiación para la rehabilitación energética mediante créditos u otras fórmulas a los propietarios de inmuebles, y focalizar las ayudas públicas en las situaciones de mayor necesidad.

-FIN-

Acerca de Greenward Partners

Greenward Partners es la primera empresa para la activación de capital ecológico en España. Financia proyectos de mejora de eficiencia energética en todo tipo de edificios a través de préstamos que se pagan exclusivamente con los ahorros generados por esas mejoras, con la única garantía adicional de los propios inmuebles. Estos instrumentos de financiación se conocen como Préstamos para la Activación del Capital Ecológico (e-PACE). Asimismo, Greenward desarrolla soluciones y servicios de inteligencia y tecnológicos para la medición, optimización y gestión de los ahorros energéticos en inmuebles; promueve un mercado de negociación de certificados de ahorro energético y aboga por la creación en España de un banco verde  (green bank), un esquema de colaboración público-privada que permita hacer frente al déficit de inversión y financiación de proyectos para la lucha contra el cambio climático y, en particular, para la mejora de la eficiencia energética.

Más información en www.greenwardpartners.com

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• Greenward aboga por que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de la Comunidad Valenciana permita afrontar medidas innovadoras
• La comunidad supera los 209.000 hogares en situación de pobreza energética. Modelos como PACE, Eco-bonos y Comunidades Energéticas Locales pueden ser claves de oportunidad, especialmente para colectivos de rentas bajas
• Los municipios han de ganar peso en la transición energética porque son fundamentales para coordinar estrategias locales y esfuerzo inversor

Más del 53% de las viviendas de la Comunidad Valenciana están situadas en edificios con más de 40 años de antigüedad y, por tanto, construidos antes de 1980, año en el que se aprobaron las normativas sobre eficiencia energética en la edificación.

Esa antigüedad probablemente explique que el 26% de las viviendas registradas por el Institut Valencià de la Competitivitat Empresarial (IVACE) cuentan con la certificación más ineficiente (F y G), una cifra que aumenta hasta el 86% si se incluye la certificación E.

Según los datos de la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España (ERESEE 2020), la Comunidad Valenciana aglutina el 8% de las viviendas españolas que sería necesario incluir en los paquetes de hogares con necesidades de rehabilitación de su envolvente entre 2021 y 2050 para que sean energéticamente eficientes. Un total de 565.849 viviendas, de las que más de 95.000 deberían intervenirse antes de 2030.

Otro dato que pone de manifiesto la necesidad de impulsar planes de mejora de eficiencia energética en la región es que el 19,7% del consumo de energía final en la Comunidad Valenciana corresponde al sector de la edificación.

Pasos de mejora, pero recursos insuficientes

La Generalitat Valenciana está dando importantes pasos para revertir esta situación. Entre ellos el Pla Hàbitat 20-30, aprobado este año, que prevé rehabilitar 150.000 viviendas en la próxima década y reconoce que el 10% de las viviendas principales* requiere de una intervención urgente. El Plan Renhata que, con carácter anual, proporciona ayudas para la rehabilitación y renovación de viviendas, entre otros, con fines de eficiencia energética y cuyo presupuesto en 2020 ha ascendido a 30 millones de euros. También es importante la Estrategia de Cambio Climático y Energía 2030, que acaba de cerrar su fase de consulta pública, y que se constituye como la herramienta fundamental para avanzar hacia una Comunidad Valenciana más sostenible y como la base sobre la que se desarrollarán las políticas y programas en materia medioambiental en la próxima década.

Recientemente se anunciaba, además, la convocatoria de ayudas para el Programa de Rehabilitación Energética de Edificios (PREE), procedente del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que asciende a 26 millones de euros que serán destinados a promover la sostenibilidad del parque edificado de la Comunidad mediante actuaciones de mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica (fachadas); de la eficiencia energética y de utilización de energías renovables en las instalaciones térmicas de calefacción, climatización, ventilación y agua caliente sanitaria; así como de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.

Esta Comunidad también se beneficiará de una partida de 152 millones de euros, de los más de 1.650 millones que espera recibir España en 2021 de los fondos europeos para la rehabilitación sostenible de viviendas y barrios completos, y que ha sido incluida en los Presupuestos Generales del Estado de 2021.

Sin embargo, la suma de los recursos públicos incluidos en todos estos planes y programas de las diferentes administraciones, resultan aún insuficientes para alcanzar los objetivos de descarbonización de la economía marcados por la Unión Europea.

