8 de enero 2021.

Cerca del 50% del parque residencial andaluz fue construido antes de 1980, año en que comenzaron a existir normativas sobre eficiencia energética en la edificación. En términos energéticos, el sector de la edificación representa el principal vértice de consumo energético en la Unión Europea y uno de los principales sectores consumidores de Andalucía (en torno al 20% del consumo de energía final), por lo que, desde una óptica de protección medioambiental, resulta apremiante asumir como prioridad medidas tendentes a reducir el consumo energético en el parque andaluz de edificios, entre ellas, juega un papel esencial la rehabilitación energéticamente eficiente.

La Junta de Andalucía está dando importantes pasos de mejora. Una de sus últimas medidas, recientemente anunciada, es la convocatoria del Programa de incentivos para actuaciones de rehabilitación energética en edificios publicada por la Agencia Andaluza de la Energía, entidad adscrita a las consejerías de Presidencia, Administración Pública e Interior y Hacienda y Financiación Europea. Coordinado a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y gestionado por la entidad pública regional, está dotado con 49,3 millones de euros con la finalidad de reducir el consumo energético bajo criterios de eficiencia y uso de energías renovables, así como activar la rehabilitación energética de los edificios.

También hay que contemplar la parte proporcional que corresponderá a Andalucía de los 27.000 millones de euros que llegarán a España de la UE con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que ayudarán a hacer realidad los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para avanzar en la descarbonización mediante la rehabilitación energética de edificios. Y la recientemente anunciada decisión por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) de destinar 51,2 millones de euros al Programa de Rehabilitación Energética de Edificios (PREE) en Andalucía, la mayor cantidad autonómica del plan, para actuaciones de mejora de la eficiencia enérgica en edificios construidos antes de 2007, un presupuesto cuya gestión será competencia de la Comunidad Autónoma.

Pero, incluso sumando todos, los recursos públicos son insuficientes. La hoja de ruta para rehabilitación energética viene constituida por la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España (ERESEE 2020), dentro del Plan de Recuperación elaborado por el MITMA. Según sus datos, Andalucía aglutina el 13% de las viviendas españolas que sería necesario incluir en los paquetes de hogares con necesidades de rehabilitación de su envolvente entre 2021 y 2050 para que sean energéticamente eficientes. Se trata en concreto de 900.000 viviendas, de las cuales algo más de 150.000 deberían intervenirse antes de 2030.

Como explica Eduardo Brunet, fundador y CEO de Greenward, primera empresa dedicada a la activación de capital ecológico en España, “Es imposible que las cuentas públicas financien en solitario la inversión que se necesitará para cumplir los objetivos de eficiencia energética en edificios que exige la Unión Europea. Pero no hay en el mercado productos y estructuras que faciliten la financiación del 100% del coste del proyecto, a largo plazo, a tipos competitivos y bajo modelos estandarizables. Necesitamos normativas eficaces e instituciones especializadas, capaces de dar soluciones innovadoras y canalizar el gran volumen de capital privado que existe proveniente de inversores interesados en apostar por la rehabilitación energéticamente eficiente y que actualmente está infrautilizado.

La Junta de Andalucía acaba de abrir a consulta pública el Plan Andaluz de Acción por el Clima, uno de los instrumentos que representa el desarrollo normativo de la ley de Cambio Climático de Andalucía aprobado en 2017. Entre los objetivos del plan se encuentran líneas clave como mejorar el ahorro y la eficiencia energética en los edificios, promocionar los barrios inteligentes, energéticamente eficientes y que aprovechen las energías renovables y el fomento de la adaptación al cambio climático en los programas desarrollados en materia de Vivienda y Regeneración Urbana, prestando especial atención a los colectivos más vulnerables. Es el momento de avanzar hacia normativas que abran la vía a la colaboración público-privada para que el parque inmobiliario Andaluz logre cumplir los objetivos marcados por la UE.

Urge mayor coordinación y una Ley del Cambio Climático innovadora

Para alcanzar los ambiciosos objetivos estatales y autonómicos de rehabilitación de viviendas será necesario, además de la coordinación entre departamentos a nivel estatal, que se concreten dichos objetivos en las escalas autonómica y local, y diseñar estrategias específicas de despliegue a nivel municipal, en el marco de las necesidades de regeneración urbana de cada localidad.

Las pocas entidades financieras que están presentes en la financiación privada de estos proyectos otorgan préstamos con plazos máximos de financiación inferiores a 10 años -la media ronda los 6 ó 7 años-. Insuficiente para acometer renovaciones energéticas integrales salvo que la financiación bancaria venga acompañada de un desembolso inicial, en muchas ocasiones, inasumible para los propietarios. Para contextualizar el reto económico, la reforma integral de un edificio de 20 viviendas de 100 m2 con finalidad de eficiencia energética, incluyendo envolvente, calderas y otros elementos, podría superar fácilmente los 300.000 euros.

Para Greenward, los municipios son absolutamente clave para coordinar y focalizar estrategias y el esfuerzo inversor público, actualmente disgregado en diversas fuentes, como el Plan Estatal de Vivienda, las ayudas del IDAE, los fondos FEDER-EDUSI, las subvenciones y proyectos autonómicos y municipales, etc. “Sería necesario que la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética que la Junta de Andalucía elabore incorpore medidas innovadoras para hacer accesibles herramientas que permitan confluir el capital público y el privado de cara a avanzar en rehabilitación energética”, señala Brunet.

PACE, Eco-bonos y Comunidades Energéticas Locales como claves de oportunidad

Greenward está trabajando en los ámbitos institucionales para lograr la incorporación de enmiendas a las nuevas leyes de Cambio Climático y Transición Energética que permitan trasladar a los marcos regulatorios autonómico y nacional modelos que están demostrando importantes éxitos en diferentes países.  Los más significativos:

El modelo, que es intermediado desde el municipio en que se lleve a cabo la rehabilitación, es un mecanismo totalmente voluntario en el que el 100% del coste de las mejoras de la eficiencia de los inmuebles se financia con fondos privados, contra el inmueble -financiación que se traspasa con el inmueble en caso de venta-, con un plazo de amortización de hasta 25 años, un tipo de interés fijo y el único límite en su importe del 20% del valor del edificio. El repago de la financiación se canaliza a través de una contribución local especial no tributaria -una suerte de IBI- que, sin constituir un impuesto nuevo ni una subida de los existentes, goza del beneficio de una hipoteca legal tácita sobre el edificio, gira el ayuntamiento competente, y cuyo importe es equivalente a la cuota de amortización y los intereses de la financiación del proyecto de rehabilitación durante el plazo acordado de financiación.

