Madrid. – 15 de abril de 2021.- Greenward Partners, primera compañía especializada en la activación del capital ecológico en España, considera enormemente positivo que España vaya a disponer de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, pero lamenta que el texto aprobado por el Congreso de los Diputados, el pasado 8 de abril, suponga una oportunidad perdida en materia de rehabilitación energética:

La rehabilitación energética es una materia tan importante para lograr los objetivos de descarbonización marcados por la Unión Europea, que resulta sorprendente que solo sea objeto de un artículo -el 8- y de escasos puntos repartidos a lo largo de la Ley”.

La Ley carece de medidas concretas que sirvan para impulsar la rehabilitación energética en España y se limita a remitir al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y a la Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación en España (ERESEE) como instrumentos de referencia”.

“No resuelve uno de los grandes obstáculos que frenan el desarrollo de la rehabilitación energética en España: la financiación, sobre todo teniendo en cuenta que las inversiones en esta materia previstas en los diferentes planes del Gobierno resultan insuficientes para lograr la neutralidad climática”. En este sentido, Greenward Partners recuerda que:

 

Valoramos muy positivamente que se haga referencia expresa a la promoción de la eficiencia energética en los edificios habitados por personas en situaciones de vulnerabilidad. Y consideramos que los recursos públicos disponibles para hacer frente a la rehabilitación energéticamente eficiente de edificios y hogares, muy limitados para afrontar las necesidades totales en España, deberían dedicarse mayoritariamente a desarrollar proyectos para los colectivos más vulnerables en cuestión de pobreza energética”. En este sentido, Greenward Partners recuerda que:

“Celebramos la inclusión de las cuestiones de circularidad en el entorno de la construcción y rehabilitación energética que aparece por primera vez en el art.8., aunque echamos en falta la concreción de los parámetros de referencia que se deben cumplir para alcanzar el requisito de tener la menor huella de carbono, máxime cuando se establece como criterio discrecional a las administraciones que otorgarán las licencias y permisos”.

“Aplaudimos las medidas incluidas en el artículo 30 que establecen que los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero se destinen a la financiación de los costes del sector eléctrico para el fomento de las energías renovables, pero no comprendemos que no se incluya también la eficiencia energética como beneficiaria”.

“Valoramos positivamente que se incorpore la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) y confiamos en que, no solo se haga con el fin de facilitar las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en las Comunidades de Propietarios, sino también los proyectos de rehabilitación energética. Además, sería deseable que se adelantara la fecha de modificación propuesta en la LCCTE, dado que se trata de una cuestión urgente, que ha sido reivindicada por el sector de la eficiencia energética desde hace mucho tiempo”.

“Celebramos el planteamiento de reforma del sector eléctrico, incluido en la disposición final decimoquinta y que permitirá la participación de los consumidores en los mercados energéticos, incluida la respuesta de demanda mediante la agregación independiente, así como la generación distribuida”.

Por todo ello, Greenward Partners, confía en que:

Estos aspectos sean tenidos en cuenta y, en su paso por el Senado, el texto del Congreso sea completado con medidas y mecanismos concretos que sirvan para impulsar definitivamente la rehabilitación energética en línea con las directrices marcadas por la Unión Europea. En ese sentido, sería deseable la incorporación de instrumentos que permitan superar el obstáculo de la financiación y que fomenten la colaboración público-privada, que tanto está contribuyendo a la evolución en los países de nuestro entorno”.

Si estás interesado en conocer más en detalle la opinión de Greenward Partners acerca de la LCCTE, por favor, ponte en contacto con nosotros:

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Madrid. – 16 de febrero de 2021.- Es urgente proporcionar mecanismos y herramientas a los ciudadanos, especialmente a aquellos con las rentas más bajas y a los barrios más vulnerables, para afrontar la rehabilitación de sus hogares de cara a lograr las mejores condiciones climáticas, de salud y bienestar, con un menor consumo energético y de manera que sea financieramente viable.

Greenward Partners, primera compañía especializada en la activación del capital ecológico en España aboga por que se articulen con urgencia mecanismos y proyectos de renovación energética en los sectores de población con rentas bajas, para los que una inteligente política de subvención y ayudas que incentiven la entrada de inversión privada es crucial.  Solo mediante la eficiente interacción entre subvenciones, ayudas, garantías y créditos blandos del sector público con financiación en escala desde el sector privado, los colectivos más desfavorecidos podrán acceder a los recursos necesarios para afrontar la rehabilitación energética de los edificios donde viven.

Greenward ha realizado un exhaustivo análisis de la situación macro y las medidas que podrían ayudar a, desde el marco del desarrollo de proyectos de rehabilitación energéticamente eficiente de edificios y hogares, luchar contra la pobreza energética en nuestro país. Algunas de sus principales conclusiones quedan expuestas a continuación.

Situación de pobreza energética en España

Urge optimizar el uso de los recursos públicos

La necesaria confluencia del capital público-privado

Herramientas útiles en la lucha contra la pobreza energética:

Greenward señala una serie de herramientas, inexistentes en nuestro país, que podrían ayudar a paliar el grado de pobreza energética en España haciendo confluir el capital público y el privado de cara a avanzar en rehabilitación energética, poniendo especial foco en los colectivos de rentas más bajas:

Es necesario modificar la Ley del Cambio Climático y Transición Energética

Los ayuntamientos como agentes clave de acceso

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Madrid, 10 de febrero de 2021. Mostrar el valor de la rehabilitación de edificios y la renovación urbana y cómo desarrollar un marco de seguridad jurídica y financiera para propietarios e inversores son elementos necesarios para impulsar el sector de la rehabilitación en España tanto a corto como a largo plazo. Estas son algunas de las principales conclusiones de Rehabilitacción, un debate organizado por el Observatorio 2030 del Consejo Superior del Colegio de Arquitectos de España (CSCAE) y Savills Aguirre Newman, que ha tenido lugar en la sede de la consultora inmobiliaria en Madrid.

El encuentro ha sido moderado por Ángela Baldellou, directora del Observatorio 2030 del CSCAE, y ha contado con la participación de distintos representantes de la industria inmobiliaria, del ámbito económico  y legal, como Juan Pérez Hereza, del Consejo General del Notariado; Fernando de Roda, CEO, fundador y managing partner de Greenward Partners; Javier Martín, director general de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de APCEspaña; Juan Carlos Delrieu, director de Estrategia y Sostenibilidad de la Asociación Española de la Banca (AEB); Valentí Pich, presidente del Consejo General de Economistas de España; Joan Clos, presidente de ASVAL; Alejandro Pestaña, en representación del Consejo General de Administradores de Fincas; Dolores Huerta, directora general de GBCEspaña; Julián Núñez, presidente de SEOPAN, y Susana Cabrera, responsable de Inversiones de Azora.

Para el presidente del CSCAE, Lluís Comerón, la pandemia de Covid19 ha enfrentado a nuestra generación a grandes desafíos, como el medioambiental, y ha considerado imprescindible impulsar una “renovación profunda” de nuestras ciudades para que nuestro país se suba definitivamente al siglo XXI. “En España partimos de una tasa de rehabilitación muy baja debido a la falta de cultura de mantenimiento de nuestros edificios y a la dispersión de la propiedad, que dificulta la toma de decisiones. Para garantizar la eficiencia de los fondos de recuperación de la UE, hay que identificar las barreras que han obstaculizado el desarrollo de la rehabilitación y trabajar por removerlas en un esfuerzo coordinado entre las administraciones y el sector de la edificación”.