Como explica Eduardo Brunet, fundador y CEO de Greenward, primera empresa dedicada a la activación de capital ecológico en España, “Es imposible que las cuentas públicas financien en solitario la inversión que se necesitará para cumplir los objetivos de eficiencia energética en edificios que exige la Unión Europea. Pero no hay en el mercado productos y estructuras que faciliten la financiación del 100% del coste del proyecto, a largo plazo, a tipos competitivos y bajo modelos estandarizables. Necesitamos normativas eficaces e instituciones especializadas, capaces de dar soluciones innovadoras y canalizar el gran volumen de capital privado que existe proveniente de inversores interesados en apostar por la rehabilitación energéticamente eficiente y que actualmente está infrautilizado”.

Las pocas entidades financieras que están presentes en la financiación de estos proyectos otorgan préstamos con plazos máximos de financiación inferiores a 10 años -la media ronda los 6 ó 7 años-. Insuficiente para acometer renovaciones energéticas integrales salvo que la financiación bancaria venga acompañada de un desembolso inicial, en muchas ocasiones, inasumible para los propietarios. Para contextualizar el reto económico, la reforma integral de un edificio de 20 viviendas de 100 m² con finalidad de eficiencia energética, incluyendo envolvente, calderas y otros elementos, podría superar fácilmente los 300.000 euros.

La colaboración público-privada es imprescindible para multiplicar los recursos públicos y poder alcanzar los objetivos marcados por la Unión Europea. Sería deseable que la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética de la Comunidad Valenciana, que acaba de cerrar su consulta pública, impulsara esa colaboración.

Urge mayor coordinación y una Ley del Cambio Climático innovadora

Para alcanzar los ambiciosos objetivos estatales y autonómicos de rehabilitación de viviendas será necesario, además de la coordinación entre departamentos a nivel estatal, que se concreten dichos objetivos en las escalas autonómica y local, y diseñar estrategias específicas de despliegue a nivel municipal, en el marco de las necesidades de regeneración urbana de cada localidad.

Para Greenward, los municipios son absolutamente clave para coordinar y focalizar estrategias y el esfuerzo inversor público, actualmente disgregado en diversas fuentes, como el Plan Estatal de Vivienda, las ayudas del IDAE, los fondos FEDER-EDUSI, las subvenciones y proyectos autonómicos y municipales, etc. “Sería necesario que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de la Comunidad Valenciana incorpore medidas innovadoras para hacer accesibles herramientas que permitan confluir el capital público y el privado de cara a avanzar en rehabilitación energética”, señala Brunet.

PACE, Eco-bonos y Comunidades Energéticas Locales como claves de oportunidad

Greenward está trabajando en los ámbitos institucionales para lograr la incorporación urgente de enmiendas a las nuevas leyes de Cambio Climático y Transición Energética que permitan trasladar a los marcos regulatorios autonómico y nacional modelos que están demostrando importantes éxitos en diferentes países.  Los más significativos:

• PACE -Programa para la Activación de Capital Ecológico en Edificios-: programa de colaboración público-privada que permite canalizar el capital privado a la financiación de proyectos de eficiencia, sin desembolso para los propietarios, sin coste para la Administración y en condiciones muy atractivas para los inversores a largo plazo en términos de vencimiento, garantías y rentabilidad. El modelo, que es intermediado desde el municipio en que se lleve a cabo la rehabilitación, es un mecanismo totalmente voluntario en el que el 100% del coste de las mejoras de la eficiencia de los inmuebles se financia con fondos privados, contra el inmueble -financiación que se traspasa con el inmueble en caso de venta-, con un plazo de amortización de hasta 25 años, un tipo de interés fijo y el único límite en su importe del 20% del valor del edificio. El repago de la financiación se canaliza a través de una contribución local especial no tributaria -una suerte de IBI- que, sin constituir un impuesto nuevo ni una subida de los existentes, goza del beneficio de una hipoteca legal tácita sobre el edificio, gira el ayuntamiento competente, y cuyo importe es equivalente a la cuota de amortización y los intereses de la financiación del proyecto de rehabilitación durante el plazo acordado de financiación.
• El modelo de Súper Eco-bonos: aplicado recientemente por el gobierno italiano, consiste en el reconocimiento de una desgravación o crédito fiscal por el importe de la inversión en renovación que se puede transferir a inversores que financien esta y que tengan base imponible suficiente para aprovecharlos. Este modelo tiene un esquema perfectamente extrapolable a la nueva legislación que prepare la Generalitat Valenciana sobre Cambio Climático y Transición Energética por dos razones, principalmente: las competencias referidas a la desgravación y los incentivos fiscales se pueden impulsar tanto a nivel autonómico como nacional y, en ambas administraciones, hay una posición favorable y generalizada acerca de las iniciativas que se puedan impulsar en los temas medioambientales y los relacionados con el cambio climático y la eficiencia energética, en las que el sector privado juega también un papel fundamental.
• Soluciones innovadoras a escala de barrio o distrito: como la creación de Comunidades Energéticas Locales (CEL), que jugarían un papel decisivo en la transformación del sistema energético hacia un modelo descentralizado, democrático, distribuido y digitalizado, con el ciudadano como núcleo. Incluir su regulación en la Comunidad Valenciana abriría la puerta a garantizar y facilitar el derecho de los consumidores a participar en proyectos a través de los cuales puedan producir, consumir, almacenar o vender energías renovables, así como compartir dicha energía en el seno de la comunidad. Para Greenward, esta participación ciudadana en el sistema energético debe de ser incentivada, acompañada y potenciada desde la Administración Pública, específicamente desde la órbita municipal, la más cercana al ciudadano, a través de una estrategia holística de información, capacitación y ayudas técnicas.