 

Tanto los préstamos PACE como los Súper Eco-bonos y las CEL tienen además un valor añadido muy importante para poder activar de forma inmediata proyectos de renovación energética en aquellos sectores de población con rentas bajas, para los que una inteligente política de subvención y ayudas que incentiven la entrada de inversión privada es crucial. Según los datos de ERESEE, Andalucía reúne el 19% de los hogares en situación de pobreza energética existentes en España.

Como señala Eduardo Brunet, “El nuevo mantra de la financiación verde o sostenible que envía Bruselas es el `blended finance´ o la eficiente interacción entre subvenciones, ayudas, garantías y créditos blandos del sector público con financiación en escala desde el sector privado. Solo la correcta e inteligente articulación de estos mecanismos será capaz de atraer los ingentes recursos financieros necesarios en este campo de la rehabilitación energética de edificios”.

Es necesario apostar por vías innovadoras y facilitar la financiación para la rehabilitación energética mediante créditos u otras fórmulas a los propietarios de inmuebles, y focalizar las ayudas públicas en las situaciones de mayor necesidad.

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Acerca de Greenward Partners

Greenward Partners es la primera empresa para la activación de capital ecológico en España. Financia proyectos de mejora de eficiencia energética en todo tipo de edificios a través de préstamos que se pagan exclusivamente con los ahorros generados por esas mejoras, con la única garantía adicional de los propios inmuebles. Estos instrumentos de financiación se conocen como Préstamos para la Activación del Capital Ecológico (e-PACE). Asimismo, Greenward desarrolla soluciones y servicios de inteligencia y tecnológicos para la medición, optimización y gestión de los ahorros energéticos en inmuebles; promueve un mercado de negociación de certificados de ahorro energético y aboga por la creación en España de un banco verde  (green bank), un esquema de colaboración público-privada que permita hacer frente al déficit de inversión y financiación de proyectos para la lucha contra el cambio climático y, en particular, para la mejora de la eficiencia energética.

Más información en www.greenwardpartners.com

Twitter:@GreenwardP

Contactos para prensa

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* María Luisa Rodríguez marialuisa.rodriguez@grayling.com

* Natalia Rodríguez natalia.rodriguez@grayling.com

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Manifiesto por la declaración de la rehabilitación energética del parque edificado como una medida prioritaria de interés general

La magnitud de la crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19 ha levantado algunas dudas infundadas sobre la posibilidad de avanzar en la lucha contra el cambio climático a los ritmos a los que el mundo se ha comprometido.

La tesis detrás de estas dudas es errónea. Considera los esfuerzos medioambientales exclusivamente como un coste, sin tener en cuenta su naturaleza preventiva ni su capacidad de generación de riqueza fruto de un giro hacia la sostenibilidad en la forma en la que nos relacionamos con el planeta.

Más acertada es la respuesta de la Comisión Europea, que ha reconocido que la ineludible lucha contra el cambio climático constituye el motor más potente para impulsar la recuperación económica. El plan Next Generation EU y el Marco Financiero Plurianual que Europa se dispone a poner en marcha concentran sus inversiones en sectores y actividades con un futuro sostenible.

La primera prioridad de la política de recuperación económica de la Unión Europea es lo que la Comisión ha llamado una “oleada de renovación inmobiliaria”, con un presupuesto de inversión anual de 250.000 millones de euros, que será cubierto en una quinta parte con financiación pública a través de fondos estructurales y del Banco Europeo de Inversiones.

Esta decisión es un reconocimiento de la más alta institución europea del enorme potencial de la promoción de la eficiencia energética, en particular, en los edificios, para impulsar el crecimiento económico y la lucha contra el cambio climático.

La eficiencia energética es la primera fuente de energía sostenible en el mundo y en torno a un 30% de dicho potencial se esconde en los edificios. El parque inmobiliario es uno de los elementos que más contribuyen al calentamiento del planeta y a la contaminación: Es responsable del 40% del consumo de energía final y de un tercio de las emisiones de CO2.

En España, aproximadamente el 80% de los edificios es ineficiente en términos energéticos (certificación energética E, F o G) y más de la mitad de nuestro parque edificatorio tiene más de 40 años y es anterior a la introducción de cualquier normativa en materia de aislamiento energético.

Como vector económico, la rehabilitación energética en edificios genera de forma inmediata un volumen importante de puestos de trabajo, al tiempo que reduce las emisiones y mejora la calidad de vida de los ciudadanos. El plan de rehabilitación anunciado por el Gobierno español antes de la pandemia contemplaba la movilización de 45.000 millones de euros en ahorro y eficiencia energética en inmuebles, incluida una previsión de actuación sobre 1,2 millones de viviendas y la creación de entre 42.000 y 80.000 empleos cada año hasta 2030.

La renovación energética de inmuebles es la partida económica más importante dentro del capítulo de eficiencia energética y, además de otros beneficios sociales y medioambientales, es la línea de actividad que más empleo genera por millón de euros invertido (entre 24 y 27 puestos de trabajo creados o mantenidos al año, según la CEOE).

Empleos, además, que no se pueden deslocalizar, tienen un alto componente de innovación y digitalización, y se crean en una amplia gama de sectores productivos: no solo en la construcción y sus industrias auxiliares, sino también en la fabricación de equipos de calefacción y climatización, el desarrollo y la producción de herramientas y mecanismos de medición, la domótica, la instalación, la producción de materiales de aislamiento, la arquitectura y la ingeniería, entre otros.

El Green Deal propone duplicar el actual porcentaje anual de rehabilitación en toda la Unión Europea. Sin embargo, en España, para alcanzar las 300.000 viviendas al año rehabilitadas que se propone como velocidad de crucero a partir de 2030, debe multiplicarse por diez el actual ritmo de rehabilitación, y además debe profundizarse en la naturaleza energética de las intervenciones.

España cuenta con la voluntad política, la tecnología, el tejido empresarial y los recursos privados para cubrir las necesidades de financiación que los fondos públicos no pueden cubrir.

