Madrid, 28 de julio de 2021

El año 2020 fue el más cálido en la Península Ibérica desde el inicio de la serie en 1961*, igualado con 2017 con una temperatura media de 14,8 °C en España; y se prevé que la tendencia empeore en 2021. Los episodios de calor extremo se agudizan y causan alrededor de 1.300 defunciones al año en nuestro país**.

Por esta y otras razones, Greenward, primera empresa de capital ecológico en España, hace una llamada urgente para la puesta en marcha de proyectos integrales de rehabilitación energética de edificios y destaca su importancia como medida necesaria para detener y prevenir situaciones de riesgo extremo para los ciudadanos.

Como explica Eduardo Brunet, fundador y co-CEO de Greenward Partners:Es un hecho que los efectos del calentamiento global y el incremento de las temperaturas en España nos van a poner ante una dura prueba en los próximos años. Ya lo están haciendo. Resulta vital que nuestros edificios estén lo mejor preparados posible cuanto antes. España tiene una tasa de renovación de edificios muy por debajo del 0,3% anual, lejos del 3% recomendado por la UE para cumplir los objetivos de descarbonización del parque edificado que tenemos delante. Estamos obligados con urgencia a reducir el consumo y las emisiones, y lograr la eficiencia energética del parque edificado mediante su rehabilitación es un instrumento clave que tenemos al alcance.

Cerca del 80% de las viviendas españolas tienen una etiqueta energética «E» o inferior; y la situación requeriría inversiones de unos 40.000 millones de euros entre 2021 y 2030 para acometer la rehabilitación energética hacia la descarbonización del parque afectado atendiendo los cálculos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica. Hablamos de proyectos de eficiencia energética que deben plantear actuaciones en la envolvente térmica de los edificios, así como la instalación de techos solares y baterías, calderas, calefacción, aire acondicionado e iluminación más eficientes, sistemas de recuperación de calor y reutilización de agua, entre otros.

Las altas temperaturas y las olas de calor extremo tienen una mayor incidencia negativa en grupos de población urbana en situación de vulnerabilidad, como personas mayores y/o con patologías previas, niños y niñas y mujeres embarazadas. Asimismo, las rentas más bajas son las que menos acceso tienen a la rehabilitación energética de sus hogares y también las más afectadas por los incrementos del precio de la energía necesaria para la climatización, este verano en máximos históricos en España.

En este sentido, la rehabilitación energética se plantea como una solución a medio y largo plazo, ya que reduce la demanda de energía de las viviendas y, por tanto, el gasto, algo crucial si atendemos a un reciente estudio elaborado por Eurostat que señala que, en 2019, el 7,5% de la población (3,52 millones de españoles) se encontraba en situación de pobreza energética. Una cifra que va a incrementarse en 2020-2021 a causa de la pandemia por Covid-19 y sus consecuencias económicas y sociales.

Según Fernando de Roda, fundador y co-CEO de Greenward Partners, Tenemos que ser conscientes de que no todas las rentas pueden acometer proyectos de rehabilitación en las condiciones actuales, por lo que es necesario flexibilizar y eliminar las barreras al acceso. Uno de los grandes escollos es la financiación para la rehabilitación. Los fondos públicos son insuficientes para cubrir las necesidades reales, la inversión anunciada representa apenas el 17% del total necesario, por eso apostamos por promover la confluencia de capital público y privado y ampliar el marco legislativo español para que posibilite instrumentos financieros innovadores y haga accesibles los proyectos de rehabilitación energética a todas las rentas.”

Entre los instrumentos contemplados por Greenward para impulsar la eficiencia energética en el parque inmobiliario español destacan los Ecobonos, como créditos fiscales transferibles que permiten monetizar el valor de la eficiencia; los Préstamos para la Activación del Capital Ecológico (PACE), un sistema de colaboración público-privada que posibilita financiación a muy largo plazo; la creación de un Banco Verde que active mecanismos de mercado orientados a catalizar capital privado conjuntamente con el público; la implantación rápida y sencilla para el ciudadano de las Comunidades Energéticas Locales, y los fondos especializados con mecanismos de garantía para dar cobertura a segmentos más vulnerables.

 

(*) Según el Informe sobre el estado del clima de España 2020 de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

(**) Según las estimaciones realizadas por los investigadores Cristina Linares y Julio Díaz del Departamento de Epidemiología y Bioestadística de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III.