Tanto los préstamos PACE como los Súper Eco-bonos y las CEL tienen un valor añadido muy importante para poder activar de forma inmediata proyectos de renovación energética en aquellos sectores de población con rentas bajas, para los que una inteligente política de subvención y ayudas que incentiven la entrada de inversión privada es crucial. Según los datos de ERESEE, la Comunidad Valenciana supera los 209.000 hogares en situación de pobreza energética, un 8% del total de España.

Como señala Eduardo Brunet, “El nuevo mantra de la financiación verde o sostenible que envía Bruselas es el `blended finance´ o la eficiente interacción entre subvenciones, ayudas, garantías y créditos blandos del sector público con financiación en escala desde el sector privado. Solo la correcta e inteligente articulación de estos mecanismos será capaz de atraer los ingentes recursos financieros necesarios en este campo de la rehabilitación energética de edificios”.

Es necesario apostar por vías innovadoras y facilitar la financiación para la rehabilitación energética mediante créditos u otras fórmulas a los propietarios de inmuebles, y focalizar las ayudas públicas en las situaciones de mayor necesidad.

(*) El total de viviendas principales asciende a 1.986.896, según datos del INE, correspondientes al Censo de 2011.

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Acerca de Greenward Partners

Greenward Partners es la primera empresa para la activación de capital ecológico en España. Financia proyectos de mejora de eficiencia energética en todo tipo de edificios a través de préstamos que se pagan exclusivamente con los ahorros generados por esas mejoras, con la única garantía adicional de los propios inmuebles. Estos instrumentos de financiación se conocen como Préstamos para la Activación del Capital Ecológico (e-PACE). Asimismo, Greenward desarrolla soluciones y servicios de inteligencia y tecnológicos para la medición, optimización y gestión de los ahorros energéticos en inmuebles; promueve un mercado de negociación de certificados de ahorro energético y aboga por la creación en España de un banco verde  (green bank), un esquema de colaboración público-privada que permita hacer frente al déficit de inversión y financiación de proyectos para la lucha contra el cambio climático y, en particular, para la mejora de la eficiencia energética.

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Más de 76.000 viviendas en Euskadi necesitarían ser rehabilitadas; el 67% de ellas está ubicado en edificios de más de 40 años de antigüedad

• Greenward aboga por que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que prepare el parlamento vasco permita afrontar medidas innovadoras
• Propone modelos como PACE, Eco-bonos y Comunidades Energéticas Locales como claves de oportunidad, especialmente para colectivos de rentas bajas
• Los municipios han de ganar peso en la transición energética porque son fundamentales para coordinar estrategias locales y esfuerzo inversor

El parque de viviendas del País Vasco es uno de los más antiguos del sur de Europa, con más de un 60% de edificios residenciales construido entre 1940 y 1980, antes de que existieran normativas sobre eficiencia energética en la edificación.