Asimismo, Jaime Pascual-Sanchiz, CEO de Savills Aguirre Newman, ha señalado que “las aspiraciones y motivaciones de la sociedad actual son mucho más globales y transversales que hace unos años y comparten algunos objetivos como el freno del cambio climático y la mejora del bienestar”. Por todo ello, ha enfatizado, “desde Savills Aguirre Newman, nuestra determinación es seguir apoyando iniciativas en materia de sostenibilidad y eficiencia energética en el sector inmobiliario y ayudar a que nuestros clientes obtengan la financiación necesaria para cumplir con lo que nos demanda la sociedad como sector”.

La jornada ha servido para exponer las catorce propuestas extraídas de la mesa de trabajo del Observatorio 2030 del CSCAE, que cuenta con algunos de los actores más relevantes del sector inmobiliario y de la construcción y la edificación en España. Todas ellas están enfocadas a dar respuesta al escenario de urgencia en el cual se encuentra el sector de la rehabilitación en el país y a aprovechar el momentum que ofrece la posibilidad de acceder a los fondos europeos de financiación sostenible, como son:

  1. Establecer una regulación que favorezca el crédito verde para la financiación de la rehabilitación de edificios con criterios ecoficientes. Para ello, será necesario impulsar las obras de mejora de eficiencia energética de los edificios y favorecer la toma de decisiones por parte de los propietarios, así como el acceso a la financiación.
  2. Modificar la Ley de Propiedad Horizontal, también para mejorar y facilitar los acuerdos en materia de reformas y mejoras en comunidades con más de un propietario.
  3. Impulsar y mejorar el PACE (préstamo para la activación del capital ecológico), ayudando a que el propio activo genere valor por sí mismo gracias a las mejoras acometidas y evitando así hacer uso de recursos públicos para la financiación de estos proyectos.
  4. Modificar la ley de las haciendas locales para permitir que el capital privado pueda contribuir a financiar los 40.000 millones de euros necesarios para la rehabilitación que recoge el PNIEC.
  5. Incentivar, aumentar la dotación y promover las herramientas públicas existentes, como el Plan Estatal de Vivienda, el Programa PREE, los préstamos ICO o la financiación regional y municipal.
  6. Incentivar y promover las herramientas de gestión privadas, como los fondos privados de inversión en rehabilitación y los créditos bancarios para tales fines, así como las hipotecas verdes y las empresas de servicios energéticos (ESEs).
  7. Incentivar, aumentar y promover las herramientas de gestión público-privadas, impulsando iniciativas como EuroPACE o HousEEnvest.
  8. Aprender, estudiar y analizar el impacto en el mercado español de otros referentes en Europa y promover mesas de trabajo y foros permanentes como AÚNA o los proyectos Ecobonus y Superbonus 110%.
  9. Fijar criterios basados en la taxonomía europea para contar con unas reglas claras y ya establecidas, sin necesidad de crear modelos únicos para España.
  10. Crear un sandbox para valorar qué modificaciones reglamentarias se deben hacer antes de escalar estos productos en el mercado, tal y como ya lo está haciendo en Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con otros sectores como la Banca.
  11. Favorecer el acceso a la financiación bancaria con condiciones reducidas para proyectos de rehabilitación energética para así contribuir a iniciar estos proyectos.
  12. Implantar un sistema de facturación de ahorros energéticos debidamente homologado que permita ver y entender de forma fácil y rápida el valor de la rehabilitación de inmuebles.
  13. Facilitar, por parte del planeamiento, el aprovechamiento de plusvalías urbanísticas debidas a aumentos de edificabilidad y ocupación, según lo establecido en la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas.
  14. Respaldo del sector a la ERESEE 2020 (Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética del sector de la edificación en España) como documento de partida y a diferentes propuestas que facilitarían la entrada del capital privado en la rehabilitación, como son la creación de un Fondo de Garantías para la cobertura de impagos que dote de seguridad al sistema financiero de la rehabilitación, el Plan Nacional de rehabilitación residencial y terciaria, el Plan Nacional de rehabilitación para la edificación pública y el Plan Nacional contra la pobreza energética.

Durante la jornada, los participantes han explicado sus puntos de vista y posibles soluciones para salvar obstáculos y crear desde ya los instrumentos necesarios que en los próximos tres años permitan poner los andamios para que el sector tenga vida durante los próximos 30, mostrando su acuerdo en aspectos como:

Finalmente, al cierre de la sesión, Lluís Comerón, ha recordado que en el Observatorio 2030 del CSCAE están representados más de 500.000 profesionales y que “la suma de las acciones concretas y la visión general de los actores relacionados con el sector de la rehabilitación crea el marco general de trabajo necesario para impulsar iniciativas realizables” que respondan “al reto que asumimos desde la generación actual y que tendrá impacto en la siguiente generación”.

 

Sobre Observatorio 2030 CSCAE

Constituido en octubre de 2018, el Observatorio 2030 del CSCAE es la única mesa con carácter de permanencia que existe dentro del sector de la construcción y la edificación en España. Bajo el paraguas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU, ha conseguido alinear a Administraciones públicas, instituciones, asociaciones empresariales, consejos profesionales, fundaciones y tercer sector, universidades, industria y empresas. La misión del Observatorio 2030 es trabajar, coordinar y consensuar el compromiso de todos los agentes implicados en el diseño, la planificación y la gestión de nuestros pueblos, ciudades y territorios para alcanzar los ODS, pero con la mirada puesta también en el año 2050.

 

Sobre Savills Aguirre Newman

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Mejor Consultora Inmobiliaria en España por 8º año consecutivo (Fuente: Euromoney® Real Estate a +3.200 directivos)

Savills Aguirre Newman somos la consultora internacional de real estate líder en España. Fundada en el Reino Unido en 1855, cotiza en la Bolsa de Londres y cuenta con más de 30 años de presencia en España. Contamos con 500 personas en nuestro país y más de 39.000 en 70 países alrededor del mundo. Con más de 600 oficinas en América, Europa, Asia Pacífico, África y Medio Oriente, en España tenemos oficinas en Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga. Ofrecemos servicios en todos los sectores inmobiliarios en Consultoría, Capital Markets, Agencia, Tenant Representation, Gestión, Valoraciones y Tasaciones, Arquitectura, Urbanismo, Corporate Finance, Debt Advisory, Facility Management y Research.

La Responsabilidad Corporativa de Savills Aguirre Newman se articula en dos dimensiones, la social y la medioambiental. Nuestra sede en España, ubicada en el edificio Castellana 81, cuenta con las certificaciones LEED Oro en diseño interior y es el primer edificio de oficinas WELL de España Standard Oro en la categoría de Core & Shell, lo cual repercute en importantes ahorros de agua y energía, además de proporcionar un máximo confort a los usuarios.

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Greenward Partners ha tenido una participación destacada en la Jornada Financiación y Modelo de Negocio, organizada por GBCe como parte del proceso de participación pública para la actualización de la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España (ERESEE).

Fernando de Roda, co-CEO de Greenward Partners, presentó el caso práctico sobre Fondos de inversión privados para la rehabilitación, en el que expuso la necesidad de disponer de instrumentos financieros que permitan canalizar la inversión de capitales de largo plazo hacia la rehabilitación energética (min. 00:7:25).

Por su parte, Eduardo Brunet, co-CEO de Greenward Partners, actuó como moderador de una de las cinco mesas de trabajo de la jornada, la centrada en Capitalización de ahorros y creación de valor, y presentó (min 1:31:18) las conclusiones ante todos los asistentes.

10 de febrero de 2021.

El periodo de participación pública abierto por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico -MITECO- para regular un mecanismo que acredite la consecución de una cantidad de ahorro energético a efectos del cumplimiento de las obligaciones del sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética finaliza el próximo viernes, 12 de febrero.

