Madrid, 27 de septiembre de 2021.

El precio medio del pool eléctrico español no ha dejado de crecer desde el mes de julio de 2021, alcanzando máximos históricos, triplicando la media de la última década y planteando una presión adicional para hogares y consumidores. Ante esta subida de los precios, el Plan de Choque presentado por el Gobierno recoge medidas que pretenden mitigar este impacto sobre la factura eléctrica, pero lo hace con un enfoque muy a corto plazo y sin modificar un sistema energético del siglo pasado,  unidireccional, rígido y poco adaptado a las nuevas tecnologías y realidades sociales.

Para dar continuidad a estos esfuerzos puntuales y con fecha de caducidad, Greenward, la primera empresa de capital ecológico en España, destaca la necesidad de acometer un reposicionamiento estratégico de las prioridades y la transformación del modelo energético español hacia uno que, a partir del impulso de la eficiencia energética como activo de energía distribuida y vector para poner en valor la gestión de la demanda, presente mayores beneficios para el sistema, los consumidores -especialmente las rentas más bajas y los colectivos vulnerables frente a la creciente pobreza energética-, la economía y el planeta.

Con la rehabilitación energética de hogares y edificios como una de sus principales armas, la eficiencia energética ya ha resultado clave en muchos y muy distintos sistemas energéticos para rebajar y controlar la factura eléctrica de empresas y ciudadanos, y palanca eficaz para reducir los costes dentro del sistema de generación, transmisión, distribución y almacenamiento, lo que también se traslada al coste final de la tarifa.

Eduardo Brunet, cofundador y presidente de Greenward, afirma que “La eficiencia energética  debe considerarse y tratarse como una fuente de energía más, la `Energía Eficiencia´, en igualdad de condiciones que el resto y con su propio marco regulatorio. Es la fuente de energía más abundante, económica y beneficiosa para el conjunto del sistema energético de cualquier país. No solo permitiría reducir la factura eléctrica, sino que también resulta clave a la hora de cumplir con los objetivos de descarbonización de la economía y mitigar el cambio climático”.

En el entorno europeo, los fondos públicos aportados para la rehabilitación de edificios en base a criterios de eficiencia energética promueven una actividad económica que los multiplica por 6,5, reducen los costes de desempleo un 95% del valor de la subvención y producen un retorno fiscal que los multiplica por 1,9.

Estudios recientes* demuestran que la eficiencia energética ya es la tercera mayor fuente de electricidad de Estados Unidos, aportando más energía a la red que la nuclear, y que es un recurso menos costoso que cualquier otra fuente de energía, convencional o alternativa. Para el periodo 2021-2030 se proyectan reducciones del 34% en cuanto a la necesidad de recurrir al gas para la generación de electricidad. Esto, trasladado a España, supondría un ahorro equivalente al de las medidas de choque anunciadas por el Ejecutivo, pero sin perjuicio al resto de actores e inversiones en el sistema.

El Acuerdo de París recuerda que, para cumplir con los límites de seguridad dentro de la crisis climática, el incremento de las temperaturas debe situarse entre 1,5 y 2 grados con respecto a niveles preindustriales. Al ritmo actual, a finales de siglo se alcanzarán los 2,7º. Según Naciones Unidas, para 2030 las emisiones mundiales habrán aumentado un 16,3% con respecto a 2010. Unos niveles alarmantes.

La eficiencia energética conlleva también una muy necesaria reducción de emisiones, y a su valor se suma el impacto en salud, confort y otros beneficios no energéticos, como, por ejemplo, que es la medida contra el cambio climático que más puestos de trabajo genera por millón de inversión, empleos que, además, son locales y mayoritariamente en pymes”, añade Brunet.

Así, según un estudio financiado por ClimateWorks, si las economías priorizan las medidas de eficiencia energética dentro de planes y políticas para mitigar el cambio climático hasta 2030, además de alcanzar los objetivos de reducción de emisiones podrían ahorrar 2,8 billones de dólares. En España, la tasa de rehabilitación energética de edificios está lejos de la de países de su entorno. Los fondos públicos son insuficientes y no contamos con movimientos legislativos, fiscales ni herramientas de financiación suficientes que permitan al ciudadano ser un actor de primer orden en el nuevo sistema energético hacia el que hay que avanzar.

Como explica Eduardo Brunet, “Hablamos de un sistema digitalizado y descentralizado, donde la energía se venderá como un servicio y donde los edificios rehabilitados a través de intervenciones de eficiencia e inteligencia serán auténticos activos energéticos y conectados en red, abriendo un mercado de flexibilidad estimado en más de 220.000 millones de dólares para 2026. España no puede quedar rezagada en la consecución de ese modelo.