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Acerca de Greenward

Greenward Partners es la empresa líder en la activación de capital ecológico en España. Greenward por fin hace posible en España proyectos integrales de mejora de eficiencia energética en todo tipo de edificios a través de novedosos instrumentos de financiación que permiten su cancelación exclusivamente con los ahorros generados por esas mejoras, con la única garantía adicional de los propios inmuebles. Estos instrumentos se conocen como Préstamos para la Activación del Capital Ecológico (e-PACE). Asimismo, Greenward desarrolla soluciones y servicios de inteligencia y tecnológicos para la medición, optimización y gestión de los ahorros energéticos en inmuebles; promueve un mercado de negociación de certificados de ahorro energético y aboga por la creación en España de un banco verde  (green bank), un esquema de colaboración público-privada que permita hacer frente al déficit de inversión y financiación de proyectos para la lucha contra el cambio climático y, en particular, para la mejora de la eficiencia energética.

Más información en www.greenwardpartners.com / Twitter:@GreenwardP

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Madrid, 29 de abril de 2021.- Eduardo Brunet, CEO y fundador de Greenward Partners, primera empresa de activación de capital ecológico en España, ha participado en Wall Street Green Summit, uno de los mayores eventos mundiales sobre finanzas sostenibles, que está celebrando su XXI edición entre los días 26 y 30 de abril.

Brunet, único directivo español incluido en el programa, ha analizado durante su ponencia la situación de la financiación de la eficiencia energética en la Unión Europea y en España, país que se sitúa por detrás de la media de la UE en este sentido.

Con respecto a Europa, región en la que el 80% del parque edificado es ineficiente energéticamente y el 75% de sus edificios seguirá en pie en 2050, fecha que se ha marcado la UE para alcanzar la neutralidad climática, Brunet ha explicado que “las actuales tasas de renovación, de aproximadamente el 1%, no son suficientes y será necesario duplicarlas para conseguir los objetivos de descarbonización”. Además, el directivo ha hecho alusión al importante “impacto que tiene la eficiencia energética en cuanto al agravamiento de la pobreza y los problemas de bienestar social”.

El gran escollo para avanzar a la velocidad necesaria señalado por Eduardo Brunet es la financiación. Los objetivos fijados para 2050 requieren de una inversión adicional de 325.000 millones de dólares al año: 250.000 millones para el mercado residencial y 75.000 millones para edificios públicos y “el gasto público anual resulta insuficiente, por lo que es fundamental movilizar la financiación público-privada”, ha asegurado.

Además, ha referido otros obstáculos existentes en el mercado europeo como, por ejemplo, que el valor de las viviendas no siempre refleja el rendimiento energético del edificio; la división de incentivos entre propietarios e inquilinos; modelos de negocio inmaduros para el rendimiento energético en la renovación; un desequilibrio entre las necesidades de financiación de los proyectos de renovación y los productos ofrecidos por las instituciones financieras; una gama insuficiente de productos financieros atractivos; la limitación de los mecanismos que apalancan el capital público para atraer la inversión privada, y la inexistencia de actores agregadores y monetización de la demanda flexible de Recursos de Energía Distribuida (DER) como fuente de energía.

La situación en España es aún más complicada que la media europea, con un porcentaje mayor de edificios ineficientes -el 85% del total de 23 millones de edificios existentes-, aunque la tasa de renovación si es ligeramente más elevada, con un 1,3%.

Para tratar de mejorar la situación, el Gobierno ha puesto en marcha un Plan de Rehabilitación de Vivienda con el que busca impulsar la renovación, en el período 2021-2023, de un total de 500.000 viviendas. La cifra de inversión anunciada asciende a 5.800 millones de euros. Para el directivo, “Es un plan muy ambicioso, pero insuficiente si tenemos en cuenta que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima sitúa las necesidades de inversión del país en 40.000 millones de euros hasta 2030”.

Qué está haciendo Greenward para solucionarlo

En la última parte de su exposición, Brunet ha planteado qué está haciendo Greenward Partners para contribuir a resolver esa escasez de financiación y cubrir las necesidades del mercado español. En este sentido, explica el desarrollo por parte de la compañía de  “una importante labor institucional dirigida a ampliar el marco legislativo para que contemple instrumentos financieros innovadores como PACE; créditos y deducciones fiscales como los Súper-Ecobonus de demostrado éxito en Italia; los Certificados de Eficiencia Energética (CEE); o la creación de un Banco Verde, tipo de institución del que aún adolece nuestro país. Todas estas herramientas están funcionando con gran éxito en otros países, por lo que es importante incorporarlas a la legislación española”.

Brunet, además, ha expuesto el modelo de negocio de Greenward, cuyo objetivo es crear una plataforma integrada de inteligencia energética e impulsar iniciativas de Energía como Servicio, tales como ESA, MESA o MEETS. Actualmente, su actividad cubre todo el ciclo de la financiación de proyectos de eficiencia energética y conecta los intereses de los inversores institucionales privados y de los propietarios de edificios para financiar la renovación de inmuebles, así como otros proyectos innovadores en energías limpias. Además, está preparando el primer fondo de deuda de Eficiencia Energética, por valor de 150 millones de euros.