En este contexto, Greenward Partners, primera empresa de activación del capital ecológico en España, considera el tema de suma importancia. Para Eduardo Brunet, consejero delegado de la compañía, “El hecho de que el Ministerio, junto al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), estén empujando y liderando esta iniciativa es muy buena noticia, porque queda mucho por hacer. Hay que dar pasos hacia el desarrollo y la regulación de un Certificado de Ahorro Energético (CAE) que, como mecanismo de acreditación y materialización de atributos medioambientales, facilite y actualice el cumplimiento de los principales objetivos vinculantes para la UE en 2030 en materia de energía”.

Unos objetivos que se resumen en un 55% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990 y, según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) que ha presentado España a la UE, lograr un 39,5% de mejora en eficiencia energética.

Según los últimos datos disponibles, sólo para el sector de la edificación, el objetivo en 2030 en España es disminuir el consumo de energía final en 43.464 GWh respecto al consumo actual, correspondiendo el 73,7% de esta reducción a los usos térmicos. El 60,7% del objetivo de disminución del consumo se concentra en el sector residencial, donde se prevé la rehabilitación de la envolvente de 1,2 millones de viviendas y la sustitución de más de 3,5 millones de sistemas de calefacción y agua caliente.

Tras la trasposición de varias Directivas, las empresas comercializadoras de gas y electricidad (además de las operadoras de productos petrolíferos al por mayor y las de gases licuados de petróleo al por mayor) están obligadas a cubrir unas determinadas cuotas anuales de ahorro energético, que se materializan en aportaciones financieras al Fondo Nacional de Eficiencia Energética.

Como alternativa a estas aportaciones dinerarias (parte de las cuales se están repercutiendo actualmente en la factura eléctrica), la normativa española contempla la posibilidad de acreditación de CAE negociables, opción que aún no ha sido desarrollada reglamentariamente y en el marco de la cual el MITECO acaba de abrir la consulta pública. Como explica Eduardo Brunet, “El objetivo es la habilitación de un sistema de medición y cuantificación de los ahorros obtenidos en proyectos de eficiencia energética que permita emitir estos CAE, transmisibles a, entre otras -matiz importante-, las compañías obligadas al cumplimiento de esas cuotas de ahorro”.

Con esta medida, estas empresas podrían aportar los CAE como especie y se beneficiarían de un sistema complementario que proporcione mayor flexibilidad para el cumplimiento de sus obligaciones, en favor de una sustitución de parte de las obligaciones económicas a que están sujetas; mayor seguridad jurídica, certeza y transparencia del sistema de obligaciones; mayor participación en el sector de la eficiencia energética mediante la elección de actuaciones específicas y de creación de empleo -tanto en los sectores relacionados con la construcción como en el de las empresas de servicios energéticos-; y algo fundamental: podrían canalizar financiación privada que ayude a aliviar la pobreza energética; porque con los presupuestos públicos no es suficiente y los proyectos de eficiencia en vivienda social y colectivos en situación o riesgo de pobreza energética difícilmente pueden acceder a la financiación privada.

Los CAE podrían abrir la puerta a un sistema de apoyo adicional y novedoso a la financiación de estos colectivos. En este sentido, el Fondo Nacional de Eficiencia, a través de contratos de compra de energía a largo plazo (PPA en sus siglas en inglés) y precio fijo, indiciado o con un escalado, podría adquirir los certificados `cosechados´ de las inversiones en eficiencia (destino finalista de fondos públicos) que en esos edificios pudieran acometer inversores privados e institucionales, de modo que transferirían el riesgo del propietario o de la comunidad de propietarios al propio Estado español, lo que sin duda atraería capital en las ingentes cantidades necesarias” refiere Brunet.

Asimismo, desde el punto de vista de Greenward, sería interesante abrir la posibilidad de crear un mercado secundario organizado o voluntario (similar al que existe para las renovables a través de los Certificados de Energía Renovable) que pudiera servir como palanca de financiación o refinanciación de proyectos de renovación energética en edificios, tal y como ya existe en varios países de nuestro entorno europeo.

Es, sin duda, una de las más viejas aspiraciones del sector, que nos situaría en un plano de igualdad con otros 14 países europeos que ya cuentan con este instrumento que incentiva una necesaria y decidida participación de los sujetos obligados en la promoción de proyectos de eficiencia energética y que contribuye a la digitalización y democratización de nuestro actual sistema”, comenta el consejero delegado de Greenward Partners.

 

-FIN-

Acerca de Greenward Partners

Greenward Partners es la primera empresa para la activación de capital ecológico en España. Financia proyectos de mejora de eficiencia energética en todo tipo de edificios a través de préstamos que se pagan exclusivamente con los ahorros generados por esas mejoras, con la única garantía adicional de los propios inmuebles. Estos instrumentos de financiación se conocen como Préstamos para la Activación del Capital Ecológico (e-PACE). Asimismo, Greenward desarrolla soluciones y servicios de inteligencia y tecnológicos para la medición, optimización y gestión de los ahorros energéticos en inmuebles; promueve un mercado de negociación de certificados de ahorro energético y aboga por la creación en España de un banco verde  (green bank), un esquema de colaboración público-privada que permita hacer frente al déficit de inversión y financiación de proyectos para la lucha contra el cambio climático y, en particular, para la mejora de la eficiencia energética.

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En Aragón hay 300.000 edificios construidos antes de 1980 y más de la mitad no poseen el aislamiento térmico necesario

Casi el 40% de los edificios construidos en Aragón son anteriores a 1980 y, de ellos, más de la mitad carecen de aislamiento térmico. Esto repercute directamente en la calificación energética obtenida, que en el 80% de los casos se sitúa en niveles muy bajos.

El Gobierno de Aragón sigue avanzando en su apuesta por la eficiencia energética del parque edificatorio de la Comunidad y ha puesto en marcha la convocatoria de ayudas para el Programa de Rehabilitación Energética de Edificios (Programa PREE), procedente del Fondo Nacional de Eficiencia Energética; un total de 8,6 millones de euros que serán destinados a mejorar las calificaciones energéticas a través de tres ejes de actuación: mejoras en la envolvente térmica del edificio, sustitución de energía convencional por renovable en las instalaciones térmicas y mejora en las instalaciones de iluminación interior de las zonas comunes de edificios de cualquier uso para reducir el consumo energético.

Por su parte, el Gobierno de España, en los Presupuestos Generales de 2021, ha incrementado un 368%, gracias a los fondos Europeos, la partida de políticas de vivienda y fomento de la edificación sostenible para que las comunidades puedan afrontar temas medioambientales y de rehabilitación de viviendas. Un monto de 41 millones corresponderá a Aragón y será destinado a la rehabilitación sostenible de viviendas y barrios completos.

La apuesta de la Comunidad por el impulso de la investigación y elaboración de estrategias de mitigación del Cambio Climático es decidida y queda patente en la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático Horizonte 2030. Además, el pasado 5 de junio, coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, se presentó la Consulta Pública previa para la elaboración del Anteproyecto de la Ley Aragonesa de Cambio Climático y Transición.

Pero a pesar de los esfuerzos legislativos y la suma de los recursos públicos que están disponibles, no será suficiente. La hoja de ruta para rehabilitación energética viene constituida por la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España (ERESEE 2020), dentro del Plan de Recuperación elaborado por el MITMA. Según sus datos, Aragón aglutina el 4% de las viviendas españolas que sería necesario incluir en los paquetes de hogares con necesidades de rehabilitación de su envolvente entre 2021 y 2050 para que sean energéticamente eficientes. Se trata en concreto de 271.000 viviendas, de las cuales más de 45.000 deberían intervenirse antes de 2030.