Tenemos la oportunidad de aprovechar el potencial de la rehabilitación energética para afrontar de forma unida estos dos grandes retos a los que nos enfrentamos: la recuperación económica tras la pandemia y afrontar la emergencia climática.

Los firmantes de Rehabilitar el Futuro aplaudimos la firme decisión con la que las administraciones públicas están situando la lucha contra el cambio climático en el centro de sus políticas.

En este sentido, el proyecto de Ley de Cambio Climático que el Gobierno ha remitido al Congreso de los Diputados es ambicioso en sus objetivos y eleva hasta un mínimo del 35% (con respecto a la línea de base conforme a normativa comunitaria) el ahorro en el consumo de energía primaria que se tiene que producir por la aplicación de medidas de mejora de la eficiencia.

Una vez establecidos los objetivos, es necesario el desarrollo de las políticas que permitan alcanzarlos. Es hora de pasar de la emergencia climática a la emergencia legislativa; de las palabras y compromisos, a los hechos y los medios.

Por ello, los firmantes de este manifiesto hacemos un llamamiento a la Administración y, en concreto a la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados, para que acelere la creación de un marco de actuación que permita convertir en realidad el enorme potencial de la eficiencia energética de edificios y, para ello, proponemos el desarrollo de veinte líneas de actuación:

  1. El reconocimiento explícito del carácter de interés general prioritario de la eficiencia energética de las edificaciones y su plasmación explícita en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
  2. La creación del pasaporte energético, que agilice las licencias administrativas para reformas energéticas, en consonancia con el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.
  3. La introducción de bonificaciones impositivas y desgravaciones que incentiven la mejora de la eficiencia energética de las viviendas y, en particular, las actuaciones dirigidas a la reducción de su demanda energética.
  4. La inclusión de la eficiencia energética dentro de las obligaciones de conservación de los edificios residenciales en multipropiedad y el carácter preferente de los créditos derivados de su financiación.
  5. La creación de un marco jurídico que facilite mecanismos financieros de colaboración público-privada para la rehabilitación de edificios, que permitan acometer estas actuaciones sin recurso a los presupuestos públicos ni desembolso inicial para los propietarios, como por ejemplo el Programa para la Activación de Capital Ecológico (PACE), que funciona de forma eficiente en otros países.
  6. El fomento y el apoyo de iniciativas que permitan la agregación de proyectos de eficiencia energética en carteras de proyectos, convirtiendo así estas carteras en productos más fácilmente financiables gracias a su mayor volumen y estandarización.
  7. La regulación de la hipoteca verde para la financiación de renovaciones energéticas en edificios.
  8. La implantación de un sistema de auditoría de eficiencia energética de los edificios que lleve aparejado obligaciones de conservación y mejora (ITV energética).
  9. La habilitación del Fondo Nacional de Eficiencia Energética como vehículo facilitador de reformas energéticas en vivienda social, sectores vulnerables y en pobreza energética.
  10. La puesta en marcha de mecanismos de mercado para la certificación y monetización de Certificados de Eficiencia Energética y su utilización como alternativa de contribución en especie al Fondo Nacional de Eficiencia Energética.
  11. Inclusión del sector de edificación en el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, de forma que se ponga en valor la decisiva contribución a la descarbonización de la eficiencia energética en edificios, e inscripción de los edificios en el Registro de huella de carbono de la Oficina Española de Cambio climático que recoge los esfuerzos en el cálculo, reducción y compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero.
  12. La creación de ventanillas municipales únicas para la agilización, impulso, comunicación y gestión de programas locales de renovaciones energéticas.
  13. Apostar por los programas de capacitación y cualificación laboral urgente y por la certificación de las empresas capacitadas para llevar a cabo proyectos de eficiencia energética, así como el fomento del ecoetiquetado en los productos a utilizar en los proyectos de rehabilitación energética, que indican información sobre los aspectos ambientales de un producto de construcción a lo largo de todo su ciclo de
  14. La ejemplaridad de la Administración Pública al hacer efectivo el compromiso nacional de renovación anual de un 3% de su parque edificatorio y elevarlo a un 6%.
  15. La creación de un Banco Verde especializado en la canalización eficiente de fondos públicos y catalización de capital privado en financiación de proyectos de eficiencia energética y activos de energía distribuida. En paralelo, o como medida adicional, se propone la creación de un Fondo de Garantías.
  16. El impulso y apoyo a la proliferación de comunidades energéticas, la facilitación de venta de servicios de demanda y flexibilidad, la agrupación de activos de energía distribuida en mini-redes y una mayor democratización del sistema energético.
  17. La promoción de la implantación de Sistemas de Gestión Energética como vehículo fundamental para mejorar de manera continua la eficiencia energética en las empresas y sus edificaciones
  18. Potenciación de la coordinación horizontal interministerial, y entre los distintos niveles de la administración estatal, autonómica y
  19. Incorporación de mecanismos financieros equilibradores que faciliten que la transición ecológica y económica sea también una transición justa, reduciendo la pobreza energética.
  20. La creación de una Comisión de Seguimiento, integrada por asociaciones del sector, con el objetivo de apoyar, asesorar y difundir las medidas plasmadas en la Ley de Cambio Climático y Transición Justa relacionadas con la edificación.

 

Todas estas acciones orientadas a la total descarbonización del parque inmobiliario y del sector de la edificación hasta 2050 deben desarrollarse en sintonía con la evolución del marco general de sostenibilidad (incluyendo aspectos sociales y ambientales que vayan más allá de lo energético), de economía circular y de liderazgo energético del ciudadano.

 

Greenward impulsa la incorporación urgente de una enmienda a la Ley de Cambio Climático para incluir el modelo PACE en nuestro marco regulatorio

Madrid, 26 de noviembre 2020. — Los 27.000 millones de euros que llegarán a España de la UE con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ayudarán a hacer realidad los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) del gobierno para avanzar en la descarbonización mediante la rehabilitación energética de edificios. También serán un impulso para avanzar en la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España (ERESEE) elaborada por Fomento hacia la transformación del parque inmobiliario en un modelo de consumo casi nulo antes de 2050. Pero son insuficientes.