El Gobierno Vasco está dando importantes pasos de mejora. Planea movilizar 8,5 millones de euros en la rehabilitación energética de edificios residenciales privados de más de 40 años hasta el año 2022 tras recibir el visto bueno de la Comisión Europea al proyecto AGREE. A esto se suma su puesta en marcha de ayudas, a través del Ente Vasco de la Energía, gracias a una dotación de 11,3 millones de euros destinados a mejoras en la envolvente de los edificios y a la sustitución de sistemas de energía convencional por renovables. Asimismo, el Plan Zero Plana recientemente anunciado será un importante impulso para la mejora de la eficiencia energética del parque residencial público de vivienda en alquiler; con actuaciones en 136 edificios que albergan alrededor de 7.500 viviendas gestionadas.

También hay que contemplar la parte proporcional que corresponderá a Euskadi de los 27.000 millones de euros que llegarán a España de la UE con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que ayudarán a hacer realidad los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para avanzar en la descarbonización mediante la rehabilitación energética de edificios. Pero, incluso sumando todos, los recursos públicos son insuficientes.

Como explica Eduardo Brunet, fundador y CEO de Greenward, primera empresa dedicada a la activación de capital ecológico en España, “Es imposible que las cuentas públicas financien en solitario la inversión que se necesitará para cumplir los objetivos de eficiencia energética en edificios que exige la Unión Europea. Pero no hay en el mercado productos y estructuras que faciliten la financiación del 100% del coste del proyecto, a largo plazo, a tipos competitivos y bajo modelos estandarizables. Necesitamos normativas eficaces e instituciones especializadas, capaces de dar soluciones innovadoras y canalizar el gran volumen de capital privado que existe proveniente de inversores interesados en apostar por la rehabilitación energéticamente eficiente y que actualmente está infrautilizado.”

El Gobierno Vasco aprobará el próximo 29 de diciembre Euskadi Next, el programa de Recuperación y Resiliencia de Euskadi (PRRE 2020-2023), en el que la transición energética y climática es un pilar estratégico. Un marco en el que para Greenward es importante llevar al debate social e institucional la necesidad de hacer confluir el capital público y privado, al igual que lo es extrapolarlo a las consultas que se abran para la que, previsiblemente pronto, será la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética de Euskadi.

Según los últimos datos hechos públicos por el Gobierno Vasco sobre demanda y necesidades de vivienda en Euskadi, se estima en más de 76.000 el número de viviendas que necesitarían ser rehabilitadas; el 67% de ellas ubicado en edificios de más de 40 años de antigüedad y con propietarios de avanzada edad, muchos de ellos con escasos recursos económicos.

Las pocas entidades financieras que están presentes en la financiación de estos proyectos otorgan préstamos con plazos máximos de financiación inferiores a 10 años -la media ronda los 6 ó 7 años-. Insuficiente para acometer renovaciones energéticas integrales salvo que la financiación bancaria venga acompañada de un desembolso inicial, en muchas ocasiones, inasumible para los propietarios. Para contextualizar el reto económico, la reforma integral de un edificio de 20 viviendas de 100 m² con finalidad de eficiencia energética, incluyendo envolvente, calderas y otros elementos, podría superar fácilmente los 300.000 euros.

Urge mayor coordinación y una Ley del Cambio Climático innovadora

Para alcanzar los ambiciosos objetivos estatales y autonómicos de rehabilitación de viviendas será necesario, además de la coordinación entre departamentos a nivel estatal, que se concreten dichos objetivos en las escalas autonómica y local, y diseñar estrategias específicas de despliegue a nivel municipal, en el marco de las necesidades de regeneración urbana de cada localidad.

Para Greenward, los municipios son absolutamente clave para coordinar y focalizar estrategias y el esfuerzo inversor público, actualmente disgregado en diversas fuentes, como el Plan Estatal de Vivienda, las ayudas del IDAE, los fondos FEDER-EDUSI, las subvenciones y proyectos autonómicos y municipales, etc. “Sería necesario que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que el Gobierno Vasco abrirá a consulta pública en breve incorpore medidas innovadoras para hacer accesibles herramientas que permitan confluir el capital público y el privado de cara a avanzar en rehabilitación energética”, señala Brunet.

PACE, Eco-bonos y Comunidades Energéticas Locales como claves de oportunidad

Greenward está trabajando en los ámbitos institucionales para lograr la incorporación urgente de enmiendas a las nuevas leyes de Cambio Climático y Transición Energética que permitan trasladar a los marcos regulatorios autonómico y nacional modelos que están demostrando importantes éxitos en diferentes países.  Los más significativos:

• PACE -Programa para la Activación de Capital Ecológico en Edificios-: programa de colaboración público-privada que permite canalizar el capital privado a la financiación de proyectos de eficiencia, sin desembolso para los propietarios, sin coste para la Administración y en condiciones muy atractivas para los inversores a largo plazo en términos de vencimiento, garantías y rentabilidad.