Como explica Eduardo Brunet, fundador y CEO de Greenward, primera empresa dedicada a la activación de capital ecológico en España, “Es imposible que las cuentas públicas financien en solitario la inversión que se necesitará para cumplir los objetivos de eficiencia energética en edificios que exige la Unión Europea. Pero no hay en el mercado productos y estructuras que faciliten la financiación del 100% del coste del proyecto, a largo plazo, a tipos competitivos y bajo modelos estandarizables. Necesitamos normativas eficaces e instituciones especializadas, capaces de dar soluciones innovadoras y canalizar el gran volumen de capital privado que existe proveniente de inversores interesados en apostar por la rehabilitación energéticamente eficiente y que actualmente está infrautilizado”.

En Aragón hay registrados 300.000 edificios construidos antes de 1980, es decir, antes de que se publicara la norma básica de edificación, motivo por el cual más de la mitad de esos edificios carece del aislamiento térmico necesario para poder mantener una temperatura adecuada en su interior.

Las pocas entidades financieras que están presentes en la financiación de estos proyectos otorgan préstamos con plazos máximos de financiación inferiores a 10 años -la media ronda los 6 ó 7 años-. Insuficiente para acometer renovaciones energéticas integrales salvo que la financiación bancaria venga acompañada de un desembolso inicial, en muchas ocasiones, inasumible para los propietarios. Para contextualizar el reto económico, la reforma integral de un edificio de 20 viviendas de 100 m2 con finalidad de eficiencia energética, incluyendo envolvente, calderas y otros elementos, podría superar fácilmente los 300.000 euros.

Urge mayor coordinación y una Ley del Cambio Climático innovadora

Para alcanzar los ambiciosos objetivos estatales y autonómicos de rehabilitación de viviendas será necesario, además de la coordinación entre departamentos a nivel estatal, que se concreten dichos objetivos en las escalas autonómica y local, y diseñar estrategias específicas de despliegue a nivel municipal, en el marco de las necesidades de regeneración urbana de cada localidad.

Para Greenward, los municipios son absolutamente clave para coordinar y focalizar estrategias y el esfuerzo inversor público, actualmente disgregado en diversas fuentes, como el Plan Estatal de Vivienda, las ayudas del IDAE, los fondos FEDER-EDUSI, las subvenciones y proyectos autonómicos y municipales, etc. “Sería necesario que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que el Gobierno de Aragón abrirá a consulta pública en breve incorpore medidas innovadoras para hacer accesibles herramientas que permitan confluir el capital público y el privado de cara a avanzar en rehabilitación energética”, señala Brunet.

PACE, Eco-bonos y Comunidades Energéticas Locales como claves de oportunidad

Greenward está trabajando en los ámbitos institucionales para lograr la incorporación urgente de enmiendas a las nuevas leyes de Cambio Climático y Transición Energética que permitan trasladar a los marcos regulatorios autonómico y nacional modelos que están demostrando importantes éxitos en diferentes países.  Los más significativos:

 

Tanto los préstamos PACE como los Súper Eco-bonos y las CEL tienen un valor añadido muy importante para poder activar de forma inmediata proyectos de renovación energética en aquellos sectores de población con rentas bajas, para los que una inteligente política de subvención y ayudas que incentiven la entrada de inversión privada es crucial. Según los datos de ERESEE, Aragón reúne el 4% de los hogares en situación de pobreza energética existentes en España.

Como señala Eduardo Brunet, “El nuevo mantra de la financiación verde o sostenible que envía Bruselas es el `blended finance´ o la eficiente interacción entre subvenciones, ayudas, garantías y créditos blandos del sector público con financiación en escala desde el sector privado. Solo la correcta e inteligente articulación de estos mecanismos será capaz de atraer los ingentes recursos financieros necesarios en este campo de la rehabilitación energética de edificios”.

Es necesario apostar por vías innovadoras y facilitar la financiación para la rehabilitación energética mediante créditos u otras fórmulas a los propietarios de inmuebles, y focalizar las ayudas públicas en las situaciones de mayor necesidad.

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Greenward Partners es la primera empresa para la activación de capital ecológico en España. Financia proyectos de mejora de eficiencia energética en todo tipo de edificios a través de préstamos que se pagan exclusivamente con los ahorros generados por esas mejoras, con la única garantía adicional de los propios inmuebles. Estos instrumentos de financiación se conocen como Préstamos para la Activación del Capital Ecológico (e-PACE). Asimismo, Greenward desarrolla soluciones y servicios de inteligencia y tecnológicos para la medición, optimización y gestión de los ahorros energéticos en inmuebles; promueve un mercado de negociación de certificados de ahorro energético y aboga por la creación en España de un banco verde  (green bank), un esquema de colaboración público-privada que permita hacer frente al déficit de inversión y financiación de proyectos para la lucha contra el cambio climático y, en particular, para la mejora de la eficiencia energética.

Más información en www.greenwardpartners.com

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Más del 53% de las viviendas de la Comunidad Valenciana están situadas en edificios con más de 40 años de antigüedad y, por tanto, construidos antes de 1980, año en el que se aprobaron las normativas sobre eficiencia energética en la edificación.

Esa antigüedad probablemente explique que el 26% de las viviendas registradas por el Institut Valencià de la Competitivitat Empresarial (IVACE) cuentan con la certificación más ineficiente (F y G), una cifra que aumenta hasta el 86% si se incluye la certificación E.

Según los datos de la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España (ERESEE 2020), la Comunidad Valenciana aglutina el 8% de las viviendas españolas que sería necesario incluir en los paquetes de hogares con necesidades de rehabilitación de su envolvente entre 2021 y 2050 para que sean energéticamente eficientes. Un total de 565.849 viviendas, de las que más de 95.000 deberían intervenirse antes de 2030.

Otro dato que pone de manifiesto la necesidad de impulsar planes de mejora de eficiencia energética en la región es que el 19,7% del consumo de energía final en la Comunidad Valenciana corresponde al sector de la edificación.

Pasos de mejora, pero recursos insuficientes

La Generalitat Valenciana está dando importantes pasos para revertir esta situación. Entre ellos el Pla Hàbitat 20-30, aprobado este año, que prevé rehabilitar 150.000 viviendas en la próxima década y reconoce que el 10% de las viviendas principales* requiere de una intervención urgente. El Plan Renhata que, con carácter anual, proporciona ayudas para la rehabilitación y renovación de viviendas, entre otros, con fines de eficiencia energética y cuyo presupuesto en 2020 ha ascendido a 30 millones de euros. También es importante la Estrategia de Cambio Climático y Energía 2030, que acaba de cerrar su fase de consulta pública, y que se constituye como la herramienta fundamental para avanzar hacia una Comunidad Valenciana más sostenible y como la base sobre la que se desarrollarán las políticas y programas en materia medioambiental en la próxima década.

Recientemente se anunciaba, además, la convocatoria de ayudas para el Programa de Rehabilitación Energética de Edificios (PREE), procedente del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que asciende a 26 millones de euros que serán destinados a promover la sostenibilidad del parque edificado de la Comunidad mediante actuaciones de mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica (fachadas); de la eficiencia energética y de utilización de energías renovables en las instalaciones térmicas de calefacción, climatización, ventilación y agua caliente sanitaria; así como de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.

Esta Comunidad también se beneficiará de una partida de 152 millones de euros, de los más de 1.650 millones que espera recibir España en 2021 de los fondos europeos para la rehabilitación sostenible de viviendas y barrios completos, y que ha sido incluida en los Presupuestos Generales del Estado de 2021.

Sin embargo, la suma de los recursos públicos incluidos en todos estos planes y programas de las diferentes administraciones, resultan aún insuficientes para alcanzar los objetivos de descarbonización de la economía marcados por la Unión Europea.