En este sentido, según Navigant Research, los activos de energía distribuida están llamados a crecer 9 veces más rápido que las centrales de generación, incluidas las renovables, en los próximos 10 años. Y tendrán capacidad para producir cerca de 43.000 teravatios. “En otras palabras, los activos de energía distribuida podrían obviar la necesidad de fuentes centralizadas de generación para 2030”, concluye Brunet.

En un sistema energético adaptado al siglo XXI y necesariamente bidireccional, la Energía Eficiencia tiene que ser una fuente despachable, con un precio de mercado y que proporcione flexibilidad de demanda a largo plazo. Esto descongestionaría problemas de red en puntos y franjas horarias concretas y facilitaría la entrada en red de un volumen cada vez mayor de renovables, al tiempo que eliminaría la necesidad de fuentes de generación caras y contaminantes y enormes inversiones en transmisión y almacenamiento.

En este sentido, la Agencia Internacional de la Energía** propone a los reguladores, operadores del sistema y compañías energéticas, las siguientes medidas regulatorias:

El consorcio Flexener, liderado por Iberdrola e integrado por compañías como Siemens, Balantia y Wallbox, y apoyado por el Centro para el Desarrollo Industrial y Tecnológico (CDTI), comparte esta visión de transición del sistema energético e invertirá 7,6 millones de euros en el desarrollo de tecnologías para poder integrar esta Energía Eficiencia dentro de la red.

 

(*) Según el American Council for an Energy Efficient Economy (ACEE) y el estudio de Synapse sobre la Evaluación del Impacto Ambiental en Estados Unidos, publicado el pasado mes de agosto

(**) En su reciente publicación Distributed energy resources for net zero: An asset or a hassle to the electricity grid?

 

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Acerca de Greenward

Greenward Partners es la empresa líder en la activación de capital ecológico en España. Greenward por fin hace posible en España proyectos integrales de mejora de eficiencia energética en todo tipo de edificios a través de novedosos instrumentos de financiación que permiten su cancelación exclusivamente con los ahorros generados por esas mejoras, con la única garantía adicional de los propios inmuebles. Estos instrumentos se conocen como Préstamos para la Activación del Capital Ecológico (e-PACE). Asimismo, Greenward desarrolla soluciones y servicios de inteligencia y tecnológicos para la medición, optimización y gestión de los ahorros energéticos en inmuebles; promueve un mercado de negociación de certificados de ahorro energético y aboga por la creación en España de un banco verde  (green bank), un esquema de colaboración público-privada que permita hacer frente al déficit de inversión y financiación de proyectos para la lucha contra el cambio climático y, en particular, para la mejora de la eficiencia energética.

Más información en www.greenwardpartners.com / Twitter:@GreenwardP

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10 de febrero de 2021.

El periodo de participación pública abierto por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico -MITECO- para regular un mecanismo que acredite la consecución de una cantidad de ahorro energético a efectos del cumplimiento de las obligaciones del sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética finaliza el próximo viernes, 12 de febrero.

En este contexto, Greenward Partners, primera empresa de activación del capital ecológico en España, considera el tema de suma importancia. Para Eduardo Brunet, consejero delegado de la compañía, “El hecho de que el Ministerio, junto al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), estén empujando y liderando esta iniciativa es muy buena noticia, porque queda mucho por hacer. Hay que dar pasos hacia el desarrollo y la regulación de un Certificado de Ahorro Energético (CAE) que, como mecanismo de acreditación y materialización de atributos medioambientales, facilite y actualice el cumplimiento de los principales objetivos vinculantes para la UE en 2030 en materia de energía”.

Unos objetivos que se resumen en un 55% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990 y, según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) que ha presentado España a la UE, lograr un 39,5% de mejora en eficiencia energética.

Según los últimos datos disponibles, sólo para el sector de la edificación, el objetivo en 2030 en España es disminuir el consumo de energía final en 43.464 GWh respecto al consumo actual, correspondiendo el 73,7% de esta reducción a los usos térmicos. El 60,7% del objetivo de disminución del consumo se concentra en el sector residencial, donde se prevé la rehabilitación de la envolvente de 1,2 millones de viviendas y la sustitución de más de 3,5 millones de sistemas de calefacción y agua caliente.

Tras la trasposición de varias Directivas, las empresas comercializadoras de gas y electricidad (además de las operadoras de productos petrolíferos al por mayor y las de gases licuados de petróleo al por mayor) están obligadas a cubrir unas determinadas cuotas anuales de ahorro energético, que se materializan en aportaciones financieras al Fondo Nacional de Eficiencia Energética.

Como alternativa a estas aportaciones dinerarias (parte de las cuales se están repercutiendo actualmente en la factura eléctrica), la normativa española contempla la posibilidad de acreditación de CAE negociables, opción que aún no ha sido desarrollada reglamentariamente y en el marco de la cual el MITECO acaba de abrir la consulta pública. Como explica Eduardo Brunet, “El objetivo es la habilitación de un sistema de medición y cuantificación de los ahorros obtenidos en proyectos de eficiencia energética que permita emitir estos CAE, transmisibles a, entre otras -matiz importante-, las compañías obligadas al cumplimiento de esas cuotas de ahorro”.