Las necesidades de inversión en eficiencia energética en España solo entre 2021 y 2030 superan los 85.000 millones de euros; más de 40.000 de ellos corresponden a proyectos de descarbonización del parque edificado. Es imposible que las cuentas públicas, incluso con el apoyo desde EU Nextgeneration, financien en solitario la inversión que se necesitará en los próximos diez años para cumplir los objetivos de eficiencia energética en edificios que exige la Unión Europea. Esto nos aleja de poder cumplir el objetivo de neutralidad climática en 2050 que marca la institución europea, y para el que El Consejo de Ministros, a propuesta del MITECO, ha aprobado la Estrategia a Largo Plazo para una Economía Española Moderna, Competitiva y Climáticamente Neutra en 2050 (ELP 2050).

A pesar de que la Ley 8/2020 sobre la rehabilitación, regeneración y renovación urbana ha ido potenciando el acceso a subvenciones y la recuperación y eliminación de trabas existentes que hacen cada vez más viable poder afrontar una reforma energética, el crédito privado sigue estando restringido dado que son pocas las entidades financieras que otorgan préstamos a la financiación de comunidades de vecinos y propietarios de inmuebles y edificios.  Un proyecto, además, costoso. A modo de ejemplo, la reforma integral de un edificio de 20 viviendas de 100 m2, incluyendo envolvente, calderas y otros elementos, supondría un desembolso aproximado de 300.000 euros.

Las pocas entidades financieras que están presentes en financiación a estos proyectos en España otorgan préstamos con un tipo de interés que suele ser fijo y con un plazo máximo de financiamiento que suele ser inferior a 10 años -la media aproximada ronda los 6 ó 7 años-. Esto resulta insuficiente para acometer reformas integrales salvo que la financiación bancaria venga acompañada de un desembolso, en muchas ocasiones inasumible para los propietarios. No hay en el mercado productos y estructuras financieras que faciliten la financiación del 100% del coste del proyecto, a largo plazo, a tipos competitivos y bajo modelos estandarizables que disminuyan el riesgo de la operación y permitan su escala.

Necesitamos normativas eficaces e instituciones especializadas que sean capaces de dar soluciones innovadoras y canalizar el gran volumen de capital privado que existe proveniente de inversores interesados en apostar por la rehabilitación energéticamente eficiente y que actualmente está infrautilizado.

Como señala Eduardo Brunet, fundador y CEO de Greenward, “El nuevo mantra de la financiación verde o sostenible que envía Bruselas es el `blended finance´ o la eficiente interacción entre subvenciones, ayudas, garantías y créditos blandos del sector público con financiación en escala desde el sector privado. Solo la correcta e inteligente articulación de estos mecanismos será capaz de atraer los ingentes recursos financieros necesarios en este campo de la rehabilitación energética de edificios. Caer en la tentación de una rápida dilapidación de estas ayudas europeas a través de subvenciones e inversión directa finalista desde el sector público, con seguridad invadiendo espacios donde perfectamente podría entrar el capital privado, sería la perdida de una oportunidad histórica y se alejaría de ese concepto de Nueva Economía que subyace también como pilar del Pacto Verde o EU Next Generation”.

Incorporar préstamos PACE como solución

La vía que ofrece más potencial en este contexto es la de la financiación alternativa a través de fondos y vehículos de financiación especializados, que son capaces de proporcionar una mejor valoración del riesgo implícito del proyecto y no tienen los costes estructurales de los bancos ni las cortapisas que implican sus criterios corrientes de consumo de capital.

Estos financiadores especializados están además en la mejor posición para ofrecer y participar en soluciones y productos de financiación innovadores, como modelos de eficiencia como servicio, sistemas de repayment a través de la factura energética, contratos de compraventa de “negawatios” o sistemas de compensación de edificabilidad, entre otros.

Por eso Greenward está trabajando en los ámbitos institucionales para lograr la incorporación urgente de una enmienda a la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética que se está tramitando y que, previsiblemente, verá la luz el próximo mes de febrero, para poder trasladar a nuestro marco regulatorio el exitoso sistema de financiación PACE -Programa para la Activación de Capital Ecológico en Edificios- operativo ya en numerosos países.

El programa, de colaboración público-privada, permite canalizar el capital privado a la financiación de proyectos de eficiencia, sin desembolso para los propietarios o los gestores de inmuebles, sin coste para la Administración y en condiciones muy atractivas para los inversores a largo plazo en términos de vencimiento, garantías y rentabilidad.

El modelo, que es intermediado desde el municipio en que se lleve a cabo la rehabilitación, es un mecanismo totalmente voluntario de financiación de reformas de eficiencia energética en inmuebles que facilita y abarata, así, el acceso a los fondos necesarios porque mediante los préstamos PACE, el 100% del coste de las mejoras de la eficiencia de los inmuebles se financia con fondos privados, contra el inmueble -financiación que se traspasa con el inmueble en caso de venta-, con un plazo de amortización de hasta 25 años, un tipo de interés fijo y el único límite en su importe del 20% del valor del edificio y que, además, no se acelera en caso de impago.

Con los préstamos PACE, el repayment de la financiación se canaliza a través de una contribución local especial no tributaria -una suerte de IBI- que, sin constituir un impuesto nuevo ni una subida de los existentes, goza del beneficio de una hipoteca legal tácita sobre el edificio, gira el ayuntamiento competente, y cuyo importe es equivalente a la cuota de amortización y los intereses de la financiación del proyecto de rehabilitación durante el plazo acordado de financiación.

Tiene además la ventaja fundamental de considerarse un gasto operativo, no activarse en el balance del propietario del edificio, no requerir gastos de otorgamiento de hipoteca, ser reclamado en caso de impago por la administración tributaria, gozar de una garantía real tacita y no acelerarse en caso de impago (como con el IBI el propietario solo respondería de los últimos tres años).

La experiencia de este mecanismo en otros países -en Estados Unidos se ha otorgado ya financiación por un valor cercano a 7.000 millones de dólares a través del modelo- demuestra que PACE genera beneficios para todos los agentes involucrados: propietarios, inversores, entidades locales y la sociedad en su conjunto.

Otras medidas que ayudarían a los propietarios de inmuebles

Para Greenward, la colaboración estrecha con los municipios, que son las administraciones más cercanas a los propietarios de los inmuebles, será clave, tanto en labores de comunicación, asesoramiento y facilitación de trámites administrativos y licencias, como en la canalización de ayudas que cubran la primera fase de análisis técnicos (auditorías energéticas) de los proyectos de rehabilitación.