Como explica Eduardo Brunet, fundador y CEO de Greenward, primera empresa dedicada a la activación de capital ecológico en España, “Es imposible que las cuentas públicas financien en solitario la inversión que se necesitará para cumplir los objetivos de eficiencia energética en edificios que exige la Unión Europea. Pero no hay en el mercado productos y estructuras que faciliten la financiación del 100% del coste del proyecto, a largo plazo, a tipos competitivos y bajo modelos estandarizables. Necesitamos normativas eficaces e instituciones especializadas, capaces de dar soluciones innovadoras y canalizar el gran volumen de capital privado que existe proveniente de inversores interesados en apostar por la rehabilitación energéticamente eficiente y que actualmente está infrautilizado”.

Las pocas entidades financieras que están presentes en la financiación de estos proyectos otorgan préstamos con plazos máximos de financiación inferiores a 10 años -la media ronda los 6 ó 7 años-. Insuficiente para acometer renovaciones energéticas integrales salvo que la financiación bancaria venga acompañada de un desembolso inicial, en muchas ocasiones, inasumible para los propietarios. Para contextualizar el reto económico, la reforma integral de un edificio de 20 viviendas de 100 m2 con finalidad de eficiencia energética, incluyendo envolvente, calderas y otros elementos, podría superar fácilmente los 300.000 euros.

La colaboración público-privada es imprescindible para multiplicar los recursos públicos y poder alcanzar los objetivos marcados por la Unión Europea. Sería deseable que la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética de la Comunidad Valenciana, que acaba de cerrar su consulta pública, impulsara esa colaboración.

Urge mayor coordinación y una Ley del Cambio Climático innovadora

Para alcanzar los ambiciosos objetivos estatales y autonómicos de rehabilitación de viviendas será necesario, además de la coordinación entre departamentos a nivel estatal, que se concreten dichos objetivos en las escalas autonómica y local, y diseñar estrategias específicas de despliegue a nivel municipal, en el marco de las necesidades de regeneración urbana de cada localidad.

Para Greenward, los municipios son absolutamente clave para coordinar y focalizar estrategias y el esfuerzo inversor público, actualmente disgregado en diversas fuentes, como el Plan Estatal de Vivienda, las ayudas del IDAE, los fondos FEDER-EDUSI, las subvenciones y proyectos autonómicos y municipales, etc. “Sería necesario que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de la Comunidad Valenciana incorpore medidas innovadoras para hacer accesibles herramientas que permitan confluir el capital público y el privado de cara a avanzar en rehabilitación energética”, señala Brunet.

PACE, Eco-bonos y Comunidades Energéticas Locales como claves de oportunidad

Greenward está trabajando en los ámbitos institucionales para lograr la incorporación urgente de enmiendas a las nuevas leyes de Cambio Climático y Transición Energética que permitan trasladar a los marcos regulatorios autonómico y nacional modelos que están demostrando importantes éxitos en diferentes países.  Los más significativos:

Tanto los préstamos PACE como los Súper Eco-bonos y las CEL tienen un valor añadido muy importante para poder activar de forma inmediata proyectos de renovación energética en aquellos sectores de población con rentas bajas, para los que una inteligente política de subvención y ayudas que incentiven la entrada de inversión privada es crucial. Según los datos de ERESEE, la Comunidad Valenciana supera los 209.000 hogares en situación de pobreza energética, un 8% del total de España.

Como señala Eduardo Brunet, “El nuevo mantra de la financiación verde o sostenible que envía Bruselas es el `blended finance´ o la eficiente interacción entre subvenciones, ayudas, garantías y créditos blandos del sector público con financiación en escala desde el sector privado. Solo la correcta e inteligente articulación de estos mecanismos será capaz de atraer los ingentes recursos financieros necesarios en este campo de la rehabilitación energética de edificios”.

Es necesario apostar por vías innovadoras y facilitar la financiación para la rehabilitación energética mediante créditos u otras fórmulas a los propietarios de inmuebles, y focalizar las ayudas públicas en las situaciones de mayor necesidad.

(*) El total de viviendas principales asciende a 1.986.896, según datos del INE, correspondientes al Censo de 2011.

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Acerca de Greenward Partners

Greenward Partners es la primera empresa para la activación de capital ecológico en España. Financia proyectos de mejora de eficiencia energética en todo tipo de edificios a través de préstamos que se pagan exclusivamente con los ahorros generados por esas mejoras, con la única garantía adicional de los propios inmuebles. Estos instrumentos de financiación se conocen como Préstamos para la Activación del Capital Ecológico (e-PACE). Asimismo, Greenward desarrolla soluciones y servicios de inteligencia y tecnológicos para la medición, optimización y gestión de los ahorros energéticos en inmuebles; promueve un mercado de negociación de certificados de ahorro energético y aboga por la creación en España de un banco verde  (green bank), un esquema de colaboración público-privada que permita hacer frente al déficit de inversión y financiación de proyectos para la lucha contra el cambio climático y, en particular, para la mejora de la eficiencia energética.

Más información en www.greenwardpartners.com

Twitter:@GreenwardP

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* María Luisa Rodríguez marialuisa.rodriguez@grayling.com

* Natalia Rodríguez natalia.rodriguez@grayling.com

* Carmen Martos carmen.martos@grayling.com

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Más de 76.000 viviendas en Euskadi necesitarían ser rehabilitadas; el 67% de ellas está ubicado en edificios de más de 40 años de antigüedad

El parque de viviendas del País Vasco es uno de los más antiguos del sur de Europa, con más de un 60% de edificios residenciales construido entre 1940 y 1980, antes de que existieran normativas sobre eficiencia energética en la edificación.

El Gobierno Vasco está dando importantes pasos de mejora. Planea movilizar 8,5 millones de euros en la rehabilitación energética de edificios residenciales privados de más de 40 años hasta el año 2022 tras recibir el visto bueno de la Comisión Europea al proyecto AGREE. A esto se suma su puesta en marcha de ayudas, a través del Ente Vasco de la Energía, gracias a una dotación de 11,3 millones de euros destinados a mejoras en la envolvente de los edificios y a la sustitución de sistemas de energía convencional por renovables. Asimismo, el Plan Zero Plana recientemente anunciado será un importante impulso para la mejora de la eficiencia energética del parque residencial público de vivienda en alquiler; con actuaciones en 136 edificios que albergan alrededor de 7.500 viviendas gestionadas.

También hay que contemplar la parte proporcional que corresponderá a Euskadi de los 27.000 millones de euros que llegarán a España de la UE con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que ayudarán a hacer realidad los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para avanzar en la descarbonización mediante la rehabilitación energética de edificios. Pero, incluso sumando todos, los recursos públicos son insuficientes.

Como explica Eduardo Brunet, fundador y CEO de Greenward, primera empresa dedicada a la activación de capital ecológico en España, “Es imposible que las cuentas públicas financien en solitario la inversión que se necesitará para cumplir los objetivos de eficiencia energética en edificios que exige la Unión Europea. Pero no hay en el mercado productos y estructuras que faciliten la financiación del 100% del coste del proyecto, a largo plazo, a tipos competitivos y bajo modelos estandarizables. Necesitamos normativas eficaces e instituciones especializadas, capaces de dar soluciones innovadoras y canalizar el gran volumen de capital privado que existe proveniente de inversores interesados en apostar por la rehabilitación energéticamente eficiente y que actualmente está infrautilizado.

El Gobierno Vasco aprobará el próximo 29 de diciembre Euskadi Next, el programa de Recuperación y Resiliencia de Euskadi (PRRE 2020-2023), en el que la transición energética y climática es un pilar estratégico. Un marco en el que para Greenward es importante llevar al debate social e institucional la necesidad de hacer confluir el capital público y privado, al igual que lo es extrapolarlo a las consultas que se abran para la que, previsiblemente pronto, será la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética de Euskadi.