Greenward promueve grandes proyectos escalables de regeneración urbana y está fomentando la agregación y consolidación del mercado mediante el impulso de asociaciones como AUNA, AGREGA o la Alianza Rehabilitar el Futuro. También cuenta con una división técnica, desde la que está desarrollando herramientas para industrializar un de-risking técnico y financiero sistemático.

 

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Acerca de Greenward Partners

Greenward Partners es la primera empresa para la activación de capital ecológico en España. Financia proyectos de mejora de eficiencia energética en todo tipo de edificios a través de préstamos que se pagan exclusivamente con los ahorros generados por esas mejoras, con la única garantía adicional de los propios inmuebles. Estos instrumentos de financiación se conocen como Préstamos para la Activación del Capital Ecológico (e-PACE). Asimismo, Greenward desarrolla soluciones y servicios de inteligencia y tecnológicos para la medición, optimización y gestión de los ahorros energéticos en inmuebles; promueve un mercado de negociación de certificados de ahorro energético y aboga por la creación en España de un banco verde  (green bank), un esquema de colaboración público-privada que permita hacer frente al déficit de inversión y financiación de proyectos para la lucha contra el cambio climático y, en particular, para la mejora de la eficiencia energética. Más información en www.greenwardpartners.com

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Manifiesto por la declaración de la rehabilitación energética del parque edificado como una medida prioritaria de interés general

La magnitud de la crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19 ha levantado algunas dudas infundadas sobre la posibilidad de avanzar en la lucha contra el cambio climático a los ritmos a los que el mundo se ha comprometido.

La tesis detrás de estas dudas es errónea. Considera los esfuerzos medioambientales exclusivamente como un coste, sin tener en cuenta su naturaleza preventiva ni su capacidad de generación de riqueza fruto de un giro hacia la sostenibilidad en la forma en la que nos relacionamos con el planeta.

Más acertada es la respuesta de la Comisión Europea, que ha reconocido que la ineludible lucha contra el cambio climático constituye el motor más potente para impulsar la recuperación económica. El plan Next Generation EU y el Marco Financiero Plurianual que Europa se dispone a poner en marcha concentran sus inversiones en sectores y actividades con un futuro sostenible.

La primera prioridad de la política de recuperación económica de la Unión Europea es lo que la Comisión ha llamado una “oleada de renovación inmobiliaria”, con un presupuesto de inversión anual de 250.000 millones de euros, que será cubierto en una quinta parte con financiación pública a través de fondos estructurales y del Banco Europeo de Inversiones.

Esta decisión es un reconocimiento de la más alta institución europea del enorme potencial de la promoción de la eficiencia energética, en particular, en los edificios, para impulsar el crecimiento económico y la lucha contra el cambio climático.

La eficiencia energética es la primera fuente de energía sostenible en el mundo y en torno a un 30% de dicho potencial se esconde en los edificios. El parque inmobiliario es uno de los elementos que más contribuyen al calentamiento del planeta y a la contaminación: Es responsable del 40% del consumo de energía final y de un tercio de las emisiones de CO2.

En España, aproximadamente el 80% de los edificios es ineficiente en términos energéticos (certificación energética E, F o G) y más de la mitad de nuestro parque edificatorio tiene más de 40 años y es anterior a la introducción de cualquier normativa en materia de aislamiento energético.

Como vector económico, la rehabilitación energética en edificios genera de forma inmediata un volumen importante de puestos de trabajo, al tiempo que reduce las emisiones y mejora la calidad de vida de los ciudadanos. El plan de rehabilitación anunciado por el Gobierno español antes de la pandemia contemplaba la movilización de 45.000 millones de euros en ahorro y eficiencia energética en inmuebles, incluida una previsión de actuación sobre 1,2 millones de viviendas y la creación de entre 42.000 y 80.000 empleos cada año hasta 2030.

La renovación energética de inmuebles es la partida económica más importante dentro del capítulo de eficiencia energética y, además de otros beneficios sociales y medioambientales, es la línea de actividad que más empleo genera por millón de euros invertido (entre 24 y 27 puestos de trabajo creados o mantenidos al año, según la CEOE).

Empleos, además, que no se pueden deslocalizar, tienen un alto componente de innovación y digitalización, y se crean en una amplia gama de sectores productivos: no solo en la construcción y sus industrias auxiliares, sino también en la fabricación de equipos de calefacción y climatización, el desarrollo y la producción de herramientas y mecanismos de medición, la domótica, la instalación, la producción de materiales de aislamiento, la arquitectura y la ingeniería, entre otros.

El Green Deal propone duplicar el actual porcentaje anual de rehabilitación en toda la Unión Europea. Sin embargo, en España, para alcanzar las 300.000 viviendas al año rehabilitadas que se propone como velocidad de crucero a partir de 2030, debe multiplicarse por diez el actual ritmo de rehabilitación, y además debe profundizarse en la naturaleza energética de las intervenciones.