Si nos centramos en comunidades vecinales, un amplio colectivo afectado, además de la inclusión de PACE en nuestro marco regulatorio, Greenward también ve imprescindible una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar la toma de decisión en Junta vecinal de las actuaciones necesarias, así como clarificar el carácter preferente de los créditos de la comunidad de propietarios frente a los posibles morosos, y declarar estos proyectos dentro del deber de conservación del edificio (en cuanto activo contaminante) equiparándolo al régimen de reformas de accesibilidad. El departamento de relaciones institucionales de Greenward también trabaja promoviendo una enmienda en este sentido para que sea estudiada por los grupos políticos en la tramitación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Finalmente, a la hora de acometer un proyecto de rehabilitación, los propietarios deben tener en cuenta que las ayudas públicas suelen abonarse una vez terminada la obra y, además, en su mayoría, computan como ingreso en el IRPF. En este sentido, para Greenward es fundamental una reforma fiscal para soslayar esta injusta atribución de rentas.

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Acerca de Greenward Partners

Greenward Partners es la primera empresa para la activación de capital ecológico en España. Financia proyectos de mejora de eficiencia energética en todo tipo de edificios a través de préstamos que se pagan exclusivamente con los ahorros generados por esas mejoras, con la única garantía adicional de los propios inmuebles. Estos instrumentos de financiación se conocen como Préstamos para la Activación del Capital Ecológico (e-PACE). Asimismo, Greenward desarrolla soluciones y servicios de inteligencia y tecnológicos para la medición, optimización y gestión de los ahorros energéticos en inmuebles; promueve un mercado de negociación de certificados de ahorro energético y aboga por la creación en España de un banco verde  (green bank), un esquema de colaboración público-privada que permita hacer frente al déficit de inversión y financiación de proyectos para la lucha contra el cambio climático y, en particular, para la mejora de la eficiencia energética.

Más información en www.greenwardpartners.com

Twitter:@GreenwardP

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Aboga por alinear más eficientemente los instrumentos públicos con la iniciativa privada para cumplir los objetivos que exige la Unión Europea

 

Madrid, 12 de noviembre de 2020. — Pese a que crece el número de Green Banks operativos con resultados muy positivos en países como Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, Australia, Japón o Sudáfrica, entre otros, España no cuenta con ninguna entidad de este tipo, que, promoviendo la innovación financiera, lograría multiplicar y acelerar el impacto de los limitados fondos públicos y, sobre todo, canalizar la inversión privada para acelerar la transición hacia las energías limpias y una economía descarbonizada aprovechando la experiencia, flexibilidad y agilidad del mundo empresarial.

En este contexto, el equipo de relaciones institucionales de Greenward, primera empresa en España especializada en la activación del capital ecológico en el sector edificado a través de la certificación y financiación de proyectos de renovación energética integral de edificios, desarrolla una importante labor para abrir con urgencia el debate parlamentario y social sobre la posibilidad de transformar el Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), en el primer banco verde operativo en nuestro país.

La propuesta de Greenward se enmarca en la corriente de mejora medioambiental y lucha contra el cambio climático impulsada por el Plan de Recuperación para Europa de la Comisión Europea, que, entre otras medidas, promueve la iniciativa Ola de renovación inmobiliaria –Renovation Wave– que aspira a duplicar la tasa de rehabilitaciones en la próxima década para recortar las emisiones de gases de efecto invernadero, impulsar la recuperación y reducir la pobreza energética a través de la mejora de la eficiencia energética del parque edificado, responsable del 36% de la emisión de gases de efecto invernadero y el mayor consumidor de energía de la Unión Europea.

Según ha señalado Eduardo Brunet, CEO y fundador de Greenward, “El actual sistema de subvenciones públicas no está funcionando porque sus aportaciones resultan insuficientes y hay un gran volumen de capital de grandes inversores institucionales, fondos de inversión y fondos de pensiones que podría sumarse. Con esta propuesta buscamos multiplicar los recursos y marco de actuación del FNEE, actor privilegiado e infrautilizado, que, al convertirse ahora además en catalizador de inversión privada y canalizar todo ese potencial de colaboración público/privada, contribuiría a multiplicar la tasa de financiación de proyectos dirigidos a mejorar la eficiencia energética de los edificios y descarbonización de la economía.

En España, el parque edificado presenta una necesidad urgente de renovación. El 55% de los 10 millones de edificios existentes -con 26 millones de viviendas- se construyó antes de que hubiera normativa aplicable y el 40% incluye los criterios de la normativa -muy básica- de 1979. Sólo un 5% está construido siguiendo las recomendaciones del Código Técnico de la Edificación vigente. Las necesidades de inversión en eficiencia energética en España entre 2021 y 2030 superan los 85.000 millones de euros, de los que más de 45.000 corresponden a proyectos de descarbonización del parque edificado. Es imposible que las cuentas públicas, incluso con el apoyo desde NextGeneration EU, financien en solitario la inversión que se necesitará en los próximos diez años para cumplir los objetivos de eficiencia energética en edificios que exige la Unión Europea.

Actualmente, no existen en el mercado español productos ni estructuras que faciliten la financiación a largo plazo, a tipos de interés competitivos y bajo modelos estandarizables que disminuyan el riesgo de la operación y permitan su escala, cubriendo el 100% del coste del proyecto. “Los proyectos de eficiencia energética entregan un conjunto de valor -capital ecológico hasta ahora invisible- que va más allá del mero ahorro en la factura. Es hora de articular sistemas que permitan monetizar tales beneficios, tanto a través de certificados de eficiencia energética, como derechos de CO2 o servicios de flexibilidad al sistema energético que incrementen el atractivo y la financiabilidad de estos proyectos«, explica Brunet.

Contribución para superar la crisis económica

La Ola de renovación propuesta por la UE contribuirá a paliar la crisis económica provocada por la pandemia Covid-19 y a generar empleo, dado que sería necesario aprovechar todo el potencial del sector de la construcción. De todas las líneas de actuación en la lucha contra el cambio climático, la rehabilitación energética es la que mayor número de puestos de trabajo genera por cada millón de euros invertido (según datos de la CEOE, entre 24 y 27 empleos creados y mantenidos al año).