Según los últimos datos hechos públicos por el Gobierno Vasco sobre demanda y necesidades de vivienda en Euskadi, se estima en más de 76.000 el número de viviendas que necesitarían ser rehabilitadas; el 67% de ellas ubicado en edificios de más de 40 años de antigüedad y con propietarios de avanzada edad, muchos de ellos con escasos recursos económicos.

Las pocas entidades financieras que están presentes en la financiación de estos proyectos otorgan préstamos con plazos máximos de financiación inferiores a 10 años -la media ronda los 6 ó 7 años-. Insuficiente para acometer renovaciones energéticas integrales salvo que la financiación bancaria venga acompañada de un desembolso inicial, en muchas ocasiones, inasumible para los propietarios. Para contextualizar el reto económico, la reforma integral de un edificio de 20 viviendas de 100 m2 con finalidad de eficiencia energética, incluyendo envolvente, calderas y otros elementos, podría superar fácilmente los 300.000 euros.

Urge mayor coordinación y una Ley del Cambio Climático innovadora

Para alcanzar los ambiciosos objetivos estatales y autonómicos de rehabilitación de viviendas será necesario, además de la coordinación entre departamentos a nivel estatal, que se concreten dichos objetivos en las escalas autonómica y local, y diseñar estrategias específicas de despliegue a nivel municipal, en el marco de las necesidades de regeneración urbana de cada localidad.

Para Greenward, los municipios son absolutamente clave para coordinar y focalizar estrategias y el esfuerzo inversor público, actualmente disgregado en diversas fuentes, como el Plan Estatal de Vivienda, las ayudas del IDAE, los fondos FEDER-EDUSI, las subvenciones y proyectos autonómicos y municipales, etc. “Sería necesario que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que el Gobierno Vasco abrirá a consulta pública en breve incorpore medidas innovadoras para hacer accesibles herramientas que permitan confluir el capital público y el privado de cara a avanzar en rehabilitación energética”, señala Brunet.

PACE, Eco-bonos y Comunidades Energéticas Locales como claves de oportunidad

Greenward está trabajando en los ámbitos institucionales para lograr la incorporación urgente de enmiendas a las nuevas leyes de Cambio Climático y Transición Energética que permitan trasladar a los marcos regulatorios autonómico y nacional modelos que están demostrando importantes éxitos en diferentes países.  Los más significativos:

El modelo, que es intermediado desde el municipio en que se lleve a cabo la rehabilitación, es un mecanismo totalmente voluntario en el que el 100% del coste de las mejoras de la eficiencia de los inmuebles se financia con fondos privados, contra el inmueble -financiación que se traspasa con el inmueble en caso de venta-, con un plazo de amortización de hasta 25 años, un tipo de interés fijo y el único límite en su importe del 20% del valor del edificio. El repago de la financiación se canaliza a través de una contribución local especial no tributaria -una suerte de IBI- que, sin constituir un impuesto nuevo ni una subida de los existentes, goza del beneficio de una hipoteca legal tácita sobre el edificio, gira el ayuntamiento competente, y cuyo importe es equivalente a la cuota de amortización y los intereses de la financiación del proyecto de rehabilitación durante el plazo acordado de financiación.

Tanto los préstamos PACE como los Súper Eco-bonos y las CEL tienen un valor añadido muy importante para poder activar de forma inmediata proyectos de renovación energética en aquellos sectores de población con rentas bajas, para los que una inteligente política de subvención y ayudas que incentiven la entrada de inversión privada es crucial.

Como señala Eduardo Brunet, “El nuevo mantra de la financiación verde o sostenible que envía Bruselas es el `blended finance´ o la eficiente interacción entre subvenciones, ayudas, garantías y créditos blandos del sector público con financiación en escala desde el sector privado. Solo la correcta e inteligente articulación de estos mecanismos será capaz de atraer los ingentes recursos financieros necesarios en este campo de la rehabilitación energética de edificios”.

Es necesario apostar por vías innovadoras y facilitar la financiación para la rehabilitación energética mediante créditos u otras fórmulas a los propietarios de inmuebles, y focalizar las ayudas públicas en las situaciones de mayor necesidad.

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Acerca de Greenward Partners

Greenward Partners es la primera empresa para la activación de capital ecológico en España. Financia proyectos de mejora de eficiencia energética en todo tipo de edificios a través de préstamos que se pagan exclusivamente con los ahorros generados por esas mejoras, con la única garantía adicional de los propios inmuebles. Estos instrumentos de financiación se conocen como Préstamos para la Activación del Capital Ecológico (e-PACE). Asimismo, Greenward desarrolla soluciones y servicios de inteligencia y tecnológicos para la medición, optimización y gestión de los ahorros energéticos en inmuebles; promueve un mercado de negociación de certificados de ahorro energético y aboga por la creación en España de un banco verde  (green bank), un esquema de colaboración público-privada que permita hacer frente al déficit de inversión y financiación de proyectos para la lucha contra el cambio climático y, en particular, para la mejora de la eficiencia energética.

Más información en www.greenwardpartners.com

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* María Luisa Rodríguez marialuisa.rodriguez@grayling.com

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8 de enero 2021.

Cerca del 50% del parque residencial andaluz fue construido antes de 1980, año en que comenzaron a existir normativas sobre eficiencia energética en la edificación. En términos energéticos, el sector de la edificación representa el principal vértice de consumo energético en la Unión Europea y uno de los principales sectores consumidores de Andalucía (en torno al 20% del consumo de energía final), por lo que, desde una óptica de protección medioambiental, resulta apremiante asumir como prioridad medidas tendentes a reducir el consumo energético en el parque andaluz de edificios, entre ellas, juega un papel esencial la rehabilitación energéticamente eficiente.

La Junta de Andalucía está dando importantes pasos de mejora. Una de sus últimas medidas, recientemente anunciada, es la convocatoria del Programa de incentivos para actuaciones de rehabilitación energética en edificios publicada por la Agencia Andaluza de la Energía, entidad adscrita a las consejerías de Presidencia, Administración Pública e Interior y Hacienda y Financiación Europea. Coordinado a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y gestionado por la entidad pública regional, está dotado con 49,3 millones de euros con la finalidad de reducir el consumo energético bajo criterios de eficiencia y uso de energías renovables, así como activar la rehabilitación energética de los edificios.

También hay que contemplar la parte proporcional que corresponderá a Andalucía de los 27.000 millones de euros que llegarán a España de la UE con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que ayudarán a hacer realidad los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para avanzar en la descarbonización mediante la rehabilitación energética de edificios. Y la recientemente anunciada decisión por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) de destinar 51,2 millones de euros al Programa de Rehabilitación Energética de Edificios (PREE) en Andalucía, la mayor cantidad autonómica del plan, para actuaciones de mejora de la eficiencia enérgica en edificios construidos antes de 2007, un presupuesto cuya gestión será competencia de la Comunidad Autónoma.

Pero, incluso sumando todos, los recursos públicos son insuficientes. La hoja de ruta para rehabilitación energética viene constituida por la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España (ERESEE 2020), dentro del Plan de Recuperación elaborado por el MITMA. Según sus datos, Andalucía aglutina el 13% de las viviendas españolas que sería necesario incluir en los paquetes de hogares con necesidades de rehabilitación de su envolvente entre 2021 y 2050 para que sean energéticamente eficientes. Se trata en concreto de 900.000 viviendas, de las cuales algo más de 150.000 deberían intervenirse antes de 2030.