Con esta medida, estas empresas podrían aportar los CAE como especie y se beneficiarían de un sistema complementario que proporcione mayor flexibilidad para el cumplimiento de sus obligaciones, en favor de una sustitución de parte de las obligaciones económicas a que están sujetas; mayor seguridad jurídica, certeza y transparencia del sistema de obligaciones; mayor participación en el sector de la eficiencia energética mediante la elección de actuaciones específicas y de creación de empleo -tanto en los sectores relacionados con la construcción como en el de las empresas de servicios energéticos-; y algo fundamental: podrían canalizar financiación privada que ayude a aliviar la pobreza energética; porque con los presupuestos públicos no es suficiente y los proyectos de eficiencia en vivienda social y colectivos en situación o riesgo de pobreza energética difícilmente pueden acceder a la financiación privada.

Los CAE podrían abrir la puerta a un sistema de apoyo adicional y novedoso a la financiación de estos colectivos. En este sentido, el Fondo Nacional de Eficiencia, a través de contratos de compra de energía a largo plazo (PPA en sus siglas en inglés) y precio fijo, indiciado o con un escalado, podría adquirir los certificados `cosechados´ de las inversiones en eficiencia (destino finalista de fondos públicos) que en esos edificios pudieran acometer inversores privados e institucionales, de modo que transferirían el riesgo del propietario o de la comunidad de propietarios al propio Estado español, lo que sin duda atraería capital en las ingentes cantidades necesarias” refiere Brunet.

Asimismo, desde el punto de vista de Greenward, sería interesante abrir la posibilidad de crear un mercado secundario organizado o voluntario (similar al que existe para las renovables a través de los Certificados de Energía Renovable) que pudiera servir como palanca de financiación o refinanciación de proyectos de renovación energética en edificios, tal y como ya existe en varios países de nuestro entorno europeo.

Es, sin duda, una de las más viejas aspiraciones del sector, que nos situaría en un plano de igualdad con otros 14 países europeos que ya cuentan con este instrumento que incentiva una necesaria y decidida participación de los sujetos obligados en la promoción de proyectos de eficiencia energética y que contribuye a la digitalización y democratización de nuestro actual sistema”, comenta el consejero delegado de Greenward Partners.

 

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Acerca de Greenward Partners

Greenward Partners es la primera empresa para la activación de capital ecológico en España. Financia proyectos de mejora de eficiencia energética en todo tipo de edificios a través de préstamos que se pagan exclusivamente con los ahorros generados por esas mejoras, con la única garantía adicional de los propios inmuebles. Estos instrumentos de financiación se conocen como Préstamos para la Activación del Capital Ecológico (e-PACE). Asimismo, Greenward desarrolla soluciones y servicios de inteligencia y tecnológicos para la medición, optimización y gestión de los ahorros energéticos en inmuebles; promueve un mercado de negociación de certificados de ahorro energético y aboga por la creación en España de un banco verde  (green bank), un esquema de colaboración público-privada que permita hacer frente al déficit de inversión y financiación de proyectos para la lucha contra el cambio climático y, en particular, para la mejora de la eficiencia energética.

Más información en www.greenwardpartners.com

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Una de las medidas estrella para superar la crisis económica provocada por el Covid-19 es la rehabilitación de edificios, porque genera mucho empleo. Pero sólo es rentable a largo plazo, lo que supone una seria barrera para captar inversión. Un sistema importado de EEUU puede solucionarlo, mediante la titulización de los préstamos, sin coste para propietarios e inquilinos.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima -una de las palancas de la recuperación- quiere destinar 40.000 millones de euros para ello hasta 2030, y pretende que el 80% sea privado, algo muy complejo, por la escasa rentabilidad a corto plazo y por barreras legales, como la necesidad de que haya un acuerdo entre los propietarios de los inmuebles para acometer las reformas.

Ahora bien, un sistema nacido en California en 2009, denominado Property Assessed Clean Energy (Pace) permitiría seducir a los bancos y los fondos de inversión para que aportaran el capital, a cambio de una rentabilidad del entorno del 6%, y sin coste para propietarios e inquilinos. El Pace se aplica en EEUU, Canadá y Australia, y desde su aparición ha captado unos 7.000 millones para rehabilitar edificios.

Greenward Partners, firma especializada en financiar la eficiencia energética, se ha puesto manos a la obra con el Pace (lo ha traducido como Programa de Activación Ecológica en Edificios, para mantener el acrónimo) y ha contratado los servicios del bufete Pérez Llorca para analizar cómo encajarlo en nuestro ordenamiento jurídico.

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