Algunos ejemplos en el entorno europeo muestran que los fondos públicos aportados para la rehabilitación edificatoria en eficiencia energética promueven una actividad económica que los multiplica por 6,5, reducen los costes de desempleo un 95% del valor de la subvención, y producen un retorno fiscal que los multiplica por 1,9.

Tomando como referencia esas ratios en el escenario más conservador, si entre el FNEE, el Plan de Vivienda y los Fondos Europeos se destinaran 2.000 millones de euros al año (que supone pasar de las 30.000 viviendas rehabilitadas actualmente a 120.000), en cuatro años se habría:

Nuevas capacidades del FNEE como Green Bank

Los actuales sistemas de subvenciones para proyectos de rehabilitación o renovación energética no están funcionando en España por cuanto sus importes son muy limitados e implican trámites administrativos complejos y largos. Además, el beneficiario tiene que anticipar la inversión, lo que perjudica a la opcionalidad en los proyectos integrales más ambiciosos.

La propuesta presentada por Greenward contempla proporcionar al Fondo Nacional de Eficiencia Energética de un mandato más amplio y dotarlo de unos nuevos instrumentos que le acerquen al modelo de Banco Verde, atrayendo el capital privado que permita que los grandes proyectos de renovación energética se afronten con menos trabas. La gestión del  “nuevo” banco verde se encargaría a un equipo ejecutivo contratado en el sector privado con probada experiencia en financiación climática, renovación energética y mercados de capitales, que reportaría al órgano público de control del FNEE.

Entre las nuevas capacidades de la entidad encontraríamos el poder sustituir y complementar programas de subvenciones por sistemas de compra de certificados de eficiencia energética, fondos de garantía, promover nuevas tecnologías y estructuras de desarrollo e implementación de proyectos de renovación, actuar de agregador de proyectos y warehousing, facilitar asistencia técnica y costes de pre-proyecto y maximizar el acceso al mercado de capitales, tanto como emisor de bonos verdes como a través de líneas de garantía en emisiones de terceros para la financiación de grandes proyectos de rehabilitación energética cualificados.

Multiplicar por cuatro la inversión pública con capital privado

La propuesta de Greenward contempla dotar al banco verde emergente de las aportaciones anuales con que cuenta el FNEE -de unos 250 millones de euros- a las que se sumarían nuevas aportaciones derivadas del ICO, líneas del Banco Europeo de Inversiones, participación en el mercado de derechos de emisión y de un recurso extraordinario dentro del plan NextGeneration EU. El sumatorio de todos los fondos podría alcanzar fácilmente una cifra superior a los 2.000 millones de euros.  El objetivo: multiplicar cada euro de inversión del FNEE en financiación de proyectos de renovación energética por, como mínimo, 4 incorporando capital privado, pudiendo superar los 8.000 millones de euros al año.

El banco verde accedería también a los nuevos instrumentos y recursos que se van a poner en marcha tanto desde InvestEU como desde la iniciativa Renovation Wave.

Acerca de Greenward

Greenward Partners es la primera empresa para la activación de capital ecológico en España. Financia proyectos de mejora de eficiencia energética en todo tipo de edificios a través de préstamos que se pagan exclusivamente con los ahorros generados por esas mejoras, con la única garantía adicional de los propios inmuebles. Estos instrumentos de financiación se conocen como Préstamos para la Activación del Capital Ecológico (PACE). Asimismo, Greenward desarrolla soluciones y servicios de inteligencia y tecnológicos para la medición, optimización y gestión de los ahorros energéticos en inmuebles; promueve un mercado de negociación de certificados de ahorro energético y aboga por la creación en España de un banco verde  (green bank), un esquema de colaboración público-privada que permita hacer frente al déficit de inversión y financiación de proyectos para la lucha contra el cambio climático y, en particular, para la mejora de la eficiencia energética. Más información en www.greenwardpartners.com

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GRAYLING

Reúne a los sectores de la construcción, el hábitat y las finanzas para fomentar la edificación sostenible a través de una financiación inteligente

Greenward Partners (GWP) ha anunciado su incorporación al Proyecto AÚNA, consorcio español formado por entidades de los sectores de la construcción, el hábitat y las finanzas para fomentar la edificación sostenible mediante un modelo de financiación funcional e inteligente.
El proyecto, coordinado por Green Building Council España (GBCe), cuenta con un presupuesto de un millón de euros, está financiado por la Unión Europea a través del programa marco H2020* y tendrá una duración inicial de 24 meses, si bien nace con vocación de convertirse en un foro permanente de referencia.

Más de 70 asistentes han participado en la reunión de lanzamiento del foro, que ha contado con la presencia de agentes clave para abrir el necesario diálogo multilateral de cara a fomentar la financiación inteligente de edificios sostenibles, entre ellos, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), la Oficina española para el Cambio Climático o la Agencia Ejecutiva de la Comisión Europea para las pequeñas y medianas empresas (EASME), además de diferentes organizaciones de los sectores financieros y de la edificación.

Según ha señalado Eduardo Brunet, cofundador y CEO de Greenward Partners, “Formar parte del Proyecto AÚNA es un paso importante dentro de la estrategia de GWP, dado que nuestros objetivos están completamente alineados. La proliferación de iniciativas de colaboración público-privada es absolutamente necesaria poder mejorar la eficiencia energética de los edificios en España.”

Lenguaje único entre edificación, hábitat y financiación

Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica, la financiación necesaria para la mejora de la eficiencia energética de los edificios en España se estima en 45.000 millones de euros para los próximos 10 años. En este punto, como señala Fernando de Roda, cofundador y CEO de Greenward Partners “El Proyecto AÚNA materializa un foro en el que sectores con lenguajes diferenciados se unen en un marco de diálogo permanente para identificar barreras y potenciar las mejores prácticas de financiación de la edificación sostenible. Así como desarrollar herramientas que puedan replicarse a mayor escala”.

Además de Greenward Partners y GBCe, AÚNA cuenta en su consorcio con la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI); la sociedad de tasación Cohispania; Analistas Financieros Internacionales (AFI); Ecooo Revolución Solar, S.L.; la Agencia Extremeña de la Energía (AGENEX); el Instituto de la Construcción de Castilla y León (ICCL) y el Clúster de Hábitat Eficiente (AEICE).