El modelo, que es intermediado desde el municipio en que se lleve a cabo la rehabilitación, es un mecanismo totalmente voluntario en el que el 100% del coste de las mejoras de la eficiencia de los inmuebles se financia con fondos privados, contra el inmueble -financiación que se traspasa con el inmueble en caso de venta-, con un plazo de amortización de hasta 25 años, un tipo de interés fijo y el único límite en su importe del 20% del valor del edificio. El repago de la financiación se canaliza a través de una contribución local especial no tributaria -una suerte de IBI- que, sin constituir un impuesto nuevo ni una subida de los existentes, goza del beneficio de una hipoteca legal tácita sobre el edificio, gira el ayuntamiento competente, y cuyo importe es equivalente a la cuota de amortización y los intereses de la financiación del proyecto de rehabilitación durante el plazo acordado de financiación.

• El modelo de Súper Eco-bonos: aplicado recientemente por el gobierno italiano, consiste en el reconocimiento de una desgravación o crédito fiscal por el importe de la inversión en renovación que se puede transferir a inversores que financien esta y que tengan base imponible suficiente para aprovecharlos. Este modelo tiene un esquema perfectamente extrapolable a la nueva legislación que prepare el Gobierno Vasco sobre Cambio Climático y Transición Energética por dos razones, principalmente: las competencias referidas a la desgravación y los incentivos fiscales se pueden impulsar tanto a nivel autonómico como nacional y, en ambas administraciones, hay una posición favorable y generalizada acerca de las iniciativas que se puedan impulsar en los temas medioambientales y los relacionados con el cambio climático y la eficiencia energética, en las que el sector privado juega también un papel fundamental.
• Soluciones innovadoras a escala de barrio o distrito: como la creación de Comunidades Energéticas Locales (CEL), que jugarían un papel decisivo en la transformación del sistema energético hacia un modelo descentralizado, democrático, distribuido y digitalizado, con el ciudadano como núcleo. Incluir su regulación en el País Vasco abriría la puerta a garantizar y facilitar el derecho de los consumidores a participar en proyectos a través de los cuales puedan producir, consumir, almacenar o vender energías renovables, así como compartir dicha energía en el seno de la comunidad. Para Greenward, esta participación ciudadana en el sistema energético debe de ser incentivada, acompañada y potenciada desde la Administración Pública, específicamente desde la órbita municipal, la más cercana al ciudadano, a través de una estrategia holística de información, capacitación y ayudas técnicas.

Tanto los préstamos PACE como los Súper Eco-bonos y las CEL tienen un valor añadido muy importante para poder activar de forma inmediata proyectos de renovación energética en aquellos sectores de población con rentas bajas, para los que una inteligente política de subvención y ayudas que incentiven la entrada de inversión privada es crucial.

Como señala Eduardo Brunet, “El nuevo mantra de la financiación verde o sostenible que envía Bruselas es el `blended finance´ o la eficiente interacción entre subvenciones, ayudas, garantías y créditos blandos del sector público con financiación en escala desde el sector privado. Solo la correcta e inteligente articulación de estos mecanismos será capaz de atraer los ingentes recursos financieros necesarios en este campo de la rehabilitación energética de edificios”.

Es necesario apostar por vías innovadoras y facilitar la financiación para la rehabilitación energética mediante créditos u otras fórmulas a los propietarios de inmuebles, y focalizar las ayudas públicas en las situaciones de mayor necesidad.

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Acerca de Greenward Partners

Greenward Partners es la primera empresa para la activación de capital ecológico en España. Financia proyectos de mejora de eficiencia energética en todo tipo de edificios a través de préstamos que se pagan exclusivamente con los ahorros generados por esas mejoras, con la única garantía adicional de los propios inmuebles. Estos instrumentos de financiación se conocen como Préstamos para la Activación del Capital Ecológico (e-PACE). Asimismo, Greenward desarrolla soluciones y servicios de inteligencia y tecnológicos para la medición, optimización y gestión de los ahorros energéticos en inmuebles; promueve un mercado de negociación de certificados de ahorro energético y aboga por la creación en España de un banco verde  (green bank), un esquema de colaboración público-privada que permita hacer frente al déficit de inversión y financiación de proyectos para la lucha contra el cambio climático y, en particular, para la mejora de la eficiencia energética.

Más información en www.greenwardpartners.com

Twitter:@GreenwardP

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