Como explica Eduardo Brunet, fundador y CEO de Greenward, primera empresa dedicada a la activación de capital ecológico en España, “Es imposible que las cuentas públicas financien en solitario la inversión que se necesitará para cumplir los objetivos de eficiencia energética en edificios que exige la Unión Europea. Pero no hay en el mercado productos y estructuras que faciliten la financiación del 100% del coste del proyecto, a largo plazo, a tipos competitivos y bajo modelos estandarizables. Necesitamos normativas eficaces e instituciones especializadas, capaces de dar soluciones innovadoras y canalizar el gran volumen de capital privado que existe proveniente de inversores interesados en apostar por la rehabilitación energéticamente eficiente y que actualmente está infrautilizado.

La Junta de Andalucía acaba de abrir a consulta pública el Plan Andaluz de Acción por el Clima, uno de los instrumentos que representa el desarrollo normativo de la ley de Cambio Climático de Andalucía aprobado en 2017. Entre los objetivos del plan se encuentran líneas clave como mejorar el ahorro y la eficiencia energética en los edificios, promocionar los barrios inteligentes, energéticamente eficientes y que aprovechen las energías renovables y el fomento de la adaptación al cambio climático en los programas desarrollados en materia de Vivienda y Regeneración Urbana, prestando especial atención a los colectivos más vulnerables. Es el momento de avanzar hacia normativas que abran la vía a la colaboración público-privada para que el parque inmobiliario Andaluz logre cumplir los objetivos marcados por la UE.

Urge mayor coordinación y una Ley del Cambio Climático innovadora

Para alcanzar los ambiciosos objetivos estatales y autonómicos de rehabilitación de viviendas será necesario, además de la coordinación entre departamentos a nivel estatal, que se concreten dichos objetivos en las escalas autonómica y local, y diseñar estrategias específicas de despliegue a nivel municipal, en el marco de las necesidades de regeneración urbana de cada localidad.

Las pocas entidades financieras que están presentes en la financiación privada de estos proyectos otorgan préstamos con plazos máximos de financiación inferiores a 10 años -la media ronda los 6 ó 7 años-. Insuficiente para acometer renovaciones energéticas integrales salvo que la financiación bancaria venga acompañada de un desembolso inicial, en muchas ocasiones, inasumible para los propietarios. Para contextualizar el reto económico, la reforma integral de un edificio de 20 viviendas de 100 m2 con finalidad de eficiencia energética, incluyendo envolvente, calderas y otros elementos, podría superar fácilmente los 300.000 euros.

Para Greenward, los municipios son absolutamente clave para coordinar y focalizar estrategias y el esfuerzo inversor público, actualmente disgregado en diversas fuentes, como el Plan Estatal de Vivienda, las ayudas del IDAE, los fondos FEDER-EDUSI, las subvenciones y proyectos autonómicos y municipales, etc. “Sería necesario que la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética que la Junta de Andalucía elabore incorpore medidas innovadoras para hacer accesibles herramientas que permitan confluir el capital público y el privado de cara a avanzar en rehabilitación energética”, señala Brunet.

PACE, Eco-bonos y Comunidades Energéticas Locales como claves de oportunidad

Greenward está trabajando en los ámbitos institucionales para lograr la incorporación de enmiendas a las nuevas leyes de Cambio Climático y Transición Energética que permitan trasladar a los marcos regulatorios autonómico y nacional modelos que están demostrando importantes éxitos en diferentes países.  Los más significativos:

El modelo, que es intermediado desde el municipio en que se lleve a cabo la rehabilitación, es un mecanismo totalmente voluntario en el que el 100% del coste de las mejoras de la eficiencia de los inmuebles se financia con fondos privados, contra el inmueble -financiación que se traspasa con el inmueble en caso de venta-, con un plazo de amortización de hasta 25 años, un tipo de interés fijo y el único límite en su importe del 20% del valor del edificio. El repago de la financiación se canaliza a través de una contribución local especial no tributaria -una suerte de IBI- que, sin constituir un impuesto nuevo ni una subida de los existentes, goza del beneficio de una hipoteca legal tácita sobre el edificio, gira el ayuntamiento competente, y cuyo importe es equivalente a la cuota de amortización y los intereses de la financiación del proyecto de rehabilitación durante el plazo acordado de financiación.

 

Tanto los préstamos PACE como los Súper Eco-bonos y las CEL tienen además un valor añadido muy importante para poder activar de forma inmediata proyectos de renovación energética en aquellos sectores de población con rentas bajas, para los que una inteligente política de subvención y ayudas que incentiven la entrada de inversión privada es crucial. Según los datos de ERESEE, Andalucía reúne el 19% de los hogares en situación de pobreza energética existentes en España.

Como señala Eduardo Brunet, “El nuevo mantra de la financiación verde o sostenible que envía Bruselas es el `blended finance´ o la eficiente interacción entre subvenciones, ayudas, garantías y créditos blandos del sector público con financiación en escala desde el sector privado. Solo la correcta e inteligente articulación de estos mecanismos será capaz de atraer los ingentes recursos financieros necesarios en este campo de la rehabilitación energética de edificios”.

Es necesario apostar por vías innovadoras y facilitar la financiación para la rehabilitación energética mediante créditos u otras fórmulas a los propietarios de inmuebles, y focalizar las ayudas públicas en las situaciones de mayor necesidad.

-FIN-

Acerca de Greenward Partners

Greenward Partners es la primera empresa para la activación de capital ecológico en España. Financia proyectos de mejora de eficiencia energética en todo tipo de edificios a través de préstamos que se pagan exclusivamente con los ahorros generados por esas mejoras, con la única garantía adicional de los propios inmuebles. Estos instrumentos de financiación se conocen como Préstamos para la Activación del Capital Ecológico (e-PACE). Asimismo, Greenward desarrolla soluciones y servicios de inteligencia y tecnológicos para la medición, optimización y gestión de los ahorros energéticos en inmuebles; promueve un mercado de negociación de certificados de ahorro energético y aboga por la creación en España de un banco verde  (green bank), un esquema de colaboración público-privada que permita hacer frente al déficit de inversión y financiación de proyectos para la lucha contra el cambio climático y, en particular, para la mejora de la eficiencia energética.

Más información en www.greenwardpartners.com

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Manifiesto por la declaración de la rehabilitación energética del parque edificado como una medida prioritaria de interés general

La magnitud de la crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19 ha levantado algunas dudas infundadas sobre la posibilidad de avanzar en la lucha contra el cambio climático a los ritmos a los que el mundo se ha comprometido.

La tesis detrás de estas dudas es errónea. Considera los esfuerzos medioambientales exclusivamente como un coste, sin tener en cuenta su naturaleza preventiva ni su capacidad de generación de riqueza fruto de un giro hacia la sostenibilidad en la forma en la que nos relacionamos con el planeta.

Más acertada es la respuesta de la Comisión Europea, que ha reconocido que la ineludible lucha contra el cambio climático constituye el motor más potente para impulsar la recuperación económica. El plan Next Generation EU y el Marco Financiero Plurianual que Europa se dispone a poner en marcha concentran sus inversiones en sectores y actividades con un futuro sostenible.

La primera prioridad de la política de recuperación económica de la Unión Europea es lo que la Comisión ha llamado una “oleada de renovación inmobiliaria”, con un presupuesto de inversión anual de 250.000 millones de euros, que será cubierto en una quinta parte con financiación pública a través de fondos estructurales y del Banco Europeo de Inversiones.

Esta decisión es un reconocimiento de la más alta institución europea del enorme potencial de la promoción de la eficiencia energética, en particular, en los edificios, para impulsar el crecimiento económico y la lucha contra el cambio climático.

La eficiencia energética es la primera fuente de energía sostenible en el mundo y en torno a un 30% de dicho potencial se esconde en los edificios. El parque inmobiliario es uno de los elementos que más contribuyen al calentamiento del planeta y a la contaminación: Es responsable del 40% del consumo de energía final y de un tercio de las emisiones de CO2.