El consorcio trabajará en cuatro rondas para avanzar en la definición práctica de medidas de financiación, con los siguientes indicadores de progreso claramente definidos:
a) Preparación, definición y planificación del foro de discusión.
b) Extensión al sector de la rehabilitación en el sentido más amplio.
c) Divulgación e implicación ciudadana.
d) Contribución a los objetivos del PNIEC y la ERESEE para 2023.

Colaboración de instituciones y ciudadanía

AÚNA se dirige también a los propios ciudadanos, pieza clave en la rehabilitación. Igualmente, busca la colaboración de los responsables políticos para que las recomendaciones de AÚNA puedan incorporarse a las diferentes estrategias y políticas públicas.

Así, según pretende trasladar el nombre del foro, “AÚNA busca aunar fuerzas, sumar conocimientos y esfuerzos para contribuir al desarrollo sostenible y a una nueva economía europea descarbonizada”, explica Emilio Miguel Mitre, director de relaciones internacionales de GBCe y coordinador del proyecto. “Uno de los objetivos de AÚNA es convertirse en un gran ecosistema de actores de las cadenas de valor de la construcción, la energía, las finanzas, los poderes públicos y la ciudadanía”, añade.

Un gran paso para la edificación sostenible

El objetivo general de AÚNA es impulsar la rehabilitación de los edificios abordando una de sus barreras más importantes: el acceso a una financiación adecuada y asequible. Para lograr el objetivo europeo de descarbonización total de nuestro parque edificado en 2050 se necesitan nuevos modelos de financiación para las actuaciones de renovación, con las condiciones más favorables y adecuadas a cada situación.

El proyecto nace así como una gran mesa de diálogo para comprender los modelos de financiación de la edificación sostenible y permitir el trabajo conjunto de ambas partes que logre emprender colaboraciones que implementen esos modelos en España. AÚNA contribuirá a lograr los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) y la Actualización 2020 de la Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación en España (ERESEE).

(*) El Proyecto AÚNA ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del Acuerdo de Subvención número 957119. El contenido aquí presentado refleja únicamente la opinión del autor. La Comisión Europea y el EASME no son responsables del uso que pueda hacerse de la información que contiene.

El Gobierno usará las ayudas de Bruselas para mejorar la eficiencia energética de 500.000 casas en tres años, aunque los expertos advierten de que será necesario el capital privado

Parece que ahora sí la rehabilitación del parque de viviendas españolas, ese enorme coladero de energía al que se ha metido poca mano, se pone seria. El Gobierno usará parte de los fondos europeos de recuperación para rehabilitar 500.000 viviendas en tres años. El objetivo es mejorar su eficiencia energética y conseguir la descarbonización del parque edificatorio. En principio, se destinarán 4.500 millones de euros hasta 2023. España ya estaba en el camino con distintos programas, entre ellos el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que contempla rehabilitar 1,2 millones de viviendas hasta 2030, con el objetivo de mejorar su eficiencia energética y combatir el cambio climático.

Es uno de los pilares y prioridades en toda Europa. Los edificios son el primer contaminante del planeta, responsables del 40% del consumo de energía y del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero. La Comisión Europa, que reconocía el pasado octubre que la situación actual no es sostenible, ha aprobado la estrategia llamada Oleada de Renovación, que aspira a duplicar la tasa de rehabilitaciones en la próxima década para recortar las emisiones de gases de efecto invernadero, impulsar la recuperación y reducir la pobreza energética.

En España el asunto es serio y urgente. “Con un parque de 25,6 millones de viviendas y un promedio histórico de rehabilitación en torno a las 28.000 viviendas anuales (aunque en 2019 por fin se superaron las 30.000), tenemos una tasa de rehabilitación anual del 0,11%”, señala Sebastián Molinero, secretario general de Andimac, la Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción. Y pone el foco en lo preocupante de la cuestión: “La obsolescencia edificatoria afecta y merma el principal elemento de ahorro de las familias españolas, la vivienda”.

La tasa en otros países europeos tampoco es muy generosa, de media está entre el 1% o 2%, pero la española hace muy difícil conseguir la neutralidad climática en 2050 (European Green Deal o Pacto Verde Europeo es la estrategia de la Comisión para ser el primer continente climáticamente neutro en esa fecha). De hecho, según el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos (CSCAE), más de 10 millones de viviendas presentan necesidades de rehabilitación en España. Solo un 4% de los edificios cuenta con la certificación energética óptima, y la mayoría, sin aislamientos térmicos en su envolvente, se han convertido en auténticos depredadores de energía. “Las 500.000 viviendas que el Gobierno plantea rehabilitar en tres años son un buen impulso para sentar las bases de la orientación correcta que debe tomar la ola de renovación urbana que es necesaria para transformar nuestros pueblos y ciudades en esta próxima década, optimizando recursos”, señala el presidente del CSCAE, Lluís Comerón.

Riesgos

Pero ojo porque el plan para hacer un buen uso de esos fondos puede hacer aguas. “Las ayudas públicas, por sí solas, no serán suficientes. Será necesario articular una estrecha colaboración con el sector privado”, cree Eduardo Brunet, fundador y consejero delegado de Greenward Partners. “Es necesario atraer capital privado en los plazos e importes necesarios, puesto que en renovación de edificios se estima una necesidad adicional de unos 45.000 millones en los próximos diez años en España para cumplir con los objetivos de eficiencia energética de los edificios establecidos por la Unión Europea”, añade.

Aquí, en la financiación verde, está la patata caliente. El nuevo mantra que viene desde Bruselas es el blended finance o financiación combinada entre subvenciones, ayudas, garantías y créditos blandos del sector público y capital en escala desde el sector privado. “Caer en la tentación de una rápida dilapidación de estas ayudas europeas a través de subvenciones e inversión directa finalista desde el sector público sería la perdida de una oportunidad histórica y se alejaría de ese concepto de nueva economía que subyace también como pilar del Pacto Verde o EU Next Generation”, dice Brunet.

La cuestión es que los proyectos que mayor impacto tienen en el ahorro energético y la descarbonización y, por tanto, con más papeletas para recibir ayudas públicas —han de ser aprobados por Bruselas y sometidos a procesos de verificación—, serán las renovaciones integrales que tratan envolventes, sistemas de climatización y gestión energética inteligente. Estos proyectos de rehabilitación tan ambiciosos pueden conseguir ahorros energéticos de hasta el 70%.