España cuenta con la voluntad política, la tecnología, el tejido empresarial y los recursos privados para cubrir las necesidades de financiación que los fondos públicos no pueden cubrir.

Tenemos la oportunidad de aprovechar el potencial de la rehabilitación energética para afrontar de forma unida estos dos grandes retos a los que nos enfrentamos: la recuperación económica tras la pandemia y afrontar la emergencia climática.

Los firmantes de Rehabilitar el Futuro aplaudimos la firme decisión con la que las administraciones públicas están situando la lucha contra el cambio climático en el centro de sus políticas.

En este sentido, el proyecto de Ley de Cambio Climático que el Gobierno ha remitido al Congreso de los Diputados es ambicioso en sus objetivos y eleva hasta un mínimo del 35% (con respecto a la línea de base conforme a normativa comunitaria) el ahorro en el consumo de energía primaria que se tiene que producir por la aplicación de medidas de mejora de la eficiencia.

Una vez establecidos los objetivos, es necesario el desarrollo de las políticas que permitan alcanzarlos. Es hora de pasar de la emergencia climática a la emergencia legislativa; de las palabras y compromisos, a los hechos y los medios.

Por ello, los firmantes de este manifiesto hacemos un llamamiento a la Administración y, en concreto a la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados, para que acelere la creación de un marco de actuación que permita convertir en realidad el enorme potencial de la eficiencia energética de edificios y, para ello, proponemos el desarrollo de veinte líneas de actuación:

  1. El reconocimiento explícito del carácter de interés general prioritario de la eficiencia energética de las edificaciones y su plasmación explícita en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
  2. La creación del pasaporte energético, que agilice las licencias administrativas para reformas energéticas, en consonancia con el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.
  3. La introducción de bonificaciones impositivas y desgravaciones que incentiven la mejora de la eficiencia energética de las viviendas y, en particular, las actuaciones dirigidas a la reducción de su demanda energética.
  4. La inclusión de la eficiencia energética dentro de las obligaciones de conservación de los edificios residenciales en multipropiedad y el carácter preferente de los créditos derivados de su financiación.
  5. La creación de un marco jurídico que facilite mecanismos financieros de colaboración público-privada para la rehabilitación de edificios, que permitan acometer estas actuaciones sin recurso a los presupuestos públicos ni desembolso inicial para los propietarios, como por ejemplo el Programa para la Activación de Capital Ecológico (PACE), que funciona de forma eficiente en otros países.
  6. El fomento y el apoyo de iniciativas que permitan la agregación de proyectos de eficiencia energética en carteras de proyectos, convirtiendo así estas carteras en productos más fácilmente financiables gracias a su mayor volumen y estandarización.
  7. La regulación de la hipoteca verde para la financiación de renovaciones energéticas en edificios.
  8. La implantación de un sistema de auditoría de eficiencia energética de los edificios que lleve aparejado obligaciones de conservación y mejora (ITV energética).
  9. La habilitación del Fondo Nacional de Eficiencia Energética como vehículo facilitador de reformas energéticas en vivienda social, sectores vulnerables y en pobreza energética.
  10. La puesta en marcha de mecanismos de mercado para la certificación y monetización de Certificados de Eficiencia Energética y su utilización como alternativa de contribución en especie al Fondo Nacional de Eficiencia Energética.
  11. Inclusión del sector de edificación en el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, de forma que se ponga en valor la decisiva contribución a la descarbonización de la eficiencia energética en edificios, e inscripción de los edificios en el Registro de huella de carbono de la Oficina Española de Cambio climático que recoge los esfuerzos en el cálculo, reducción y compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero.
  12. La creación de ventanillas municipales únicas para la agilización, impulso, comunicación y gestión de programas locales de renovaciones energéticas.
  13. Apostar por los programas de capacitación y cualificación laboral urgente y por la certificación de las empresas capacitadas para llevar a cabo proyectos de eficiencia energética, así como el fomento del ecoetiquetado en los productos a utilizar en los proyectos de rehabilitación energética, que indican información sobre los aspectos ambientales de un producto de construcción a lo largo de todo su ciclo de
  14. La ejemplaridad de la Administración Pública al hacer efectivo el compromiso nacional de renovación anual de un 3% de su parque edificatorio y elevarlo a un 6%.
  15. La creación de un Banco Verde especializado en la canalización eficiente de fondos públicos y catalización de capital privado en financiación de proyectos de eficiencia energética y activos de energía distribuida. En paralelo, o como medida adicional, se propone la creación de un Fondo de Garantías.
  16. El impulso y apoyo a la proliferación de comunidades energéticas, la facilitación de venta de servicios de demanda y flexibilidad, la agrupación de activos de energía distribuida en mini-redes y una mayor democratización del sistema energético.
  17. La promoción de la implantación de Sistemas de Gestión Energética como vehículo fundamental para mejorar de manera continua la eficiencia energética en las empresas y sus edificaciones
  18. Potenciación de la coordinación horizontal interministerial, y entre los distintos niveles de la administración estatal, autonómica y
  19. Incorporación de mecanismos financieros equilibradores que faciliten que la transición ecológica y económica sea también una transición justa, reduciendo la pobreza energética.
  20. La creación de una Comisión de Seguimiento, integrada por asociaciones del sector, con el objetivo de apoyar, asesorar y difundir las medidas plasmadas en la Ley de Cambio Climático y Transición Justa relacionadas con la edificación.