En España, aproximadamente el 80% de los edificios es ineficiente en términos energéticos (certificación energética E, F o G) y más de la mitad de nuestro parque edificatorio tiene más de 40 años y es anterior a la introducción de cualquier normativa en materia de aislamiento energético.

Como vector económico, la rehabilitación energética en edificios genera de forma inmediata un volumen importante de puestos de trabajo, al tiempo que reduce las emisiones y mejora la calidad de vida de los ciudadanos. El plan de rehabilitación anunciado por el Gobierno español antes de la pandemia contemplaba la movilización de 45.000 millones de euros en ahorro y eficiencia energética en inmuebles, incluida una previsión de actuación sobre 1,2 millones de viviendas y la creación de entre 42.000 y 80.000 empleos cada año hasta 2030.

La renovación energética de inmuebles es la partida económica más importante dentro del capítulo de eficiencia energética y, además de otros beneficios sociales y medioambientales, es la línea de actividad que más empleo genera por millón de euros invertido (entre 24 y 27 puestos de trabajo creados o mantenidos al año, según la CEOE).

Empleos, además, que no se pueden deslocalizar, tienen un alto componente de innovación y digitalización, y se crean en una amplia gama de sectores productivos: no solo en la construcción y sus industrias auxiliares, sino también en la fabricación de equipos de calefacción y climatización, el desarrollo y la producción de herramientas y mecanismos de medición, la domótica, la instalación, la producción de materiales de aislamiento, la arquitectura y la ingeniería, entre otros.

El Green Deal propone duplicar el actual porcentaje anual de rehabilitación en toda la Unión Europea. Sin embargo, en España, para alcanzar las 300.000 viviendas al año rehabilitadas que se propone como velocidad de crucero a partir de 2030, debe multiplicarse por diez el actual ritmo de rehabilitación, y además debe profundizarse en la naturaleza energética de las intervenciones.

España cuenta con la voluntad política, la tecnología, el tejido empresarial y los recursos privados para cubrir las necesidades de financiación que los fondos públicos no pueden cubrir.

Tenemos la oportunidad de aprovechar el potencial de la rehabilitación energética para afrontar de forma unida estos dos grandes retos a los que nos enfrentamos: la recuperación económica tras la pandemia y afrontar la emergencia climática.

Los firmantes de Rehabilitar el Futuro aplaudimos la firme decisión con la que las administraciones públicas están situando la lucha contra el cambio climático en el centro de sus políticas.

En este sentido, el proyecto de Ley de Cambio Climático que el Gobierno ha remitido al Congreso de los Diputados es ambicioso en sus objetivos y eleva hasta un mínimo del 35% (con respecto a la línea de base conforme a normativa comunitaria) el ahorro en el consumo de energía primaria que se tiene que producir por la aplicación de medidas de mejora de la eficiencia.

Una vez establecidos los objetivos, es necesario el desarrollo de las políticas que permitan alcanzarlos. Es hora de pasar de la emergencia climática a la emergencia legislativa; de las palabras y compromisos, a los hechos y los medios.

Por ello, los firmantes de este manifiesto hacemos un llamamiento a la Administración y, en concreto a la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados, para que acelere la creación de un marco de actuación que permita convertir en realidad el enorme potencial de la eficiencia energética de edificios y, para ello, proponemos el desarrollo de veinte líneas de actuación:

  1. El reconocimiento explícito del carácter de interés general prioritario de la eficiencia energética de las edificaciones y su plasmación explícita en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
  2. La creación del pasaporte energético, que agilice las licencias administrativas para reformas energéticas, en consonancia con el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.
  3. La introducción de bonificaciones impositivas y desgravaciones que incentiven la mejora de la eficiencia energética de las viviendas y, en particular, las actuaciones dirigidas a la reducción de su demanda energética.
  4. La inclusión de la eficiencia energética dentro de las obligaciones de conservación de los edificios residenciales en multipropiedad y el carácter preferente de los créditos derivados de su financiación.
  5. La creación de un marco jurídico que facilite mecanismos financieros de colaboración público-privada para la rehabilitación de edificios, que permitan acometer estas actuaciones sin recurso a los presupuestos públicos ni desembolso inicial para los propietarios, como por ejemplo el Programa para la Activación de Capital Ecológico (PACE), que funciona de forma eficiente en otros países.
  6. El fomento y el apoyo de iniciativas que permitan la agregación de proyectos de eficiencia energética en carteras de proyectos, convirtiendo así estas carteras en productos más fácilmente financiables gracias a su mayor volumen y estandarización.
  7. La regulación de la hipoteca verde para la financiación de renovaciones energéticas en edificios.
  8. La implantación de un sistema de auditoría de eficiencia energética de los edificios que lleve aparejado obligaciones de conservación y mejora (ITV energética).
  9. La habilitación del Fondo Nacional de Eficiencia Energética como vehículo facilitador de reformas energéticas en vivienda social, sectores vulnerables y en pobreza energética.
  10. La puesta en marcha de mecanismos de mercado para la certificación y monetización de Certificados de Eficiencia Energética y su utilización como alternativa de contribución en especie al Fondo Nacional de Eficiencia Energética.
  11. Inclusión del sector de edificación en el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, de forma que se ponga en valor la decisiva contribución a la descarbonización de la eficiencia energética en edificios, e inscripción de los edificios en el Registro de huella de carbono de la Oficina Española de Cambio climático que recoge los esfuerzos en el cálculo, reducción y compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero.
  12. La creación de ventanillas municipales únicas para la agilización, impulso, comunicación y gestión de programas locales de renovaciones energéticas.
  13. Apostar por los programas de capacitación y cualificación laboral urgente y por la certificación de las empresas capacitadas para llevar a cabo proyectos de eficiencia energética, así como el fomento del ecoetiquetado en los productos a utilizar en los proyectos de rehabilitación energética, que indican información sobre los aspectos ambientales de un producto de construcción a lo largo de todo su ciclo de
  14. La ejemplaridad de la Administración Pública al hacer efectivo el compromiso nacional de renovación anual de un 3% de su parque edificatorio y elevarlo a un 6%.
  15. La creación de un Banco Verde especializado en la canalización eficiente de fondos públicos y catalización de capital privado en financiación de proyectos de eficiencia energética y activos de energía distribuida. En paralelo, o como medida adicional, se propone la creación de un Fondo de Garantías.
  16. El impulso y apoyo a la proliferación de comunidades energéticas, la facilitación de venta de servicios de demanda y flexibilidad, la agrupación de activos de energía distribuida en mini-redes y una mayor democratización del sistema energético.
  17. La promoción de la implantación de Sistemas de Gestión Energética como vehículo fundamental para mejorar de manera continua la eficiencia energética en las empresas y sus edificaciones
  18. Potenciación de la coordinación horizontal interministerial, y entre los distintos niveles de la administración estatal, autonómica y
  19. Incorporación de mecanismos financieros equilibradores que faciliten que la transición ecológica y económica sea también una transición justa, reduciendo la pobreza energética.
  20. La creación de una Comisión de Seguimiento, integrada por asociaciones del sector, con el objetivo de apoyar, asesorar y difundir las medidas plasmadas en la Ley de Cambio Climático y Transición Justa relacionadas con la edificación.

 

Todas estas acciones orientadas a la total descarbonización del parque inmobiliario y del sector de la edificación hasta 2050 deben desarrollarse en sintonía con la evolución del marco general de sostenibilidad (incluyendo aspectos sociales y ambientales que vayan más allá de lo energético), de economía circular y de liderazgo energético del ciudadano.