Estas obras son muy costosas para la pobre economía vecinal y, además, las ayudas públicas suelen abonarse una vez está terminada la obra. “De media, cubren en torno al 50% o 60% del coste de las obras, aunque en algunos casos se puede llegar a un porcentaje mayor si se combinan ayudas de diferentes niveles de la Administración”, explica Jorge Saénz de Miera, director de Avanza Credit de Deutsche Bank. Para financiarse los vecinos suelen recurrir a entidades bancarias, aunque no todas están por la labor de cubrir a este colectivo. En Deutsche Bank, “el aislamiento de fachadas representa el 90% de las obras que financiamos dentro del bloque de mejora de la eficiencia energética y el 10% restante son sustitución de calderas de carbón e instalación de placas fotovoltaicas”, comenta Saénz de Miera. Otra opción que tienen los vecinos es la de acudir a una empresa de servicios energéticos, que puede asumir la inversión inicial y recuperarla con los ahorros energéticos generados. El cliente no tiene que afrontar ningún desembolso y desde el comienzo disminuye su consumo energético.

El problema es conseguir financiaciones a largo plazo, más de 15 años o 20 años, para que la totalidad o mayor parte del coste sea cubierto a través de los ahorros energéticos y sin las temidas derramas. En este punto es donde los fondos y vehículos de financiación especializados tienen mucho que decir. “Estos financiadores especializados están en la mejor posición para ofrecer y participar en soluciones y productos innovadores, como modelos de eficiencia como servicio, sistemas de repago a través de la factura energética, contratos de compraventa de negawatios — unidad de medida que cuantifica la potencia ahorrada en un proceso gracias a una tecnología—, o sistemas de compensación de edificabilidad”, opina el fundador de Greenward Partners. Esta compañía propone la traslación a España del sistema de financiación PACE (programa para la activación de capital ecológico en edificios), modelo de colaboración público-privado, intermediado desde el municipio, que permite canalizar los capitales privados e ir a plazos de 20 años.

En Andimac creen que, además de dinero, se necesitan otras palancas de refuerzo para que la rehabilitación coja ritmo. Entre ellas, “es necesario un fondo de garantía diseñado para familias vulnerables y una gestión a nivel nacional sencilla y garantista, lo que generaría enormes sinergias en los costes de comunicación y, al mismo tiempo, su efecto en los consumidores sería mucho mayor”, apunta Molinero. “Sin esto tendremos una bolsa de dinero que se podrá ejecutar”, dice. El CSCAE insiste en que es necesario que la ola de renovación que se ponga en marcha en España con los fondos europeos plantee se plantee de forma integral: desde la vivienda a la regeneración de barrios.

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Greenward Partners presenta Greenward Papers #3 El Valor Real (y por Descubrir) de la Eficiencia Energética.

La valoración que se da a la eficiencia energética se limita a los ahorros que genera en la factura y deja de lado el enorme valor que despliega mucho más allá de este mero ahorro, tanto en su dimensión energética como no energética (la ‘Energía Eficiencia’ y el ‘Servicio Eficiencia’, respectivamente).

Ignorar estos rendimientos de la eficiencia distorsiona el mercado, impide un reparto justo del valor generado entre los distintos agentes y stakeholders y, sobre todo, impide que la eficiencia energética desarrolle todo su potencial en la descarbonización y como fuente de crecimiento de la economía y del empleo, porque penaliza la rentabilidad esperada y los plazos de recuperación de los proyectos de eficiencia.

Ya hay en el mercado tecnología, know how y métodos probados de estimación, medición y valoración de estos beneficios que aportan tanto la Energía como el Servicio Eficiencia, que se analizan en profundidad en este documento.

La sociedad no se puede permitir el lujo de seguir abordando la eficiencia energética con esta miopía1 .

La Energía Eficiencia es una fuente de energía renovable como otra cualquiera y por ello debería ser valorada como tal. Se sitúa en el centro de un nuevo sistema energético emergente que transforma los edificios en Activos Energéticos Distribuidos como edificios eficientes integrados. En la actualidad existen ya protocolos internacionales robustos, fiables y acreditados para medir y verificar la generación de Negavatios (ahorro energético). El valor sistémico de la Energía Eficiencia se puede evaluar y, por tanto,

monetizar a través de la Metodología del Coste Evitado. Mejorar la eficiencia energética es una cuestión de interés público, que merita la revisión del Fondo Nacional de Eficiencia Energética para activar el valor de los “certificados blancos” (certificados de ahorro energético). El esquema MEETS – Metered Energy Efficiency Transaction Structure, desarrollado y con éxito probado en Estados Unidos podría convertirse en la metodología más adecuada para activar/impulsar el valor real (y no recocido) de la eficiencia energética.

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Son actuaciones que generarían entre 33.000 y 88.000 puestos de trabajo al año que necesitarían unas inversiones de 27.112 millones de euros.

La alianza Rehabilitar el Futuro, que integra a los principales actores del sector de la eficiencia energética en la edificación, ha propuesto al Gobierno la adopción de veinte medidas para activar la rehabilitación energética de edificios y aprovechar su potencial como motor de la recuperación económica y de la lucha contra el cambio climático.

La propuesta se ha llevado a cabo a través de la presentación de una propuesta a la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados y de la publicación de un manifiesto.

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La alianza Rehabilitar el Futuro, que agrupa a los principales agentes del sector de la eficiencia energética, ha presentado al gobierno  una propuesta en la que recoge 20 medidas para promover la rehabilitación energética de edificios como motor de la recuperación y de la lucha contra el cambio climático. En la actualidad, el 80% de los edificios en España es ineficiente y es responsable del 40% del consumo de energía y de un tercio de las emisiones de CO2.

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Por Beatriz Treceño. Madrid

La Transición energética solo será posible con capital privado. Sobre esta premisa, la compañía de capital ecológico Greenward Partners pretende captar 20 millones de euros en los próximos tres años para financiar proyectos de eficiencia energética en edificios públicos y privados en España, donde se estima que el 85% del parque es ineficiente a nivel energético. Y, según los cálculos del Ministerio para la Transición Ecológica, actualizarlos supondrá un coste superior a los 40.000 millones de euros en los próximos 10 años. «El error de base es abordar la transición energética a cargo de los impuestos. Lo público tiene que abrir instrumentos ágiles para atraer capital privado, no hacer inversión directa», explica Eduardo Brunet, CEO de Greenward Partners.

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