 

Todas estas acciones orientadas a la total descarbonización del parque inmobiliario y del sector de la edificación hasta 2050 deben desarrollarse en sintonía con la evolución del marco general de sostenibilidad (incluyendo aspectos sociales y ambientales que vayan más allá de lo energético), de economía circular y de liderazgo energético del ciudadano.

 

Aboga por alinear más eficientemente los instrumentos públicos con la iniciativa privada para cumplir los objetivos que exige la Unión Europea

 

Madrid, 12 de noviembre de 2020. — Pese a que crece el número de Green Banks operativos con resultados muy positivos en países como Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, Australia, Japón o Sudáfrica, entre otros, España no cuenta con ninguna entidad de este tipo, que, promoviendo la innovación financiera, lograría multiplicar y acelerar el impacto de los limitados fondos públicos y, sobre todo, canalizar la inversión privada para acelerar la transición hacia las energías limpias y una economía descarbonizada aprovechando la experiencia, flexibilidad y agilidad del mundo empresarial.

En este contexto, el equipo de relaciones institucionales de Greenward, primera empresa en España especializada en la activación del capital ecológico en el sector edificado a través de la certificación y financiación de proyectos de renovación energética integral de edificios, desarrolla una importante labor para abrir con urgencia el debate parlamentario y social sobre la posibilidad de transformar el Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), en el primer banco verde operativo en nuestro país.

La propuesta de Greenward se enmarca en la corriente de mejora medioambiental y lucha contra el cambio climático impulsada por el Plan de Recuperación para Europa de la Comisión Europea, que, entre otras medidas, promueve la iniciativa Ola de renovación inmobiliaria –Renovation Wave– que aspira a duplicar la tasa de rehabilitaciones en la próxima década para recortar las emisiones de gases de efecto invernadero, impulsar la recuperación y reducir la pobreza energética a través de la mejora de la eficiencia energética del parque edificado, responsable del 36% de la emisión de gases de efecto invernadero y el mayor consumidor de energía de la Unión Europea.

Según ha señalado Eduardo Brunet, CEO y fundador de Greenward, “El actual sistema de subvenciones públicas no está funcionando porque sus aportaciones resultan insuficientes y hay un gran volumen de capital de grandes inversores institucionales, fondos de inversión y fondos de pensiones que podría sumarse. Con esta propuesta buscamos multiplicar los recursos y marco de actuación del FNEE, actor privilegiado e infrautilizado, que, al convertirse ahora además en catalizador de inversión privada y canalizar todo ese potencial de colaboración público/privada, contribuiría a multiplicar la tasa de financiación de proyectos dirigidos a mejorar la eficiencia energética de los edificios y descarbonización de la economía.

En España, el parque edificado presenta una necesidad urgente de renovación. El 55% de los 10 millones de edificios existentes -con 26 millones de viviendas- se construyó antes de que hubiera normativa aplicable y el 40% incluye los criterios de la normativa -muy básica- de 1979. Sólo un 5% está construido siguiendo las recomendaciones del Código Técnico de la Edificación vigente. Las necesidades de inversión en eficiencia energética en España entre 2021 y 2030 superan los 85.000 millones de euros, de los que más de 45.000 corresponden a proyectos de descarbonización del parque edificado. Es imposible que las cuentas públicas, incluso con el apoyo desde NextGeneration EU, financien en solitario la inversión que se necesitará en los próximos diez años para cumplir los objetivos de eficiencia energética en edificios que exige la Unión Europea.

Actualmente, no existen en el mercado español productos ni estructuras que faciliten la financiación a largo plazo, a tipos de interés competitivos y bajo modelos estandarizables que disminuyan el riesgo de la operación y permitan su escala, cubriendo el 100% del coste del proyecto. “Los proyectos de eficiencia energética entregan un conjunto de valor -capital ecológico hasta ahora invisible- que va más allá del mero ahorro en la factura. Es hora de articular sistemas que permitan monetizar tales beneficios, tanto a través de certificados de eficiencia energética, como derechos de CO2 o servicios de flexibilidad al sistema energético que incrementen el atractivo y la financiabilidad de estos proyectos«, explica Brunet.

Contribución para superar la crisis económica

La Ola de renovación propuesta por la UE contribuirá a paliar la crisis económica provocada por la pandemia Covid-19 y a generar empleo, dado que sería necesario aprovechar todo el potencial del sector de la construcción. De todas las líneas de actuación en la lucha contra el cambio climático, la rehabilitación energética es la que mayor número de puestos de trabajo genera por cada millón de euros invertido (según datos de la CEOE, entre 24 y 27 empleos creados y mantenidos al año).

Algunos ejemplos en el entorno europeo muestran que los fondos públicos aportados para la rehabilitación edificatoria en eficiencia energética promueven una actividad económica que los multiplica por 6,5, reducen los costes de desempleo un 95% del valor de la subvención, y producen un retorno fiscal que los multiplica por 1,9.

Tomando como referencia esas ratios en el escenario más conservador, si entre el FNEE, el Plan de Vivienda y los Fondos Europeos se destinaran 2.000 millones de euros al año (que supone pasar de las 30.000 viviendas rehabilitadas actualmente a 120.000), en cuatro años se habría:

Nuevas capacidades del FNEE como Green Bank

Los actuales sistemas de subvenciones para proyectos de rehabilitación o renovación energética no están funcionando en España por cuanto sus importes son muy limitados e implican trámites administrativos complejos y largos. Además, el beneficiario tiene que anticipar la inversión, lo que perjudica a la opcionalidad en los proyectos integrales más ambiciosos.

La propuesta presentada por Greenward contempla proporcionar al Fondo Nacional de Eficiencia Energética de un mandato más amplio y dotarlo de unos nuevos instrumentos que le acerquen al modelo de Banco Verde, atrayendo el capital privado que permita que los grandes proyectos de renovación energética se afronten con menos trabas. La gestión del  “nuevo” banco verde se encargaría a un equipo ejecutivo contratado en el sector privado con probada experiencia en financiación climática, renovación energética y mercados de capitales, que reportaría al órgano público de control del FNEE.

Entre las nuevas capacidades de la entidad encontraríamos el poder sustituir y complementar programas de subvenciones por sistemas de compra de certificados de eficiencia energética, fondos de garantía, promover nuevas tecnologías y estructuras de desarrollo e implementación de proyectos de renovación, actuar de agregador de proyectos y warehousing, facilitar asistencia técnica y costes de pre-proyecto y maximizar el acceso al mercado de capitales, tanto como emisor de bonos verdes como a través de líneas de garantía en emisiones de terceros para la financiación de grandes proyectos de rehabilitación energética cualificados.

Multiplicar por cuatro la inversión pública con capital privado

La propuesta de Greenward contempla dotar al banco verde emergente de las aportaciones anuales con que cuenta el FNEE -de unos 250 millones de euros- a las que se sumarían nuevas aportaciones derivadas del ICO, líneas del Banco Europeo de Inversiones, participación en el mercado de derechos de emisión y de un recurso extraordinario dentro del plan NextGeneration EU. El sumatorio de todos los fondos podría alcanzar fácilmente una cifra superior a los 2.000 millones de euros.  El objetivo: multiplicar cada euro de inversión del FNEE en financiación de proyectos de renovación energética por, como mínimo, 4 incorporando capital privado, pudiendo superar los 8.000 millones de euros al año.

El banco verde accedería también a los nuevos instrumentos y recursos que se van a poner en marcha tanto desde InvestEU como desde la iniciativa Renovation Wave.

Acerca de Greenward

Greenward Partners es la primera empresa para la activación de capital ecológico en España. Financia proyectos de mejora de eficiencia energética en todo tipo de edificios a través de préstamos que se pagan exclusivamente con los ahorros generados por esas mejoras, con la única garantía adicional de los propios inmuebles. Estos instrumentos de financiación se conocen como Préstamos para la Activación del Capital Ecológico (PACE). Asimismo, Greenward desarrolla soluciones y servicios de inteligencia y tecnológicos para la medición, optimización y gestión de los ahorros energéticos en inmuebles; promueve un mercado de negociación de certificados de ahorro energético y aboga por la creación en España de un banco verde  (green bank), un esquema de colaboración público-privada que permita hacer frente al déficit de inversión y financiación de proyectos para la lucha contra el cambio climático y, en particular, para la mejora de la eficiencia energética. Más información en www.greenwardpartners.com

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Expertos internacionales defienden en Madrid la importancia de los bancos verdes para financiar la transición ecológica

Madrid, 10 de diciembre de 2019.— Los bancos verdes son la mejor herramienta para apoyar las inversiones necesarias contra el cambio climático y “financiar el cambio del marrón al verde” desde la colaboración público-privada. Esta es una de las principales conclusiones de una jornada organizada este martes por Greenward Partners y la Coalition for Green Capital en el auditorio del Instituto de Crédito Oficial (ICO) en Madrid.

La falta de financiación es el gran obstáculo para que despeguen las inversiones requeridas por los países en su transición hacia una economía descarbonizada, de acuerdo con los expertos internacionales reunidos en la jornada, coincidiendo con la celebración en la capital española de la Cumbre del Clima COP25.

“Necesitamos un billón de dólares al año de inversión adicional en energías limpias para mantener el calentamiento global por debajo de los dos grados, pero los fondos públicos todavía son insuficientes para financiar el cambio del marrón al verde”, ha advertido Rob Youngs, director de Programas de la Coalition for Green Capital. “Por ello, los países deben esforzarse por canalizar cada vez más inversiones privadas hacia proyectos climáticos”, ha añadido.

Mesa de ponentes

En este contexto, numerosos países han puesto en marcha bancos verdes o green banks en los últimos años, con el objetivo de agregar y asignar recursos financieros de forma eficiente para alcanzar objetivos de impacto en la lucha contra el cambio climático. “Es una iniciativa nueva en España, pero está muy consolidada en otros países”, ha explicado el presidente del ICO, José Carlos García de Quevedo, durante la apertura de la jornada.

“Los objetivos de sostenibilidad han llegado para quedarse y solo pueden ser afrontados desde la colaboración público-privada”, ha defendido García de Quevedo, convencido de la importancia de que las instituciones públicas y las compañías privadas vayan de la mano para hacer frente a los desafíos medioambientales. “Debemos unir fuerzas y experiencia para impulsar las inversiones verdes y tenemos que hacerlo con el mercado, no contra el mercado”, ha insistido.

Desde el sector privado, Eduardo Brunet, CEO y fundador de Greenward Partners, se ha sumado al llamamiento del presidente del ICO y ha defendido la necesidad de “trabajar en equipo” para cubrir el actual déficit en inversiones para la transición ecológica a través de bancos verdes como los que ya funcionan de manera exitosa por todo el mundo.

“Es cierto que nos rodea un cierto pesimismo por las evidencias cada vez más demoledoras sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero hay un aspecto claramente positivo, y es que el cambio climático nos iguala a todos y todos debemos colaborar para combatirlo. Y aquí viene el optimismo: cuando el ser humano se pone una meta, se arremanga y trabaja en equipo, no hay nada que se nos resista”, ha afirmado el representante de Greenward, la primera empresa especializada en la activación del capital ecológico en España.

“Hemos llevado a los astronautas a la Luna con menos tecnología de la que tiene hoy cualquier móvil, hemos erradicado enfermedades que parecían invencibles y hemos sacado de la pobreza y del analfabetismo a miles de millones de personas”, ha detallado Brunet, como ejemplo de otros grandes desafíos a los que la humanidad se ha enfrentado con resultados positivos en el pasado.

Con respecto a los retos específicos que plantea el cambio climático, Brunet y los demás especialistas internacionales reunidos en Madrid han destacado el enorme potencial de los bancos verdes para derribar “los obstáculos que impiden que la financiación climática despliegue todo su potencial”, como las trabas regulatorias, la falta de incentivos o la dispersión de actores públicos y privados.

La jornada ha contado con la participación de responsables de algunas de las instituciones más pioneras e importantes del mundo en financiación verde, como Rosa Sánchez-Yebra, vicegobernadora de Estrategia de Desarrollo Social del Council of Europe Development Bank; Andrea Colnes, directora de Desarrollo Internacional de la Coalition for Green Capital; Peter Sweatman, CEO de Climate Strategy; Rob Youngman, Team Leader del Centre on Green Finance and Investment de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y Craig Weise, CEO de New Zealand Green Investment Finance.

Estos bancos ecológicos tienen un mandato claro: multiplicar y acelerar el impacto de los limitados fondos públicos y, sobre todo, servir como canalizadores de la inversión privada para aprovechar la experiencia, flexibilidad y agilidad del mundo empresarial.

Ya es una realidad innegable. Según una reciente encuesta del Real Instituto Elcano, el 97% de los españoles está de acuerdo en que el cambio climático existe. Una vez identificada la amenaza con tanta claridad, gobernantes, empresarios y otros líderes mundiales están trabajando para encontrar la mejor forma de combatirla. Y entre esas soluciones, debemos poner el foco en la financiación, imprescindible para llevar a cabo las inversiones necesarias frente al desafío de descarbonizar nuestra economía.

El Acuerdo de París en 2016 marcó un hito en la lucha contra el cambio climático y nos presentó un escenario marcado por un billonario déficit de inversión para revolucionar el modelo económico y energético. No basta con los recursos públicos, que son limitados: hay que atraer urgentemente al capital privado para invertir de forma ágil, eficiente y a gran escala en esta necesaria transición.

Aquel pacto trasladó la iniciativa desde la órbita internacional o supranacional hacia el ámbito doméstico, a través de planes de acción nacionales para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pasamos del entorno global a una esfera glocal, lo que implica también la adaptación y evolución de la actual arquitectura de financiación para proyectos climáticos.

Se trata de combinar la participación en objetivos internacionales de interés público con la responsabilidad local en la búsqueda de soluciones adaptadas al ecosistema y a las particularidades de cada país, desarrollando regulaciones y movilizando recursos al mismo tiempo que se simplifica el complejo sistema de intermediación a través de fondos bilaterales y multilaterales.

En esta esfera glocal, debemos impulsar también en España el modelo exitoso de los bancos verdes, entidades locales especializadas en la financiación de medidas de mitigación y adaptación frente al cambio climático. De titularidad mayoritariamente pública, estos bancos ecológicos tienen un mandato claro: multiplicar y acelerar el impacto de los limitados fondos públicos y, sobre todo, servir como canalizadores de la inversión privada para aprovechar la experiencia, flexibilidad y agilidad del mundo empresarial.

¿Qué ventajas competitivas ofrecen estos bancos verdes? En primer lugar, son independientes y tienen un mandato nítidamente definido: reducir barreras y asignar financiación eficiente para la lucha contra el cambio climático. Permiten agregar recursos privados y públicos, tanto nacionales como supranacionales, para el desarrollo de políticas públicas y la consecución de objetivos de impacto. En otras palabras: los bancos verdes ponen al capital privado -como los grandes fondos de inversión o de pensiones- a trabajar por el bien común.

Las voces más acreditadas llevan tiempo insistiendo en esta idea. «Para conseguir llegar a las cero emisiones en este siglo, los Gobiernos tendrán que maximizar su capacidad de adjudicar enormes cantidades de inversión privada en infraestructuras bajas en carbono y los bancos verdes pueden acelerar este cambio tanto a nivel nacional como regional», ha dicho Ángel Gurría, secretario general de la OCDE. «El banco verde es el instrumento a través del cual los Gobiernos pueden involucrar al sector privado e implementar la financiación superando barreras», ha explicado Michael Eckhart, director general de Citigroup y uno de los líderes mundiales en financiación contra el cambio climático.

En su reciente libro El Green New Deal global, el divulgador Jeremy Rifkin también apuesta por la creación de bancos verdes en todos los países, a nivel estatal y regional, como una de las medidas cruciales para hacer frente al colapso que él calcula para 2028 de los activos económicos vinculados a las energías que proceden de fuentes fósiles.

Dentro del amplio abanico de instrumentos que gestionan y promueven los bancos verdes, estas instituciones sirven para movilizar capital, aportar financiación y garantías e impulsar la innovación en productos y soluciones a través de proyectos piloto y sandboxes, así como habilitar y acelerar mercados.

Desde Greenward, la primera empresa española que persigue la activación de capital ecológico, defendemos la implantación en nuestro país de este esquema de colaboración público-privada como una forma inteligente, eficiente y compartida para transformar el panorama energético. En marzo asistí en París a la primera Cumbre Internacional de Bancos Verdes, donde representantes de más de 50 países trabajamos durante dos días en la articulación de propuestas concretas para consolidar y ampliar el alcance de estas entidades.

En aquel encuentro fuimos testigos de la materialización de los proyectos de Sudáfrica y Ruanda, que son solamente dos de los más de 15 bancos verdes que hoy existen en todo el mundo, desde los casos de éxito de Connecticut o Nueva York en Estados Unidos hasta Reino Unido, Suiza, Australia, Japón, Indonesia o Malasia, así como agencias y fondos especializados que funcionan bajo el mismo modelo dentro de los bancos nacionales de desarrollo en América Latina y Asia.

La tendencia es clara: en EEUU se ha tramitado una propuesta para crear desde cero un Banco Verde federal, en Europa se está estudiando la posibilidad de dar vida a un Banco Verde en el contexto del Green New Deal y en China nos llevan la delantera en la estructuración de instituciones especializadas en la financiación de proyectos climáticos y también trabajan en el lanzamiento de un Banco Verde central, por mencionar solo tres ejemplos significativos.

Necesitamos instituciones especializadas que sean capaces de dar soluciones innovadoras y canalizar eficientemente los ingentes recursos del ahorro privado que actualmente están infrautilizados. Los bancos verdes son una evidente historia de éxito y un modelo replicable en cualquier lugar del mundo. ¿A qué esperamos para abrir en España nuestro propio Banco Verde?

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